Sentencia Penal 387/2025 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 7, Rec. 4069/2024 de 31 de octubre del 2025

Primero.Los hechos que se han declarado probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 y 250.1.1.4.5 del Código Penal.

A) VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Lo primero que debemos poner de manifiesto es que nuestro proceso penal no se rige por un sistema de prueba tasada sino por el principio de libre valoración de la prueba establecida en el artículo 741 de la LECRIM que señala el tribunal dictará sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas, no existiendo ninguna preferencia o prelación de la prueba documental respecto del resto de las pruebas, pues de ser lo contrario nunca podría condenarse por un delito de estafa que tuviera una base documental ni tampoco por un delito de falsedad. En este sentido debe destacarse la doctrina del Tribunal Supremo, expuesta entre otras en la STS 771/2025 de 25 de septiembre que establece que... "la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 LECrim como expone la S.T.S. de 14/10/99 , de forma que si se hubiesen llevado a cabo otras pruebas, similares o distintas, con resultado diferente, se reconoce al Tribunal la facultad de llegar a una conjunta valoración que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece en el documento, sino la que ofrecen los otros medios probatorios".

Siendo ello así como sabemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde antaño establece respecto del testimonio de las victimas unos criterios orientativos que permiten exteriorizar el razonamiento judicial y que hacen posible que la credibilidad que se otorgue a los testimonios de las mismas no descanse en un puro subjetivismo, ajeno a todo control externo, sino en criterios lógicos y racionales que le otorguen la consistencia necesaria para enervar el principio de presunción de inocencia. En este sentido destacan las SSTS 556/2025 de 18 de junio, la 355/2015 de 28 de mayo y la STC del Pleno 258/2007 de 18 de diciembre, entre muchísimas otras. Estos criterios o parámetros de valoración son la credibilidad subjetiva, la credibilidad objetiva y la persistencia en la incriminación.

Pues bien, valorando la testifical de las víctimas Silvio y Antonia sus testimonios cumplen el triple test de veracidad en sus respectivas declaraciones. En primer lugar no se aprecian en ellos ningún móvil espurio, pues antes de la operación que realizaron con el acusado sobre la transmisión del hostal de su propiedad, no conocían al mismo. En segundo lugar la credibilidad objetiva obliga a examinar la coherencia interna de sus respectivos testimonios, y la corroboración de la misma mediante datos objetivos. Y en el caso de autos la lógica de ambas declaraciones, tantas veces como la han prestado, y la apariencia de sinceridad es patente. En ambos casos hay que poner de manifiesto que se trata de dos personas humildes, mayores, que tienen la apariencia de haber luchado mucho al frente de sus negocios, pues antes del hostal regentaban una venta, y que en el ocaso de sus vidas se encuentran en una situación económica desesperada, teniendo además ciertas dificultades físicas propias de la edad: en el supuesto de Silvio con ciertas pérdidas de memoria, que se puso de manifiesto en su declaración en el plenario en los detalles más concretos, y que ya se puso de manifiesto en su declaración en fase de instrucción, en la que tenía la misma edad que cuando firmó el contrato, y en que manifestó que se mareaba con la firma de tantos papeles; mostrando una instrucción bastante limitada. Y en el caso de Antonia, con problemas de movilidad en el acto de plenario, pues caminaba con andador, siendo además analfabeta, no sabiendo leer ni escribir, denotándose en ambos un absoluto desconocimiento sobre cuestiones técnicas. Las características de ambos eran en principio las propicias para ser victimas de un engaño.

Silvio manifestó en esencia en el acto de plenario que era propietario junto con su esposa del Hostal La Alegría, que explotaban hasta que llegó el Covid y tuvieron que cerrar, que luego abrieron, pero él se jubiló y su mujer e hijas estaban esclavizadas trabajando en él; y como sobre el inmueble pesaba una hipoteca, que no podían pagar, decidieron venderlo. Que para ello se puso en contacto con Adolfo como corredor, a quien conocía desde hacía años, y confiaba en él, quien les buscó un posible comprador que resultó ser el acusado, Miguel Ángel. Que el hostal estaba valorado en más de un millón de euros. Que a través de Adolfo el acusado ofreció 800.000€ y él aceptó por los apuros económicos que estaban atravesando, concretándose así finalmente el precio de la venta Que vio por vez primera al acusado el día que acudieron a su despacho de Gines, concretamente el día 1 de julio de 2021, para la firma del contrato. Que fue con su mujer, pero no recuerda quien le acompañaba más. Que en el referido despacho se volvió a hablar del precio de la venta en la cantidad referida, que el acusado como comprador les hizo entrega de 25.000€ de señal, que además se haría cargo de pagar lo que quedara de la hipoteca sobre el hostal, y que el resto, sobre unos 308.000€, se los entregaría en el plazo de 40 días. Que firmaron varios documentos, pero él creía que lo que estaba firmando era la venta en esas condiciones. Que él no leyó nada de lo que firmó porque confió en el acusado porque confiaba en Adolfo; además el Sr. Miguel Ángel le transmitía seriedad con sus palabras, tenía una oficina en condiciones, les entregó ese mismo día 25000€ en concepto de señal e incluso les buscó el camión de la mudanza. Que a los pocos días fueron a la Notaría y volvió a firmar. Que la vivienda que había en el hostal era su vivienda habitual. Que es incierto que el acusado les prestara asesoramiento: "Asesoramiento ¿De qué?" afirmó Silvio.

Por su parte Antonia, que dijo no saber leer ni escribir, manifestó que el hostal lo explotaron durante trece o catorce años. Que allí tenían también su vivienda. Que el negocio comenzó a ir mal a partir del Covid y dejaron de pagar los recibos de las hipotecas, aclarando que sobre el hostal existen dos hipotecas. Que después de la pandemia, cuando volvieron a abrir, el restaurante se cerró y el hostal lo llevaba ella con sus dos hijas. Que a mediados de 2001, el hostal no rendía y vivían de la pensión de jubilación de su marido ascendente a 700€ y decidieron vender porque no tenía forma de pagar las deudas. Que no pidieron asesoramiento a ninguna empresa. Que lo que hicieron fue acudir a Adolfo para que les buscara un comprador, ya que su marido lo conocía y un día se lo encontró y le dijo que quería vender. Pasado un tiempo, les dijo que el acusado estaba interesado. Que el hostal estaba valorado en un millón y algo. Cree recordar que al principio le pidieron 900.000€, pero el Sr. Miguel Ángel le dijo a Adolfo que les daba 800.000€ y ellos aceptaron por la delicada situación económica que tenían. Que de ese precio se hacía cargo de las hipotecas y que a los 40 días les pagaría los 308.000€ restantes. La primera vez que vieron al acusado fue en su despacho de Gines el día 1 de julio de 2021 con motivo de la firma del contrato, y Adolfo les había hablado muy bien de este señor, y confiaban en Adolfo porque era muy leal. Que el acusado no fue al hostal para ver lo que estaba comprando, sino que mandó a un empleado.

Que el día de la firma del contrato se hizo el trato de los 800.000€ y lo primero que hizo el acusado fue entregarles 25.000€ en concepto de señal. Que les acompañaba su hija y su yerno y Adolfo. Nunca les dijo el acusado que ellos realmente le debían dinero por un asesoramiento, pues nunca se los prestó y es que además a ellos les llevaba los papeles una gestoría. Que lo que les refirió el acusado fue que él estaba acostumbrado a hacer esto todos los días, que prepararía el Notario y toda la operación y que iba a hacer lo posible para que se pagara los menos impuestos por las dos partes. Que cree que el día 1 de julio se llevaron una copia del contrato y vieron que no ponía que les tenía que pagar los 308.000 €, pero según decía este señor había que hacerlo así porque era para pagar los menos impuestos posibles. Que el acusado leyó el contrato antes de que lo firmaran. Que firmó varios papeles. Que días más tarde, el día 5 de julio fueron a la Notaría, que el notario leyó el documento muy por encima, muy mal, y el acusado además le interrumpió diciéndole que ya estaban informados los vendedores de todo. Que también les acompañaban su hija y su yerno. Que no escuchó nada cuando leía el notario acerca del precio de venta, ni que el comprador les debía 308.000 €, y lo único que recuerda es que decía que el comprador se hacía cargo de las hipotecas. Que en realidad se percataron de ello en casa, pero se quedaron muy tranquilos porque este señor les dijo que esto lo hacía todos los días y que no se preocuparan de nada. Que el despacho les pareció muy serio, muy lujoso y estaban tan ahogados que confiaron en él "como si fuera su madre". Que cuando pasaron los 40 días llamaron a su despacho para reclamarle el dinero y les decían que estaba de viaje, luego que estaba de vacaciones, no poniéndose al teléfono. Que fueron una segunda vez a la notaría en septiembre creyendo que era para que les pagara el dinero que les debía y resultó ser para un poder a dos abogados con el que podían sacar dinero de sus cuentas si querían, advirtiéndole en este caso otro notario distinto del anterior acerca de si estaban seguros de querer firmar dicho poder, que entonces llamaron a su yerno por teléfono y éste les dijo que no firmaran.

Que un día esperaron al acusado a la salida del hostal y le abordaron para reclamarle los 308.000 €, porque además había salido a subasta la casa en la que estaban viviendo, ya que también tenía otra hipoteca que no habían podido pagar y que necesitaban el dinero, y éste les dijo" que no les daba más una gorda" que le daba igual que se fueran a vivir debajo de un puente porque había invertido mucho en el hostal. El propósito de la venta según Antonia era quitarse todas las deudas y quedarse tranquilos, y si sobraba algo, para su jubilación.

Que la causa de haber esperado varios meses para interponer la denuncia es porque no tenían medios para buscarse un abogado y que le deben la comisión a Adolfo.

Pues bien, además de la apariencia de sinceridad en sus respectivos testimonios, los mismos aparecen corroborados por los siguientes datos objetivos de carácter periférico:

1. La entrega por parte del acusado de 25.000 € en efectivo cuando el 1 de julio de 2021 trataron las condiciones de la venta antes de la firma del contrato. Esta cantidad cuya entrega es reconocida por el Sr. Miguel Ángel no tendría ningún sentido si no cumpliera la finalidad de señal y parte de pago del precio. El hecho de que no se incluyera dicha entrega en el contrato y la versión ofrecida por el acusado de que se trataba de una suma entregada a título gratuito, para que los denunciantes hicieran el traslado a la casa sita en la DIRECCION002, carece absolutamente de sentido.

2. Igualmente adolece de credibilidad la versión ofrecida por el denunciado de que los denunciantes les solicitaran asesoramiento jurídico y financiero sobre la hipoteca, que es lo que refieren las facturas proforma obrantes a los folios 14 y siguientes de las actuaciones elaboradas por el acusado, pues llama la atención que siendo abogado y teniendo un despacho profesional no se firmara ningún contrato de arrendamiento de servicios entre las partes determinando el objeto de dicho asesoramiento y el importe del mismo, o de existir que no se haya aportado; el acusado a este respecto manifestó que no sabe si firmaron un contrato de prestación de servicios que lo que sí les giraron fue las facturas, afirmación verdaderamente llamativa, dado el alarde de conocimientos jurídicos que puso de manifiesto el acusado en el acto de plenario. Además destaca sobremanera algo que afirmaba mucho el acusado respecto de los denunciantes sobre la ausencia de reclamación de los 308,000€, y es que no existan entre aquel o entre la entidad Gestión y Finanzas propiedad del acusado y don Silvio conversaciones de WhatsApp o correos electrónicos que pudieran documentar las gestiones que estaba realizando el acusado a través de dicha firma y en las fechas en las que él afirma que realizó dichas gestiones a partir de septiembre de 2020.

Alega en su declaración el acusado que el objeto de dicho asesoramiento era encontrarles alguien que les comprara el inmueble, y que al final fue él mismo pues no encontró comprador. En primer lugar el asesoramiento sobre la hipoteca o sobre la venta del inmueble se puede prestar una vez, pero no seis veces, a razón de 1000 € mensuales, y además no consta que en ese asesoramiento se realizara algún acto material como por ejemplo la preparación de un cuaderno de venta o dossier sobre el inmueble para mostrárselo a futuros compradores. En cualquier caso las gestiones de venta siempre son a éxito, si la venta se perfecciona, nunca a razón de una suma mensual durante el tiempo que esté buscando comprador. Y aunque resulte una obviedad el comprador, no merece ninguna comisión por serlo, si asume esta posición es porque le interesa la adquisición del inmueble.

Además de lo anterior choca frontalmente con dicho asesoramiento dos hechos: en primer lugar los denunciantes tenían una gestoría en la que le llevaban todos los documentos necesarios para el funcionamiento del hostal y en segundo lugar Silvio al único corredor al que le encargó la venta del hostal fue a Adolfo, quien intermedió en el precio de la venta con el acusado como futuro comprador hasta que llegaron a la cifra en la que ambos estuvieron de acuerdo, tal y como manifestaron los denunciantes y luego se pondrá de manifiesto con el resto de los testigos que avalan la versión de aquellos. Esta intermediación es reconocida por el acusado, pues de no de no ser así no tendría ningún sentido el pago que éste le hizo de 6.000€, como tampoco el pago que le hizo a Pedro Antonio, el agricultor que cultivaba al acusado una de sus fincas, y que facilitó a Adolfo sus datos como posible comprador. Si el acusado hubiera conocido a los denunciantes en septiembre de 2020 en virtud ese asesoramiento para la búsqueda de compradores para el hostal, estas intermediaciones plenamente acreditadas en 2021, según el testimonio del citado Pedro Antonio, y el pago de las mismas por parte del acusado, carecerían de sentido.

Por ello está claro que ese asesoramiento no existió y que por consiguiente la base del contrato de dación en pago de 1 de julio de 2021 elevado a escritura pública, carece absolutamente de causa, pues su objeto era exclusivamente la transmisión del inmueble que constituía el hostal "La Alegría" a favor del acusado por un precio notoriamente inferior al valor real. No olvidemos que la finca tiene una superficie construida de 2081,95 m², que su valor catastral aunque sea orientativo es de 1.065 483,43 € y que se estaba vendiendo el inmueble con el negocio de hostelería que se desarrollaba en el mismo, con todo su mobiliario y utillaje.

Es más si ese asesoramiento jurídico hubiese sido real, conociendo la delicada situación económica por la que estaban atravesando los denunciantes, de insolvencia total, resulta incomprensible que siendo abogado experto y no encontrando comprador para el hostal como él decía, no les recomendara un concurso de persona física, que paralizaría las futuras ejecuciones hipotecarias sobre el hostal de conformidad con el artículo 147 de la Ley Concursal ,con independencia del carácter privilegiado de los créditos ; y aunque finalmente dicho crédito, fruto de los dos préstamos hipotecarios cuyas acciones pueden acumularse a tenor del art 555.4 de la LEC, se realizara con preferencia al resto de las posibles deudas mediante subasta o venta a través de entidad autorizada, hubiera podido tener la protección que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece para los inmuebles que constituyen vivienda habitual de conformidad con el artículo 670 de dicha ley (remate no inferior al 70%/60%, del valor del inmueble, que extingue el crédito), pues el hostal tiene la condición de vivienda habitual de los denunciantes, extremo indiscutido por las partes y acreditado en virtud de la profusa testifical practicada, dejando el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria( que establece una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario) para el momento de la ejecución hipotecaria la prueba de que el inmueble hipotecado, con independencia de lo recogido en la escritura de constitución de la hipoteca, constituya vivienda habitual o no. Y todo ello teniendo en cuenta que el valor de la finca a efectos de ejecución hipotecaria es de 1.252.360,04 €, tal y como se establece en la escritura de préstamo hipotecario de 27 de junio de 2014 por la que se constituye la segunda de las hipotecas sobre el hostal, y que la deuda hipotecaria total por ambos préstamos según el contrato era de 466.230,49 €, lo que generaría un remanente a favor de los denunciantes si se hubiese adjudicado el inmueble por los anteriores porcentajes del valor de tasación.

Por ello consideramos en contra de la tesis del acusado, que la operación tal y como fue diseñada por él, limitándose a la subordinación de la totalidad de la deuda hipotecaria del hostal, no beneficiaba en absoluto a los denunciantes, sino al propio Sr. Miguel Ángel.

3. A mayor abundamiento es perfectamente compatible con las continuas referencias de los denunciantes acerca de que el acusado se ocuparía de realizar la compraventa pero de forma que se pagara los menos impuestos posibles por ambas partes, el no mencionar en la escritura, el abono del precio aplazado de 308.000€, pues al omitir el precio real de la compraventa, estableciendo uno inferior, lo que pretendía era pagar menos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, al ser el acusado sujeto pasivo de dicho tributo. De esta forma conseguía dos cosas, menor fiscalidad y dejar a los denunciantes sin ningún apoyo documental del precio real de la compraventa que tenían que recibir. Debe significarse además que la escritura es de fecha anterior a la ley 11/2021 de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que obliga a calcular el importe en función de la referencia catastral. Antes en la fecha del contrato el impuesto de transmisiones se calculaba en virtud del valor real del inmueble, que las partes solían identificar con el precio del contrato de compraventa sin perjuicio de comprobaciones posteriores por parte de la Administración, que es lo que ocurrió en el presente caso.

4. Pero es que además de todo lo anterior las declaraciones de los perjudicados aparecen corroboradas por los testimonios del yerno de los denunciantes Alonso, de su hija Felicisima, los cuales estuvieron tanto en despacho del acusado cuando se firmó el contrato privado como en la Notaría, y por supuesto por Adolfo, que fue el corredor que puso en contacto a Silvio con el acusado, recibiendo de este último como hemos dicho parte de su comisión por haberse realizado la operación, y que recibió las ofertas y contra ofertas de los contratantes hasta llegar al precio final de la compraventa, estando presente cuando se determinaron verbalmente las condiciones del contrato el día 1 de julio en el despacho de Gines del acusado y cuando se firmó el contrato, no estando en cambio en la firma de la escritura pública en notaría. Resumidamente Alonso manifestó que con el COVID tuvieron que cerrar y que a mediados del 2001 solo estaba abierto el hostal, y que la continuidad era muy complicada y decidieron sus suegros vender el hostal y el negocio sobre el que pesaban dos hipotecas. Que no recibieron asesoramiento de la empresa Gestión y Finanzas del acusado. Que primero intentaron vender a través de una inmobiliaria y luego a través de Adolfo, al que su suegro conocía desde hace muchos años y tenía confianza con él. Que Adolfo un día le dijo que había una persona interesada, que era el acusado, y su suegro primero le pidió un 1.200.000€, luego bajó a 1.000.000, luego a 900.000 € y Adolfo le dijo a su suegro que el acusado tenía interés en el inmueble pero que por 800.000 €, y su suegro aceptó. Que el día 1 de julio acompañó a sus suegros al despacho del acusado en Gines junto a su mujer y Adolfo. Que el acusado le pareció una persona muy clara, se identificó como dueño de una empresa de asesoría mercantil y contable y con un despacho lujoso, ropa de marca, en definitiva una persona con solvencia. Les dijo que él era la persona que entendía de cómo hacer legalmente la operación, y que lo que ponía en el contrato era mera formalidad, pero que lo que valía era su palabra y ésta consistió en que iba a asumir el pago de la hipotecas del hostal sobre 400.000 y pico de euros (aunque inicialmente se quiso meter también la hipoteca de la casa de DIRECCION002 a la que sus suegros tenían que mudarse, aunque él intervino para que no fuera así), y que el resto hasta los 800.000 € lo entregaría en 40 días. Que leyó el contrato en voz alta, pero entre frase y frase siempre decía que aquello era una mera formalidad para tener un beneficio fiscal para ambas partes. Que interrumpió la lectura muchísimas veces, incluso tuvo que imprimir de nuevo el documento porque había fallos con lo cual el testigo no se dio cuenta de los matices que introducía y además el acusado insistía constantemente en que todo era una formalidad. Que en definitiva lo que pactaron sus suegros y el acusado verbalmente, no aparecía reflejado en el contrato, pero él decía que lo que valía era su palabra y que en prueba de buena fe les entregó a sus suegros 25.000 € en metálico como señal. Que sus suegros firmaron varios documentos ese día. Que posteriormente en la Notaría, el notario comenzó a leer rápido la escritura y el denunciado le interrumpió varias veces, que no refirió el precio de venta y que si recuerda el término de dación en pago pero que no sabe lo que significa. Que el acusado les dijo que lo que estaba escrito no era la operación real y ellos confiaron.

Que pasados los 40 días Adolfo contactó con el denunciado para conocer cuándo les iba a pagar el resto del precio y éste le contestó que no les iba a pagar un duro más. Que más tarde a la salida del hostal, su suegro abordó a Miguel Ángel, estando el testigo presente y volvió a repetir que no les iba a pagar nada más porque había tenido que hacer reformas en el hostal recriminándole el testigo que eso no le eximía de cumplir el contrato.

Que en septiembre su suegro acudió de nuevo a la notaría con la idea de formalizar el cobro de la cantidad debida, y lo que se encontró fue que quería que firmaran un poder a dos abogados que les podía permitir hacer movimientos en su cuenta, poder que no firmaron.

Por su parte Felicisima, hija de Silvio y de Antonia manifestó lo mismo que su marido sobre la inexistencia de asesoramiento financiero por parte de la entidad Gestión y Finanzas, que el encargo de la venta fue a Adolfo, que éste fue el que encontró al acusado como comprador. Que su padre primero pidió 1.000.000 y al final se quedó el precio de venta en 800.000 €. Que la primera vez que sus padres vieron al acusado fue en la oficina de este señor. Que lo único que sabían antes era el precio de venta, que era de 800.000 €. Que cuando llegaron allí el acusado primero les explicó las condiciones del trato, esto es que él se hacía cargo del pago de las hipotecas del hostal y que posteriormente les daría el resto del precio hasta los 800.000€. Que luego el acusado pasó a explicarles cómo se iba a realizar el contrato, que sus padres iban a aparecer como deudores de unos 6000 € y que a cambio le iban a ceder el hostal, y decía que era mejor hacerlo así para que fiscalmente todo el mundo saliera ganando. Que nadie dijo nada porque nadie entendía sobre el tema. Que él decía que lo hacía a diario y que era la mejor forma. Que ella en casa leyó el contrato pero que no le extrañó que fuera distinto lo real de lo escrito por las explicaciones que les dio el acusado. Que la confianza que tenían en el acusado se basaba en que Adolfo que había pedido referencias sobre el acusado eran buenas, que parecía una persona solvente y con conocimientos y experiencia, y la desesperación que tenían por salir del agujero económico en el que se encontraban, todo ello les hizo confiar. Que días más tarde en la Notaría recuerda que el notario leía muy rápido y que además el acusado le interrumpió en varias ocasiones diciendo que él se lo había explicado todo a sus padres. Que sus padres posteriormente volvieron a acudir a la notaría posteriormente creyendo que era para cobrar lo que restaba del pago del precio y esta vez el notario les explicó que se trataba de un poder a dos personas con el que podían sacar dinero de sus cuentas, y sus padres se negaron a firmar. Relata igualmente que sus padres y ella y su marido se presentaron en la puerta del hostal y que el acusado al salir les dijo que no les iba a pagar el resto del dinero, que Adolfo también fue a hablar y que además de decirle que no iba a pagar nada más, le amenazó. Que hasta hace 3 o 4 meses la Caixa les ha seguido llamando por el impago de las cuotas, porque el acusado no se ha subrogado en los préstamos hipotecarios. Como también afirmó su marido, incluso se habló de hacerse cargo por parte del acusado de la hipoteca de la casa de la DIRECCION002, pero al final decidieron que se haría posteriormente a esta operación mediante la ayuda del acusado, bien constituyendo una sociedad mercantil entre las hijas o bien adquiriendo él la casa en subasta para luego revendérsela.

Por su parte Adolfo manifestó que conocía a Silvio desde hacía mucho tiempo y que él y su familia lo estaban pasando muy mal. Que decidieron poner en venta el hostal, y él como había hecho en alguna otra ocasión, porque principalmente a lo que se dedica es a la aceituna, hizo de intermediario en la venta del inmueble. Que un día hablando con Pedro Antonio, que le cultivaba al acusado un terreno en DIRECCION003, le dijo que a lo mejor al acusado le podía interesar. Que le preguntó si era un hombre serio y éste le dijo que si hablándole muy bien de él. Que le dio su número de teléfono y al día siguiente el acusado lo citó en su oficina a las cuatro de la tarde donde le contó la intención de los denunciantes de vender el hostal. Que Adolfo habló con la familia y éstos pidieron 1.200.000 € y el acusado le dijo que fuera de nuevo a su oficina para hablar con él. El acusado le refirió que por ese precio no encontraría comprador. Que luego la familia le rebajó el precio a 900.000 € y nuevamente Miguel Ángel en su oficina le dijo que daba 800.000 €. Que al día siguiente Silvio lo llamó y le dijo que aceptaba ese precio porque estaba muy mal económicamente. Que el acusado siempre le repetía la frase "lo que yo digo lo cumplo hasta el final", pues él le refirió la mala situación económica de la familia, y por ello el 1 de julio de 2021 fue con los denunciantes a su despacho porque pensaba que iban a firmar la venta por los 800.000 €. Recuerda que antes de la firma se habló de que el precio era ese, que él se iba a hacer cargo de las dos hipotecas del hostal y que el resto sobre unos 308.000 € lo pagaría entre 40 y 60 días, que las condiciones las repitió dos o tres veces, lo mismo que la frase "lo que yo digo lo cumplo y llegó hasta el final." Que además a la familia le entregó el acusado 25.000 € como señal y parte de pago, que no se recogía en el contrato Que el contrato lo leyó rápido pero no recogía la entrega de los 308.000 € a los 40 días. Que el acusado le pagó 6000 € de sus honorarios. Que Silvio lo llamó pasado los 40 días diciéndole que este hombre no le había pagado y el testigo fue personalmente a la oficina del acusado y resultó que estaba de vacaciones hasta el 5 de agosto. Llegado dicho día el acusado le llamo y le dijo que fuera a su despacho él solo. Que el testigo se descompuso por la forma en que el acusado entró y le dijo en muy mal tono "¡¿Tú te crees que yo soy gilipollas?, que no soy gilipollas, que no te pago a ti, ni pago la hipoteca y me quedo con la casa y con el dinero!." Que no ha reclamado sus honorarios a Silvio porque la operación no se ha realizado y en las circunstancias económicas que la familia está, el dinero no le importa nada.

Se alega por la defensa que todos estos testigos tienen interés, sin embargo con independiencia de la verosimilitud que desprendía el relato de cada uno de ellos, Adolfo no tiene interés alguno, pues nunca les reclamó a los denunciantes sus honorarios y como él manifiesta el dinero no le interesa ante la situación económica tan delicada por la que está atravesando dicha familia por la que siente mucha pena. Además aunque dichas declaraciones testificales coincidieron en lo esencial, debe advertirse que cada uno de ellos introdujo detalles diferentes que han ido completando la historia. Por ejemplo el yerno de Silvio no dudó en decir que aparte del Covid la gestión de su suegro al frente del hostal había sido mala, y que incluso llegó a tener una fuerte discusión con él. Por su parte la hija de Silvio, a diferencia de su marido(que no captó las explicaciones del acusado sobre la la forma en que se le iba a dar al contrato quedándose en que su contenido era una mera formalidad distinta de la operación real), sí recuerda que el acusado les explicó que en el contrato sus padres iban a aparecer como deudores de una de sus empresas por importe de 6000 € y que para pago del mismo le iban a ceder el hostal, todo ello para que fiscalmente ambas partes salieran beneficiadas. Es decir no existe un mimetismo entre todas las testificales repitiendo la misma historia, como si se hubieran puesto de acuerdo sino que cada uno, con independencia de mantener todos lo esencial, fueron introduciendo diferentes matices, lo que dota de veracidad a sus respectivas declaraciones.

Finalmente la declaración de los denunciantes cumple también con el requisito de persistencia en la incriminación, pues en su declaración judicial en sede de instrucción tanto Silvio como Antonia insistieron en el precio y en las condiciones ya descritas que verbalmente pactaron en el despacho del acusado el día 1 julio de 2021, y que el acusado les engañó al no abonarles los 308.000 € que habían aplazado, dinero que llegaron a reclamarle pero que nunca recibieron, refiriendo Silvio que el acusado al negarse a pagar le dijo que en la parte de abajo del hostal había encontrado muchas humedades.

Alegó el acusado en el acto de juicio, por su condición de abogado, que los documentos y sobre todo los documentos públicos deben primar sobre las pruebas testificales presentadas por los denunciantes. A este respecto debemos poner de manifiesto lo que ya dijimos al principio que nuestro proceso penal no se rige por un sistema de prueba tasada sino por el principio de libre valoración de la prueba establecida en el artículo 741 de la LECRIM que reconoce al Tribunal la facultad de llegar a una conjunta valoración que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece en el documento, sino la que ofrecen los otros medios probatorios".

B) DELITO DE ESTAFA: EXISTENCIA DE ENGAÑO BASTANTE .

Acerca del delito de estafa es unánime la doctrina del Tribunal Supremo que señala que el engaño típico necesario, como elemento esencial en el delito de estafa es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado, y concretamente, el idóneo o adecuado para provocar el error en el sujeto pasivo que desencadena la realización por su parte del acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El delito de estafa requiere la concurrencia de engaño suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición patrimonial por parte de la víctima, siendo dicho traspaso patrimonial la consecuencia de la actuación engañosa sin la cual no se habría producido esa injustificada disminución del patrimonio ajeno, acto de disposición que realiza el propio perjudicado bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad. En este sentido deben destacarse las SSTS 249/2018 de 16 de mayo, 119/2021 de 11 de febrero, 413/2015 de 30 de junio, 222/2018 de 10 de mayo, entre muchas otras.

Como recuerda la citada STS 771/2025 "El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así ha entendido extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea su modalidad, apariencia de verdad que le determina a realizar una entrega de cosa, dinero o prestación, que de otra manera no hubiese realizado ( STS. 27.1.2000 ), hacer creer a otro algo que no es verdad ( STS. 4.2.2001 ).

Por ello, el engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del ingenio humano y "la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece" ( SSTS. 44/93 de 25.1 , 733/93 de 2.4 ), y puede consistir en toda una operación de "puesta en escena" fingida que no responda a la verdad y, por consiguiente, constituye un dolo antecedente ( SSTS. 17.1.98 , 2.3.2000 , 26.7.2000 )..."aunque la jurisprudencia admite también el dolo o engaño concurrente.

Señala la STS 304/25 de 2 de abril acerca del engaño bastante y del deber de autoprotección de las víctimas, alegado por la defensa, que la doctrina jurisprudencial más reciente expuesta entre otras en la STS 705/2020 de 17 de diciembre establece que " Acerca de los límites del deber de autoprotección en la estafa, en orden a evitar que una interpretación abusiva de esta doctrina desplace indebidamente sobre los perjudicados la responsabilidad de comportamientos en los que la intención de engañar es manifiesta, y el autor ha conseguido su objetivo, lucrándose en perjuicio de su víctima, debe señalarse que la tendencia jurisprudencial más reciente ( STS 228/2014, de 26 de marzo ) considera que "únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa , porque, en ese caso, el engaño no es "bastante". Dicho de otra manera: el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima ( Sentencia 1036/2003, de 2 de septiembre ), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa activada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa.... En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla general que sólo debe quebrar en situaciones excepcionales y muy concretas. Regla general que enuncia la STS. 1243/2000 de 11 de julio del siguiente modo: "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. Y decimos esto porque interpretar ese requisito de la suficiencia con un carácter estricto, es tanto como trasvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción, al sujeto pasivo, exonerando a aquél de responsabilidad por el simple hecho, ajeno normalmente a su voluntad delictual, de que un tercero, la víctima, haya tenido un descuido en su manera de proceder o en el cumplimiento de sus obligaciones". En el mismo sentido se pronuncian la STS 327/2025 de 9 de abril, y la 724/2025 de 15 de septiembre. Esta última además valora la ponderación del grado de credulidad de la víctima que no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la suficiencia del engaño a partir de la relajación del sujeto engañado no deja de encerrar importantes problemas. Llevando al extremo la idea de desprotección y, en definitiva, de no merecimiento de la tutela penal que reivindica la víctima de cualquier despojo, podríamos afirmar que aquel a quien se hurta su cartera porque descuidadamente le asoma en el bolsillo de su pantalón trasero, aquel que confiadamente se pasea en horas nocturnas en zona especialmente conflictiva o aquel que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las consecuencias de una acción delictiva ante la que el sistema jurídico no le proporciona defensa.

Pues bien en el caso de autos existió engaño bastante y con dolo antecedente, porque ha quedado acreditado que el acusado previamente al día 1 de julio de 2021 concertó a través de la intermediación de Adolfo, con el vendedor el importe del precio de la compraventa del inmueble en 800.000 €. Que luego el día 1 de julio de 2021 día de la firma del contrato, volvió a repetir verbalmente a los denunciantes y demás personas que les acompañaban que el precio de la compraventa era el antes indicado y que el trato consistía en que él se hacía cargo de las dos hipotecas que pesaban sobre el hostal, en torno a unos 400.000 y pico de euros, y que el resto, 308.000 € aproximadamente lo pagaría en el plazo de 40 días. También explicó que no obstante como él era el que entendía de leyes y este tipo de contratos lo hacía a diario, iba a plasmar dicho negocio jurídico de otro modo en el contrato que iban a firmar para pagar ambas partes los menos impuestos posibles. Que todo esto lo adornaba con frases del tipo que lo que se iba afirmar era una mera formalidad, pero que el negocio real era el que habían pactado verbalmente y que no se preocuparan porque lo que él dice lo cumple y llega hasta el final. Por ello ni los perjudicados ni sus familiares se extrañaron de que en el contrato no se recogiera el precio de compraventa, que al mismo se le hubiese dado la forma de una dación en pago, concepto que ninguno entendía, ni tampoco que no se recogiera el precio aplazado de los 308.000 € a pagar en 40 días.

Esta actuación del acusado en modo alguno se puede considerar un engaño burdo o esperpéntico, sino como una puesta en escena,que comenzó fijando el precio de la compraventa días antes, deslumbrandoluego a los denunciantes y a las personas que lo acompañaban, los cuales carecían también de conocimientos técnicos, con el lujoso despacho que poseía, con la ropa que vestía, que denotaban solvencia económica, y luego con su discurso recurrente de profesional muy curtido en derecho, experto en ejecuciones hipotecarias como manifestó en el plenario, y en la preparación de este tipo de contratos a diario, para tratar de demostrar solvencia profesional, haciéndoles creer a los denunciantes que era su salvador, distinguiendo bien y de manera reiterada sobre el trato real y las condiciones del mismo, siendo buena prueba de ello la señal de 25.000 € que entregó a los denunciantes en metálico en concepto de señal, y la forma que había que darle al contrato por escrito, como mera formalidad sin importancia, para beneficiarse ambas partes comprador y vendedor de pagar el menor importe impuestos posibles, dándoles en todo momento su palabra de que el trato verbal al que habían llegado se iba a cumplir.

Por ello, porque les infundió plena confianza, porque tenía buenas referencias sobre él el corredor Adolfo, y porque tenían necesidad de que alguien les arreglase el grave problema económico que padecían, valorando además la absoluta ignorancia que sobre temas jurídicos tenían todas las personas que se reunieron allí y en especial los denunciantes, personas con poca instrucción y con tendencia a la credulidad en temas que ellos desconocían, no les exigieron la firma de ningún documento donde se recogiera el precio de la compraventa, la subrogación en los préstamos hipotecarios del hostal, y el precio aplazado de 308.000 €. Por ello no tuvieron ningún problema tampoco en firmar la escritura en la notaría. Pero esta falta de diligencia de los denunciantes,que no puede considerarse como absolutamente excepcional, en la que nadie incurriría (pues en el caso de autos incurrieron ellos, y todas las personas que los acompañaban) y que es consecuencia del ardid elaborado por el acusado a través de aquella puesta en escena, no puede desvituar el elemento esencial del delito de estafa. Lo que es absolutamente cierto es que los denunciantes de haber conocido que el acusado realmente tan sólo se iba a subordinar, ni siquiera a subrogar, en el pago de los dos préstamos hipotecarios del hostal que ascendían algo más de 400.000 €, y que no les iba a pagar nada más, los mismos no hubieran firmado el contrato, porque les faltaba casi la mitad del precio de venta que habían pactado, y que el denunciante Silvio había rebajado hasta los 800.000 € ante la urgencia económica por la que atravesaban.

Se alega por la defensa que no se acredita el perjuicio patrimonial porque no se ha peritado el inmueble a la fecha de los hechos. Tal alegación carece de sentido, puesto que al margen del valor real del inmueble a fecha de 21 de julio de 2021(seguramente superior al precio de compra ofrecido por el acusado, dadas las características del inmueble, su precio de tasación a efecto de subasta y su valor catastral), el perjuicio económico se ha cifrado en la cantidad de 308.769 € porque es el precio que dejó de pagar y por consiguiente la cantidad defraudada.

Probado el delito de estafa con el cumplimiento de los requisitos del artículo 248 del Código Penal, resulta de aplicación el artículo 250.1.1 al quedar acreditado por ambas partes que los denunciantes vivían en el hostal es decir que se trataba de su vivienda habitual. Igualmente concurre el artículo 250.1.4, pues conociendo la delicadísima situación económica por la que atravesaban los denunciantes, un matrimonio mayor, con delicado estado de salud, sin posibilidad de trabajar dada la edad de ambos, y con tres préstamos hipotecarios, dos sobre el hostal, y una tercera sobre la vivienda que aún ocupan, habiéndose instado sobre esta última procedimiento de ejecución hipotecaria, los engañó sin piedad alguna, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, y consiguió el desplazamiento patrimonial del hostal, casi por la mitad del precio pactado, asumiendo a su entera voluntad pero no frente al banco el pago de la deuda hipotecaria que pesaba sobre el hostal por una suma aproximada de 400.000 €. Y concurre también el artículo 250.1.5 al ser el valor de la defraudación superior a los 50.000 €. En virtud de lo anterior resulta de aplicación el artículo 250.2 que establece que si concurriera las circunstancias del número 4º, 5º 6º o 7º con la del número 1º se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses añadiendo además que la misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 € circunstancia que también concurre en el presente caso.

Segundo.A tenor del artículo 28 del código Penal, es autor criminalmente responsable del delito de estafa agravada anteriormente descrito, Miguel Ángel por la ejecución personal, libre y directa de los hechos descritos.

Tercero.No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Cuarto.En orden a la individualización penólógica, la pena de prisión que le corresponde es de cuatro a ocho años, considerando proporcionada la pena de cinco años que se sitúa en la mitad inferior al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pero no imponiéndole la pena mínima dada la gravedad del engaño, y la nula compasión demostrada con los denunciantes cuando directamente ellos o a través del corredor le han reclamado el pago del resto del precio, alegando las obras de acondicionamiento y remodelación que ha realizado en el hostal, obras que son completamente ajenas al contrato de compraventa pactado, y conociendo perfectamente que el pago del resto del precio les era absolutamente necesario para regularizar el pago del préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda en la que aún habitan. Asimismo se le impone la pena de multa de 16 meses con cuota diaria de 10 € con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Quinto.A tenor del artículo 116 del Código Penal el acusado deberá de indemnizar a los denunciantes Silvio y Antonia en la suma de 308.769 €, importe de la cantidad defraudada con los intereses legales, con la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades Gestión Legal y Servicios S.L. y de la entidad Blasreisa,SA, siendo el acusado administrador único de ambas entidades, en virtud del artículo 120.4 del Código Penal, pues ambas a través del acusado intervinieron en el engaño la primera como emisora de las facturas falsas de asesoramiento financiero y jurídico giradas Silvio y a Antonia, cuyo importe total ascendía a 6000 €, crédito que cedió a través del acusado a la entidad Blasreisa, que es la que adquiere el bien en la simulada dación de pago que se recoge en el contrato de fecha 1 de julio de 2021. Asimismo el acusado a través de esta última entidad deberá dar satisfacción al perjuicio ocasionado a los denunciantes al continuar como deudores frente a la entidad hipotecante subrogándose en los préstamos hipotecarios que pesan sobre el hostal, liberando a los denunciantes de dichas cargas hipotecarias tal y como se había pactado, al limitarse en virtud del contrato suscrito a la subordinación de Blasreisa en el pago de dichos créditos, abono que quedaría al libre albedrío del acusado.

Sexto.A tenor del artículo 240 de la LECRIM las costas impondrán al condenado.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación,