Sentencia Penal 1185/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4876/2022 de 08 de enero del 2025

PRIMERO.- 1.1. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en su Procedimiento Abreviado n.º 6/2021, dictó Sentencia n.º 62/2022, de 16 de febrero, en la que condenó a Jacinto y Sonia como autores criminalmente responsables de un delito de defraudación a la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal, imponiéndole a cada uno de ellos las penas de prisión por tiempo de dos años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 261.826,22 euros. El pronunciamiento les condenaba también a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en 174.676,10 euros, más los intereses legales previstos en el artículo 31 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que pudieran generarse hasta el completo pago de lo adeudado.

1.2. Contra esta resolución se interpuso por la Tesorería General de la Seguridad Social recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que fue desestimado en su Sentencia 24/2022, de 3 de junio.

1.3. La Tesorería General de la Seguridad Social recurre en casación la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia, fundando su recurso en un único motivo de impugnación por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la LECRIM, por considerar indebidamente aplicado el artículo 307.6 del Código Penal.

1.4. En concreto, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial condenó a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en 174.676,10 euros. La cantidad resultaba de las cuotas a la Seguridad Social que los acusados, como administradores de la entidad "Tuberías y Caldererías del Norte SL" habían dejado de pagar durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, así como las cuotas que cada uno de ellos eludió ingresar como trabajador por cuenta propia en ese mismo periodo de tiempo; cantidades que resultaron incrementadas con sus correspondientes recargos e intereses.

1.5. Frente a este pronunciamiento indemnizatorio, que confirmó la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la recurrente aduce que el artículo 307.6 del Código Penal dispone que la responsabilidad civil derivada del delito de fraude a la Seguridad Social abarca la totalidad de la deuda que mantengan los condenados con la Seguridad Social, incluidas las deudas que la Administración no haya liquidado por prescripción o por otra causa legal. Por ello, defiende que los condenados tienen la obligación de pagar toda la deuda pendiente con la Seguridad Social, esto es, argumenta que el artículo 307.6 del Código Penal se configura como una regla especial para determinar el alcance de la responsabilidad civil en el delito de fraude a la Seguridad Social y que, en este delito, la reparación indemnizatoria no debe limitarse a la reparación de los daños y perjuicios que contempla el artículo 109 del Código Penal, sino que debe incluir todas las cuotas que deban en ese momento los acusados, incluso por años que estén fuera del periodo de enjuiciamiento, además de cualquier multa que les haya sido impuesta y que no hayan pagado.

En consecuencia, reclama que la responsabilidad civil se incremente con: a) Las cuotas que la empresa debía a la Seguridad Social por los años 2014 y 2019; b) Las cuotas debidas por Sonia como trabajadora por cuenta propia y correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y parte del 2019; c) Las cuotas debidas por Jacinto como trabajador por cuenta propia y correspondientes a los años 2013 y 2014 y d) Las multas que estaban pendientes de pago y que tenían un importe total de 49.749,08 euros, a pesar de que no consta la causa por la que esas multas se impusieron.

1.6. El artículo 109.1 del Código Penal dispone que "La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados".

Sobre su base, hemos expresado que la responsabilidad civil tiene como fundamento reparar o compensar los efectos que el delito haya ocasionado a la víctima o a los perjudicados, configurándose como una consecuencia del actuar delictivo de carácter compensatorio al daño producido por una agresión ilícita considerada delictiva. Y hemos concretado que "la declaración de responsabilidad civil y la condena al pago de las cantidades con que debe ser satisfecha, tienen que ser consecuencia del delito o falta que se aprecie cometido" ( SSTS 7/2002, de 19 de enero o 1318/2006, de 21 de diciembre, entre otras).

1.7. Contrariamente a lo que el recurso aduce, el contenido o alcance de la responsabilidad civil no se modifica en el artículo 307.6 del Código Penal para el delito de fraude a la Seguridad Social.

El precepto invocado establece que "En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio".

Consecuentemente, la norma no contiene una regla especial para fijar el importe de la responsabilidad civil en el delito de fraude a la Seguridad Social, sino que se limita a introducir reglas singulares de ejecución, esto es, destinadas a abordar el cobro de un resarcimiento cuyo contenido es el normalmente previsto en el artículo 109 del Código Penal. En concreto el precepto, sobre las reglas generales contempladas en el artículo 794.1 de la LECRIM y con las previsiones específicas recogidas en el artículo 999 de la LECRIM para los delitos contra la Hacienda Pública, de aplicación extensiva a este supuesto, establece las siguientes particularidades en materia de ejecución:

a) La ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, podrá abordarse con el auxilio de los servicios de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

b) Aunque la condena penal exige, como elemento objetivo del delito, la identificación de una cuota defraudada o una deducción o devolución indebida de más de 50.000 euros, si existen deudas generadas en el periodo de defraudación enjuiciado que no hayan sido liquidadas a la fecha del pronunciamiento judicial o de su ejecución, estas no pueden excluirse de los daños causados por el delito.

c) En estos supuestos, si hubiera prescrito el plazo administrativo para abordar las liquidaciones omitidas, o si existiera otra causa legal que impida la liquidación tardía, la condena penal habilita para abordar también ese cálculo o recuento de manera extemporánea, dejándose así sin efecto lo dispuesto en el artículo 24.a) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que prescribe a los cuatro años "el derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones".

Se trata, por tanto, de un régimen de cumplimiento del deber de indemnizar semejante al que se establece para el delito fiscal en el artículo 305.7 del texto punitivo, al disponer que "En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley".

1.8. Aunque para el delito fiscal el Código Penal remarca que hay cantidades debidas a la Hacienda Pública que no forman parte de la indemnización de responsabilidad civil derivada del delito, lo que no hace para el delito de fraude a la Seguridad Social el artículo 307, eso no significa que la Seguridad Social tenga derecho a acumular en la responsabilidad civil todos los créditos que ostente contra el condenado, incluso cuando no formen parte de los hechos enjuiciados.

Para el delito contra la Hacienda Pública el artículo 305.5 del Código Penal distingue claramente la deuda integrable en la actuación delictiva -y consecuentemente resarcible como responsabilidad civil- y la deuda mantenida por el deudor tributario y que resulta ajena a la actividad enjuiciada. Indica el precepto que: "Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública". Y añade a continuación que: "La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal".

Esa previsión no existe en el artículo 307 del Código Penal para el fraude a la Seguridad Social. En todo caso, la divergencia no surge de que deban integrarse en la responsabilidad civil derivada del delito todas las deudas que un individuo mantenga con el Ente Público prestacional, sino que el contraste regulatorio resulta de las diferencias establecidas por el legislador para determinar la cuota de fraude penalmente típica en el delito contra la Hacienda Pública y en el delito de impago a la Seguridad Social. En el primero, la cuota defrauda requerida por el tipo penal está referida a cada uno de los distintos tributos existentes. Y cuando se trata de impuestos de declaración periódica debe contemplarse lo defraudado en cada período de declaración y, si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se entiende referido al año natural. Es decir, el legislador ajusta el reproche penal a los distintos hechos imponibles y a la cuantía defraudada en el tiempo máximo de un año. Consecuentemente, al tener la responsabilidad tributaria un plazo de prescripción administrativa de cuatro años ( art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), en el artículo 305.5 del Código Penal el legislador contempla la posibilidad de que el responsable de un delito contra la Hacienda Pública tenga deudas tributarias plenamente exigibles y ajenas al ámbito de actuación delictiva, para las que dispone un cauce separado e independiente de reclamación y de cobro.

Esa previsión no se recoge en el artículo 307 del Código Penal, en todo caso, ello no supone que el legislador haya optado por una solución diametralmente opuesta a la dispuesta para el delito contra la Hacienda Pública y que en los delitos de fraude a la Seguridad Social se puedan reclamar las deudas no enjuiciadas del responsable. Ni la literalidad del artículo 307.6 del Código Penal refleja una opción legislativa distinta, ni se aprecia que concurra ninguna razón que pueda justificar la excepcionalidad recaudatoria que el recurso sostiene; menos aun cuando extender la responsabilidad civil a toda deuda que el condenado mantenga con la Seguridad Social por cualquier ejercicio: a) cerraría la posibilidad de depurar las responsabilidades penales que puedan surgir por impagos posteriores al periodo de los cuatro años naturales que configuraron el delito enjuiciado ( art. 307.2 del Código Penal) y b) incidiría directamente en las decisiones sobre su libertad condicional que deberán adoptarse conforme a lo dispuesto en el artículo 308 bis del Código Penal.

1.9. En el presente supuesto, en atención a un relato de hechos probados que nace por la conformidad de los acusados con el escrito de calificación presentado por las acusaciones, el delito objeto de condena se asienta en la suma defraudada a la Seguridad Social por la entidad Tuberías y Caldererías del Norte SL durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Y la responsabilidad de Jacinto y Sonia deriva de su condición de administradores, de hecho o de derecho, de la entidad, tal y como preceptúa el artículo 31 del Código Penal.

Desde esta consideración, la responsabilidad civil derivada de la conducta criminal se agota con el importe del fraude. Ni siquiera deberían haberse incorporado al montante indemnizatorio las deudas que los acusados mantuvieron personalmente con la Seguridad Social por esos mismos años, pues la acumulación de deudas de varios obligados desvirtúa el umbral dinerario de 50.000 euros fijado por el legislador para definir la tipicidad de los hechos. En todo caso, la indebida acumulación de deudas realizada en la sentencia de instancia carece de relevancia: a) Desde una consideración penal, porque las sumas defraudadas por la mercantil, superan por sí solas el montante de fraude que el tipo penal exige y b) Desde una consideración civil, porque la inclusión en la obligación indemnizatoria de las deudas personales de los administradores, no ha sido impugnada por los obligados al pago.

Sin embargo, no procede incrementar la responsabilidad civil derivada del delito, ni con deudas nacidas para la sociedad en años distintos a los que han determinado la responsabilidad delictiva, ni con deudas personales de los acusados a la Seguridad Social derivadas de años distintos a los recogidos en la sentencia de instancia, ni con el importe de multas cuyo origen no se ha acreditado y no consta por ello vinculado a los hechos objeto de condena.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la LECRIM.