Sentencia Social 838/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 5347/2023 de 14 de febrero del 2024

PRIMERO.- Contenido y objeto del recurso.

Se articula recurso por la representación de CPQ IBÉRICA, S.A.U., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social sobre la base de diferentes motivos: al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS) pretende la revisión de los hechos declarados probados (en adelante, HDP); y en motivo al amparo de la letra c) de la misma norma, se alega infracción del artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS). Pretende la revocación de la sentencia y la consiguiente estimación de la demanda origen del proceso.

El recurso ha sido impugnado por la representación de Jose Pablo al entender que la sentencia ha valorado correctamente la prueba practicada y aplicado adecuadamente el derecho. Ha sido parte en el proceso el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

La demanda origen del presente procedimiento pretendía la revocación de la resolución del INSS de 26-1-2022, y la posterior de 28-4-2022 que establecen la existencia de un recargo por falta de medidas de seguridad en todas las prestaciones que deriven del accidente acaecido el 8-2-2019.

La sentencia ahora recurrida entiende que no han quedado suficientemente acreditados hechos que dan sustento a la pretensión de la demanda, y desestima la misma.

SEGUNDO.- Los Hechos declarados probados: Propuesta de modificación.

En cuanto a la pretendida modificación de HDP que propone el recurso, debe en primer lugar razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el Tribunal "ad quem" está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones: De otra forma carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) de la ley procesal.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Criterios estos que han sido reafirmados por la reciente sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero, Recurso 2429/2019.

El recurso propone que se modifique el HDP 2º para que la frase del mismo "La carga se hallaba ubicada entre las palas del toro automotor, no sobre un palet o sistema de similar eficacia para garantizar la estabilidad, siendo ésta la forma ordinaria del transporte", sea modificada ytenga el siguiente contenido:

"...La carga que transportaba el trabajador accidentado era un contenedor IBC de 1000 Kg que dispone de un sistema estándar integrado de sujeción para el transporte con toros automotores y transpalet, el cual se halla homologado internacionalmente..."

Pretende sustentar la propuesta en un informe pericial, y la justifica en que "... es relevante a los efectos de la resolución del recurso, puesto que evidencia que la imposicióndel recargo de prestaciones a la empresa CPQ IBÉRICA, S.A.U. se basa en una acta de Inspección de Trabajo que adolece de importantes contradicciones y que, por ende, no puede estar revestida de la presunción de veracidad de los actos y resoluciones de la administración, y que en el acto de juicio fueron rebatidos por la extensa base probatoria aportada por esta parte...".

El escrito de impugnación pone de manifiesto que "... el informe pericial, tal y como se puso de manifiesto en el acto de juicio, fue redactado sin que se tomara declaración al único y principal testigo del accidente, el Sr. Balbino. Es por ello, que el informe pericial es incompleto, y carece de [im] parcialidad, al ser una prueba de la parte actora".

En la Sala entendemos que no debemos desestimar la propuesta, pues aun cuando es creíble que el depósito es el que apunta el recurso, sin embargo, existe el inconveniente que adecuadamente señala la impugnación; por otra parte, el recurso en su razonamiento, más que hacer referencia a pruebas que sustenten su propuesta, las hace en el sentido de tratar de acreditar que cuanto se afirma en la sentencia no coincide con lo reconocido en el acto del juicio por la representación letrada de la parte demandada, es decir, no razona positivamente sobre por qué debería ser estimada su propuesta, sino que lo hace en el sentido negativo de que cuánto relata la sentencia adolece de tener algunas pruebas en sentido contrario: pues bien, precisamente esa es la facultad de la que se dota a quien ejerce jurisdicción en la instancia, concretamente su capacidad de valorar la prueba practicada y extraer del conjunto de las mismas -realizando un análisis de todas ellas y en función de las que termine otorgándoles credibilidad- la declaración fáctica que reseña en la sentencia; obviamente su valoración debe prevalecer sobre la que realiza la parte recurrente, que lógicamente es interesada y no imparcial. Y conviene añadir que la Sala ad quem -al tener el recurso de suplicación carácter extraordinario- tenemos extraordinariamente limitadas las posibilidades de extraer otras conclusiones fácticas, de no producirse la circunstancia de que la valoración de la prueba haya sido ilógica, absurda o irracional, o vulneradora de derechos fundamentales, y teniendo esta circunstancia su razón de ser -entre otras- en el hecho de que en la instancia existe inmediación en la valoración de la prueba, circunstancia que no se da en esta fase del proceso.

Propone después el recurso la modificación del HDP 4º, para el que propone la siguiente redacción alternativa:

"...La causa del accidente se produjo por la realización de trabajos de transporte de un contenedor con producto con base de sosa caustica, utilizando un toro automotor. La carga que transportaba el trabajador accidentado era un contenedor IBC de 1000Kg que dispone de un sistema estándar integrado de sujeción para el transporte con toros automotores y transpalet, el cual se halla homologado internacionalmente, con resultado de caída de la carga y proyección de su contenido, al haber abierto el trabajador el contenedor previamente. Ello sin perjuicio que las consecuencias del accidente se hubieran minimizado si el trabajador hubiera llevado puestas las gafas de protección individual anti-salpicaduras que le había proporcionado la empresa...".

No sustenta la propuesta en prueba documental o pericial alguna, sino tan solo en la valoración de las pruebas personales practicadas en el acto del juicio, e introduce un elemento relevante cómo es que existió una imprudencia temerariapor parte del trabajador. Justifica la propuesta en que "... es relevante a los efectos de la resolución del recurso, puesto que evidencia que la resolución de imposicióndel recargo de prestaciones a la empresa CPQ IBÉRICA, S.A.U. se basa en unos hechos desmentidos por el propio trabajador accidentado (elemento transportado, apertura del contenedor por parte del propio trabajador) y se determina que el riesgo se hubiera minimizado con una elección acertada de los EPI's (en este caso las gafas de protección). Del propio contenido del informe de Inspección de Trabajo no se puede determinar si las gafas que debía utilizar el trabajador para la actividad que estaba desarrollando eran las correctas, puesto que nada se dice al respecto. Las gafas entregadas al trabajador accidentado eran unas gafas pegaso "anti salpicaduras", que justamente es el riesgo al que estuvo sometido el trabajador debido al cúmulo de temeridades que efectuóel día de los hechos".

El escrito de impugnación pone de manifiesto que el recurso no se sustenta en pruebas documentales o periciales, y se basa simplemente en la pretensión de que su interpretación de los sucedido tenga mayor valor que la que realiza quién ha ejercido jurisdicción.

En la Sala entendemos que no podemos aceptar la propuesta en la medida en que no cumple con los requisitos que arriba hemos reseñado en tanto que no se sustenta en prueba documental o pericial, sino en pruebas personales que no permiten la modificación fáctica que se pretende. En cuanto a la cuestión de la imprudencia temeraria es un elemento que en su caso deberá ser analizado, si es planteado, en los motivos jurídicos del recurso.

Se desestiman los motivos de recurso relativos a HDP.

TERCERO.- La normativa aplicable al caso.

Por cuanto aquí interesa, la LGSSestablece:

Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

La LRJSestablece:

Artículo 96. Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo.

2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales(LPRL) establece:

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores

Artículo 15. Principios de la acción preventiva.

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

CUARTO.- Análisis del derecho aplicado por la sentencia. Recurso e impugnación.

1.- Por cuanto ahora interesa, la sentencia , tras explicar el contenido del art. 164 LGSS y la jurisprudencia que lo desarrolla, realiza una reproducción de los HDP sobre la forma en que se produjo el accidente, razona que:

"... entiende que la actuación del trabajador no se trata de una imprudencia temeraria del trabajador sino, en su caso de una imprudencia profesional que no exime de responsabilidad a la empresa

De todo ello se desprende que la empresa demandante no ha cumplido con las medidas de seguridad exigibles, incumpliendo todo el deber de vigilancia y protección que compete al empresario en relación con sus trabajadores.

Sentado lo anterior, se debe partir del deber de vigilancia de la empresa sobre el cumplimiento, de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales ( arts. 14 y 15 Ley 31/1995 ) así como del art. 20 y art. 4.2 d) del ET .

En consecuencia, a la vista de la prueba practicada, se debe concluir que la empresa incumplió con el deber de protección de la salud del trabajador expuesta a los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, o procedimiento de trabajo ( arts. 14,2 ; 15.1 y 17.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales , en relación con lo dispuesto en el art. 3.4; Anexo II Parte 1 art. 1 ; art. 2 ; art. 9 del Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Art. 3 del RD 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; Anexo III del mismo texto legal.

Entiende quien suscribe, que las medidas de seguridad están orientadas a defender la integridad corporal del trabajador, lo que no ocurrió en el presente caso, incumpliéndose el deber de vigilancia de todo empleador, vulnerándose lo dispuesto en los artículos mencionados al no adoptar, la empresa demandante, las medidas necesarias para la protección y prevención de los riesgos laborales existentes.

Por consiguiente, se constata la existencia de falta de medidas de seguridad imputable a la empresa demandante, la existencia de un daño producido al trabajador y la relación de causalidad entre el siniestro ocurrido y la pasividad del empleador, por lo que procede de conformidad con el art. 164 de la LGSS desestimar la demanda, considerando adecuado el recargo impuesto del 30%, en atención a las circunstancias concurrentes confirmando la Resolucióndictada en vía administrativa, y absolviendo a la parte demandada.

2.- El recurso denuncia la infracción del art. 91 LRJS y 218 (quizás se refiere al 217) LEC al no haber aplicado la sentencia la ficta confesión, decisión que entiende resulta ser arbitraria. Al respecto insiste en plantear nuevamente un relato de hechos diferente del que consta en la sentencia, dando por ciertos elementos que ni siquiera constan en los HDP, ni tampoco en la propuesta de fórmula para modificarlos (a modo de ejemplo, el recurso insiste reiteradamente en que la categoría del demandado es la de encargado del Departamento de producción, pero ni consta en el HDP 1º, ni ha sido propuesta su inclusión). Tras dicho relato de hechos razona:

"En ningún caso puede afirmarse que exista la preceptiva relación causa-efecto entre un negado incumplimiento de la normativa de prevención y seguridad por parte de la empresa y el accidente ocurrido, extremo que es el que determina, según lo que establecido en el artículo 164.1 de la LGSS la imposición del recargo de prestaciones, que en todo caso debe ser interpretado de forma restrictiva y no puede ser considerado una responsabilidad objetiva por parte de la empresa, máximecuando se acredita en los autos que CPQ IBÉRICA, S.A.U. cumple escrupulosamente con todos los preceptos de la norma y dota de todos los elementos de seguridad a sus trabajadores.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante un cúmulo de negligencias por parte de un trabajador preparado, experimentado e informado, y que a mayor abundamiento era el encargado de la sección de producción.

Jurisprudencialmente se considera que queda excluída la responsabilidad empresarial en caso de accidente en los supuestos que el resultado lesivo producido se derive de una imprudencia temeraria del mismo (culpa exclusiva del trabajador).

Las consecuencias del accidente, e incluso el propio accidente se podrían haber evitado si el trabajador accidentado no hubiera cometido alguna de estas negligencias en el desempeño de su labor:

1. - Si no hubiera destapado el depósito.

2. Si hubiese conducido correctamente el toro automotor. Con las palas inclinadas para atrás y la carga debidamente basculada.

3. No hubiese efectuado un giro a velocidad inadecuada.

4. No hubiese bajado del puesto de conducción para intentar evitar la caída de un contenedor que no podía aguantar una sola persona.

5. Si hubiese llevado correctamente las gafas antisalpicaduras entregadas por la empresa".

3.- El escrito de impugnación razona que el recurso no aporta nada nuevo al proceso, reproduce en lo esencial el razonamiento de lasentencia y concluye afirmando que "... La entidad recurrente no ha puesto de manifiesto a lo largo de su recurso, cual ha sido el error del juzgador de instancia en la valoración de la prueba y el derecho aplicado, sino que ha vuelto a exponer sus alegaciones, sin apoyarse en prueba alguna".

QUINTO.- La posición de la Sala.

En la Sala entendemos que debemos desestimar el recurso.

Y debemos recordar, ya desde este momento, que nos encontramos ante un recurso, el de Suplicación, de carácter extraordinario cercano a la casación, que difícilmente permite la reevaluación de los hechos y que restringe al máximo la capacidad del tribunal ad quempara la reelaboración de todos aquellos elementos que contengan componentes facticos.

Respecto a los planteamientos del recurso debemos señalar que el vigente artículo 96.2 LRJS ("Carga de la prueba en casos de discriminación y en accidentes de trabajo") establece normas específicas sobre la carga de la prueba , de absoluta relevancia, señalando que la carga de probar la inexistencia de responsabilidad en el origen del accidente de trabajo recae en el campo empresarial -por ser la responsable de la deuda de seguridad-, y ello no porque la ley sea arbitraria, sino porque -entre otras razones sobre las que no es necesario extenderse- presupone que la parte demandada dispone de mayor facilidad probatoria para acreditar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad.

En todo caso, la jurisprudencia viene exigiendo para aplicar el artículo 164 LGSS, tres elementos: primero, la existencia de un incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones de protección y prevención; segundo, debe existir un daño en la persona del trabajador que incida directamente en su capacidad laboral, y tercero, debe existir una relación de causalidad entre aquel incumplimiento y el daño causado; en función de la gravedad del incumplimiento y de la gravedad de las consecuencias deberá modularse la cuantía del recargo.

También queremos recordar que el art. 164 LGSS no solo abre la posibilidad de imponer el recargo cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, es decir, no requiere como condición sine que nonla existencia de un incumplimiento sancionable por una norma concreta, sino que -aun siendo la situación anterior la más frecuente- cabe la posibilidad de que exista recargo en supuestos en que no hay un incumplimiento especifico, sino tan solo inobservancia de las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o en aquellos otros supuestos en los que no se hayan tomado medidas paliativas del posible daño a la persona trabajadora por no haber tenido en cuenta la adecuación de las condiciones de prestación del servicio en cada trabajo a las circunstancias personales, características, edad, sexo y demás condiciones del trabajador: es decir, cabe imponer el recargo ante un incumplimiento de una norma concreta, o ante una falta de la suficiente prevención.

A nuestro modo de ver es muy relevante que el recurso no ha impugnado adecuadamente los HDP lo que implica su confirmación, y no aporta ninguna idea, ni razonamiento, que nos lleve a la conclusión de que la sentencia recurrida ha aplicado incorrectamente las normas legales al ratificar la Resolución administrativa, que a su vez se sustenta en el Acta de la Inspección de Trabajo. La empresa no cumplió con la obligación genérica de protección del trabajador y en dicho incumplimiento, -conviene recordar que la ley no exige mala fe por parte empresarial, sino que admite la simple negligencia de no vigilar adecuadamente el cumplimiento de la normativa, artículo 15.4 LPRL- reside la responsabilidad que da lugar a la imposición del recargo: en ese sentido son correctas tanto la resolución administrativa, como su ratificación por la sentencia recurrida.

Debemos hacer mención, por fin, a una cuestión que sobrevuela todo el recurso, a saber: que toda la responsabilidad del accidente es debida a la actuación del propio trabajador accidentado, que incluso debería ser considerada como imprudencia temeraria. Al respecto debemos señalar que no podemos entrar en tal cuestión en la medida en la que la parte acepta que existió un accidente de trabajo, y es conocido que el artículo 156.4.b LGSS excluye del accidente de trabajo aquellos supuestos en los que haya concurrido dicha imprudencia temeraria ("... no tendrán la consideración de accidente de trabajo: b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado"):como hemos dicho en muchas otras ocasiones la aceptación de que se ha producido un accidente de trabajo impide que posteriormente se plantee la existencia de imprudencia temeraria, en el caso -como es el presente- de análisis de recargo por falta de medidas de seguridad del artículo 164 LGSS. Por otra parte, también resulta relevante para nosotros que en la demanda tan solo se hace una referencia tangencial a una hipotética imprudencia temeraria, sin colocarla en el centro del debate, y ello impide que ahora entremos a analizar tal cuestión.

Por otra parte, las alegaciones empresariales de que ha venido cumpliendo adecuadamente con las normas sobre prevención de riesgos laborales no es puesta en cuestión en este proceso, en el que tan solo se analiza si -en el supuesto concreto del accidente analizado- la empresa pudo y debió realizar una actividad más proactiva en la protección de sus trabajadores. La ITSS ha entendido que no cumplió con sus obligaciones legales, y ha levantado la oportuna acta proponiendo el recargo, que ha sido adoptado por la entidad Gestora, y confirmada por la sentencia recurrida. Como ya hemos indicado, no encontramos en el recurso ninguna propuesta que nos permita modificar los HDP, ni tampoco razonamientos jurídicos que -con la resultante fáctica contenida en la sentencia- nos permita revocar la resolución administrativa.

En razón a ello entendemos que debemos ratificar la decisión alcanzada por la sentencia recurrida y desestimar el recurso planteado contra la misma.

SEXTO.- Imposición de costas.

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1º LRJS, implica la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, condena que incluye el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, y dentro de los límites legales, señala en 1.000 euros. Se decreta también, como preceptúa el artículo 204.4º del citado texto procesal, la pérdida del depósito constituido para recurrir que, una vez sea firme la sentencia, se ingresará al Tesoro público; y por fin, se condena a la misma parte vencida a la pérdida de la cantidad consignada a la que se dará el destino legal.

En razón a ello entendemos que debemos ratificar la decisión alcanzada por la sentencia recurrida y desestimar el recurso planteado contra la misma.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.