Sentencia Social 48/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 53/2024 de 16 de abril del 2024

PRIMERO. - La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del proceso de conflicto colectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 g) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO. - De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan únicamente en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.- El presente conflicto colectivo se dirige a verificar el ajuste a derecho del proceso de elección del representante de los trabajadores que ha de tener presencia en la Junta Directiva y Junta General de la Mutua Asepeyo, en virtud de lo dispuesto en el art. 33.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el RD 1993/1995, de 7 de diciembre.

Con carácter previo hemos de resolver las dos excepciones procesales que se opusieron por las codemandadas y que se centraron en dos aspectos diferenciados:

1º.- Indebida acumulación de acciones: Se opuso por Asepeyo en primer término la indebida acumulación de acciones del proceso de conflicto colectivo y vulneración de derechos fundamentales. A la pretensión de nulidad del procedimiento de elección del representante en la Junta y los resultados obtenidos en el mismo, anuda CC.OO la pretensión de que este tribunal declare vulnerado su derecho a la libertad sindical, si bien en el acto de la vista renunció a la indemnización solicitada en demanda por tal concepto pero mantuvo la acción de tutela frente a la vulneración del citado derecho.

Dispone el art. 26.1 LRJS que: " Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en el apartado 3 del artículo 25, en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 33, no podrán acumularse a otras en un mismo juicio, salvo la de responsabilidad por daños derivados, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Tampoco podrán acumularse las acciones en reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a las que se refiere el artículo 138 bis".

Y se añade por el apartado 2: Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto en el artículo 184, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a los artículos 182, 183 y 184".

Es decir, que conforme a lo expuesto, sólo podrá acumularse la petición de indemnización derivada de la vulneración de derechos fundamentales cuando por imperativo legal, deban seguirse los trámites de las modalidades procesales del apartado 1º del art. 26, entre las que no se encuentra el conflicto colectivo; y ello se refrenda por la propia naturaleza de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, que en su art. 178 LRJS prevé que " el objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad".

En consecuencia, la excepción de indebida acumulación de acciones ha de prosperar, limitándose la cognición del presente procedimiento a la acción de conflicto colectivo.

2º.- Conflicto de intereses: Se opuso en segundo término la existencia de un conflicto de intereses, al tratar de aplicar el sindicato CC.OO la aplicación analógica del proceso de elección de los representantes de los trabajadores previsto y regulado en los arts. 69 y ss. del ET, dotando al proceso de elección d los representantes que han de tener presencia en la Junta Directiva de un procedimiento no previsto en el propio Reglamento que disciplina su elección, no existiendo por ende un conflicto colectivo sino de intereses.

De conformidad con lo dispuesto en STS de 10-5-2023, rco. 111/2021 ( Roj: STS 2150/2023 - ECLI:ES:TS:2023:2150), "como recuerda la STS 172/2023, de 7 de marzo, (rec. 42/2021 ), por citar alguna de las más recientes: "Desde antiguo esta Sala viene recordando que, en el ámbito de los conflictos, la competencia jurisdiccional se caracteriza por la admisión de conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los de intereses o de innovación ( SSTS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991; de 19 de mayo de 1997, rec. 2173/1996); de 7 de abril de 2003, rec. 148/2002; y de 12 de mayo de 2003, rec. 360/2001, entre otras), explicando que el proceso resulta apto cuando no se intenta, en el mismo, modificar el orden preestablecido o implantar nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras del convenio lo que sólo a ellas compete regular, sino que lo pretendido por el demandante es la aplicación de una normativa existente sobre cuya interpretación difiere la demandada. El objeto de la pretensión debe de ser de naturaleza eminente jurídica pues lo que el actor puede pretender, en un conflicto jurídico, es una declaración judicial que concrete el significado y alcance de normas preestablecidas ( STS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991)). El conflicto jurídico presupone controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto que el conflicto de intereses o económico tiene como finalidad la modificación, bien a través de la supresión la adición, la reducción o la sustitución por otro del orden jurídico preestablecido, es decir, cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en Derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento para pacificar la situación ( SSTS de 19 de abril de 2000, rec. 2980/99)-; de 21 de octubre de 2014, rec. 308/13 y de 20 de enero de 2015, rec. 207/13)".

Esta excepción ha de ser desestimada, pues de lo que se trata de resolver como ya anticipamos es si el procedimiento de elección del representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Asepeyo se ajusta en su celebración y resultados a las previsiones legales. El hecho de que se haya opuesto la aplicación analógica del procedimiento de elección de representantes sindicales, no invalida la pretensión ejercitada, con independencia de la respuesta positiva o negativa que se ofrezca a dicha posibilidad, debiendo ofrecerse una solución a la controversia existente, desde el momento en que el sindicato demandante, opone que el proceso no reúne las garantías suficientes para validar su resultado.

CUARTO.- Conforme ya se ha adelantado, se opone CC.OO tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos, en relación al proceso de elección del representante de los trabajadores que ha de tener presencia en la Junta General y Directiva de Mutua Asepeyo, y ello basando su argumentación en varios puntos:

1º.- Tras sentencia 126/2020 del Tribunal Supremo, no es posible la elección del representante en la Junta a través de acuerdo entre secciones sindicales, sino a través de proceso electoral al efecto, al que puede aplicarse de forma analógica, el seguido para la elección de los representantes legales de los trabajadores previsto en los arts. 69 y ss. del Estatuto de los Trabajadores.

2º.- El proceso de elección llevado a cabo, carece de las garantías necesarias, de lo que derivaría su nulidad pues:

a) se ha procedido a la presentación de una candidatura conjunta por parte de UGT y Valorian, lo que ha determinado que el titular y el suplente hayan sido votados en una misma candidatura. Ello no es conforme a derecho según expresó la letrada de CC.OO pues el sustituto debió de ser el segundo más votado (en este caso la candidata de CC.OO) y no el sustituto de la candidatura conjunta (de Valorian);

b) se ha utilizado un sistema de voto telemático, que no ha sido refrendado por este tribunal en anteriores resoluciones y que no garantiza el voto personal y secreto;

c) se han producido incidencias en el desarrollo de la elección; el escrutinio se realiza por la empresa y no por la mesa electoral, lo que demuestra la injerencia empresarial en el proceso;

d) no se convocó al anterior representante a las juntas celebradas, pese a no haber cesado en el cargo.

Por todo ello, solicita se declare la nulidad del proceso de elección y sus resultados y con carácter subsidiario, caso de desestimarse dicha pretensión, sea designada como suplente la candidata más votada en segundo lugar que se corresponde con la candidatura presentada por CC.OO.

Hemos de hacer dos salvedades iniciales:

La primera, que la tan repetida y citada sentencia de 11 de febrero de 2020, rco. 149/2018 ( ROJ: STS 618/2020 - ECLI:ES:TS:2020:618), no se centra en su argumentación en el modo en que ha de llevarse a cabo el proceso de elección de representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Mutua en cuestión, sino si era posible designar sin más a dicho representante por medio de acuerdo, sin celebrarse proceso electoral alguno, a lo que el Alto Tribunal ofrece una respuesta negativa. Pero nada se resuelve sobre el concreto proceso, ni sus pasos, trámites y garantías, por lo que esta Sala no puede fundar su resolución en el contenido de la citada resolución, centrándose únicamente en la regulación reglamentaria del proceso y en las conclusiones que respecto a la misma se puedan alcanzar.

En segundo lugar, se dice por el sindicato demandante que esta Sala no ha avalado el sistema de voto telemático en un procedimiento de elecciones sindicales, lo que es cierto, si bien hemos de matizar que en nuestra sentencia de 12-12- 2022, proceso 338/2022 ( ROJ: SAN 5781/2022 - ECLI:ES:AN:2022:5781 ), este tribunal se centró en la normativa específica del proceso de elección de representantes sindicales, con cita expresa del art. 75 ET y en concreto de su apartado 2, que prevé expresamente que " El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad del papel serán de iguales características, en urnas cerradas". En el presente procedimiento, no se centra la controversia en el proceso específicamente regulado en el art. 69 ET y ss. en el que el legislador, ha querido dejar constancia de los trámites específicos y garantías a cumplir, sino en el proceso regulado en el art. 33.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el RD 1993/1995, de 7 de diciembre. Proceso que nada tiene que ver con el regulado estatutariamente y al que el legislador no se ha referido para disciplinar, ni aun de forma subsidiaria, el proceso de elección del representante que ha de tener presencia en la Junta Directiva. Por ello, en lo que nada se dice por aquél, no puede esta Sala aplicar ni siquiera de forma analógica la regulación prevista de forma expresa para un proceso electoral que nada tiene que ver con el ahora examinado y que persigue un objetivo diferenciado.

Centrándonos así, en este último, dispone el art. 33.2 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre lo siguiente:

" Formará parte de la Junta general un representante de los trabajadores al servicio de la entidad, que tendrá plenos derechos y será elegido de entre los miembros del comité o comités de empresa o de los delegados de personal, o en su caso, de los representantes sindicales del personal, elección que será efectuada entre los propios miembros de los mismos.

Será elegido el representante que obtenga mayor número de votos. En caso de empate, la designación recaerá en aquél que haya obtenido más votos en las elecciones sindicales.

La condición de miembro de la Junta general persistirá mientras dure el mandato de delegado, representante de personal o miembro del comité de empresa, de la persona que haya resultado elegida.

En el caso de producirse vacante por cualquier causa, se cubrirá automáticamente por el representante de los trabajadores que fuese designado suplente".

De lo anteriormente expuesto se desprende que el Reglamento únicamente disciplina la designación por el candidato con mayor número de votos; la resolución del supuesto en caso de empate; la determinación de la duración del mandato y la cobertura automática por el suplente en caso de vacante, nada más. Por ello, lo que esta Sala debe decidir, es si el proceso electoral llevado a cabo en Mutua Asepeyo para la elección de los representantes, se ajustó a un sistema con todas las garantías, anticipándose ya que la respuesta ha de ser positiva.

Como se declaró en los hechos probados, tras la designación del anterior representante en 2015 por acuerdo de los sindicatos CC.OO, el 30-4-2015, por las secciones sindicales de CC.OO y SPS en Asepeyo se alcanzó acuerdo para designar como representante de los trabajadores en la Junta General y Directiva a don Julio (CCOO) y como suplente a don Leoncio (SPS) por un periodo de cuatro años. Dicho acuerdo fue comunicado al Director Gerente de Asepeyo mediante escrito de fecha 30-4-2015 y comunicado asimismo en la Junta General de la Mutua celebrada el 14-7-2023.

Ante la puesta en conocimiento del anterior representante, de la existencia de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a la que anteriormente nos referimos, se llevó a cabo un cruce de posiciones entre los sindicatos CC.OO, UGT y Valorian, que culminó con la decisión de iniciar un proceso electoral para la elección, alcanzándose acuerdo entre UGT y Valorian para disciplinar el mismo. CC.OO no firmó el citado acuerdo y en él (d. 16):

a) Determinaba que la elección de realizaría por representación unitaria.

b) Fijaba el calendario del proceso electoral

c) La presentación de candidaturas, incluía la previsión de candidatura titular y suplente.

d) La votación se realizaría a través del sistema de Google Forms, que sería desarrollado por la empresa.

e) A los cuatro años, se celebraría nuevo proceso electoral para la renovación de los nombramientos.

Llegados a este punto, se ha de indicar que como argumento inicial, se opone CC.OO al sistema de votación a través del formulario de Google Forms, del que se dice, no reúne los presupuestos para garantizar un voto personal, libre y secreto. Basta proceder a la lectura del certificado emitido por Benjamín, Director del Área de Seguridad Corporativa de la Mutua demandada para comprobar que ello no es así.

El formulario de la votación se remitía a la dirección de correo corporativo del trabajador incluido en el censo electoral; dirección personal e intransferible que impedía registrar votos de trabajadores no incluidos en el censo y registrar más de un voto. Asimismo, el voto se restringía por el sistema a los usuarios de Asepeyo y la votación se limitaba a una sola respuesta, que podía ser modificada caso de así quererlo el votante. De lo expuesto no se desprende que dicho sistema no garantice el ejercicio del derecho de voto de forma personal e intransferible. Como tampoco puede afirmarse que el voto no fuera secreto, pues el registro del correo electrónico lo fue a efectos de limitar la votación a los incluidos en el censo sin que de ello se desprenda que el voto del trabajador fuera conocido.

Es cierto que durante el primer día de votación se advirtió un error que fue inmediatamente subsanado, anulándose la votación del día 29 de noviembre y fijándose una nueva fecha para el día 30 (hecho probado sexto), por lo que las reclamaciones en tal sentido que constan al ordinal séptimo, dejaron de tener virtualidad alguna. No consta por otro lado que realizada la votación se haya emitido queja o reclamación alguna por parte de los electores, en relación al proceso de votación seguido.

El recuento de los votos, se remitió por el Director del Área de Seguridad, como responsable del sistema telemático, que ningún interés ostenta respecto a los citados resultados. Y estos últimos fueron validados por la mesa electoral, que los trasladó a los trabajadores de la Mutua (hecho probado octavo), comunicándose también los mismos a la Mutua que se limitó a designar al representante y al suplente más votados. La actuación de esta última, dicho sea de paso, se limitó a facilitar el proceso de elecciones, como de todo punto resulta lógico, siendo ajena a cualquier interés espurio.

Se dice por CC.OO que no era posible una candidatura conjunta. Al margen de que en el propio acuerdo alcanzado entre UGT y Valorian, se refrendaba dicha posibilidad, nada obsta a que por parte de dos secciones sindicales se procediese a la designación de un candidato suplente, opción que podría hacerse efectiva por los demás candidatos, presentándose en coalición conjunta con otro trabajador. En la previsión reglamentaria se dice que " en el caso de producirse vacante por cualquier causa, se cubrirá automáticamente por el representante de los trabajadores que fuese designado suplente". Designación que no excluye una posibilidad de candidatura conjunta, ni se resuelve a favor del candidato que mayor número de votos hubiera obtenido, como así se pretende ahora por el sindicato CC.OO, sin refrendar la coalición electoral, que de ningún modo resulta inválida.

Y por último, y por lo que respecta a la argumentación atinente a que el anterior representante dejó se ser convocado a la celebración de las Juntas, pese a no haber sido cesado, dado que dicha conducta se incardinaba en la presunta vulneración del derecho de libertad sindical que se imputaba a la empresa, ninguna incidencia ostenta en la resolución de la controversia, debiendo desestimarse la demanda interpuesta al no prosperar los argumentos del sindicato demandante, ni en su petición principal ni en su petición subsidiaria.

QUINTO.- La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ( art. 205.1 LRJS).

En virtud de lo expuesto