Sentencia Social 514/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Social, Rec. 3992/2021 de 02 de abril del 2024

PRIMERO.- 1.- La cuestión objeto de casación unificadora es la de decidir la cuantía de la base reguladora de la prestación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo, en función de que se considere o no computable lo percibido por el trabajador por los complementos de quebranto moneda y vestuario.

2.- Con carácter previo se ha suscitado la posible falta de competencia funcional de la sala de suplicación en razón de la cuantía, porque la diferencia en cómputo anual entre el importe de la base reguladora reconocida por el INSS y la postulada por la Mutua recurrente no alcanza la suma de 3.000 € en cómputo anual.

Cuestión de orden público procesal que debe ser analizada de oficio por la Sala, porque el acceso a suplicación de la sentencia de instancia no solo afecta a ese recurso sino que se proyecta sobre la competencia funcional de esta propia Sala, de carácter improrrogable e indisponible, que solo lo es para conocer de los recursos frente a las sentencias dictadas en suplicación con arreglo a los presupuestos procesales impuestos por la ley, lo que supone que la viabilidad del recurso de casación unificadora se condiciona a que la sentencia de instancia fuera, a su vez, recurrible en suplicación ( STS 297/2024, de 14 de febrero, rcud. 2026/2023, entre otras muchas).

3.- Para su resolución es necesario estar a los siguientes datos y elementos de juicio:

A) Mediante resolución el INSS de 17 de enero de 2018 el trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total, con una base reguladora de la prestación que computa los complementos de quebranto de moneda y vestuario.

B) Frente a esa resolución administrativa interpone demanda el trabajador, para que se le reconozca en situación de incapacidad permanente absoluta.

C) Así como también la Mutua Cyclops, en impugnación de la cuantía de la base reguladora establecida por el INSS, para que se reduzca su importe con la exclusión de aquellos dos complementos, lo que supondría una diferencia que no alcanza la suma de 3.000 euros en cómputo anual.

D) La sentencia del juzgado desestima ambas demandas y confirma en todos sus extremos la resolución administrativa.

E) El trabajador y la Mutua recurren en suplicación, solicitando el primero el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta, y la Mutua la minoración de la base reguladora.

F) La sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de 14 de septiembre de 2021, rec.2591/2021, desestima ambos recursos y confirma en sus términos la de instancia.

Contra dicha sentencia se formula el recurso de casación unificadora de la Mutua, que denuncia infracción de los arts. 58 y 60 del Decreto de 22 de junio de 1956, disposición adicional 11ª del RD 4/1998, en relación con el art. 161 LGSS y 26.2 ET; así como del art. 147 LGSS, para sostener que los complementos por quebranto de moneda y vestuario no tienen naturaleza salarial y no deben computar en el cálculo de la base reguladora de la prestación.

Invoca de contraste la sentencia de la Sala Social del TSJ de Andalucía/Málaga de 4 de marzo de 2020, rec. 1667/2019.

4.- El art. 28. 2 LRJS impone la acumulación de los procesos seguidos ante el mismo órgano judicial, "Cuando en materia de prestaciones de Seguridad Social o sobre recargo de prestaciones, se impugnare un mismo acto administrativo, o actos de reproducción, confirmación o ejecución de otro anterior, o actos entre los que exista conexión directa, se acordará la acumulación de los procesos aunque no coincidan todas las partes ni la posición procesal que ocupen".

En aplicación de esa norma el juzgado acumula la demanda interpuesta por el trabajador en reclamación de un superior grado de incapacidad permanente, con la formulada por la Mutua que postula una inferior base reguladora.

El proceso no solo versa en consecuencia sobre el mayor o menor importe de la base reguladora de la prestación de seguridad social reconocida en vía administrativa, sino que también tiene como objeto el grado de incapacidad permanente aplicable.

La sentencia de instancia que resuelve ambas pretensiones es recurrible conforme a lo dispuesto en el art. 191. 3 letra c) LRJS, que admite el recurso en los procesos relativos al grado de incapacidad permanente aplicable.

Estamos de esta forma ante un supuesto ordinario de acumulación subjetiva de acciones en la que una de ellas afecta a una materia que admite el recurso de suplicación, lo que determina la recurribilidad de la sentencia del juzgado de lo social que resuelve conjuntamente sobre ambas.

Razón por la que ninguna duda cabe que el trabajador pudo recurrir en suplicación e igualmente habilita la posibilidad de que pueda hacerlo la Mutua, que no puede verse posteriormente alterada por el hecho de que solo la Mutua haya recurrido en casación unificadora contra la sentencia de suplicación.

El acceso al recurso queda determinado por la naturaleza de las cuestiones que son objeto del proceso judicial conforme haya quedado configurado con la interposición de las demandas acumuladas, que no por las resultantes de la eventual estimación total o parcial de las mismas en sus distintas fases.

SEGUNDO. 1.- No hay óbice derivado de la falta de competencia funcional, pero no concurre sin embargo el presupuesto de contradicción, en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS, que, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.

2.- El auto de esta Sala IV de 12 de mayo de 2021, rcud. 2594/2020, conoce de asunto idéntico al presente, en el que la misma Mutua recurrente invocaba idéntica sentencia de contraste, para sostener que el importe de los complementos de transporte y vestuario no deben tenerse en cuenta para el cálculo de la base reguladora de una prestación de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo.

Como allí se dice, la sentencia referencial resuelve un procedimiento instado por la mutua para impugnar la resolución del INSS que reconoció al trabajador una pensión de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, de cuyo pago era responsable la mutua sobre una determinada base reguladora mensual.

La sentencia de instancia acoge la demanda de la Mutua y rebaja la cuantía de la base reguladora de la prestación. El beneficiario recurrió en suplicación solicitando en primer lugar una revisión fáctica para sustituir el hecho probado en el que la juzgadora se remitía a los recibos de salarios entre 9/2015 y 9/2016 por otro texto desglosando los conceptos percibidos por el trabajador e indicando que la nota de cálculo de la mutua omitía el concepto de plus de transporte para el cálculo de la base reguladora, además de otros errores. La sentencia de contraste desestima el motivo por pretenderse una nueva valoración de la prueba. En el ámbito de la censura jurídica el trabajador denunció que la nota de cálculo de la magistrada tenía errores importantes como la exclusión del plus de transporte, citando los arts. 60 del Decreto de 22/6/56, 97.2 LRJS y 218 LEC.

La sentencia de contraste considera correcto el salario base anual obtenido en la instancia y declara que el rechazo del motivo de revisión fáctica comporta también el de censura jurídica, destacando que el plus de transporte es un concepto expresamente excluido por el art. 58 a) del reglamento y no puede incluirse dentro del salario base anual al ser un concepto extrasalarial. Se desestima en este punto el recurso del trabajador codemandado.

3.- Como igualmente concluimos en dicha resolución, hay falta de identidad entre las sentencias comparadas porque la sentencia recurrida resuelve conforme al art. 109 LGSS/1994 y al principio contributivo del sistema de Seguridad Social; mientras que la de contraste se parte de la correcta valoración de la prueba efectuada en la instancia en cuanto al importe del salario base anual obtenido por la juzgadora, lo que impide a la sala estimar el motivo de censura jurídica en el que se denuncian además del reglamento de 1956 los arts. 97.2 LRJS y el art. 218 LEC.

La mutua recurrente sostiene que se da la triple identidad y en concreto respecto a la cuestión jurídica debatida en cuanto integrante de la causa de pedir en el proceso.

Pero no puede apreciarse contradicción entre las sentencias comparadas porque los debates se plantean en términos distintos. El último argumento de la sentencia de contraste sobre el plus de transporte tiene carácter de obiter dictum y se efectúa a mayor abundamiento, ya que su razón de decidir es que el inalterado hecho probado sobre las retribuciones percibidas en el último año anterior al accidente no permite estimar el correspondiente motivo de censura jurídica.

En la sentencia recurrida se examina una normativa distinta como es el art. 109 LGSS/1994, y la razón de decidir también es diferente y porque atañe a una interpretación correctora de las normas del Decreto de 22 de junio de 1956, en un debate que es totalmente ajeno al enjuiciado en la referencial.

TERCERO. Conforme a lo razonado y oído el Ministerio Fiscal, debemos desestimar el recurso y declarar la firmeza de la sentencia recurrida, con imposición a la Mutua de las costas en cuantía de 1.500 euros por cada uno de los impugnantes. Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.