Sentencia Social 99/2023 Juzgado de lo Social de Palma nº 5, Rec. 46/2022 de 27 de abril del 2023

PRIMERO. El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de los medios de prueba practicados en acto de juicio consistentes en documental aportada por la parte demandante consistente en informe de vida laboral, nóminas y carta de despido. Del informe de vida laboral y de las nóminas aportadas por la parte demandada se desprende que la actora inició y mantuvo la relación laboral en base a la que ejercita las acciones que se formulan en la demanda con D. Constancio, si bien durante un día prestó servicios por cuenta de STP Logistic 2021 S.L.. Esta circunstancia, unida al hecho de que la carta de despido identifica como empresa empleadora a STP Logistic 2021 S.L., siendo firmada por D. Constancio, quien compareció ante el TAMIB en representación de la citada mercantil conduce al Juzgador a considerar que STP Logistic 2001 S.L. y D. Constancio ostentan conjuntamente frente a la demandante la posición de empleadora. Y ello aplicando la doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo" recogida, entre otras muchas, en recogida en las SSTS de 29 de enero de 2014 (recurso 129/13) y de 6 de marzo de 2002 (recurso 1666/2001). Como tiene declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de enero de 2003 (recurso 1524/2002), con cita de sus anteriores sentencias de 26 de diciembre de 2001 (recurso 139/2001) y de 25 de mayo de 2000 ( 895/1299), «levantar el velo de una persona jurídica consiste en hacer abstracción de su personalidad, o de alguno de sus atributos, en hipótesis determinadas. El origen de esta teoría se atribuye a los tribunales anglosajones... y equivale a una reacción o modalización del principio de separación de patrimonios, resultado de la constitución de una persona jurídica, originariamente construido en el derecho alemán. Las fuentes de esta teoría son jurisprudenciales, no legales, porque el fenómeno equivale a una derogación de las reglas de la persona moral o jurídica: el levantamiento del velo tiene lugar siempre con ocasión de un litigio donde el juez estima que los principios de la persona jurídica han sido en realidad desconocidos por los propios socios o componentes de la entidad. Doctrina y jurisprudencia parten de que la regla debe ser el respeto de la personalidad moral; pero ha seguido admiten la necesidad ocasional de levantar el velo, porque lo impone "la realidad de la vida y el poder de los hechos" o "la preeminencia de las realidades económicas sobre las formas jurídicas"; hasta se apela al interés público o a la equidad. De ahí que haya sido necesario construir un inventario de las situaciones que caracterizadamente autorizan el levantamiento, destacando entre ellas la confusión de patrimonios, la infracapitalización, el fraude, la persona jurídica ficticia y la conclusión de contratos entre la persona física y "su" sociedad. Este sería el planteamiento ante el caso de una sociedad única, cuya personificación moral, con la consiguiente limitación de responsabilidad, se quiere sobrepasar, para alcanzar la de los socios". Aplicando la doctrina al caso de autos nos encontramos con una sociedad, STP Logistic 2021 S.L., cuyo funcionamiento real no consta acreditado y que ha sido simple instrumento en manos del verdadero empresario, el codemandado Sr. Constancio, para intentar eludir sus responsabilidades frente a la trabajadora demandante.

SEGUNDO. Impugna la parte demandante el despido disciplinario del actor efectuado por la empresa el despido disciplinario llevado a cabo por la empresa demandada con efectos de 2 de diciembre de 2021 en base a los hechos que se describen en la carta que consta en autos. De acuerdo con lo dispuesto en los Art. 55.4 ET y 108.1 LRJS, corresponde al empleador acreditar los hechos que justifican el despido del trabajador. En el presente caso la empresa no compareció al acto de juicio y no acreditó la veracidad y gravedad de los hechos imputados en la carta entregada al trabajador. Es más, de la lectura de la carta de despido obrante en autos se advierte que los hechos que en ella se exponen, tal y como se hallan redactados, carecen de toda relevancia disciplinaria. Y ello se evidencia del hecho de que la propia empresa reconoce en la carta el despido como improcedente.

En consecuencia, procede declarar la improcedencia del despido del actor, derivándose de dicha declaración las consecuencias que se prevén en el Art. 110 LRJS y en el Art. 56 ET.

TERCERO. El Art. 110.1.c) LRJS permite acordar la extinción de la relación laboral en la sentencia si resultase imposible la readmisión del trabajador, siendo calculado el importe de la indemnización hasta la fecha de la sentencia. En el caso presente, el centro de trabajo se encuentra cerrado hallándose las empresas demandadas de baja en la TGSS por carecer de trabajadores a su cargo. De todos ello cabe presumir razonablemente la imposibilidad de la readmisión de la trabajadora demandante en su puesto de trabajo. En consecuencia, procede declarar la extinción de la relación laboral a fecha de la presente resolución, sin que haya lugar a la opción que con carácter general prevén los Art. 56 ET y 108 LRJS, debiendo condenarse a la empresa demandada al pago de la indemnización que establece el Art. 56 ET calculada hasta la fecha de la presente resolución.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 56.1 ET "Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

Atendida la antigüedad de la trabajadora, el salario regulador resulta de la aplicación de la tabla salarial del Convenio Colectivo del sector del transporte de mercancías de la CAIB vigente en la fecha de producirse el despido, de la cual resulta un salario regulador diario de 45,61 € con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias y exclusión del plus de transporte. Salvo error u omisión el importe de la indemnización calculada hasta el día de hoy asciende a 2.759,40 €.

Además, conforme a la doctrina jurisprudencial que se contiene en las SSTS 21-7-16, Rec 879/15; 19-7-16, Rec 338/15; 25-9-17, Rec 2798/15; 20-6-17, Rec 3983/15, 28-11-17 y 13-3-18 (Rec. 3630/2016), procede la condena de la empresa demandada al pago de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido y hasta el día hoy. Según resulta de la vida laboral recabada por este Juzgado, la demandante presta servicios por cuenta de otra empresa desde el 16 de diciembre de 2021 desconociéndose el importe de la retribución que percibe. Constituye doctrina jurisprudencial asentada ( SSTS de 22/03/99; 10/10/07) seguida por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia ( STSJ Andalucía (Málaga) 03/05/07) y STSJ Madrid 09/12/08) que en aquellos casos en los cuales se ha acreditado que el trabajador despedido ha prestado servicios por cuenta de otra empresa con posterioridad al despido pero se resulta desconocida la cantidad percibida en concepto de salario, se presume que ésta no es inferior a la cuantía del salario mínimo interprofesional, que para el año 2021 de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre ascendió a 13.510 euros/ año; 37,01 € diarios con prorrata. Para el año 2022 el importe del SMI -Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero- asciende a 14.000€ año; 38,35€ diarios con la prorrata de pagas extraordinarias. Para el año 2023 y conforme dispone el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero el importe del SMI asciende a 41,42 € diarios o 15.120 € anuales.

Descontado de los salarios de tramitación desde el 16 de diciembre de 2021 el importe del SMI vigente en cada momento, el importe total de los salarios de tramitación a percibir por la demandante asciende a 3.870,66 € brutos.

CUARTO. Acumula la parte actora en el escrito de demanda a la acción de despido y conforme admite el art. 26.3 LRJS una acción de reclamación de cantidad dirigida a obtener el cobro de las diferencias salariales que se habrían generado por la aplicación incorrecta de la empresa de la tabla salarial incorporada al convenio colectivo que rigió la relación laboral. La parte actora reclama las diferencias generadas durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, siendo que en este último mes la empresa no abonó salario alguno. La pretensión ejercitada en la demanda debe ser acogida en parte pues, como se refiere en la demanda, la actora permaneció en situación de IT derivada de AT desde el 31 de julio de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2021. Por lo tanto, suspendido el contrato de trabajo, la trabajadora no percibió salarios, sino prestaciones de Seguridad Social. En consecuencia, debe rechazarse la pretensión en cuanto a las diferencias que se reclaman en relación con los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, y debe acogerse en relación con las diferencias correspondientes a julio de 2021 y diciembre del mismo año pues se ha acreditado la prestación de los servicios y no se ha discutido la aplicación del Convenio Colectivo del sector del transporte de mercancías de la CAIB a la relación laboral.

Por lo que respecta a la reclamación de compensación económica por vacaciones no disfrutadas, esta debe prosperar. No consta probado que la demandante durante la vigencia de la relación laboral hubiera disfrutado de vacaciones, siendo que la carga de la prueba de este hecho pesa sobre la empresa en aplicación de lo dispuesto en el Art. 217.7 LEC.

En consecuencia y por todo lo expuesto y razonado procede la condena de la empresa al pago de la cantidad de 769,32 €, suma que se incrementará en el interés moratorio del 10% de lo adeudado que establece el Art. 29.3 ET y que asciende a 76,93 €.

De todas las cantidades que son objeto de condena, indemnización, salarios de tramitación, salarios debidos e interés moratorio responderán de forma solidaria STP Logistic 2021 S.L. y D. Constancio por las razones expuestas en el Fundamento de derecho Primero.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.