Sentencia Social 115/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 2, Rec. 81/2021 de 05 de octubre del 2023

PRIMERO. Los anteriores hechos probados han sido obtenidos mediante la convicción alcanzada por esta Juzgadora tras la valoración de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, consistentes en la documental aportada por las partes, y el expediente administrativo obrante en autos.

SEGUNDO. En la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones, las empresas demandantes interesan que se dicte Sentencia por la que se anule y se deje sin efecto la sanción impuesta; por parte de ENAGAS se alega la nulidad por falta de motivación e improcedencia del expediente sancionador frente a la misma como responsable solidario; por FALCK SCI manifiesta la caducidad de la instancia, falta de motivación, el cumplimiento por parte de la empresa de su obligación de mantenimiento de instalaciones, subsidiariamente la sanción debe graduarse en su grado mínimo, y ello por entender que no es responsabilidad de la empresa el accidente producido, habiendo adoptado las medidas de seguridad adecuadas. Frente a tales pretensiones se opuso el letrado de la Comunidad Autónoma alegando las razones que son de ver en el acta grabada al efecto, las cuales pueden sintetizarse del modo siguiente; en primer lugar, se indicaba que debían de confirmarse las Resoluciones Administrativas combatidas, seguidamente, se precisaba que de los hechos constados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y acudiendo a las pruebas documentales se evidencia que por parte de las empresas afectadas no adoptan las medidas de seguridad y prevención en el trabajo, manteniendo la responsabilidad solidaria de ENAGAS, solicitaba la desestimación de la demanda previo el recibimiento del pleito a prueba. Por el letrado de D. Cayetano se adhiere a lo manifestado por el letrado de la CCAA, se opone a la caducidad, falta de motivación, y alega el incumplimiento por las empresas de adoptar las medidas de seguridad adecuadas.

TERCERO. La parte actora, ENAGAS y FALCK alegan la nulidad de la resolución recurrida por falta de motivación; la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, en adelante, Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, en su artículo 62.1.e) establece lo siguiente: Nulidad de pleno derecho.

"Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados."

Esta causa de nulidad, que a priori parece aceptar cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento, ha sido matizada por el Tribunal Supremo (entre otras, STS de 20 de julio de 2005) estableciendo que: "Debe recordarse que la nulidad prevista en ese artículo 62.1.e) no la provoca cualquier irregularidad procedimental sino sólo aquéllas de gravedad extrema, constituidas por la ausencia absoluta y total de procedimiento, por haberse seguido uno totalmente diferente o por haberse omitido sus principales trámites".

En este caso la falta de motivación alegada no está justificada ni supone una irregularidad procedimental que derive en nulidad, las partes han tenido conocimiento del expediente desde su incoación, y no les ha generado indefensión alguna.

CUARTO. En cuanto a la caducidad del procedimiento, la parte demandante FALCK alega que el procedimiento sancionador ha caducado al haber transcurrido más de 6 meses ( art. 20.3 RD 928/98) desde el acta de infracción (25 de noviembre de 2019) y la notificación a la empresa, el 31 de julio de 2020.

En este caso se decretó el estado de alarma, por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes quedando en suspenso los plazos, pero una vez finalizado el estado de alarma se alza la suspensión, y la notificación a la empresa está dentro de los seis meses, no concurre la caducidad alegada por la demandante FALCK, no estando caducado el expediente.

QUINTO. Centrada la cuestión litigiosa en la forma expuesta en el precedente fundamento de derecho, lo primero que debe de precisarse es que las Actas de Infracción gozan de presunción de certeza "iuris tamtum" respecto de los hechos reflejados en las mismas, siempre que hayan sido objeto de constatación personal y directa por el Inspector actuante tal y como han declarado las Sentencias del TS de 6 de marzo de 1998, de 6 de junio de 1998, de 5 de diciembre de 1998 y de 22 de octubre de 2001, o que resulten acreditados "in situ" documentalmente o por testimonios recogidos en el centro de trabajo e incorporadas a las mismas, tal y como han declarado las Sentencias de Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1988 y 1 de julio de 1990, así como los inmediatamente deducibles de todos ellos (Sentencias del TS de 14 de abril de 1995) o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta (como pueden ser documentos o declaraciones) siempre que se extiendan de acuerdo con los requisitos procedimentales establecidos legalmente, siendo en tal caso, suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia y convirtiendo en el acta en prueba de cargo. El fundamento de la presunción de veracidad y certeza de las Actas de Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio ha de ser reconocida al inspector actuante. No obstante, esta presunción de certeza ha de ser interpretada conforme a los principios inspiradores del ordenamiento jurídico y sin merma, ni lesión, del derecho de defensa y de presunción de inocencia del administrado, sin que exista inversión del "onus probando", ya que se permite al administrado actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración.

No obstante, a lo expuesto, resulta incuestionable que esa presunción tiene impuestos unos límites que condicionan tanto su eficacia como su alcance. Una exposición general de tales cuestiones se contiene en la Sentencia del TC 76/1990, de 26 de abril, que, si bien referida a la fuerza probatoria de las actas de la inspección tributaria, contiene una doctrina extrapolable, a la actuación inspectora laboral. Señala la indicada Sentencia que las actas y diligencias de la inspección tienen la condición de medio de prueba admisible en derecho respecto a los hechos comprobados directamente por el funcionario actuante, sin extenderse a calificaciones jurídicas, juicios de valor o simples opiniones que el inspector vierta en ellas. Por otra parte, tratándose de un medio de prueba cuyas afirmaciones de hecho sólo encierran una presunción "iuris tamtum" de veracidad, tales afirmaciones pueden ceder ante otras pruebas, pues las referidas actas ni gozan de mayor relevancia que los demás medios probatorios admitidos en derecho, ni pueden prevalecer necesariamente frente a otros que conduzcan a conclusiones distintas, por lo que el órgano judicial procederá a su valoración en conjunto con el resto del material incorporado a los Autos. Esta doctrina se mantiene fielmente por la jurisprudencia de la Sala Tercera de Tribunal Supremo, como muestran las siguientes resoluciones emanadas de dicho órgano judicial:

1) en relación a los límites que abarca la repetida presunción, las Sentencias desde 25 de octubre de 1988, 25 de mayo de 1990, 16 de julio de 1990, 18 de marzo y 11 de mayo de 1992 recogen que aquella sólo comprende los hechos, sin alcanzar a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas del inspector actuante.

2) en relación a los presupuestos que deben de concurrir para que la referida presunción despliegue su eficacia, las Sentencias de 24 de junio de 1991, 15 de septiembre de 1992, 30 de septiembre de 1992, 8 de febrero de 1994, 6 de mayo de 1996, 17 de febrero de 1998, 27 de febrero de 1998 y 27 de abril de 1998 indican que tales hechos son aquellos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, los inmediatamente deducibles de aquellos o los acreditados por medio de prueba consignados en la propia acta. En el caso de acta levantada previa actuación de controlador laboral, la inspección puede desarrollar su actividad fiscalizadora sin necesidad de visita, mediante comprobación o expediente administrativo siempre que el inspector, a la vista de las actuaciones practicadas, constate la existencia de hechos constitutivos de infracción.

SEXTO. Conforme lo establecido en el art. 14.1 y 14.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre, que establece que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, así como adoptarse las medidas de seguridad para reducir al mínimo posible el número de elementos peligrosos. En relación con el articulo 4.1 Real Decreto 1215/199, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y artículos 2 y 17 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en vigor en el momento de la puesta en servicio de la instalación y actualmente derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Expuesto lo anterior, es de indicar que el acta recoge los hechos constados directamente por la inspección actuante, y que de la apreciación de los mismos, se infiere un incumplimiento por parte de las empresas en la adopción de la medidas de seguridad y prevención necesarias para realizar los trabajos; el accidente sobrevino por la explosión de un colector de la instalación contraincendios 31 HSV- 001, las cuales no pudieron probar que disponían de la certificación que acredita que la instalación cumplía con lo previsto en la normativa de instalaciones de protección contra incendios en establecimientos industriales.

Se debe confirmar la responsabilidad solidaria de ambas empresas, ENAGAS TRANSPORTE como titular del centro de trabajo en la que prestaba servicios FALCK, cuya actividad es fundamental para su objeto social; las ; sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1992 y 5 de mayo de 1999 han venido a interpretar que la responsabilidad solidaria por las obligaciones preventivas en los casos de subcontratas alcanzan a toda la cadena de contratistas y subcontratistas. La misma Sala, en sentencia de 9 de julio de 2002, "ha reiterado dicha tesis extendiéndola a la interpretación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores , tomando como punto de partida el criterio de responsabilidad que aparece recogido en Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , que impone a las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en su propios centros de trabajo" el deber de "vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales " -art. 24.3 - haciéndoles responsables solidarias de los daños derivados del incumplimiento empresarial de tales obligaciones -art. 42.2-. De la dicción de dicho artículo se desprende con claridad que la obligación preventiva de una empresa no comprende únicamente a sus propios empleados, sino también a aquellos otros que presten servicios en su centro de trabajo como consecuencia de la subcontratación con terceras empresas de partes de su ciclo productivo."

Y continúa señalando que "A estos efectos hay que tener en cuenta que para la empresa intermedia, el centro de trabajo en el que se ha comprometido a prestar servicios con la empresa principal pasa a constituirse en centro de trabajo propio en la parte en la que han de desarrollarse los servicios contratados, por lo que no puede excepcionarse de aplicación el artículo 24 de la Ley 31/1995 incluso cuando en dicha zona no se destinasen otros trabajadores más que los propios de la subcontrata última. Y esto es así porque la apropiación del espacio del centro de trabajo y la sumisión a su autonomía organizativa se produce por vía contractual, al concertar la obra con la empresa principal. No puede acogerse la alegación de la inexistencia de una cierta autonomía organizativa de la empresa intermedia, aunque sea lógicamente limitada por la existencia de una empresa principal , por cuanto no nos encontramos ante un contrato de mera intermediación mercantil, sino que la empresa intermedia se ha constituido en parte de un contrato de obra, en la medida en que la obligación asumida contractualmente no es procurar los servicios de un tercero que haya de contratar con la empresa primera, sino la de ejecutar una obra con sus medios."

La aplicación de esta doctrina determina en definitiva una responsabilidad solidaria de ENAGAS respecto de FALCK; en consecuencia, y de lo expuesto la actuación de las empresas, constituyen una infracción grave en grado medio conforme a lo previsto en el art. 39.3 del TRLISOS, sancionable en atención a lo dispuesto en el art. 40 de la meritada norma en la cuantía 8.196€; es ajustada a derecho la calificación de la infracción como grave en su grado medio, así como la cuantía de la sanción.

SEPTIMO. Por todo lo expuesto, la demanda deberá de ser desestimada, confirmándose la Resolución dictada por la Dirección General de Trabajo de la Región de Murcia que acepta la propuesta de sanción e impone a la demandante la sanción.

OCTAVO. A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición. En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 de la LRJS.