Sentencia Social 103/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Social Única, Rec. 107/2026 de 04 de junio del 2026

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Expuestas con detalle las posiciones de las partes en el antecedente de hecho cuarto, la cuestión a resolver consiste en determinar si se ha producido una vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante al negarse la empresa a facilitar la información requerida por la demandante para negociar adecuadamente la reestructuración del plan de pensiones de la Mutua Asepeyo.

Situada la controversia en la posible existencia de la lesión de un derecho fundamental debe esta Sala recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 181.2 de la LRJS "una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad";lo que obliga procesalmente al demandante a aportar y acreditar elementos facticos de los que pueda esta Sala llegar a la convicción de la existencia da la vulneración alegada, para, a continuación, examinar y valorar la posible razón o razones que pudiera dar quien ha resultado demandado.

De cara a aplicar las reglas de distribución de la carga de la prueba antecitadas debemos traer a colación la consolidada jurisprudencia, por todas la STS de 9 de abril de 2025, rec. 92/2023, que señala lo siguiente:

"Nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, en el que rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

(...) En la STS 954/2022 de 13 de diciembre rec 40/2021 hemos señalado que de dicho precepto «[...]se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que "el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación" ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca- algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia "de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 ).»

Asimismo, la STS 416/2024, de 5 de marzo rec 314/2021 establece que si la parte actora no acredita «[...] que se hubiera materializado la vulneración de la libertad sindical que denunciaba y que no aportó indicios que pudieran provocar la sospecha de que sí hubo la pretendida vulneración del derecho, la reparación del derecho de la demanda pasa por la aplicación de las reglas generales de la carga de la prueba, correspondiendo la misma a quien alega la existencia de una obligación incumplida y la de su extinción al que la opone. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación, determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2 LRJS , es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.»".

La controversia planteada en el presente procedimiento versa sobre una posible conducta empresarial constitutiva de una vulneración del derecho a la libertad sindical al negar al sindicato demandante información que la actora considera esencial para negociar adecuadamente la restructuración del plan de pensiones. A la vista de la prueba practicada, sin embargo, la Sala no aprecia la existencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical del sindicato demandante. Y decimos lo anterior por las siguientes razones:

1º.- Cobra especial importancia en el presente supuesto la existencia de un acuerdo inicial adoptado por los sindicatos mayoritarios (incluido el ahora demandante9 y la representación de la mutua demandada. Así, en la primera reunión de constitución de la mesa negociadora, en fecha 23 de julio de 2025, se pactó expresamente solicitar al actuario ordinario del Plan (AON) el conjunto de datos que se precisan para la elaboración del modelo de reestructuración expuesto en tal reunión. Esto es, tal y como pone de manifiesto la Mutua y no es negado por el resto de sindicatos mayoritarios comparecientes, se pactó un cauce técnico actuarial para la gestión de la información. No resulta justificado, a juicio de esta Sala, pactar ese mecanismo de actuación y denunciar, posteriormente, la vulneración de un derecho fundamental cuando la información sí está siendo facilitada por el actuario designado.

2º.- Se omite en la demanda que, además de las reuniones en las que intervino el actuario y los sindicatos que formaron parte de la parte social hicieron propuestas y contrapropuestas, también existieron reuniones técnicas con actuarios propuestos por las distintas secciones sindicales y en la que se debatió sobre los datos que proporcionó AON. Siendo ello así mal cabe hablar de una conducta antisindical obstaculizadora de la negociación colectiva.

3º.- Tampoco se ha cuestionado que los datos solicitados por el sindicato demandante están a disposición de la comisión de control del plan de pensiones, de la que forman parte los tres sindicatos mayoritarios en la empresa. Y ello con las funciones y responsabilidades en materia de protección de datos previstas para tal comisión en el reglamento del Plan de Pensiones de Empleo de Asepeyo, de fecha 18 de mayo de 2020. Cuestión distinta, como ya hemos señalado, es que en la comisión negociadora se pactara que la información técnica fuera facilitada por el actuario designado.

4º.- No se discute que los datos solicitados por el sindicato demandante (relación individualizada de los partícipes actuales, que contenga al menos la fecha de nacimiento, la fecha de entrada en la empresa, el salario pensionable y la previsión matemática) tienen una evidente naturaleza personal. De ahí que se interese se aporte de manera anonimizada. Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el dictamen elaborado por el Delegado de Protección de Datos de la empresa, el conjunto estructurado objeto de la solicitud sí permite la reidentificación de los partícipes en el plan. Y ello al resultar la "combinación de fecha de nacimiento, fecha de incorporación, sexo y salario(...) intrínsecamente singularizadora".

5º.- Señala la parte demandante que esa misma información ya fue facilitada en el año 2024. No consta, sin embargo, prueba alguna de tal aportación previa. Añade la parte actora en el acto de la vista que esa información que le es negada ya está a disposición de quien se identifica como vocal de la Comisión de Control en representación de la Entidad Promotora. El documento aportado a este respecto (descriptor nº 48) no permite alcanzar, a la vista de su literalidad, tal conclusión. Esto es, las discrepancias existentes en cuanto a la urgente reestructuración del plan de pensiones no pueden ser identificadas de forma automática como una negativa injustificada a facilitar, solo a CCOO, determinada información personal de los partícipes del plan.

6º.- Es preciso hacer una última matización. Es cierto que en nuestra SAN de 11/12/2017, proc. 269/2017, se estimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por FSS-CCOO frente a la Corporación RTVE. Y ello declarando que la promotora del Plan de Pensiones debía entregar a la Comisión de Control del Plan de Pensiones el NIF y datos salariales de los partícipes, como hizo siempre, con la finalidad única de supervisar a los efectos de su competencia. La situación de hecho descrita en tal resolución y la modalidad procesal a través de la que se encauzó aquella petición son distintos al supuesto que ahora se nos plantea. Así, lo que aquí se discute es si existe una conducta vulneradora de derechos fundamentales, interesando su declaración, el cese de tal conducta y una indemnización derivada de la vulneración de la libertad sindical. Es más, tal y como antes se ha indicado, existió un pacto de designación de un actuario para facilitar el tratamiento de la información y ello ha posibilitado la realización de diversas reuniones técnicas y la aportación de propuestas y contrapropuestas por la parte social.

En definitiva, no ha resultado acreditado que la empresa haya realizado conducta alguna de la que se pueda inferir una conducta obstruccionista del derecho de información del sindicato demandante. De ahí que, de acuerdo con la posición también expresada por el Ministerio Fiscal, al no apreciarse la vulneración de derechos fundamentales, la demanda deba ser desestimada en su integridad (incluyendo la pretensión indemnizatoria por importe de 7.501 €).

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Expuestas con detalle las posiciones de las partes en el antecedente de hecho cuarto, la cuestión a resolver consiste en determinar si se ha producido una vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante al negarse la empresa a facilitar la información requerida por la demandante para negociar adecuadamente la reestructuración del plan de pensiones de la Mutua Asepeyo.

Situada la controversia en la posible existencia de la lesión de un derecho fundamental debe esta Sala recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 181.2 de la LRJS "una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad";lo que obliga procesalmente al demandante a aportar y acreditar elementos facticos de los que pueda esta Sala llegar a la convicción de la existencia da la vulneración alegada, para, a continuación, examinar y valorar la posible razón o razones que pudiera dar quien ha resultado demandado.

De cara a aplicar las reglas de distribución de la carga de la prueba antecitadas debemos traer a colación la consolidada jurisprudencia, por todas la STS de 9 de abril de 2025, rec. 92/2023, que señala lo siguiente:

"Nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, en el que rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

(...) En la STS 954/2022 de 13 de diciembre rec 40/2021 hemos señalado que de dicho precepto «[...]se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que "el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación" ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca- algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia "de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 ).»

Asimismo, la STS 416/2024, de 5 de marzo rec 314/2021 establece que si la parte actora no acredita «[...] que se hubiera materializado la vulneración de la libertad sindical que denunciaba y que no aportó indicios que pudieran provocar la sospecha de que sí hubo la pretendida vulneración del derecho, la reparación del derecho de la demanda pasa por la aplicación de las reglas generales de la carga de la prueba, correspondiendo la misma a quien alega la existencia de una obligación incumplida y la de su extinción al que la opone. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación, determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2 LRJS , es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.»".

La controversia planteada en el presente procedimiento versa sobre una posible conducta empresarial constitutiva de una vulneración del derecho a la libertad sindical al negar al sindicato demandante información que la actora considera esencial para negociar adecuadamente la restructuración del plan de pensiones. A la vista de la prueba practicada, sin embargo, la Sala no aprecia la existencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical del sindicato demandante. Y decimos lo anterior por las siguientes razones:

1º.- Cobra especial importancia en el presente supuesto la existencia de un acuerdo inicial adoptado por los sindicatos mayoritarios (incluido el ahora demandante9 y la representación de la mutua demandada. Así, en la primera reunión de constitución de la mesa negociadora, en fecha 23 de julio de 2025, se pactó expresamente solicitar al actuario ordinario del Plan (AON) el conjunto de datos que se precisan para la elaboración del modelo de reestructuración expuesto en tal reunión. Esto es, tal y como pone de manifiesto la Mutua y no es negado por el resto de sindicatos mayoritarios comparecientes, se pactó un cauce técnico actuarial para la gestión de la información. No resulta justificado, a juicio de esta Sala, pactar ese mecanismo de actuación y denunciar, posteriormente, la vulneración de un derecho fundamental cuando la información sí está siendo facilitada por el actuario designado.

2º.- Se omite en la demanda que, además de las reuniones en las que intervino el actuario y los sindicatos que formaron parte de la parte social hicieron propuestas y contrapropuestas, también existieron reuniones técnicas con actuarios propuestos por las distintas secciones sindicales y en la que se debatió sobre los datos que proporcionó AON. Siendo ello así mal cabe hablar de una conducta antisindical obstaculizadora de la negociación colectiva.

3º.- Tampoco se ha cuestionado que los datos solicitados por el sindicato demandante están a disposición de la comisión de control del plan de pensiones, de la que forman parte los tres sindicatos mayoritarios en la empresa. Y ello con las funciones y responsabilidades en materia de protección de datos previstas para tal comisión en el reglamento del Plan de Pensiones de Empleo de Asepeyo, de fecha 18 de mayo de 2020. Cuestión distinta, como ya hemos señalado, es que en la comisión negociadora se pactara que la información técnica fuera facilitada por el actuario designado.

4º.- No se discute que los datos solicitados por el sindicato demandante (relación individualizada de los partícipes actuales, que contenga al menos la fecha de nacimiento, la fecha de entrada en la empresa, el salario pensionable y la previsión matemática) tienen una evidente naturaleza personal. De ahí que se interese se aporte de manera anonimizada. Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el dictamen elaborado por el Delegado de Protección de Datos de la empresa, el conjunto estructurado objeto de la solicitud sí permite la reidentificación de los partícipes en el plan. Y ello al resultar la "combinación de fecha de nacimiento, fecha de incorporación, sexo y salario(...) intrínsecamente singularizadora".

5º.- Señala la parte demandante que esa misma información ya fue facilitada en el año 2024. No consta, sin embargo, prueba alguna de tal aportación previa. Añade la parte actora en el acto de la vista que esa información que le es negada ya está a disposición de quien se identifica como vocal de la Comisión de Control en representación de la Entidad Promotora. El documento aportado a este respecto (descriptor nº 48) no permite alcanzar, a la vista de su literalidad, tal conclusión. Esto es, las discrepancias existentes en cuanto a la urgente reestructuración del plan de pensiones no pueden ser identificadas de forma automática como una negativa injustificada a facilitar, solo a CCOO, determinada información personal de los partícipes del plan.

6º.- Es preciso hacer una última matización. Es cierto que en nuestra SAN de 11/12/2017, proc. 269/2017, se estimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por FSS-CCOO frente a la Corporación RTVE. Y ello declarando que la promotora del Plan de Pensiones debía entregar a la Comisión de Control del Plan de Pensiones el NIF y datos salariales de los partícipes, como hizo siempre, con la finalidad única de supervisar a los efectos de su competencia. La situación de hecho descrita en tal resolución y la modalidad procesal a través de la que se encauzó aquella petición son distintos al supuesto que ahora se nos plantea. Así, lo que aquí se discute es si existe una conducta vulneradora de derechos fundamentales, interesando su declaración, el cese de tal conducta y una indemnización derivada de la vulneración de la libertad sindical. Es más, tal y como antes se ha indicado, existió un pacto de designación de un actuario para facilitar el tratamiento de la información y ello ha posibilitado la realización de diversas reuniones técnicas y la aportación de propuestas y contrapropuestas por la parte social.

En definitiva, no ha resultado acreditado que la empresa haya realizado conducta alguna de la que se pueda inferir una conducta obstruccionista del derecho de información del sindicato demandante. De ahí que, de acuerdo con la posición también expresada por el Ministerio Fiscal, al no apreciarse la vulneración de derechos fundamentales, la demanda deba ser desestimada en su integridad (incluyendo la pretensión indemnizatoria por importe de 7.501 €).

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Expuestas con detalle las posiciones de las partes en el antecedente de hecho cuarto, la cuestión a resolver consiste en determinar si se ha producido una vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante al negarse la empresa a facilitar la información requerida por la demandante para negociar adecuadamente la reestructuración del plan de pensiones de la Mutua Asepeyo.

Situada la controversia en la posible existencia de la lesión de un derecho fundamental debe esta Sala recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 181.2 de la LRJS "una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad";lo que obliga procesalmente al demandante a aportar y acreditar elementos facticos de los que pueda esta Sala llegar a la convicción de la existencia da la vulneración alegada, para, a continuación, examinar y valorar la posible razón o razones que pudiera dar quien ha resultado demandado.

De cara a aplicar las reglas de distribución de la carga de la prueba antecitadas debemos traer a colación la consolidada jurisprudencia, por todas la STS de 9 de abril de 2025, rec. 92/2023, que señala lo siguiente:

"Nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, en el que rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

(...) En la STS 954/2022 de 13 de diciembre rec 40/2021 hemos señalado que de dicho precepto «[...]se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que "el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación" ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca- algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia "de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 ).»

Asimismo, la STS 416/2024, de 5 de marzo rec 314/2021 establece que si la parte actora no acredita «[...] que se hubiera materializado la vulneración de la libertad sindical que denunciaba y que no aportó indicios que pudieran provocar la sospecha de que sí hubo la pretendida vulneración del derecho, la reparación del derecho de la demanda pasa por la aplicación de las reglas generales de la carga de la prueba, correspondiendo la misma a quien alega la existencia de una obligación incumplida y la de su extinción al que la opone. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación, determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2 LRJS , es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.»".

La controversia planteada en el presente procedimiento versa sobre una posible conducta empresarial constitutiva de una vulneración del derecho a la libertad sindical al negar al sindicato demandante información que la actora considera esencial para negociar adecuadamente la restructuración del plan de pensiones. A la vista de la prueba practicada, sin embargo, la Sala no aprecia la existencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical del sindicato demandante. Y decimos lo anterior por las siguientes razones:

1º.- Cobra especial importancia en el presente supuesto la existencia de un acuerdo inicial adoptado por los sindicatos mayoritarios (incluido el ahora demandante9 y la representación de la mutua demandada. Así, en la primera reunión de constitución de la mesa negociadora, en fecha 23 de julio de 2025, se pactó expresamente solicitar al actuario ordinario del Plan (AON) el conjunto de datos que se precisan para la elaboración del modelo de reestructuración expuesto en tal reunión. Esto es, tal y como pone de manifiesto la Mutua y no es negado por el resto de sindicatos mayoritarios comparecientes, se pactó un cauce técnico actuarial para la gestión de la información. No resulta justificado, a juicio de esta Sala, pactar ese mecanismo de actuación y denunciar, posteriormente, la vulneración de un derecho fundamental cuando la información sí está siendo facilitada por el actuario designado.

2º.- Se omite en la demanda que, además de las reuniones en las que intervino el actuario y los sindicatos que formaron parte de la parte social hicieron propuestas y contrapropuestas, también existieron reuniones técnicas con actuarios propuestos por las distintas secciones sindicales y en la que se debatió sobre los datos que proporcionó AON. Siendo ello así mal cabe hablar de una conducta antisindical obstaculizadora de la negociación colectiva.

3º.- Tampoco se ha cuestionado que los datos solicitados por el sindicato demandante están a disposición de la comisión de control del plan de pensiones, de la que forman parte los tres sindicatos mayoritarios en la empresa. Y ello con las funciones y responsabilidades en materia de protección de datos previstas para tal comisión en el reglamento del Plan de Pensiones de Empleo de Asepeyo, de fecha 18 de mayo de 2020. Cuestión distinta, como ya hemos señalado, es que en la comisión negociadora se pactara que la información técnica fuera facilitada por el actuario designado.

4º.- No se discute que los datos solicitados por el sindicato demandante (relación individualizada de los partícipes actuales, que contenga al menos la fecha de nacimiento, la fecha de entrada en la empresa, el salario pensionable y la previsión matemática) tienen una evidente naturaleza personal. De ahí que se interese se aporte de manera anonimizada. Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el dictamen elaborado por el Delegado de Protección de Datos de la empresa, el conjunto estructurado objeto de la solicitud sí permite la reidentificación de los partícipes en el plan. Y ello al resultar la "combinación de fecha de nacimiento, fecha de incorporación, sexo y salario(...) intrínsecamente singularizadora".

5º.- Señala la parte demandante que esa misma información ya fue facilitada en el año 2024. No consta, sin embargo, prueba alguna de tal aportación previa. Añade la parte actora en el acto de la vista que esa información que le es negada ya está a disposición de quien se identifica como vocal de la Comisión de Control en representación de la Entidad Promotora. El documento aportado a este respecto (descriptor nº 48) no permite alcanzar, a la vista de su literalidad, tal conclusión. Esto es, las discrepancias existentes en cuanto a la urgente reestructuración del plan de pensiones no pueden ser identificadas de forma automática como una negativa injustificada a facilitar, solo a CCOO, determinada información personal de los partícipes del plan.

6º.- Es preciso hacer una última matización. Es cierto que en nuestra SAN de 11/12/2017, proc. 269/2017, se estimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por FSS-CCOO frente a la Corporación RTVE. Y ello declarando que la promotora del Plan de Pensiones debía entregar a la Comisión de Control del Plan de Pensiones el NIF y datos salariales de los partícipes, como hizo siempre, con la finalidad única de supervisar a los efectos de su competencia. La situación de hecho descrita en tal resolución y la modalidad procesal a través de la que se encauzó aquella petición son distintos al supuesto que ahora se nos plantea. Así, lo que aquí se discute es si existe una conducta vulneradora de derechos fundamentales, interesando su declaración, el cese de tal conducta y una indemnización derivada de la vulneración de la libertad sindical. Es más, tal y como antes se ha indicado, existió un pacto de designación de un actuario para facilitar el tratamiento de la información y ello ha posibilitado la realización de diversas reuniones técnicas y la aportación de propuestas y contrapropuestas por la parte social.

En definitiva, no ha resultado acreditado que la empresa haya realizado conducta alguna de la que se pueda inferir una conducta obstruccionista del derecho de información del sindicato demandante. De ahí que, de acuerdo con la posición también expresada por el Ministerio Fiscal, al no apreciarse la vulneración de derechos fundamentales, la demanda deba ser desestimada en su integridad (incluyendo la pretensión indemnizatoria por importe de 7.501 €).

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2 f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados se sustentan bien en hechos no controvertidos o pacíficos, bien en la prueba documental que se hace constar en los ordinales que conforman el relato fáctico, con expresión concreta de su situación en autos.

TERCERO.-Expuestas con detalle las posiciones de las partes en el antecedente de hecho cuarto, la cuestión a resolver consiste en determinar si se ha producido una vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante al negarse la empresa a facilitar la información requerida por la demandante para negociar adecuadamente la reestructuración del plan de pensiones de la Mutua Asepeyo.

Situada la controversia en la posible existencia de la lesión de un derecho fundamental debe esta Sala recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 181.2 de la LRJS "una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad";lo que obliga procesalmente al demandante a aportar y acreditar elementos facticos de los que pueda esta Sala llegar a la convicción de la existencia da la vulneración alegada, para, a continuación, examinar y valorar la posible razón o razones que pudiera dar quien ha resultado demandado.

De cara a aplicar las reglas de distribución de la carga de la prueba antecitadas debemos traer a colación la consolidada jurisprudencia, por todas la STS de 9 de abril de 2025, rec. 92/2023, que señala lo siguiente:

"Nos encontramos ante un proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales, en el que rige el artículo 181 LRJS que en su apartado 2 dispone que, en el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

(...) En la STS 954/2022 de 13 de diciembre rec 40/2021 hemos señalado que de dicho precepto «[...]se deduce que es al demandante a quien le incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de la existencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental. En efecto, es al demandante a quien le incumbe la carga de probar la concurrencia de indicios que acrediten la violación del derecho, porque quien alega cualquier atentado a un derecho fundamental le basta con acreditar indicios racionales de una actitud antisindical de la empresa o de que en ella exista cierto ambiente hostil al ejercicio de actividades sindicales, para que sea la entidad empresarial la que corra con la necesidad de probar que su conducta está totalmente alejada de los referidos móviles antisindicales y que obedece a planteamientos fundados en derecho. De suyo, la necesidad de acreditar la existencia de indicios no supone la exigencia de prueba plena; sin embargo, tampoco equivale a un relevo de la prueba como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional al señalar que "para imponer al empresario la carga probatoria descrita, es razonable la posición del Tribunal Supremo que rechaza que sea suficiente para ello la mera afirmación de la existencia de un despido discriminatorio o lesivo de otro derecho fundamental, sino que tal afirmación ha de reflejarse en unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión" ( SSTC 21/1992, de 14 de febrero y 1890/1994, de 20 de junio ) y es que "el demandante el principal gestor de su propio derecho, de ahí que siempre le sea exigible la diligencia suficiente, también en el terreno probatorio, incluso cuando alega la existencia de una discriminación. Esa actividad probatoria ha de recaer, sobre la existencia real y efectiva de una diferenciación de trato, y por lo menos, sobre la existencia de indicios racionales de los que pueda deducirse que esa desigualdad está vinculada a algún factor prohibido de diferenciación" ( SSTC 38/1986, de 21 de marzo y 34/1984, de 9 de marzo ).

Como hemos reiterado en otras ocasiones ( STS de 8 de mayo de 2019, Rec. 42/2018 ), los indicios deben ser entendidos como fenómenos que permiten inferir la existencia de otros no percibidos exigen que se genere una razonable sospecha o presunción en favor del alegato de discriminación o lesión del derecho fundamental, lo que determina que es el afectado por la posible vulneración del derecho fundamental el que debe aportar un principio de prueba que razonablemente permita considerar que la demandada ha actuado guiada por intereses ilícitos contra derechos fundamentales racionalmente reconocidos. En el correcto entendimiento del artículo 181.2 LRJS los indicios son señales o acciones que manifiestan o evidencian -de forma inequívoca- algo oculto, lo que resulta muy diferente de sospechar que es imaginar algo por conjeturas fundadas en las apariencias (En este sentido: STS de 9 de febrero de 1996, rcud. 2429/1994 , sobre el extinto artículo 179.2 LPL ).

Se debe distinguir, por tanto, entre la aportación de elementos probatorios suficientes para ser tenidos como prueba del indicio exigido para cuestionar la legitimidad constitucional del móvil de la actuación empresarial, y las que simplemente suponen meras sospechas y conjeturas sin base suficiente para dar lugar a tan importante efecto jurídico como es el de invertir la carga de la prueba. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2, es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida. Así lo venimos determinando desde antiguo, señalando que ante la inexistencia de indicios o de simple apariencia "de que se haya producido una violación de la libertad sindical de los actores y, por tanto, no es aplicable la especial regla de la carga de la prueba que establece, en tales casos, el artículo 178.2 LPL (hoy 181.2 LRJS ), de que, constatada la concurrencia de tales indicios, se desplaza hacía el demandado la carga de acreditar que la medida adoptada es objetiva, razonable y proporcionada. Al no producirse el presupuesto inicial exigido en el art. 178.2 (hoy 181.2 LRJS ) citado son aplicables las reglas del art. 1214 CC que impone a los demandantes la aportación de la prueba de que han sido discriminados por razones sindicales" ( STS de 27 de septiembre de 1993, rec. 3034/1992 ).»

Asimismo, la STS 416/2024, de 5 de marzo rec 314/2021 establece que si la parte actora no acredita «[...] que se hubiera materializado la vulneración de la libertad sindical que denunciaba y que no aportó indicios que pudieran provocar la sospecha de que sí hubo la pretendida vulneración del derecho, la reparación del derecho de la demanda pasa por la aplicación de las reglas generales de la carga de la prueba, correspondiendo la misma a quien alega la existencia de una obligación incumplida y la de su extinción al que la opone. En definitiva, la no aportación de indicios, la no aportación de elementos que lleven al juzgador a percibir la apariencia de la presunta violación, determinará la inaplicación de la consecuencia prevista en el artículo 181.2 LRJS , es decir, la no exigencia al demandado de la aportación de la justificación de la objetiva razonabilidad y proporcionalidad de la medida combatida.»".

La controversia planteada en el presente procedimiento versa sobre una posible conducta empresarial constitutiva de una vulneración del derecho a la libertad sindical al negar al sindicato demandante información que la actora considera esencial para negociar adecuadamente la restructuración del plan de pensiones. A la vista de la prueba practicada, sin embargo, la Sala no aprecia la existencia de indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical del sindicato demandante. Y decimos lo anterior por las siguientes razones:

1º.- Cobra especial importancia en el presente supuesto la existencia de un acuerdo inicial adoptado por los sindicatos mayoritarios (incluido el ahora demandante9 y la representación de la mutua demandada. Así, en la primera reunión de constitución de la mesa negociadora, en fecha 23 de julio de 2025, se pactó expresamente solicitar al actuario ordinario del Plan (AON) el conjunto de datos que se precisan para la elaboración del modelo de reestructuración expuesto en tal reunión. Esto es, tal y como pone de manifiesto la Mutua y no es negado por el resto de sindicatos mayoritarios comparecientes, se pactó un cauce técnico actuarial para la gestión de la información. No resulta justificado, a juicio de esta Sala, pactar ese mecanismo de actuación y denunciar, posteriormente, la vulneración de un derecho fundamental cuando la información sí está siendo facilitada por el actuario designado.

2º.- Se omite en la demanda que, además de las reuniones en las que intervino el actuario y los sindicatos que formaron parte de la parte social hicieron propuestas y contrapropuestas, también existieron reuniones técnicas con actuarios propuestos por las distintas secciones sindicales y en la que se debatió sobre los datos que proporcionó AON. Siendo ello así mal cabe hablar de una conducta antisindical obstaculizadora de la negociación colectiva.

3º.- Tampoco se ha cuestionado que los datos solicitados por el sindicato demandante están a disposición de la comisión de control del plan de pensiones, de la que forman parte los tres sindicatos mayoritarios en la empresa. Y ello con las funciones y responsabilidades en materia de protección de datos previstas para tal comisión en el reglamento del Plan de Pensiones de Empleo de Asepeyo, de fecha 18 de mayo de 2020. Cuestión distinta, como ya hemos señalado, es que en la comisión negociadora se pactara que la información técnica fuera facilitada por el actuario designado.

4º.- No se discute que los datos solicitados por el sindicato demandante (relación individualizada de los partícipes actuales, que contenga al menos la fecha de nacimiento, la fecha de entrada en la empresa, el salario pensionable y la previsión matemática) tienen una evidente naturaleza personal. De ahí que se interese se aporte de manera anonimizada. Ahora bien, tal y como se pone de manifiesto en el dictamen elaborado por el Delegado de Protección de Datos de la empresa, el conjunto estructurado objeto de la solicitud sí permite la reidentificación de los partícipes en el plan. Y ello al resultar la "combinación de fecha de nacimiento, fecha de incorporación, sexo y salario(...) intrínsecamente singularizadora".

5º.- Señala la parte demandante que esa misma información ya fue facilitada en el año 2024. No consta, sin embargo, prueba alguna de tal aportación previa. Añade la parte actora en el acto de la vista que esa información que le es negada ya está a disposición de quien se identifica como vocal de la Comisión de Control en representación de la Entidad Promotora. El documento aportado a este respecto (descriptor nº 48) no permite alcanzar, a la vista de su literalidad, tal conclusión. Esto es, las discrepancias existentes en cuanto a la urgente reestructuración del plan de pensiones no pueden ser identificadas de forma automática como una negativa injustificada a facilitar, solo a CCOO, determinada información personal de los partícipes del plan.

6º.- Es preciso hacer una última matización. Es cierto que en nuestra SAN de 11/12/2017, proc. 269/2017, se estimó la demanda de conflicto colectivo interpuesta por FSS-CCOO frente a la Corporación RTVE. Y ello declarando que la promotora del Plan de Pensiones debía entregar a la Comisión de Control del Plan de Pensiones el NIF y datos salariales de los partícipes, como hizo siempre, con la finalidad única de supervisar a los efectos de su competencia. La situación de hecho descrita en tal resolución y la modalidad procesal a través de la que se encauzó aquella petición son distintos al supuesto que ahora se nos plantea. Así, lo que aquí se discute es si existe una conducta vulneradora de derechos fundamentales, interesando su declaración, el cese de tal conducta y una indemnización derivada de la vulneración de la libertad sindical. Es más, tal y como antes se ha indicado, existió un pacto de designación de un actuario para facilitar el tratamiento de la información y ello ha posibilitado la realización de diversas reuniones técnicas y la aportación de propuestas y contrapropuestas por la parte social.

En definitiva, no ha resultado acreditado que la empresa haya realizado conducta alguna de la que se pueda inferir una conducta obstruccionista del derecho de información del sindicato demandante. De ahí que, de acuerdo con la posición también expresada por el Ministerio Fiscal, al no apreciarse la vulneración de derechos fundamentales, la demanda deba ser desestimada en su integridad (incluyendo la pretensión indemnizatoria por importe de 7.501 €).

CUARTO.-La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ordinario ante la Sala cuarta del Tribunal Supremo ( art. 206.1 LRJS) .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,