Sentencia Social 77/2024 Juzgado de lo Social de Segovia nº 2, Rec. 577/2022 de 07 de febrero del 2024

PRIMERO.- Interpone la presente demanda la actora con objeto de impugnar la Resolución de fecha 19/04/2022, desestimatoria del Recurso de Alzada presentado por la hoy demandante frente a la Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de fecha 20/01/2022, por la que se confirmó en todos sus extremos y se elevó a definitiva el Acta de Infracción por la que se propuso imponer a la empresa demandante la sanción de 3.752,00€, por la comisión de dos faltas grave por infracción de los arts. 139 Y 140 del TRLGSS, tipificada en el art. 22.1 y 2 del Real Decreto legislativo 5/2000 por el que se aprueba el T.R. de la L.I.S.O.S., consistente en iniciar su actividad sin solicitar su inscripción en la Seguridad Social y no solicitar la afiliación inicial o el alta de un trabajador con carácter previo al inicio de su actividad en dicha mercantil.

Alega la parte actora, como fundamento de sus pretensiones impugnatorias en que la ayuda ocasional entre los hermanos no constituye una relación laboral por cuenta ajena.

Las entidades gestoras demandadas por su parte mantienen la existencia de una relación laboral por cuenta ajena sin que se procediera a su alta en base a la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo.

Es de recordar que las normas sancionadoras en el ámbito del derecho administrativo se rigen por los mismos principios que en el derecho penal y de esta forma la culpabilidad ha de deducirse de los elementos probatorios, exigiendo siempre aquella conducta culposa un acción u omisión voluntaria y transgresiva y un daño unido mediante la adecuada relación de causalidad.

Para resolver la cuestión planteada con carácter principal, hay que partir, en primer término, de que las actas de la inspección de trabajo, así como las promovidas por los controladores laborales ( Art. 52.3 de la ley 8/88, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), ya se refieran a infracciones en el ámbito laboral, ya determinen la práctica de liquidaciones de cotizaciones sociales, aparecen dotadas en cuanto a su descripción fáctica de una presunción de certeza que deriva del Art.52.2 de la citada Ley 8/88 de 7 de Abril, cuyo precedente se halla en el Art.38 del Decreto 1860/1975 de 10 de Julio, posteriormente recogida en los artículos 15 y 32.1.c) del Real Decreto 928/1998 de 14 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, y su última actualización en el Art.53.2 del nuevo Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto, con vigencia a partir del 1 de Enero del 2001.

Respecto de esa presunción la doctrina jurisprudencial, de las que, entre otras, son exponentes las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Diciembre de 1995, 19 de Enero de 1996, 27 de Mayo y 22 de Julio de 1997 y 4 de Marzo de 1998,la basan en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al funcionario público actuante; presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el Art.24.2 de la Constitución, ya que los citados artículos se limitan a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario, si bien queda limitada a solo los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector o controlador laboral, o a aquellos inmediatamente deducibles de los primeros o acreditados en virtud de medios de prueba referidos en la propia acta, sin que se reconozca la inicial infalibilidad o veracidad a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, si bien, la presunción de que se trata, por su misma naturaleza " iuris tantum", cede y decae cuando se aportan pruebas acreditativas de la falta de correspondencia entre lo consignado en el acta y la realidad de los hechos, en la medida que las que sean valoradas por el Tribunal posibiliten jurisdiccionalmente asentar su discrepancia con el soporte fáctico del acto controvertido; no se excluye así un control judicial de los medios empleados por el inspector o controlador, requiriéndose asimismo que el contenido de las actas, de infracción o de liquidación, determinen " las circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración, cuyo detalle deviene imprescindible para conformar la base del valor probatorio de las actas inspectoras. Por tanto, la presunción de certeza despliega la carga de la prueba al administrado, de modo que es este quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección.

En segundo término, conviene recordar que el Tribunal Constitucional (entre muchas otras, en las Sentencias 73/1.985, 120/1.994 y 89/1.995 tiene reiteradamente establecido que los principios y garantías constitucionales del orden penal y del proceso penal han de observarse, con ciertos matices, en el procedimiento administrativo sancionador y, así el derecho a la presunción de inocencia que ha sido incorporado por el legislador a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común (Título IX de la Ley 30/1.992, de 26 noviembre), rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas pues el ejercicio del ius puniendi, en sus diversas manifestaciones está condicionado por el artículo 24.2 de la Constitución Española al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia, expresamente recogido en la referida Ley 30/1.992, de 26 de noviembre , reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -ex. artículo 137 -, comporta:

- que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada;

- que la carga de la prueba (onus probandi) corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y

- que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.

Efectivamente, la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una "probatio diabolica" de los hechos negativos. Por otra parte, la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola carga de razonar el resultado de dicha operación ( Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1.990). En definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del inculpado y su libre valoración por el Juez son las ideas básicas para salvaguardar esta presunción constitucional y están explícitas o latentes en la copiosa doctrina del Alto Tribunal al respecto. De este modo la presunción de legalidad del acto administrativo -proclamado en el artículo 57.1 de la ya citada Ley 30/1.992, de 26 de noviembre - desplaza sobre el administrado la carga de accionar para evitar que se produzca la figura del acto consentido pero no afecta a la carga de la prueba, que ha de regirse por las reglas generales elaboradas por inducción sobre la base del vigente artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y conforme a las que cada parte ha de probar los hechos que integran el supuesto de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Es claro que con el mencionado criterio ha de ser la Administración la que soporte la carga de probar la realización de la conducta que integra la infracción que pretende sancionar, y esta conclusión se ve aquí profundamente reforzada por virtud de la Presunción de Inocencia que, establecida en el artículo 24 de la Constitución Española, es aplicable plenamente al ámbito de la potestad sancionadora de la Administración ( Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1.987, de 20 de diciembre de 1.989, o de 28 de noviembre y 26 de diciembre de 1.990), y que opera como presunción iuris tantum desplazando el onus probandi a la Administración, que sólo puede destruirla mediante la aportación de pruebas suficientes y obtenidas con las debidas garantías sobre las cuales el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad.

SEGUNDO.- A la luz de las pruebas practicadas que desembocan en el relato de hechos probados se ha de llegar a la misma conclusión que la expuesta en la sentencia nº 276/2022 de fecha 04/11/2022 del TSJ de CYL por la que, estimando el recurso interpuesto por la hoy actora, se anulan las resoluciones impugnadas, dejando sin efecto el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena, en el NUM002 de la empresa DIRECCION000, a don Ramón el día 16/05/2021.

Y ello partiendo de la definición de relación

laboral en la que un trabajador presta sus servicios a un empresario, debiendo acudir a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, que en su artículo 1º, al referirse al ámbito de aplicación, determina que para que una actividad tenga naturaleza laboral es preciso que la prestación de servicios se realice de manera retribuida -a cambio de dinero u otra contraprestación-, por cuenta ajena -es decir, que los beneficios del esfuerzo físico redunden en provecho de otro y no del que lo realiza- y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, no de forma autónoma por el trabajador, con libertad para decidir la forma de prestación del servicios, sino sujeto a un control, vigilancia y supervisión del empleador, que es también quien proporciona en su mayor parte los elementos productivos -útiles, materiales, herramientas, etc...- empleados por el trabajador, y quien organiza el servicio a prestar.

En este sentido, la STS de 11 de marzo de 2011 sienta que el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, como es sabido, no contiene una definición del contrato de trabajo, pero sí establece las notas generales características que ha de reunir para poder ser acreedor de tal denominación y distanciarse de otras instituciones o figuras jurídicas próximas y así se dice que el Estatuto de los Trabajadores resulta aplicable a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Las notas de ajeneidad, dependencia, actividad remunerada de carácter personal y voluntario se configuran, así como integrantes de la relación de trabajo. Tales notas se completarían --como viene diciendo reiteradamente la jurisprudencia-- con las consecuencias de esa ajeneidad y dependencia, como es la expresión de realización de una actividad dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, y el que exista una transmisión a un tercero de los frutos o el resultado del trabajo, percibiendo el empresario directamente los beneficios ( SSTS de 29 Oct. 1990 y 16 Mar. 1992).

Por su parte el artículo 1.3.e) del Estatuto de los TrabajadoresLegislación citadaET art. 1.3Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. no considera de naturaleza laboral los trabajos familiares, presumiendo ( Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2012, recurso 1628/2011Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Social, Sección 1ª, 13-06-2012 (rec. 1628/2011) , por todas) que se dan éstos y no un contrato laboral cuando conviven con el empresario determinados parientes (entre ellos, los hijos), no obstante la presunción se puede destruir siempre que se acredite la condición de asalariados de los prestadores de servicios (es decir, cuando consta que cobran por el trabajo una remuneración regular y más o menos fija, pues eso da la nota de ajeneidad al excluirse que los beneficios de la actividad los perciba la unidad familiar en su conjunto y de forma indiferenciada entre sus integrantes). Pues si bien en el trabajo familiar cabe que se den las notas de dependencia (organizando y dirigiendo uno de los integrantes de la unidad familiar todo el negocio, impartiendo instrucciones a los otros parientes que prestan servicios en el mismo, incluyendo la sujeción a un horario de trabajo), lo que nunca puede concurrir es la ajeneidad, pues en el trabajo familiar el beneficio de la explotación redunda en la unidad familiar en su conjunto, y no de forma individualizada en uno de sus integrantes.

En el presente caso no es un hecho controvertido la relación fraternal de D/Dña. Yolanda y D/Dña. Ramón, sin embargo, esta única nota no excluye per se la existencia de la relación laboral, sino que han de analizarse el resto de los elementos de hecho configuradores de la relación existente entre las partes.

Así, tampoco se ha contradicho el hecho de que D/Dña. Ramón resida en Madrid y trabaje por cuenta de otra empresa desde el 2009 en virtud de contrato indefinido a tiempo completo. Del mismo modo, no consta que este percibiese remuneración por la actividad que dice las inspectoras actuantes que desarrollaba en el bar de su hermano.

En el acto del juicio, a través de la prueba testifical, se evidenció que el Sr. Ramón acudió al bar que regenta su hermano con ocasión de la visita que realizo a su madre -que vive justo encima del bar- tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, a tomar un café y dado que había suciedad (papeles, etcétera) en el suelo del mismo, procedió a recoger estos papeles por su propia voluntad, momento en que entraron las integrantes de la

Inspección, pero ello en modo alguno supone la existencia de una ajeneidad en la posición de la demandante ni una dependencia o incorporación al ámbito organizativo o directivo de la empresa.

El concepto de dependencia expresa la incorporación del trabajador a una organización ajena, y, como consecuencia, la intervención o "mediatización" ( STS 20 octubre 1982) de su trabajo por un tercero que actúa desde una posición de supremacía, lo que evidentemente no se puede predicar de la relación de la actora con el demandada pues se compadece mal con la nota de dependencia y subordinación la inexistencia de un horario laboral, que la actora no ha justificado de ninguna manera. No existe incorporación al círculo organizativo y rector del empresario.

Por último, respecto a la nota de ajeneidad, tampoco existe constancia de la participación del Sr. Ramón en los beneficios del negocio regentado por su hermano.

En consecuencia, realmente nos encontramos ante un

supuesto de una ayuda muy puntual de un hermano a otro precisamente atendiendo a esta relación familiar y haber ido al local para estar con su hermano, pero en ningún momento para prestar algún tipo de contraprestación laboral, sin que esta actuación se pueda considerar comprendida dentro del artículo indicado del Estatuto de los Trabajadores. No había retribución, ni dependencia, ni ajenidad, por lo que no se dan ninguna de las notas propias de la relación laboral y, en consecuencia, debe desestimarse la demanda, dejando sin efecto la sanción impuesta, sin que proceda en esta sede jurisdiccional la imposición de sanción distinta.

En atención a lo expuesto,