Sentencia Social 93/2023 Juzgado de lo Social de Murcia nº 5, Rec. 478/2022 de 08 de junio del 2023

PRIMERO.- La precedente declaración de hechos probados, conforme exige el art. 97-2 de la LRJS, viene determinada tanto por la no controversia sobre los mismos, conforme se detalla en ellos, en cuanto que se trata de hechos que son alegados por una de las partes en el proceso y son admitidos por la contraria, los cuales no son objeto de prueba, ya que la afirmación fáctica de las partes vincula al juez ( arts. 87.1 LRJS y 281.3 LEC), e igualmente acreditados por la documental obrante en juicio que fundamentalmente se referencia en los distintos ordinales, todo ello valorado en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. También se ha tenido en cuenta el resto de la prueba admitida y practicada, como lo fue el interrogatorio de la actora. Por dicha parte se propuso la prueba de reproducción de sonido, indicando que había enviado el día anterior por "acceda" tres archivos de audio. Además de no acreditar dicho extremo, se indicó que debía facilitar los medios de reproducción conforme al art. 90 de la LRJS, se intentó dicha reproducción de un audio, resultando admitido por la empresa la circunstancia de haber llamado la trabajadora para decir que había impugnado el alta, circunstancia esta que igualmente quedó acreditada por el propio interrogatorio. La testifical propuesta por la actora se estimó innecesaria, sin que se formulase ni protesta ni recurso de reposición ex art. 90 LRJS.

SEGUNDO.- La concreta delimitación de la litis

Por la parte actora se solicita, esencialmente, que se declare la improcedencia del despido efectuado por la empresa demandada alegando que no existen causas que justifiquen el despido, las cuales son inciertas, inconcretas, y en todo caso insuficientes para justificar el despido, sosteniendo que había impugnado el alta médica, por lo que no recibiendo "carta ni comunicación del INSS" seguía de baja, de ahí que no se podía incorporar al trabajo (véase antepenúltimo párrafo del hecho cuarto de la demanda).

Además de lo anterior, reclama el abono de "salarios" (hecho SEXTO) de los meses de mayo, 2 días de junio, vacaciones y parte proporcional de pagas extras, en cuantía total de 4076.02 euros.

Frente a dichas pretensiones, la empresa sostiene la procedencia del despido, por cuanto se trataría de un absentismo sin causa. Del mismo modo, sostiene que no habiendo trabajado, difícilmente puede reclamar percepciones salariales. Además, la empresa procedió a abonar cantidades cuando supo la situación de alta, cantidades que han sido tenidas en cuenta al tiempo del finiquito, para descontarlas del mismo. Sostiene, por ello, que no se adeuda ningun importe.

Frente a dicha pretensión se opone la parte demandada, manifestando que el demandante incurrió en un incumplimiento contractual grave y culpable que justifica su despido disciplinario.

TERCERO.- Marco normativo nuclear a considerar.

El art. 54 del ET regula el despido disciplinario: "1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador." A continuación, ese precepto menciona los incumplimientos contractuales.

Por su parte, el artículo 108.1 de la LRJS dispone:

"En el fallo de la sentencia, el juez calificará el despido como procedente, improcedente o nulo.

Será calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación. En caso contrario, o en el supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos de forma establecidos en el número 1 del artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , será calificado como improcedente."

CUARTO.- Doctrina legal sobre dicho marco. Aspectos generales.

La doctrina legal, con motivo del despido disciplinario, ha venido destacando que "en las cuestiones situadas en el área disciplinaria o sancionadora de esta rama del ordenamiento jurídico, han de ponderarse todos sus aspectos, objetivos y subjetivos, pues los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, y en este orden de cosas, no puede operarse objetiva y automáticamente, sino que tales elementos han de enlazarse para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva se juzga sobre la conducta observada por el trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas" ( STS de 26-4-2007, recurso 801/2006; 15-1-2009, recurso 2302/2007; y 19-7-2010, recurso 2643/2009, y las citadas en ellas).

El TS sostiene que "el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto ( sentencias de 19 y 28 febrero 6 abril y 18 de mayo de 1990 , 16 mayo 1991 y 2 de abril y 30 de mayo de 1.992 , entre otras)." ( STS de 10 de enero de 2019, recurso 2595/2017).

QUINTO.- Respuesta a la pretensión de despido

En el presente caso, para dar adecuada respuesta a la cuestión sometida a decisión es necesario tener en cuenta el régimen legal de la IT, en especial, con motivo de su impugnación por el cauce disconformidad. Para ello, habrá que acudir al art. 170 de la LGSS. Específicamente, el apartado 2 del citado precepto, en la redacción vigente al tiempo del despido, disponía:

2. Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado en el apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta días naturales posteriores a la citada alta médica.

En el supuesto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social emita resolución por la que se acuerde el alta médica, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, cesará la colaboración obligatoria de las empresas en el pago de la prestación el día en que se dicte dicha resolución, abonándose directamente por la entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social el subsidio correspondiente durante el periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su notificación al interesado. Las empresas que colaboren en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal conforme a lo previsto en el artículo 102.1 a) o b), vendrán igualmente obligadas al pago directo del subsidio correspondiente al referido periodo.

Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde el alta médica conforme a lo indicado en los párrafos anteriores, el interesado podrá manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.

Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Si, en el aludido plazo máximo de siete días naturales, la inspección médica hubiera manifestado su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, esta se pronunciará expresamente en los siete días naturales siguientes, notificando al interesado la correspondiente resolución, que será también comunicada a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la propuesta formulada, reconsiderara el alta médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para lo cual aportará las pruebas complementarias que la fundamenten, solo se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.

Conforme al citado precepto, y el destaco en negrita por este Juzgador, resulta que la propia ley prevé un régimen de silencio administrativo negativo. Es decir, no obstante haberse iniciado el trámite de disconformidad, queda claro que trascurridos 11 días el alta médica adquiría plenos efectos.

El TS, Sala Cuarta, en sentencia de 17 DE ABRIL DE 2023 ( Roj: STS 1566/2023 ), trata de un supuesto similar al presente, si bien es una falta de incorporación en caso de alta de IT de duración inferior a 365 días. En concreto, la Sala IV remite a los arts. 170 LGSS y 5.1 RD 625/14 vigentes a fecha de los hechos y razonó que con el régimen jurídico anterior los procesos de IT de los primeros 365 días tienen tratamiento distinto con los que se alargan por encima de ese tiempo. En ellos el alta médica del facultativo extingue el proceso de IT por CC y la obligación del trabajador de reincorporarse al puesto de trabajo. La impugnación de la IT no afectaba al supuesto al no alcanzar los 365 días, estando obligado a reincorporarse al puesto de trabajo aunque presente reclamación previa al alta. El indicio de lesión de la garantía de indemnidad queda desvirtuado por existir causa legal para despedir por faltas injustificadas. Y ya con mayor claridad, en lo que se refiere a las faltas injustificadas, señala

"En definitiva, el trabajador al que se le ha expedido alta médica antes de agotarse 365 días de prestaciones de IT, está obligado a reincorporarse al puesto de trabajo, aunque dicha alta médica haya sido objeto de reclamación previa.

Siendo ello así, es la sentencia de contraste la que contiene la doctrina correcta.

TERCERO. - Lo anteriormente razonado, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, permite concluir en el sentido de entender que el recurso debe ser estimado, casar la sentencia recurrida y, resolviendo el debate planteado en suplicación, procede entender que el indicio de vulneración de la garantía de indemnidad ha quedado desvirtuado al existir causa legal para adoptar la medida disciplinaria que tomó la parte aquí recurrente, al haber incurrido el demandante en faltas de repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo, ex art. 54.2 a) del ET , al no haberse reincorporado al puesto de trabajo, tras haber sido expedida alta médica el 6 de julio de 2019, hasta el día 21 del citado mes. Y el hecho de que el despido se haya adoptado tras haberse incorporado tardíamente no priva al empleador de activarlo en el momento en el que lo hizo, siempre y cuando no estuviera prescrita la conducta imputada. Como tampoco es relevante el que se haya comunicado al empresario la razón por la que no se reincorporaba al trabajo que era más técnica y de interpretación de la normativa, sobre la que las partes discrepaban, que de otra razón que, vinculada a su estado de salud, pusiera de manifiesto, por los medios de prueba que podía valerse, de que presentaba dolencias que le impedían trabajar, lo que, además, no solo no consta en el relato fáctico sino que, por el contrario, se revela que el alta médica fue ajustada a derecho (hecho probado quinto).

En consecuencia, procede desestimar el recurso de suplicación que interpuso la parte actora y confirmar la sentencia de instancia que declaró el despido procedente, sin imposición de costas en dicho recurso."

En el supuesto enjuiciado la actora una vez emitida el alta médica no se ha llegado a incorporar al puesto de trabajo. Primeramente, activó el trámite de disconformidad, pero sin saber el resultado de su impugnación dejó de prestarse al trabajo. La empresa, con gran diligencia, y una vez tenía conocimiento del alta emitida, requirió a la actora hasta en dos ocasiones para que diese cumplidas razones y justificación de los motivos de su no reincorporación, sin que la existencia de una llamada telefónica o un mensaje de audio puedan servir no solo para sostener que realizó dicha información, sino la propia validez de la información facilitada (continuaba de baja ha dicho la actora en su interrogatorio).

Dentro del régimen de disconformidad, su especifica tramitación se contiene en El RD 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal, estableció en su art. 3 las siguientes reglas para los casos de disconformidad del interesado respecto al alta médica del INSS:

" Primera.- El interesado podrá manifestar su disconformidad en el plazo máximo de los cuatro días naturales siguientes a la notificación de la resolución.

Dicha disconformidad se cumplimentará en el modelo aprobado a tal efecto por la correspondiente entidad gestora, que estará a disposición de los interesados en las correspondientes páginas web de dichas entidades.

Segunda.- La manifestación de disconformidad se presentará ante la inspección médica del servicio público de salud. Asimismo, podrá presentarse ante alguno de los órganos señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

Tercera.- El interesado que inicie el procedimiento de disconformidad, lo comunicará a la empresa en el mismo día en que presente dicha disconformidad o en el siguiente día hábil.

Cuarta.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, y los servicios públicos de salud deben comunicarse recíprocamente, a la mayor brevedad posible, el inicio del procedimiento de disconformidad así como todas las decisiones que adopten en el desarrollo del procedimiento.

La entidad gestora competente, bien por sus propios medios o, en su caso, a través del servicio común, comunicará a su vez a la empresa, a la mayor brevedad posible, todas las decisiones que puedan afectar a la duración de la situación de incapacidad temporal del interesado.

Quinta.- Las comunicaciones entre las entidades gestoras, los servicios públicos de salud y las dirigidas a la empresa se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos".

De la regulación ya expuesta se derivan los siguientes parámetros, que es necesario considerar:

-emitida resolución del INSS por la que se acuerda el alta médica, se abona directamente por la entidad gestora, la mutua colaboradora o la empresa en pago delegado, el subsidio correspondiente al periodo que transcurra entre la fecha de la citada resolución y su notificación al interesado; (lo que se tendrá en cuenta en el presente caso, a los fines de la reclamación de cantidad que ha acumulado la parte actora)

-frente a la citada resolución de alta médica el interesado puede manifestar, en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud; lo que efectivamente realizó

-el interesado que ha presentado su disconformidad, lo comunicará a la empresa en el mismo día o en el siguiente hábil; actuación que no consta que hubiese realizado. (si bien con la normativa posterior, en la actualidad ya no es necesaria dicha comunicación)

-si la Inspección discrepa del criterio de la entidad gestora puede proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de su decisión; si lo hace, la Gestora se pronunciará expresamente en los siete días naturales siguientes, notificando al interesado la correspondiente resolución; si esta resolución de la gestora reconsiderara el alta médica, se prorroga la IT a todos los efectos; pero si la gestora se reafirma en su decisión, solo se prorroga la IT hasta la fecha de la última resolución. La notificación de la resolución resultó negativa en su momento. No obstante, la propia actora si que ha aportado (doc.2 de su ramo de prueba) la resolución confirmatoria del alta médica, en la misma consta a bolígrafo un "RECIBI 06/06/23" y una firma, pues bien, difícilmente puede hacerse valerse esa mención dado que el régimen de notificaciones es un trámite que se realiza en el propio expediente administrativo, y la referencia escrita que figura en la resolución en modo alguno puede tener esa eficacia (supondría que la parte tiene en su poder un documento original que debía figurar en el expediente administrativo). En todo caso, dicha mención en modo alguno puede tener trascendencia para dar respuesta a sus pretensiones.

-si la inspección médica se pronuncia no discrepando del criterio de la entidad gestora, o si no se pronuncia en los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, el alta médica adquirirá plenos efectos. Régimen del silencio administrativo negativo

Puede que la actora tuviese una confusión o creencia equivocada de poder ausentarse del trabajo por el hecho de no tener conocimiento formal de la resolución frente a la disconformidad, pero el artículo 170 de la LGSS es claro, dado que incluso en los supuestos de silencio este es negativo. Además, la resolución ha sido confirmatoria del alta emitida. Por todo lo anterior, desde el 20 de marzo de 2022 hasta su despido en 2 de junio de 2022, la actora se ausentó sin causa de su trabajo, sin que pueda servir de justificación de dicha ausencia haber acudido a la U. del Dolor el 29 de marzo de 2022 (ordinal DECIMO QUINTO de HP), no solo porque ya superaría el plazo de 3 días consecutivos de ausencia injustificada fijado en el Convenio, sino porque la dicha asistencia solo supuso un ajuste de analgésicos, llegando la propia actora a rechazar incluso tratamiento de radiofrecuencia. Conforme a todo ello, el despido debe ser calificado de procedente, al suponer la conducta de la actora un incumplimiento contractual, que debe ser calificado como grave, tanto por la duración de la conducta, como por no atender con diligencia al requerimiento empresarial y culpable, ya que dentro de dicho requisito se engloba no solo los supuestos en que la conducta sancionada es realizada consciente y voluntariamente para infringir la obligación contractual, sino también supuestos de negligencia, falta de atención o de cuidado que, cuando menos, se dan en el presente caso, máxime incluso a pesar de los requerimientos efectuados por la empresa (como la demandada indicó en sus conclusiones "la empresa no emita resoluciones", sino que es la Entidad Gestora).

Una vez que el alta cobra plenos efectos el trabajador puede acudir directamente a la demanda judicial, sin presentar reclamación administrativa previa (artículos 71.1 y 140.1 de la Ley de la Jurisdicción Social). El plazo para interponer la demanda es de 20 días hábiles computables desde el día siguiente a la fecha en la que el alta cobra plenos efectos (artículo 71.6 de la Ley de la Jurisdicción Social). Pero, u na vez que el alta cobra plenos efectos existe obligación de incorporación al trabajo aunque se interponga demanda judicial, salvo que el órgano judicial, a instancias del interesado, adoptase alguna medida cautelar, circunstancias todas ellas que no se han producido en el presente caso

Se impone, como se ha señalado, la declaración de procedencia del despido.

La actora no acudió a su trabajo desde el 21 de marzo de 2022 hasta el 2 de junio de 2022 en fue despida, se trata de faltas de asistencia injustificadas, lo que constituye falta disciplinaria muy grave, sancionable con despido por la empresa, conforme al art. 54.b del Convenio Colectivo de Industrias Siderometalúrgicas aplicable. Del mismo modo el el art. 54.2 a) del ET establece que: "Se considerarán incumplimientos contractuales: a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo".

En último termino, es necesario recordar la doctrina jurisprudencial sobre la extinción de la incapacidad temporal y el nacimiento del deber de reincorporarse al trabajo, cuando se dicta resolución administrativa declarando que el trabajador no se encuentra afecto de incapacidad laboral, que igualmente es trasladable al presente caso, contenida en la STS, Sala de lo Social, de 27 de marzo de 2013 ( ROJ: STS 2041/2013 , Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA), que reiteradamente es citada en suplicación, entre otras, por sentencias de Salas de lo Social de TSJ de:

- Canarias; ROJ: STSJ ICAN 3078/2022 de fecha 11/11/2022 (rec. 381/2022)

- Cantabria; ROJ: STSJ CANT 457/2021 de fecha 14/07/2021 (rec. 462/2021)

- Catalunya; ROJ: STSJ CAT 1357/2021 de fecha 11/02/2021 (rec. 4757/2020)

- Castilla La Mancha; ROJ: STSJ CLM 66/2020 STSJ de fecha 14/02/2020 (rec. 1432/2019)

- Galicia; ROJ: STSJ GAL 4383/2020 de fecha 27/07/2020 (rec. 1735/2020)

- Comunitat Valenciana; ROJ: STSJ CV 1350/2019 de fecha 05/03/2019 (rec. 90/2019)

El TS, contiene dicha doctrina en su FJ SEGUNDO (párrafo tercero), y no solamente en situaciones de expedientes IP, indicando que " conviene recordar la doctrina de esta Sala sobre la extinción de la incapacidad temporal y el nacimiento del deber de reincorporarse al trabajo, cuando se dicta resolución administrativa declarando que el trabajador no se encuentra afecto de incapacidad laboral permanente. En tal sentido, debe señalarse que ya en nuestras sentencias de 13 de mayo de 1987 , 7 de junio de 1988 y 20 de octubre de 1988 , se sostuvo la doctrina consistente en entender que en los casos de incapacidad temporal el contrato se encuentra en suspenso hasta que recae resolución administrativa declarando la inexistencia de incapacidad permanente, incluso si se reconoce una incapacidad permanente parcial, momento en el que nace el deber del trabajador de reincorporarse al trabajo. Esta doctrina fue reiterada, ya en unificación de doctrina, por nuestras sentencias de 22 de octubre de 1991 (Rcud. 1075/90 ), 2 de enero de 1992 (Rcud. 595/91 ) y 7 de octubre de 2004 (Rcud. 4173/03 ). En la sentencia de 22 de octubre de 1991 esta solución se justifica con los siguientes argumentos que hacemos nuestros: "como establecen, de una parte y con carácter general, los artículos 45.1 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo (hoy artículos 56 y 57 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común ) y, de otra y en el ámbito del procedimiento de declaración de invalidez permanente, el artículo 9.2 del Real Decreto 2609/1982 de 24 de septiembre , los actos administrativos tienen una presunción de validez que hacen su cumplimiento necesario y directamente ejecutivo, por lo que, como ha destacado la doctrina científica, la declaración contenida en el acto que define una situación jurídica crea inmediatamente esa situación sin perjuicio de lo que pueda resultar de su revisión. Esta eficacia inmediata del acto es una cualidad distinta de su firmeza y no se funda en ella. Su ámbito de aplicación es el de las prestaciones de seguridad social. Tiene, sin embargo, una proyección indirecta o refleja en el contrato de trabajo, porque el artículo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores , al enunciar el supuesto suspensivo que contempla, se remite a dos situaciones protegidas por la seguridad social y dentro de ésta ha de atribuirse el mismo alcance al acto que declara la iniciación de la situación protegida que al que establece su terminación por la concurrencia de una causa legal. El problema en materia laboral consiste en determinar si existe o no una situación de incapacidad temporal que impida la prestación de trabajo.Lo que ocurre es que el acto administrativo de la gestora, al extinguir la situación de incapacidad laboral transitoria, priva en principio de justificación a la incomparecencia al trabajo de la misma forma que la baja había otorgado inicialmente esa justificación. El empresario puede, por tanto, deducir las consecuencias extintivas - disciplinarias o en orden a la concurrencia de un desistimiento- que derivan de esa falta de justificación y el trabajador, que ha de prevenir la eventual apreciación de un desistimiento -cuya concurrencia o no habrá de valorarse en cada caso- manifestando su voluntad de mantener la relación, debe también, si quiere conservar la suspensión, destruir los efectos reflejos de la resolución administrativa acreditando que, pese al alta médica o a la resolución del expediente de invalidez sin declaración de incapacidad permanente total o absoluta, subsiste una situación de incapacidad temporal que impide la reincorporación al trabajo.

Y continuación, con mayor rotundidad, añade que " Lo que no cabe es entender que por la simple impugnación de las resoluciones administrativas se mantiene automáticamente la suspensión del contrato hasta que se produzca una decisión judicial firme y ello porque, aparte de lo dicho, frente a la desaparición de la justificación de la incomparecencia no basta la impugnación de una resolución administrativa en una relación externa a la laboral, sino que el trabajador ha de desarrollar, con la diligencia exigible en cada caso, una conducta positiva en orden a informar al empresario de la impugnación y a acreditar la subsistencia de una incapacidad temporal para el trabajo ofreciendo en su caso los medios para la verificación de esa situación por la empresa."

SEXTO.- En cuanto a la acción de cantidad.

En una primera respuesta a la misma hay que advertir que la actora en su hecho sexto reclama "salarios", si bien ha venido sosteniendo en su demanda la acción de despido sobre un relato fáctico de considerar que estaba en situación de IT. Es decir, siguiendo ese enfoque más que salarios se trataría de "prestaciones", lo que ya de por sí determinaría la necesidad de desacumulación. Ahora bien, si reclama salarios, en sentido contrario a lo expuesto, lleva a considerar la propia actora que no estaba de baja, por lo que debiera percibir su retribución. Es decir, vendía a negar incluso esa argumentación sostenida frente a su despido.

En todo caso, la doctrina legal en supuestos parecidos al presente, ha venido a consolidar el criterio de que al encontrarse las partes ligadas por un contrato sinalagmático, difícilmente puede reclamarse la contraprestación de los servicios prestados si estos servicios no se han realizado por causa no imputable al empresario. Todo ello, dentro del marco legal establecido en el art. 30 del ET. De forma concreta, la Sentencia TS, Sala Cuarta, de 27 de mayo de 2021, ( ROJ: STS 2264/2021 - Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE) en FJ QUINTO, punto 2, señala:

"2.- El salario retribuye el trabajo efectivo o el tiempo de descanso computable como de trabajo ( art. 26.1 del ET ). El art. 30 del ET establece que el trabajador conservará el derecho a su salario si no presta servicios por causa imputable al empresario y no al trabajador. En el caso contrario, si la falta de prestación de servicios es imputable únicamente al trabajador, que al incorporarse a su puesto de trabajo se retrasa, sin causa justificada, no concurre la prestación de servicios laborales que conlleva el devengo de la retribución.

Durante el tiempo en que el trabajador no presta servicios laborales, teniendo obligación de hacerlo, sin justificación alguna, el carácter sinalagmático del contrato de trabajo supone que no se devenga salario, sin que ello suponga una multa de haber.

En efecto, la multa de haber consiste en la detracción de salario devengado o al que el trabajador tiene derecho. En el supuesto enjuiciado, el trabajador no tiene derecho a percibir dicho salario porque no ha prestado servicios por causa imputable únicamente a él."

Dicha doctrina es perfectamente aplicable al presente caso, no se puede reclamar cantidades que no se han podido devengar por que no ha trabajado la actora, por lo que su reclamación salarial del hecho sexto carece de fundamento. Es más, la empresa realizó abonos de "nominas" tomando como referencia la finalización de efectos de la disconformidad (es decir, desde que se suponía que debía estar trabajando), por lo que dichos importes (los de marzo y abril 2022, ordinal DECIMO SEGUNDO de HP) no pueden ser imputados a trabajos prestados, de ahí que resulte totalmente adecuado tenerlos en cuenta con motivo del finiquito, evitando un doble pago o, dicho de otra manera, un enriquecimiento sin causa a favor de la actora. Por todo ello, procede la desestimación de la acción de cantidad acumulada.

SÉPTIMO.- Información de recursos

A tenor de lo dispuesto en el art. 97.4 de la LRJS se debe indicar a las partes procesales si la presente sentencia es firme o no, y en su caso los recursos que contra ella proceden, así como las circunstancias de su interposición.

En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente resolución no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de suplicación con todos los requisitos que en el fallo se señalan, según se desprende del art. 191 de la LRJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, procede dictar el siguiente