Sentencia Social 385/2024 Juzgado de lo Social de Cáceres nº 1, Rec. 346/2024 de 11 de noviembre del 2024

PRIMERO: Los hechos declarados probados resultan de la prueba documental, y testifical en relación con las reglas de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC y la del artículo 181. 2 LRJS. Se discute en el presente sobre si se ha producido o no una vulneración de derechos fundamentales, no discriminación y garantía de indemnidad, al negarse al actor la jubilación parcial. Procede, en primer lugar, responder a la excepción de variación sustancial de la demanda que opone la defensa del demandado.

SEGUNDO: Debe aquella ser rechazada, pues estando claro lo que se pide y con qué fundamento, la parte actora se limita hacer matizaciones que no generan indefensión en el contrario, al extremo de que toda la prueba practicada a su instancia sirve perfectamente al propósito teórico de enervar los argumentos del contrario. Como la indefensión constitucionalmente proscrita es la real y no, la teórica o hipotética, ha de estarse a lo que se dice.

TERCERO: La demanda afirma la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador quien, invocando su militancia sindical (por UGT) y su cualidad de presidente del comité de empresa, dice haber sido discriminado en relación con otros compañeros, así como represaliado con vulneración en este caso de la garantía de indemnidad. Antes de entrar en el fondo, procede recoger lo declarado por el testigo, que tiene la cualidad de delegado de la empresa en Cáceres. Se trata de Leandro, cuyas funciones son ser nexo de unión entre la central y la delegación de Cáceres. Refiere que no ha sido discriminado el actor y que el hecho de que se haya prejubilado Maximo, al 25% es para dar continuidad al entrante y al saliente. En orden a otras prejubilaciones, dice que siempre se contrata a un relevista fijo al 25%, si bien, el segundo criterio es que el que entra tiene que tener base de cotización del 65% del entrante. Los obreros suelen tener gran antigüedad y la base del relevado no suele cubrir la del que entra. Hay en marcha dos procesos 5 y 2 A, y en ninguno el 65% de su base es superior a la del actor, lo que no admite la jubilación. En el caso de Maximo, aclara, se quiso dar continuidad a un puesto que exigía cierta capacitación. Manejar la aplicación informática no es sencillo y como sabían que el aludido se iba a ir, pues tenía solvencia suficiente para hacerlo, dado que el problema era cubrir el tope del 65%, no quedó otra que buscar los complementos de puesto reconocido y vincularlos a la remuneración del nuevo contratado. Aclara que las plazas quedan desiertas por el poco sueldo que se ofrece. Las posibilidades reales, no lo eran, pues o se duplicaba el puesto de coordinador económico o se eliminaba por completo, si no se sincronizaba bien el proceso. Refiere que de las varias convocatorias para procesos selectivos, atendido el salario del actor, no se podía cubrir, pues no llegaban a ese 65% que la norma fija. Niega la existencia de discriminación, pues a otro empleado, el señor Emilio, que fue el anterior presidente del comité, no se le negó la prejubilación. El caso del actor sigue siendo especial, pues, visto su sueldo, ni siquiera sirve para relevo una vacante del grupo 5 (ingeniero técnico industrial) pues no llega a cubrir el citado importe.

CUARTO: Si se estuviera discutiendo sobre la decisión empresarial que obsta o impide al actor hacer buena su aspiración de beneficiarse de su jubilación parcial, se tendría que ponderar la normativa aplicable, tanto la previsión del artículo 12 LET cuando la del 215 LGSS en relación con la específica del convenio colectivo, en concreto la de su artículo 23. Lo cierto es que esta cuestión se obvia y, dando por sentado que el derecho existía y fue indebidamente conculcado, se afirma que el fundamento de la decisión empresarial estaba viciado de raíz por responder al móvil espurio de discriminar y represaliar al perjudicado.

QUINTO: No es tema menor, máxime al no ser ese el objeto del juicio. Valga lo dicho toda vez que para que la demanda prosperase habría que declarar antes que las peticiones del actor, cuanto menos la última, debieron ser atendidas. Lo cierto, de ahí la importancia del obstáculo, es que la parte se conformó con lo que había. Más claramente, admitió la legalidad de las sucesivas decisiones empresariales, ya fueran expresadas por silencio negativo, ex art. 23 del convenio, ya por resolución expresa. En consecuencia, aquellas, aún cuando no fueran ajustadas a Derecho, se dieron por buenas. Por lo tanto, no se puede ahora pretender que medió una plural vulneración de derechos fundamentales respecto de actos firmes.

SEXTO: Sea como fuere, visto que el artículo 12 del ET no impone una obligación a las partes, sino que habilita la posibilidad de suscribir los contratos en cuestión -particularmente, el de relevo-, debe estarse a lo que se dice, máxime cuando el 215 número 2, letra e de la LGSS al instituir la correspondencia entre las bases de cotización entre el relevista y el jubilado parcial, impone que la de aquel no puede ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización de los seis meses anteriores, y en el caso de autos, siendo las retribuciones anuales del actor en la anualidad correspondiente a abril de 2023 a marzo de 2024 de 34. 388, 52 euros, tendríamos que ese 65% se cubriría con un importe de más de 22.000 euros, en total, 22.352, 54 euros, que quedan por encima, salvo en un caso para una categoría superior a la del actor, coordinador económico, de los puestos ofertados a tal fin.

SÉPTIMO: Que otros obreros hayan visto satisfecho su interés no empece lo dicho, pues sería argumento idóneo para combatir con fundamento la decisión empresarial y no, para, consintiéndola, querer hacer valer luego que fue discriminatoria, pero sin ninguna consecuencia relevante, como sería su anulación con efectos ex tunc.

OCTAVO: Tampoco puede decirse que se vulneró la garantía de indemnidad, pues, como refiere la representación del Ministerio Fiscal, otro obrero que fue presidente del comité de empresa, Emilio, accedió a la prejubilación sin mayor problema, -no obstante haber promovido diversas acciones para la tutela de los derechos de sus compañeros, -lo que evidencia que la discriminación y la conculcación de la garantía de indemnidad no acontece en el caso de autos por la sola cualidad del demandante. Además, constan las peticiones de otros trabajadores que no constan atendidas: la de Sebastián, de 29 de julio de 2022, Leon de 17 de noviembre de 2023 y de Baltasar, 16 de abril de 2024 (docs 29 a 31 del ramo de la demandada)

NOVENO: Atendido el objeto litigioso, procede afirmar la recurribilidad de la presente ex art 191 LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE ME CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL,