Sentencia Social 342/2025 Juzgado de lo Social de Palencia nº 1, Rec. 684/2024 de 22 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Ejercita la actora la presente demanda al objeto de que se revoque la resolución del SPEE en virtud de la cual se impone la sanción de extinción de la prestación de desempleo que tenía reconocida, así como declara la percepción indebida de prestaciones. La infracción denunciada consiste en la creación de una situación de connivencia entre el trabajador y la empresa para, mediante fraude de Ley, obtener indebidamente prestaciones por desempleo, consistente en que el trabajador, tras haber estado en situación de excedencia, comunica su reincorporación sin hacerla efectiva, y por tanto siendo despedido por faltas de asistencia injustificadas; despido que, a diferencia de la baja voluntaria, va dirigido a posicionar al trabajador en situación legal de desempleo y consecuentemente a la obtención de la prestación por desempleo, que solicitó en pago único y dándose de alta como autónomo en la misma actividad que venía desempeñando en la empresa en la que prestaba servicios por cuenta ajena.

Alega la parte actora en apoyo de su pretensión, en síntesis, que la sanción se ha impuesto de forma arbitraria, no se le dio traslado oportunamente de la documentación, lo que incide en el derecho de defensa, y alega que no existe prueba alguna que sustente la sanción, al estar fundada únicamente en elementos indiciarios, como el propio acta de infracción admite. Añade que la falta de impugnación del despido no es un hecho decisivo para entender la existencia de convivencia con la empresa, ya que el despido está justificado por la falta de reincorporación del actor, siendo que la empresa no puede tramitar la baja voluntaria en ese caso sino un despido disciplinario, ya que no existe una dimisión, sino que el trabajador había manifestado su intención de reincorporarse y existieron una serie de desavenencias; habiéndose dedicado, además, el demandante, a la actividad competencia de la empresa, por lo que no parece razonable que haya acuerdo o connivencia.

El SPEE ratifica la resolución impugnada, alega haber dado cumplimiento de todos los requisitos formales en la tramitación del expediente, y se remite a las comprobaciones realizadas por la Inspección de Trabajo.

SEGUNDO.-El artículo 151.8 párrafo segundo de la LJS recoge que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Con relación al contenido de las actas de inspección de trabajo conviene recordar que como ha expresado reiteradamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 25-3-1992 [RJ 1992\3392] o 18-9-1992 [RJ 1992\6911]), que la presunción de veracidad o certeza (basada en la intervención de un órgano imparcial y especializado) que el legislador otorga a los hechos contenidos en las actas elaboradas por los inspectores y controladores de trabajo y seguridad social ( artículo 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril y artículo 22 del RD 396/1996, de 1 de marzo) no implican una injustificable inversión de la carga de la prueba que ocasione indefensión, al no suponer más que un mecanismo probatorio frente al que la parte puede oponer prueba que lo desvirtúe. El valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo y el alcance de la presunción de certeza de que disfrutan las mismas por ministerio de la ley, no las convierte en una prueba legal o tasada, en una pieza de convicción absoluta que impida al juez llegar a conclusiones distintas de las reflejadas en el acta, dado que es a él a quien corresponde, soberanamente, valorar el conjunto de los medios de prueba, accediendo a su propia convicción sobre la realidad de la infracción y sobre la responsabilidad del sancionado, pero teniendo en cuenta que, según el art. 150.2,d) de la LRJS, «las afirmaciones de hechos que se contengan en la resolución o comunicación base del proceso harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada», esto es, corresponde a la parte demandante en el presente caso acreditar con las pruebas precisas, que no se ajustan a la realidad los extremos constatados por la Inspección.

Por otra parte, la connivencia supone confabulación o acuerdo entre el empresario y trabajador con la finalidad de que éste pueda obtener prestaciones de desempleo a las que no tendría derecho o superiores a las que legalmente le corresponderían, bien mediante la simulación de una relación laboral que en la realidad no existe, bien aparentando unas condiciones contractuales que no se corresponden con la realidad. La prueba de concurrencia de la connivencia sólo es posible alcanzarla, en la mayoría de los casos, mediante indicios que se aprecian en la conducta contractual fraudulenta seguida entre el empresario y el trabajador. En ese sentido, en relación con la determinación de la existencia del fraude, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2009 ( RJ 2009, 3252 ) (rec. 2497/2008 ), ha señalado que: "La cuestión fundamental que desde siempre ha sido debatida es la afectante a la exigencia de « animus fraudandi » como requisito del fraude de ley. La jurisprudencia -de esta Sala IV y de la I - no ha sido siempre uniforme, oscilando entre la tesis objetiva (atiende al resultado prohibido) y la subjetiva (contempla la intención defraudatoria), sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS/I 22-diciembre-1997 (recurso 1667/1993 ), al caracterizar la figura « como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )" "Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden - para apreciar el fraude - a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma (al margen de la intención o propósito del autor), como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS/IV 19- junio-1995 -recurso 2371/1994 ; citada por la de 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS/IV 11-octubre-1991 -recurso 195/1991 y 5-diciembre-1991 -recurso 626/1991 ), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS/IV 6-febrero-2003 -recurso 1207/2002 ); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 5-diciembre- 1991 ( RJ 1991, 9041 ) -recurso 626/1991 ). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC ( LEG 1889, 27 ) es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS/IV 16-enero-1996 -recurso 693/1995 en contratación temporal ; y 31-mayo-2007 -recurso 401/2006 en contrato de aprendizaje)".

Asimismo, y en orden a la acreditación del fraude, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1993 ( RJ 1993, 2218 ) , (rec. 795/1992 ); de 24 de febrero de 2003 ( RJ 2003, 3018 ) , (rec. 4369/2001 ), 14 de mayo de 2008 ( RJ 2008, 3292 ) (rec. 884/2007 ) y la ya citada de 12 de mayo de 2009 (rec. 2497/2008 ) indican que: "La expresión no presunción del fraude ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario [al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos], pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, pues su existencia - como la del abuso de derecho - sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados" . En ese sentido , el art. 386.1 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , sobre presunciones judiciales, dispone que "A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Según la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1989 y 29 de marzo de 1993 ) la prueba de presunciones exige la cumplida demostración del hecho básico que le sirve de sustento y el enlace lógico, preciso y cumplidamente justificado entre el hecho y su consecuencia.

TERCERO.-Vista la doctrina de aplicación, en primer lugar significar que ningún defecto formal se acredita en la tramitación del expediente, debiendo entrar en el fondo del asunto. La resolución impugnada impone la sanción de extinción de la prestación contributiva por desempleo y el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas, sobre el resultado de las actividades inspectoras, que concluyen que el actor y la empresa acordaron su despido, pues una vez comunicada la decisión del trabajador de reincorporarse a su puesto de trabajo por fin de excedencia por cuidado de hijo, no acudió, lo que motivó el despido, el cual no fue impugnado; concluyendo que, en realidad, el actor se situó voluntariamente en esta situación, creando una apariencia de pérdida involuntaria del empleo con la finalidad de obtener la prestación, a diferencia de la baja voluntaria.

De la prueba practicada ha resultado acreditado y es indiscutido que el demandante fue objeto de un despido disciplinario por parte de la empresa en la que venía prestando servicios, motivado en ausencias injustificadas a su puesto de trabajo, tras la comunicación de su reincorporación por fin excedencia; consta que, en efecto, el actor no se reincorporó, y la empresa, junto con el despido, efectúa el documento de liquidación con el correspondiente descuento de los días referidos por absentismo. El artículo 262.1 de la LGSS dispone que "El presente título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de desempleo en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos del artículo 267 LGSS ".Pues bien, en relación con un asunto similar se ha pronunciado la Sala de lo Social del TSJ de Casilla y león en sentencia de fecha 29/6/2023 (recurso de suplicación 2192/2022), que considera que lo que dispone el artículo 267 LGSS es que se considera situación legal de desempleo el despido del trabajador, prescindiendo de cuáles sean los hechos que lo motiven, y sin que sea preciso para dicha situación la reclamación judicial o administrativa contra el mismo ni que el despido sea improcedente. Y añade, desestimando el recurso del SEPE: "En efecto, en el recurso se confunde a efectos de desempleo involuntario (en definitiva de situación legal de desempleo ) con los motivos que han ocasionado el despido, que siempre para que éste se ajuste a alguna de las causas legales ha de existir en aquellos culpabilidad del trabajador, artículo 54.1 del ET , por lo que en mayor o menor medida responden a su libre voluntad, con la voluntariedad en la extinción de la relación laboral, que en el caso del despido disciplinario que nos ocupa responde exclusivamente a la voluntad del empresario, repárese que nada hubiera impedido, si éste lo hubiera considerado oportuno, en vez de despedir al trabajador por las ausencias al trabajo que nos ocupan le hubiera sancionado, situación que no supondría la legal de desempleo, aunque las ausencias hubieran sido en uno y otro supuesto voluntarias e injustificadas.

Confunde el recurrente las consecuencias a efectos de prestación de desempleo de una la baja voluntaria con un despido procedente.

En consecuencia el recurso se va a desestimar con la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida como ya hizo la Sala en supuesto prácticamente idéntico en sentencia de fecha 27 de marzo de 2023 (JUR 2023, 204214) dictada en recurso 1044/2022 ; y de 9 de mayo de 2023 (JUR 2023, 250388) recurso 1946/2022 ".

En este caso, ésta es la situación de la que parte el SEPE en relación con el acta de infracción, que considera que el despido fue ficticio, debiendo en su lugar haberse tramitado una baja voluntaria. Y de la prueba practicada consta que el trabajador, en situación de excedencia por cuidado de hijo, comunicó su reincorporación, que luego no se hizo efectiva; desconocemos los motivos de tales faltas de asistencia, pero, en todo caso, justifican la comunicación de despido disciplinario, habiéndose realizado el correspondiente descuento por absentismo en la nómina. Por otra parte, el actor viene dedicándose a la misma actividad de la empresa, en competencia con la misma, elementos que permiten desdibujar la existencia de indicios que fundamenten el fraude.

Procede por lo expuesto, con estimación de la demanda, la revocación de la resolución impugnada.

CUARTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación (art. 191 LJS) .

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,