Sentencia Social 328/2025 Juzgado de lo Social de Lugo nº 1, Rec. 570/2024 de 26 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Delimitación de las pretensiones de la partes.

La entidad demandante impugna las resoluciones administrativas emitidas por la Consellería demandada, mostrando su disconformidad a la sanción impuesta por la Administración al considerar que el accidente es cierto, pero que la valoración jurídica que se realiza de ellos, no es la adecuada, argumentando que se interpretó mal por la inspección la utilización de giratroncos y su finalidad, no siendo necesaria para desempeñar las labores que estaba realizando el trabajador accidentado. Invoca también la sentencia recaída en la jurisdicción penal que absuelve al empresario.

La administración demandada se opuso a la demanda en primer lugar alegando la excepción de caducidad de la acción ejercitada, y en cuanto al fondo del asunto, en síntesis, ratificó las resoluciones administrativas y dando por reproducidos los hechos allí indicados, insistió en que concurren las infracciones señaladas en el acta de infracción, y que esta es proporcionada con los hechos constatados por la inspección de trabajo. Finalmente se opone a la alegación vertida en relación con el procedimiento penal, alegando que una cosa es la posible responsabilidad penal y otra cosa en el orden social por la que nos encontramos aquí, solicitando la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Valoración de la prueba practicada.

Conforme al relato de hechos declarados probados, que se deriva, de la apreciación de los elementos de convicción, art. 97.2 de la LRJS, a partir de la valoración de la prueba documental aportada por las partes litigantes y la testifical de Dª. Rosalia -encargada de la trabajadora accidentada que visionó las cámaras del lugar del accidente al día siguiente de que ocurriera-, propuesta a instancias de la empresa demandante; concretamente, en el caso de autos los hechos declarados probados en la presente resolución se derivan de la prueba practicada en este procedimiento y de las actuaciones y de los hechos que no resultan controvertidos.

TERCERO.- Sobre el supuesto de autos.

Como cuestión previa, procede resolver la excepción de caducidad alegada por la demandada, mediante la que indica que la empresa disponía de un plazo de dos meses para interponer la demanda desde que le fue notificada la resolución denegatoria del recurso de alzada, habiendo excedido dicho plazo. Frente a esta excepción formuló alegaciones la parte actora en el trámite de conclusiones.

La resolución impugnada lleva el siguiente pie de impugnación indicando un plazo de dos meses para interponer demandada en vía judicial: "Contra a presente resolución, que esgota á vía administrativa, de acordo co artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas poderá interpoñer recurso perante os xulgados sociais, no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da notificación desta resolución, de conformidade co disposto nos artigos 2.n) e 6.2.b) da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social."

Pues bien, la notificación de la resolución impugnada tuvo lugar el 27.05.2024 -según documento justificativo del sistema Notifica.gal unido al expediente de la Xunta, y la demanda fue presentada según justificante de Lexnet obrante al folio 13 del Visor-EXE, el día 14.07.2024, por lo que la demanda fue presentada antes de agotarse el plazo de dos meses concedido a tal efecto, puesto que dispondría de dos meses desde el día siguiente a recibir la notificación, siendo, por tanto, el díes a quoel 28.05.2024, y el dies ad quem,el 28.07.2024. La excepción de caducidad plantada por la demandada, debe decaer, desestimándose la misma.

Expuestas como anteceden las posiciones de las partes, entrando en el fondo del asunto la cuestión controvertida se ciñe a dilucidar si la empresa "EULEN, SL", en relación con el accidente de trabajo sufrido por Dª. María Dolores, incumplió las normas relativas a la protección y seguridad de los trabajadores al seguirse un procedimiento de trabajo inadecuado para realizar las tareas de limpieza en la panificadora "INGAPAN" que tenía subcontratadas tales labores de limpieza a la demandante, puesto que no se detuvo el equipo para realizar las operaciones de limpieza del equipo.

En la resolución impugnada se indica que los hechos descritos constituyen infracción de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, del artículo 3 y Anexo II.1 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (en particular Anexo II.1.1, II.1.3 y II.1.14).Tipificación, propuesta de sanción, graduación y cuantificación. La infracción está tipificada y calificada como grave en el artículo 12.16.B del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La sanción se gradúa en su grado mínimo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 y 39.3 del citado R.D. Legislativo 5/2000, por lo que, conforme al artículo 40.2.b se propone una sanción de 2.046 €.

Partiendo de lo anterior, procede traer a colación el art. 24 de la CE que impone a la Administración la carga de probar la existencia de culpa en el administrado, pues la presunción de inocencia se predica también del procedimiento administrativo sancionador. La especialidad se encuentra en la presunción de veracidad de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo. Así estas actas gozan de valor y fuerza probatoria, salvo prueba en contrario, por ser este un principio sancionado por el artículo 38 del Decreto 1986/1975, de 19 de julio y el artículo 52 de la Ley 8/1988, de siete de abril.

Pues bien, analizada la prueba en su conjunto, esta juzgadora considera que de los hechos, sobre los que no existe controversia, esto es, que en el momento del accidente, la trabajadora se encontraba realizando la limpieza/secado con una bayeta de una cinta transportadora identificada como "POS 1" que se encuentra integrada dentro de la línea de fabricación de pizzas (línea topping) titularidad de la empresa "INGAPAN", que tenía subcontratados los servicios de limpieza de su centro de trabajo a "EULEN, SL", se deduce que no hay indicios para considerar acreditada la infracción que se le imputa a la empresa. Así, "EULEN, SL" habría proporcionado a la trabajadora accidentada los equipos de protección individual, habría cumplido con las normas relativas a la protección y seguridad de los trabajadores al facilitar todos los medios necesarios y habiendo informado a la trabajadora de las instrucciones de limpieza de la máquina, contando la trabajadora con formación, al contemplarse en la evaluación de prevención de riesgos el riesgo de atrapamiento, pues, aunque no consta la existencia ni la entrega a la trabajadora de una "Ficha" de la sección de elaboración de pizzas (línea tooping) donde tuvo lugar el accidente, mientras que si que se acredita la aportación de fichas a la trabajadora con "Normas Básicas de actuación en Limpieza - PROCEDIMIENTO", entregadas a la trabajadora accidentada, de las siguientes secciones:

Sección: panaderia - Lugar: Cámaras de bolas. (Noviembre de 2015).

Sección amasado - Lugar: Cintas en máquinas formadoras.

Lugar: Sala de máquinas y falso techo.

Limpieza de mantenimiento de cintas en máquina formadora.

Lo cierto es que en la sala de elaboración de pizzas hay un "cartel" que advierte sobre el peligro de riesgo de atrapamiento, y en el que se indican las siguientes "normas básicas de limpieza aplicadas a cintas de transporte en movimiento":

En general, no acceder a elementos móviles con la máquina encendida; ni en movimiento; ni durante paradas del ciclo normal.

Nunca realizar desatascos y/o limpiezas manuales con la máquina en marcha.

Solo está permitido limpiar por la parte superior de las cintas de transporte de lona, y siempre en la zona central, nunca en los extremos de la parte inferior.

Cualquier rodillo, tanto de cintas como de máquinas, se limpiará en parado. Se encenderá para que se mueva y dejar accesible la parte oculta, y se volverá a parar para limpiarla. Esto se repetirá tantas veces como sea necesario.

Por lo que aunque no consta ficha especifica de la maquina cinta transportadora de la zona de pizzas entregada a la actora, el cartel visible que está expuesto en el lugar de trabajo, junto a la prueba practicada en su conjunto de la que se desprende que la trabajadora tenía conocimiento de que la máquina debiera limpiarse en parado, hacen concluir a esta juzgadora que nos encontramos ente una negligencia temeraria de la trabajadora, que eludiría la responsabilidad de la empresa. No obstante, dicha valoración conjunta de la prueba, tanto documental como testifical, entra en contraste con la declaración que la trabajadora accidentada dio ante la ITSS e ISSGA al indicar que tenía instrucciones de limpiar la máquina estando encendida, pero dado que no se pudo aclarar en el acto de juicio tal afirmación, o si se refería a encenderla para mover la cinta como indica el cartel del centro de trabajo, conllevan que esta juzgadora a descartar que existan indicios de que pudiera haberse adoptado una medida de seguridad superior por parte de la empresa que hubiera evitado el accidente, al entender que nos encontramos ante una negligencia temeraria.

Siendo no controvertido el incumplimiento por parte de la trabajadora del procedimiento de trabajo establecido, ya que no detuvo el equipo para realizar las operaciones de limpieza -no acceder a elementos móviles con la máquina encendida; Nunca realizar limpiezas manuales con la máquina en marcha; Sólo está permitido limpiar por la parte superior de las cintas, y siempre en la zona central, nunca en los extremos ni en la parte inferior; Cualquier rodillo, tanto de cintas como de máquinas, se limpiará en parado. Se encenderá para que se mueva y dejar accesible la parte oculta, y se volverá a parar para limpiarlo. Esto se repetirá tantas veces como sea necesario-, lo cierto es que la falta de entrega de dicha ficha de la zona de topping,constando informada la trabajadora, formada y con un cartel visible en dicha zona con instrucciones claras de tener apagada la máquina para limpiar la cinta, determinan que dicho incumplimiento del procedimiento de trabajo traiga razón de la negligencia exclusiva de la trabajadora, y no de la falta de medidas de seguridad adoptadas por la empresa.

Como se afirma por la doctrina jurisprudencial (TS núm. 149/2019 de 28 febrero, rec. 508/2017, con cita de las del mismo Tribunal de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, y 4 de mayo de 2015, rec. 1281/2014): "sobre la base de que el empresario es deudor de seguridad, se concluye que estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que conlleva, conforme al art. 217 de la L.E.C. y al 1.183 del Código Civil , que sea el empresario quien deba probar que actuó con toda la diligencias que le era exigible, quedando exento de responsabilidad, como en esta sentencia, se dice "cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario (argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL ), pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente"; doctrina que aparece en la actualidad recogida en el art. 96.2 de la LRJS. No puede considerarse en el supuesto que nos ocupa, que conforme a la carga de la prueba que le corresponde a la empresa, quede acreditada la culpa exclusiva de la trabajadora. Además, los anteriores hechos han sido constatados por el inspector de trabajo, y no han sido desvirtuados.

Por consiguiente, procede la estimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y especial aplicación.

CUARTO.- Impugnación de la presente resolución.

Conforme al artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la presente resolución es susceptible de recurso de suplicación, al haber sido dictada en proceso de impugnación de acto administrativo en materia laboral o de Seguridad Social no prestacional, al exceder la cuantía litigiosa de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,