Sentencia Social 35/2026 Juzgado de lo Social de Burgos nº 3, Rec. 890/2021 de 30 de enero del 2026

PRIMERO. -Los documentos obrantes en el expediente administrativo y las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio, constituyen las fuentes de prueba que corroboran el anterior relato de hechos probados.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se impugna la resolución de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, de fecha 09.04.2021, confirmatoria del acta de infracción NUM000 emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, por la que se acuerda imponer al actor una sanción de 2.046€, así como la posterior Resolución recaída en el expediente NUM002, de fecha 28.10.2021, de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León (Documento número 3 de la demanda), resolutorio del recurso de alzada interpuesto el 29.06.2021, al entender que, queda totalmente desvirtuada la presunción de certeza del acta impugnada, y ello porque no se ha producido el más mínimo incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pues los procedimientos de trabajo a los que alude el acta de infracción como presuntamente infringidos, carecen de valor en la determinación de las causas del accidente al tratarse de procedimientos que no guardan relación directa alguna con el accidente, resultando, por otra parte, totalmente desproporcionada, y no ajustada a derecho, tanto la sanción, como la propuesta de recargo de prestaciones de un 30% que en el acta de infracción se efectúa, pues ninguna infracción en materia de prevención de riesgos laborales se ha producido, y aun en el supuesto de que alguna se hubiera producido, la misma nunca sería causa directa del desgraciado accidente y, en cualquier caso, sería de tan escasa entidad que no sería merecedora de tal sanción.

TERCERO.- Se alega en primer lugar por el demandante la nulidad de la resolución por vicios en el procedimiento de la actuación inspectora que privarían a la misma de su presunción de veracidad.

Examinado el expediente administrativo, no se aprecia por esta Juzgadora ninguna infracción procedimental invocada en la demanda. Tampoco puede atenderse la alegación de la demanda respecto a la falta de motivación de las resoluciones impugnadas, puesto que en ellas se recogen clara y perfectamente detallados los hechos constatados por el Inspector de trabajo, la infracción que constituyen conforme a los preceptos legales de aplicación, la graduación de la pena propuesta, así como el plazo para formular alegaciones, por lo que ninguna indefensión genera a la empresa demandante. Por lo expuesto, no ha lugar a declarar la nulidad de la sanción impuesta al no apreciarse infracción de normas del procedimiento.

CUARTO.- Por lo que se refiere al fondo del asunto, se impugna la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de fecha 28.10.2021, desestimatoria del recurso de alzada presentado por la empresa demandante frente a la resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, de 09.04.2021, en la que, acogiendo la propuesta contenida en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, se impuso a la mencionada, una sanción económica de 2.046 euros, por la comisión de una infracción grave por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.

Debemos partir de la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, y al respecto cabe señalar que tanto el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículo 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente, estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, no a las apreciaciones, juicios de valor o calificaciones jurídicas que pudieren contenerse en aquellas actas. ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar o señalar los administrados".

Es decir, que el valor y entidad de las actas ponderables por la Administración decisoria y por la jurisdicción controladora sólo pueden fundarse en supuestos mensurables y objetivos, acreditativos por vía directa e inmediata y de forma obvia de los hechos que se imputan, por lo que cuando se parte de un acta que reúna tales características presuntivas de la veracidad de la infracción que en la misma se plasma, tan pronto concurra una prueba en contrario, dimanante de la propia objetividad de los hechos constatados o, en su caso, de la actividad defensiva del propio infractor, cesará el valor y fuerza iniciales de aquella que habrá de calibrarse entonces, exclusivamente, en el caso de que esa prueba tenga entidad, en principio, realmente desvirtuadora, en conexión y armonía con el resto de los elementos de juicio de que se disponga en el caso controvertido, ( Sentencia del TS de 27 de mayo de 1996).

La resolución sancionadora impugnada se sustenta en los hechos constatados por la Inspección de Trabajo con motivo de la visita girada en fecha 09.04.2021.

Se indica en el acta que existían deficiencias en el mantenimiento preventivo del equipo, no siguiendo las instrucciones del fabricante ni las de la planificación empresarial: cambiar la batería cada 2 años, recargar la batería cada 1 o 2 meses. También se recomienda retirar la batería cuando su uso no sea habitual (almacenamiento prolongado).

A este respecto, la prueba practicada no ha permitido desvirtuar lo indicado por el Inspector en el Acta respecto al incumplimiento de las instrucciones del fabricante y de la planificación empresarial en relación con la sustitución de la batería cada 2 años, la recarga cada 1 o 2 meses y la retirada de esta en caso de no uso. El acta de mantenimiento interno (Documento 17 del ramo de prueba de la parte demandante) no recoge ninguna indicación en el apartado de batería, y el de mantenimiento externo (Documento 18 del ramo de prueba de la parte demandante), es anterior en más de dos meses a la fecha del accidente.

Respecto de la inexistencia de procedimiento de trabajo para ejecutar con seguridad la operación de carga de la batería, que, entre otros aspectos, impida que se encuentren trabajadores cerca de la zona de influencia del equipo automotor (Kubota), resulta relevante el Informe del Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud laboral de la oficina territorial de Trabajo, en el que se pone de manifiesto "otro hecho destacado que está relacionado con la falta de planificación de este trabajo. Los dos compañeros ( Fidel y Jesús) colaboran en la operación de poner las pinzas a la batería del Kubota. Ambos tienen algunas opiniones distintas sobre cómo ejecutar la tarea. la declaración de D. Fidel discreparon previamente a la puesta en marcha del vehículo sobre las siguientes acciones; Por donde colocar a la batería la pinza roja (por el interior de la protección derecha o por el exterior y meterla por el lado izquierdo). Si retirar o no la protección izquierda del motor. La necesidad o no de sujetar la pinza roja durante la puesta en marcha del vehículo. Ambos trabajadores tienen experiencia y no tienen relación de subordinación entre ellos. La idea de ir en busca del arrancador fue de D. Fidel. Una vez que las pinzas están colocadas, Fidel sube a la cabina para dar el contacto y poner en marcha el Kubota. Este trabajador no acciona el freno de mano ni comprueba correctamente la posición de la palanca de cambios antes de hacer el contacto de puesta en marcha del motor con la llave. Al dar el contacto el tractor se mueve unos dos metros con potencia. Por último, la posición de Jesús en la trayectoria del movimiento del tractor mientras sujeta con su mano la pinza roja posibilita finalmente la materialización del accidente de trabajo".

De lo expuesto se deduce que, a pesar de ampararse la demandante en que la carga de la batería se trata de una operación tan sencilla que no requiere la fijación de un procedimiento específico, las manifestaciones recogidas en el acta demuestran que dicha operación fue determinante en la producción del accidente.

QUINTO.- En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto procede desestimar la presente demanda al entender que la sanción impuesta a la empresa demandante es ajustada a derecho.

SEXTO.- Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. -Los documentos obrantes en el expediente administrativo y las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio, constituyen las fuentes de prueba que corroboran el anterior relato de hechos probados.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se impugna la resolución de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, de fecha 09.04.2021, confirmatoria del acta de infracción NUM000 emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, por la que se acuerda imponer al actor una sanción de 2.046€, así como la posterior Resolución recaída en el expediente NUM002, de fecha 28.10.2021, de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León (Documento número 3 de la demanda), resolutorio del recurso de alzada interpuesto el 29.06.2021, al entender que, queda totalmente desvirtuada la presunción de certeza del acta impugnada, y ello porque no se ha producido el más mínimo incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pues los procedimientos de trabajo a los que alude el acta de infracción como presuntamente infringidos, carecen de valor en la determinación de las causas del accidente al tratarse de procedimientos que no guardan relación directa alguna con el accidente, resultando, por otra parte, totalmente desproporcionada, y no ajustada a derecho, tanto la sanción, como la propuesta de recargo de prestaciones de un 30% que en el acta de infracción se efectúa, pues ninguna infracción en materia de prevención de riesgos laborales se ha producido, y aun en el supuesto de que alguna se hubiera producido, la misma nunca sería causa directa del desgraciado accidente y, en cualquier caso, sería de tan escasa entidad que no sería merecedora de tal sanción.

TERCERO.- Se alega en primer lugar por el demandante la nulidad de la resolución por vicios en el procedimiento de la actuación inspectora que privarían a la misma de su presunción de veracidad.

Examinado el expediente administrativo, no se aprecia por esta Juzgadora ninguna infracción procedimental invocada en la demanda. Tampoco puede atenderse la alegación de la demanda respecto a la falta de motivación de las resoluciones impugnadas, puesto que en ellas se recogen clara y perfectamente detallados los hechos constatados por el Inspector de trabajo, la infracción que constituyen conforme a los preceptos legales de aplicación, la graduación de la pena propuesta, así como el plazo para formular alegaciones, por lo que ninguna indefensión genera a la empresa demandante. Por lo expuesto, no ha lugar a declarar la nulidad de la sanción impuesta al no apreciarse infracción de normas del procedimiento.

CUARTO.- Por lo que se refiere al fondo del asunto, se impugna la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de fecha 28.10.2021, desestimatoria del recurso de alzada presentado por la empresa demandante frente a la resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, de 09.04.2021, en la que, acogiendo la propuesta contenida en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, se impuso a la mencionada, una sanción económica de 2.046 euros, por la comisión de una infracción grave por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.

Debemos partir de la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, y al respecto cabe señalar que tanto el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículo 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente, estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, no a las apreciaciones, juicios de valor o calificaciones jurídicas que pudieren contenerse en aquellas actas. ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar o señalar los administrados".

Es decir, que el valor y entidad de las actas ponderables por la Administración decisoria y por la jurisdicción controladora sólo pueden fundarse en supuestos mensurables y objetivos, acreditativos por vía directa e inmediata y de forma obvia de los hechos que se imputan, por lo que cuando se parte de un acta que reúna tales características presuntivas de la veracidad de la infracción que en la misma se plasma, tan pronto concurra una prueba en contrario, dimanante de la propia objetividad de los hechos constatados o, en su caso, de la actividad defensiva del propio infractor, cesará el valor y fuerza iniciales de aquella que habrá de calibrarse entonces, exclusivamente, en el caso de que esa prueba tenga entidad, en principio, realmente desvirtuadora, en conexión y armonía con el resto de los elementos de juicio de que se disponga en el caso controvertido, ( Sentencia del TS de 27 de mayo de 1996).

La resolución sancionadora impugnada se sustenta en los hechos constatados por la Inspección de Trabajo con motivo de la visita girada en fecha 09.04.2021.

Se indica en el acta que existían deficiencias en el mantenimiento preventivo del equipo, no siguiendo las instrucciones del fabricante ni las de la planificación empresarial: cambiar la batería cada 2 años, recargar la batería cada 1 o 2 meses. También se recomienda retirar la batería cuando su uso no sea habitual (almacenamiento prolongado).

A este respecto, la prueba practicada no ha permitido desvirtuar lo indicado por el Inspector en el Acta respecto al incumplimiento de las instrucciones del fabricante y de la planificación empresarial en relación con la sustitución de la batería cada 2 años, la recarga cada 1 o 2 meses y la retirada de esta en caso de no uso. El acta de mantenimiento interno (Documento 17 del ramo de prueba de la parte demandante) no recoge ninguna indicación en el apartado de batería, y el de mantenimiento externo (Documento 18 del ramo de prueba de la parte demandante), es anterior en más de dos meses a la fecha del accidente.

Respecto de la inexistencia de procedimiento de trabajo para ejecutar con seguridad la operación de carga de la batería, que, entre otros aspectos, impida que se encuentren trabajadores cerca de la zona de influencia del equipo automotor (Kubota), resulta relevante el Informe del Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud laboral de la oficina territorial de Trabajo, en el que se pone de manifiesto "otro hecho destacado que está relacionado con la falta de planificación de este trabajo. Los dos compañeros ( Fidel y Jesús) colaboran en la operación de poner las pinzas a la batería del Kubota. Ambos tienen algunas opiniones distintas sobre cómo ejecutar la tarea. la declaración de D. Fidel discreparon previamente a la puesta en marcha del vehículo sobre las siguientes acciones; Por donde colocar a la batería la pinza roja (por el interior de la protección derecha o por el exterior y meterla por el lado izquierdo). Si retirar o no la protección izquierda del motor. La necesidad o no de sujetar la pinza roja durante la puesta en marcha del vehículo. Ambos trabajadores tienen experiencia y no tienen relación de subordinación entre ellos. La idea de ir en busca del arrancador fue de D. Fidel. Una vez que las pinzas están colocadas, Fidel sube a la cabina para dar el contacto y poner en marcha el Kubota. Este trabajador no acciona el freno de mano ni comprueba correctamente la posición de la palanca de cambios antes de hacer el contacto de puesta en marcha del motor con la llave. Al dar el contacto el tractor se mueve unos dos metros con potencia. Por último, la posición de Jesús en la trayectoria del movimiento del tractor mientras sujeta con su mano la pinza roja posibilita finalmente la materialización del accidente de trabajo".

De lo expuesto se deduce que, a pesar de ampararse la demandante en que la carga de la batería se trata de una operación tan sencilla que no requiere la fijación de un procedimiento específico, las manifestaciones recogidas en el acta demuestran que dicha operación fue determinante en la producción del accidente.

QUINTO.- En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto procede desestimar la presente demanda al entender que la sanción impuesta a la empresa demandante es ajustada a derecho.

SEXTO.- Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. -Los documentos obrantes en el expediente administrativo y las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio, constituyen las fuentes de prueba que corroboran el anterior relato de hechos probados.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se impugna la resolución de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, de fecha 09.04.2021, confirmatoria del acta de infracción NUM000 emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, por la que se acuerda imponer al actor una sanción de 2.046€, así como la posterior Resolución recaída en el expediente NUM002, de fecha 28.10.2021, de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León (Documento número 3 de la demanda), resolutorio del recurso de alzada interpuesto el 29.06.2021, al entender que, queda totalmente desvirtuada la presunción de certeza del acta impugnada, y ello porque no se ha producido el más mínimo incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pues los procedimientos de trabajo a los que alude el acta de infracción como presuntamente infringidos, carecen de valor en la determinación de las causas del accidente al tratarse de procedimientos que no guardan relación directa alguna con el accidente, resultando, por otra parte, totalmente desproporcionada, y no ajustada a derecho, tanto la sanción, como la propuesta de recargo de prestaciones de un 30% que en el acta de infracción se efectúa, pues ninguna infracción en materia de prevención de riesgos laborales se ha producido, y aun en el supuesto de que alguna se hubiera producido, la misma nunca sería causa directa del desgraciado accidente y, en cualquier caso, sería de tan escasa entidad que no sería merecedora de tal sanción.

TERCERO.- Se alega en primer lugar por el demandante la nulidad de la resolución por vicios en el procedimiento de la actuación inspectora que privarían a la misma de su presunción de veracidad.

Examinado el expediente administrativo, no se aprecia por esta Juzgadora ninguna infracción procedimental invocada en la demanda. Tampoco puede atenderse la alegación de la demanda respecto a la falta de motivación de las resoluciones impugnadas, puesto que en ellas se recogen clara y perfectamente detallados los hechos constatados por el Inspector de trabajo, la infracción que constituyen conforme a los preceptos legales de aplicación, la graduación de la pena propuesta, así como el plazo para formular alegaciones, por lo que ninguna indefensión genera a la empresa demandante. Por lo expuesto, no ha lugar a declarar la nulidad de la sanción impuesta al no apreciarse infracción de normas del procedimiento.

CUARTO.- Por lo que se refiere al fondo del asunto, se impugna la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de fecha 28.10.2021, desestimatoria del recurso de alzada presentado por la empresa demandante frente a la resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, de 09.04.2021, en la que, acogiendo la propuesta contenida en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, se impuso a la mencionada, una sanción económica de 2.046 euros, por la comisión de una infracción grave por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.

Debemos partir de la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, y al respecto cabe señalar que tanto el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículo 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente, estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, no a las apreciaciones, juicios de valor o calificaciones jurídicas que pudieren contenerse en aquellas actas. ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar o señalar los administrados".

Es decir, que el valor y entidad de las actas ponderables por la Administración decisoria y por la jurisdicción controladora sólo pueden fundarse en supuestos mensurables y objetivos, acreditativos por vía directa e inmediata y de forma obvia de los hechos que se imputan, por lo que cuando se parte de un acta que reúna tales características presuntivas de la veracidad de la infracción que en la misma se plasma, tan pronto concurra una prueba en contrario, dimanante de la propia objetividad de los hechos constatados o, en su caso, de la actividad defensiva del propio infractor, cesará el valor y fuerza iniciales de aquella que habrá de calibrarse entonces, exclusivamente, en el caso de que esa prueba tenga entidad, en principio, realmente desvirtuadora, en conexión y armonía con el resto de los elementos de juicio de que se disponga en el caso controvertido, ( Sentencia del TS de 27 de mayo de 1996).

La resolución sancionadora impugnada se sustenta en los hechos constatados por la Inspección de Trabajo con motivo de la visita girada en fecha 09.04.2021.

Se indica en el acta que existían deficiencias en el mantenimiento preventivo del equipo, no siguiendo las instrucciones del fabricante ni las de la planificación empresarial: cambiar la batería cada 2 años, recargar la batería cada 1 o 2 meses. También se recomienda retirar la batería cuando su uso no sea habitual (almacenamiento prolongado).

A este respecto, la prueba practicada no ha permitido desvirtuar lo indicado por el Inspector en el Acta respecto al incumplimiento de las instrucciones del fabricante y de la planificación empresarial en relación con la sustitución de la batería cada 2 años, la recarga cada 1 o 2 meses y la retirada de esta en caso de no uso. El acta de mantenimiento interno (Documento 17 del ramo de prueba de la parte demandante) no recoge ninguna indicación en el apartado de batería, y el de mantenimiento externo (Documento 18 del ramo de prueba de la parte demandante), es anterior en más de dos meses a la fecha del accidente.

Respecto de la inexistencia de procedimiento de trabajo para ejecutar con seguridad la operación de carga de la batería, que, entre otros aspectos, impida que se encuentren trabajadores cerca de la zona de influencia del equipo automotor (Kubota), resulta relevante el Informe del Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud laboral de la oficina territorial de Trabajo, en el que se pone de manifiesto "otro hecho destacado que está relacionado con la falta de planificación de este trabajo. Los dos compañeros ( Fidel y Jesús) colaboran en la operación de poner las pinzas a la batería del Kubota. Ambos tienen algunas opiniones distintas sobre cómo ejecutar la tarea. la declaración de D. Fidel discreparon previamente a la puesta en marcha del vehículo sobre las siguientes acciones; Por donde colocar a la batería la pinza roja (por el interior de la protección derecha o por el exterior y meterla por el lado izquierdo). Si retirar o no la protección izquierda del motor. La necesidad o no de sujetar la pinza roja durante la puesta en marcha del vehículo. Ambos trabajadores tienen experiencia y no tienen relación de subordinación entre ellos. La idea de ir en busca del arrancador fue de D. Fidel. Una vez que las pinzas están colocadas, Fidel sube a la cabina para dar el contacto y poner en marcha el Kubota. Este trabajador no acciona el freno de mano ni comprueba correctamente la posición de la palanca de cambios antes de hacer el contacto de puesta en marcha del motor con la llave. Al dar el contacto el tractor se mueve unos dos metros con potencia. Por último, la posición de Jesús en la trayectoria del movimiento del tractor mientras sujeta con su mano la pinza roja posibilita finalmente la materialización del accidente de trabajo".

De lo expuesto se deduce que, a pesar de ampararse la demandante en que la carga de la batería se trata de una operación tan sencilla que no requiere la fijación de un procedimiento específico, las manifestaciones recogidas en el acta demuestran que dicha operación fue determinante en la producción del accidente.

QUINTO.- En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto procede desestimar la presente demanda al entender que la sanción impuesta a la empresa demandante es ajustada a derecho.

SEXTO.- Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. -Los documentos obrantes en el expediente administrativo y las declaraciones testificales practicadas en el acto del juicio, constituyen las fuentes de prueba que corroboran el anterior relato de hechos probados.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se impugna la resolución de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, de fecha 09.04.2021, confirmatoria del acta de infracción NUM000 emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, por la que se acuerda imponer al actor una sanción de 2.046€, así como la posterior Resolución recaída en el expediente NUM002, de fecha 28.10.2021, de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León (Documento número 3 de la demanda), resolutorio del recurso de alzada interpuesto el 29.06.2021, al entender que, queda totalmente desvirtuada la presunción de certeza del acta impugnada, y ello porque no se ha producido el más mínimo incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, pues los procedimientos de trabajo a los que alude el acta de infracción como presuntamente infringidos, carecen de valor en la determinación de las causas del accidente al tratarse de procedimientos que no guardan relación directa alguna con el accidente, resultando, por otra parte, totalmente desproporcionada, y no ajustada a derecho, tanto la sanción, como la propuesta de recargo de prestaciones de un 30% que en el acta de infracción se efectúa, pues ninguna infracción en materia de prevención de riesgos laborales se ha producido, y aun en el supuesto de que alguna se hubiera producido, la misma nunca sería causa directa del desgraciado accidente y, en cualquier caso, sería de tan escasa entidad que no sería merecedora de tal sanción.

TERCERO.- Se alega en primer lugar por el demandante la nulidad de la resolución por vicios en el procedimiento de la actuación inspectora que privarían a la misma de su presunción de veracidad.

Examinado el expediente administrativo, no se aprecia por esta Juzgadora ninguna infracción procedimental invocada en la demanda. Tampoco puede atenderse la alegación de la demanda respecto a la falta de motivación de las resoluciones impugnadas, puesto que en ellas se recogen clara y perfectamente detallados los hechos constatados por el Inspector de trabajo, la infracción que constituyen conforme a los preceptos legales de aplicación, la graduación de la pena propuesta, así como el plazo para formular alegaciones, por lo que ninguna indefensión genera a la empresa demandante. Por lo expuesto, no ha lugar a declarar la nulidad de la sanción impuesta al no apreciarse infracción de normas del procedimiento.

CUARTO.- Por lo que se refiere al fondo del asunto, se impugna la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, de fecha 28.10.2021, desestimatoria del recurso de alzada presentado por la empresa demandante frente a la resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, de 09.04.2021, en la que, acogiendo la propuesta contenida en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, se impuso a la mencionada, una sanción económica de 2.046 euros, por la comisión de una infracción grave por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados.

Debemos partir de la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de Trabajo, y al respecto cabe señalar que tanto el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículo 15 de Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente, estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

Por otra parte, el valor probatorio de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a las Actas de Inspección, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, no a las apreciaciones, juicios de valor o calificaciones jurídicas que pudieren contenerse en aquellas actas. ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996). Por ello, concluye la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 8 de mayo de 2000, que: "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar o señalar los administrados".

Es decir, que el valor y entidad de las actas ponderables por la Administración decisoria y por la jurisdicción controladora sólo pueden fundarse en supuestos mensurables y objetivos, acreditativos por vía directa e inmediata y de forma obvia de los hechos que se imputan, por lo que cuando se parte de un acta que reúna tales características presuntivas de la veracidad de la infracción que en la misma se plasma, tan pronto concurra una prueba en contrario, dimanante de la propia objetividad de los hechos constatados o, en su caso, de la actividad defensiva del propio infractor, cesará el valor y fuerza iniciales de aquella que habrá de calibrarse entonces, exclusivamente, en el caso de que esa prueba tenga entidad, en principio, realmente desvirtuadora, en conexión y armonía con el resto de los elementos de juicio de que se disponga en el caso controvertido, ( Sentencia del TS de 27 de mayo de 1996).

La resolución sancionadora impugnada se sustenta en los hechos constatados por la Inspección de Trabajo con motivo de la visita girada en fecha 09.04.2021.

Se indica en el acta que existían deficiencias en el mantenimiento preventivo del equipo, no siguiendo las instrucciones del fabricante ni las de la planificación empresarial: cambiar la batería cada 2 años, recargar la batería cada 1 o 2 meses. También se recomienda retirar la batería cuando su uso no sea habitual (almacenamiento prolongado).

A este respecto, la prueba practicada no ha permitido desvirtuar lo indicado por el Inspector en el Acta respecto al incumplimiento de las instrucciones del fabricante y de la planificación empresarial en relación con la sustitución de la batería cada 2 años, la recarga cada 1 o 2 meses y la retirada de esta en caso de no uso. El acta de mantenimiento interno (Documento 17 del ramo de prueba de la parte demandante) no recoge ninguna indicación en el apartado de batería, y el de mantenimiento externo (Documento 18 del ramo de prueba de la parte demandante), es anterior en más de dos meses a la fecha del accidente.

Respecto de la inexistencia de procedimiento de trabajo para ejecutar con seguridad la operación de carga de la batería, que, entre otros aspectos, impida que se encuentren trabajadores cerca de la zona de influencia del equipo automotor (Kubota), resulta relevante el Informe del Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud laboral de la oficina territorial de Trabajo, en el que se pone de manifiesto "otro hecho destacado que está relacionado con la falta de planificación de este trabajo. Los dos compañeros ( Fidel y Jesús) colaboran en la operación de poner las pinzas a la batería del Kubota. Ambos tienen algunas opiniones distintas sobre cómo ejecutar la tarea. la declaración de D. Fidel discreparon previamente a la puesta en marcha del vehículo sobre las siguientes acciones; Por donde colocar a la batería la pinza roja (por el interior de la protección derecha o por el exterior y meterla por el lado izquierdo). Si retirar o no la protección izquierda del motor. La necesidad o no de sujetar la pinza roja durante la puesta en marcha del vehículo. Ambos trabajadores tienen experiencia y no tienen relación de subordinación entre ellos. La idea de ir en busca del arrancador fue de D. Fidel. Una vez que las pinzas están colocadas, Fidel sube a la cabina para dar el contacto y poner en marcha el Kubota. Este trabajador no acciona el freno de mano ni comprueba correctamente la posición de la palanca de cambios antes de hacer el contacto de puesta en marcha del motor con la llave. Al dar el contacto el tractor se mueve unos dos metros con potencia. Por último, la posición de Jesús en la trayectoria del movimiento del tractor mientras sujeta con su mano la pinza roja posibilita finalmente la materialización del accidente de trabajo".

De lo expuesto se deduce que, a pesar de ampararse la demandante en que la carga de la batería se trata de una operación tan sencilla que no requiere la fijación de un procedimiento específico, las manifestaciones recogidas en el acta demuestran que dicha operación fue determinante en la producción del accidente.

QUINTO.- En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto procede desestimar la presente demanda al entender que la sanción impuesta a la empresa demandante es ajustada a derecho.

SEXTO.- Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la LRJS.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,