Sentencia Social 268/2025 Juzgado de lo Social de Palma nº 4, Rec. 337/2019 de 11 de noviembre del 2025

PRIMERO.-Los anteriores hechos han sido declarados probados como resultado de la libre y conjunta valoración de la prueba practicada, conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91.2 de la LRJS, consistente en el expediente administrativo y documentación obrante en el mismo, así como la aportada por la empresa, y la declaración testifical de Dª Montserrat.

SEGUNDO. -Previo a la resolución del fondo debemos pronunciarnos sobre la excepción alegada por la demandante, de caducidad del procedimiento sancionador,pues alega que el 26 de enero de 2018 se había cumplido con la actividad de instrucción, y ello a pesar de los requerimientos de información efectuados posteriormente, el último en fecha 6 de abril, ya que éstos se referían únicamente a las sanciones por el tema de las vacaciones, puesto que el acta de infracción es de fecha 1 de agosto, por tanto, transcurridos más de 5 meses desde el 26 de enero de 2018, al menos respecto de la infracción sobre los trabajadores no incluidos en el ERTE cabría deducir la caducidad del procedimiento, conforme al artículo 17.4, del Real Decreto 138/2000. Pero en la conclusión del expediente ya se manifiesta que existían una serie de irregularidades, y se reanuda el procedimiento de inspección, asimismo, no puede acogerse como correcto el hecho de intentar prescribir el procedimiento de inspección respecto de la mitad del acta, es decir, solo respecto de una de las infracciones, y no respecto del total, pues no puede entenderse que se ha finalizado el procedimiento si no han finalizado las actuaciones respecto a todos los hechos investigados en la misma Acta.

Se desestima, por tanto, la pretensión de excepción de caducidad o de prescripción del procedimiento.

En cuanto al FONDO del asunto, centra su impugnación en que existen en la demanda errores en el relato de hechos del Acta de Infracción, lo que determinaría que del Acta de Infracción no podría deducirse infracción alguna, pues, en primer lugar, no están conformes en la primera de las conclusiones por cuanto el número de trabajadores a los que se les ha suspendido el contrato (cuatro) no son solo los compelidos a hacerlo, si no que los afectados por las obras realizadas eran 45, y que de todos ellos, después de realizado el preceptivo procedimiento, existe acuerdo con 4 de ellos en suspender el contrato mediante expediente de regulación suspensivo, y los demás se acogieron a las medidas alternativas para compensar y evitar los perjuicios de estar incluidos en un ERTE, y que ello se trató con la comisión negociadora. Que no se obligó a tales trabajadores, y que se procedió según la normativa aplicable.

La demandada, alega de contrario que la Resolución impugnada es conforme a derecho, y niega que las alegaciones de la demandante puedan tener acogida legal, que no se desvirtúan los hechos relatados en el Acta de Infracción, y que, como consecuencia, dichos hechos suponen la comisión por parte de la empresa de dos infracciones, una muy grave y otra grave, a la que se anudan las dos sanciones impuestas. En cuanto a la gradación de las sanciones, se considera que sí existe base para que el relato de los hechos probados se pueda considerar como supuestos de infracción habiéndose expresado las distintas agravaciones que motivan tal gradación.

TERCERO.-Las actuaciones inspectoras derivan de solicitud de informe realizada por la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno Balear, dentro del procedimiento de regulación de empleo número NUM002, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3.b) y c), de la Ley 23/2015, LOITSS, y de ellas se han deducido una serie de hechos objetivos que se subsumen en dos infracciones a las que se anudan las dos sanciones impuestas, como consta en el relato de hechos probados.

CUARTO.- Las infracciones:

- Respecto a la primera de las sancionesimpuestas a la empresa, en materia de relaciones laborales, se califican en la LISOS en leves, graves y muy graves, según la concreta materia de tal naturaleza infringida. Así, después de la descripción típica del art. 5.1: "Son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley. Asimismo, tendrán dicha consideración las demás acciones u omisiones de los sujetos responsables en las materias que se regulan en el presente capítulo".

A continuación, se recoge en el art.8.3 que se sanciona como INFRACCIÓN MUY GRAVE "proceder al despido colectivo de trabajadores o a la aplicación de medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor o del Mecanismo RED en cualquiera de sus modalidades, sin acudir a los procedimientos establecidos en los artículos 51 , 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores ".

Presupuesto en el que se incardina la actuación de la empresa, según lo reflejado en el Acta de Infracción, transcrita anteriormente.

Infracción a la que corresponde la sanción que se debe cuantificar según la regla que establece el artículo 40.1.c) de la misma LISOS: "1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevención de riesgos laborales, que quedarán encuadradas en el apartado 2 de este artículo, así como las infracciones por obstrucción se sancionarán: c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros."

Al haberse estimado que concurrieron varias agravaciones, será procedente la sanción en su grado medio, en la cuantía de 50.000.-€, puesto que agrava la sanción el número de trabajadores afectados, el perjuicio causado a los mismos y la cifra de negocios de la empresa. Agravaciones todas ellas previstas en el art. 39.2 de la misma LISOS (criterios de graduación de las sanciones) Y así lo refiere la inspectora actuante, sobre la base de la constatación directa de los hechos descritos en el acta, no sobre la base de una valoración subjetiva. Por lo que, considerando como correcta la subsunción y graduación realizada por ella, es procedente la sanción impuesta.

-En cuanto a la segunda de las sancionesimpuestas, el disfrute de las vacaciones se regula en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores) y en el artículo 31 del Convenio Colectivo de aplicación (Convenio Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, BOE 02.10.2014). Y, de las actuaciones inspectoras se considera vulnerada tal normativa, como es de ver en el acta, que refleja los hechos relativos a los distintos trabajadores en cuanto al disfrute de las vacaciones del año 2016-2017. Siendo los trabajadores afectados los que se identifican en los Anexos II y III del Acta, conforme a lo transcrito ut supra.Y dicha vulneración normativa constituye infracción por el inadecuado disfrute del periodo vacacional, puesto que el art.7.5, de la LISOS, señala: "Son infracciones graves: La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12 , 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores ".

También en este supuesto, la inspectora actuante refleja en el Acta de Inspección el relato de los hechos objetivos, no se ve reflejada valoración subjetiva, se determina sobre la base de su constatación directa. Resulta también procedente esta sanción.

QUINTO.-Debe tenerse en cuenta que, como señala la STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala Social, de 18 de diciembre de 2018, "por lo que concierne a las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, tanto el artículo 23 de la ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el artículo 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo por el que se aprueba el reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social; como el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos legalmente estarán dotadas de la presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma, que hayan sido constatados por el Inspector actuante, sin perjuicio de las pruebas que en su defensa pueden aportar los interesados salvo prueba en contrario. En este sentido el valor probatorio de las actas e informes levantadas por la Inspección de trabajo depende de la presunción de veracidad atribuida a los mismos, que se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, ( Sentencias del Tribunal Supremo, sala 3ª, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991 y 16 de diciembre de 1996 ) presunción de certeza limitada a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma( Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 24 de junio de 1991 y 18 de diciembre de 1995, citadas por la del mismo Tribunal de fecha 16 de diciembre de 1996).

Por ello, concluye la STS Sala 3ª de 8 de mayo de 2000 que "El acta de la Inspección es una prueba documental pública susceptible de valoración, en cuanto refleja hechos constatados por funcionario, sin perjuicio, claro está, de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar o señalar los administrados".

De la jurisprudencia señalada y de la no enunciada pero abundante en la materia, se deduce la presunción de veracidad de las actas de Infracción, siempre que cumplan con los requisitos formales que establece la normativa, dentro del marco de un procedimiento sancionador sometido a la legalidad, y, en todo caso, salvo que exista prueba bastante en contrario aportada por la parte que combate tal presunción.

De la prueba practicada, en concreto, ni de la documental aportada, ni de la declaración testifical practicada, no se estima exista prueba en contrario suficiente para desvirtuar dicha presunción de certeza del Acta, por lo que todo lo reflejado en ella se tiene como cierto y hace prueba plena, validando las sanciones impuestas.

SEXTO.-Si bien se ha interesado subsidiariamente la calificación de la infracción como leve y la aplicación de la sanción en su grado mínimo, cabe entender que la conducta tiene encaje en los artículos expresados, siendo las sanciones impuestas proporcionadas, por cuanto sí se han expresado las agravaciones existentes y procede por ello su imposición en su grado medio.

Considerando lo anterior, se estima por la que suscribe que las acciones descritas realizadas por la empresa integran las infracciones arriba transcritas, la primera, infracción MUY GRAVE, tipificada en el art.8.3 en relación con el art. 40.1.c) del Real Decreto 5/2000, a la que corresponde una sanción en grado medio en cuantía de 50.000.- euros, por la concurrencia de varias agravantes, siendo proporcionada.

Y también se estima procedente y proporcionada la segunda, como infracción GRAVE, tipificada en el art. 7.5, en relación con el art. 40.1.c), con la sanción en grado medio, concurriendo varias agravantes.

Por todo lo expuesto, sometiéndonos a la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, procede la desestimación íntegra de la demanda, confirmando la presente resolución la Resolución impugnada, por lo que se confirman las sanciones impuestas, ya satisfechas por la empresa sancionada.

SÉPTIMO.-Contra esta Sentencia procede interponer recurso de suplicación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.