Sentencia SOCIAL Nº 103/2020, Juzgado de lo Social - Burgos, Sección 1, Rec 823/2019 de 02 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

BURGOS

SENTENCIA: 00103/2020

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. REYES CATÓLICOS (EDIF.JUZGADOS) 51-B-5ª (SALA DE VISTAS 01-PLANTA 1ª) 09006

Tfno:947284055-Informacio

Fax:947284056-Registro

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: 1

NIG:09059 44 4 2019 0002527

Modelo: N02700

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0000823 /2019

DEMANDANTE: Dña. Visitacion

ABOGADO: D.JESUS ANGEL PEREZ DELGADO

DEMANDADOS:FOGASA DIRECCION PROVINCIAL FOGASA, CONTROL NEUMATICO ELECTRICO MIRANDES SA

ABOGADO:LETRADO DE FOGASA

SENTENCIA Nº. 103/20

En Burgos, a dos de septiembre de dos mil veinte.

Vistos por mí, DOÑA EVA CEBALLOS PÉREZ-CANALES,Magistrada del Juzgado de lo Social nº 1 de Burgos, los presentes autos derivados de demanda en materia de despido objetivo, registrados bajo el número 823/19, promovidos a instancias de DOÑA Visitacion, defendida por el Letrado don Jesús Ángel Pérez Delgado, contra la empresa CONTROL NEUMÁTICO ELÉCTRICO MIRANDÉS S.A., que no compareció pese a estar debidamente citada y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, asistido por Letrado de la Entidad don Rafael Vicario Santamaría, atendiendo a los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-La parte actora formuló demanda ante este Juzgado, en la que tras alegar los hechos y fundamentos legales en que apoya su pretensión termina suplicando se admita a trámite, y en su día, previa celebración del juicio correspondiente, se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se acordó dar traslado de la misma y convocar a las partes a la celebración de juicio verbal.

Abierto el acto de juicio la parte actora se afirmó y ratificó en la demanda, solicitando la estimación de la misma interesando la extinción de la relación laboral con el abono de salarios de tramitación conforme al artículo 110.1 b) LRJS, formulando alegaciones el FOGASA, practicándose las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que consta en autos.

En conclusiones las partes ratificaron sus pretensiones, dándose por terminado el acto y quedando las actuaciones conclusas con citación de las partes para dictar sentencia.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.-La demandante DOÑA Visitacion, ha venido prestando servicios para la empresa CONTROL NEUMÁTICO ELÉCTRICO MIRANDÉS S.A. desde el 7 de enero de 2010, mediante contrato de trabajo temporal transformado en indefinido el 6 de enero de 2011, con la categoría de auxiliar administrativa y un salario mensual bruto, con prorrata de pagas extraordinarias de 1.763,40€, abonados mediante transferencia bancaria.

SEGUNDO.- En fecha 18 de octubre de 2019, la empresa notificó al demandante carta, con efectos de ese mismo día, del siguiente tenor literal:

'Por medio de la presente lamentamos comunicarle que por razones económicas nos vemos obligados a amortizar su puesto de trabajo procediendo a su despido objetivo con efectos de 18 de octubre de 2019.

Los motivos que nos obligan a tomar esta decisión se basan en la más que importante, persistente y continuada caída de la actividad económica de la empresa por la importante disminución de la demanda y como consecuencia de la facturación, siendo por tanto las causas económicas las motivadoras de su despido.

La crisis económica-financiera que lleva años ha lastrado a todos los sectores económicos nos ha ocasionado un descenso importante de la actividad económica en general.

Esta empresa dedicada reparación e instalaciones eléctricas, cuyo centro de trabajo se encuentra en un entorno que ha visto disminuida la actividad diaria, con la consiguiente pérdida de clientes.

Una de estas necesidades pasa por disminuir la carga social. Aunque quisimos modificar nuestra estructura lo menos posible, nuestro volumen de ventas ha descendido totalmente, hasta el punto de no necesitar personal productivo desde hace un tiempo. Por otra parte la búsqueda incesante por incrementar las ventas viene resultando baldía pues no conseguimos nuevos clientes.

La cifra de negocio durante el 4º trimestre del año 2018 y el 1º y 2º trimestre del año 2019 ha ido teniendo una persistente disminución de su nivel de ventas, llegando a tener siempre pérdidas la empresa.

El nivel de ingresos de cada trimestre ha sido inferior al registrado en la comparativa con el mismo trimestre del año anterior, pasando a detallar las cifras:

.- Neto de negocio 4º trimestre de 2.017: 293.519,06 €

.- Neto de negocio 1º trimestre de 2.018: 200.539,27 €

.- Neto de negocio 2º trimestre de 2.018: 196.545,91 €

.- Neto de negocio 4º trimestre de 2.018: 155.112,38 €

.- Neto de negocio 1º trimestre de 2.019: 119.995,64 €

.- Neto de negocio 2º trimestre de 2.019: 89.237,49 €

Por todo ello, nos vemos obligados proceder a su despido, que le comunicamos de conformidad con el art. 53.1 a) y al art. 52.c) del vigente Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tendrá efecto el próximo día 18 de octubre de 2019.

Así mismo le informamos que la indemnización correspondiente a su despido, 20 días de salario por cada año de servicio, asciende a 11.560,26 euros(once mil quinientas sesenta con veintiséis céntimos) resultado de multiplicar su salario diario de 58,78 euros y una antigüedad en la empresa desde el día 07 de enero de 2.010, que hacen un total de 196,67días indemnizables, cantidad que no podemos abonar por falta de liquidez en la empresa.

Lo que le comunicamos a los efectos oportunos, trasladándole que se encontrará a su disposición en el domicilio de la empresa la liquidación procedente en la fecha de efecto del presente despido reflejada anteriormente.

Lamentando vernos obligados a tomar esta decisión, le saludamos muy atentamente'.

TERCERO.-En el procedimiento concursal nº 252/19 seguido ante el juzgado de lo Mercantil de Burgos, se ha dictado auto de fecha 28 de noviembre de 2019, auto de declaración de concurso voluntario de la empresa demandada y simultáneamente conclusión por insuficiencia de la masa actividad de la mercantil.

La empresa se encuentra cerrada y sin actividad.

CUARTO.-La parte actora no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición de representante de los trabajadores.

QUINTO.-Presentada papeleta de conciliación ante la UMAC el 30 de octubre de 2019, se celebró el acto de conciliación el 12 de noviembre de 2019 que resultó intentada sin avenencia.

SEXTO.-La parte actora reclama en su demanda dicte sentencia por la que estimando la demanda se condene a la empresa a la readmisión de la trabajadora con el abono de los salarios dejados de percibir y en todo caso se condene a la demandada a las costas del procedimiento.

En el acto de la vista la parte actora solicitó la extinción de la relación laboral conforme al artículo 110.1b) LRJS con abono de los salarios de tramitación, solicitando igualmente el FOGASA la extinción de la relación laboral.

Fundamentos

PRIMERO.-La relación de hechos anteriormente declarados como probados se infiere esencialmente de la prueba documental aportada valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.- Se solicita la declaración de nulidad o improcedencia del despido objetivo llevado a cabo por la empresa mediante carta de fecha 18 de octubre de 2019, basado en causas económicas.

No concurre en este caso causa alguna de nulidad de conformidad con el artículo 55.5ET.

TERCERO.-En este caso la parte actora acredita con la documental aportada los hechos en los que fundamenta su demanda sin que la demandada haya alegado hecho alguno en su descargo, dado que no compareció al acto de juicio.

Por otro lado, las partes comparecientes solicitaron la extinción de la relación laboral al encontrarse la empresa cerrada y sin actividad, solicitando la parte actora el abono de salarios de tramitación con aplicación del artículo 110.1b) LRJS.

En este sentido la STS de 5 de marzo de 2019 señala: 'En cuanto al fondo de la cuestión litigiosa, el recurso que ahora se resuelve alega como infringido en su único motivo y según se ha anticipado, el art 110.1.a) de la LRJS (RCL 2011, 1845) en relación con el 23.2 y 3 de la misma norma y con el art 33 del ET (RCL 2015, 1654).

Al respecto debe señalarse que el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo (RCL 1985, 894, 1212, 1457) , sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, adelanta ya en su preámbulo que este organismo se constituye en un fondo público para garantizar la percepción de salarios adecuados e indemnizaciones insatisfechas por causas derivadas del desequilibrio patrimonial de las empresas y señalando que en él 'se establecen, además, diversas medidas orientadas a garantizar el correcto destino de los fondos públicos que se administran....'. Sus recursos económicos, en buena parte privados, proceden de diversas fuentes pero son limitados, según se desprende del art 3 de la misma norma reglamentaria, en cuyo nº 2 se prevé como una de tales fuentes las cantidades por subrogación de dicho organismo concretada antes en el art 2 Cuatro cuando dice, como antes lo hiciera el art 33.4 del ET , que 'para el reembolso de las cantidades satisfechas conforme a los números 1 y 3 de este artículo, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores frente a los empresarios deudores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores ', lo cual resulta en la práctica ineficaz cuando se trata de empresas desaparecidas o, cuanto menos, harto dificultoso cuando, como acontece en el caso presente (hecho primero de los declarados probados en la sentencia de instancia), se hallan cerradas, sin actividad, de baja en la Seguridad Social y en situación de concurso, incluso teniendo en cuenta lo dispuesto en el art 33.3 y 4 del ET , que reconoce a dicho ente la condición de acreedor en el oportuno expediente y su crédito privilegiado.

De otra parte, el FOGASA, como organismo autónomo adscrito al Mº de Empleo y Seguridad Social, tal y como establece la ley ( art 33.1 del ET ), se debe al general principio de estabilidad, que, en términos más concretos, proclama, respecto de los presupuestos de las distintas Administraciones Públicas, el art 135.1 de la C.E ., lo que más ampliamente abarca, evidentemente, todas cuantas actuaciones realicen dichas Administraciones en defensa de los intereses públicos gestionados, como los que alude el art 23.1 de la LRJS en referencia precisamente al FOGASA, lo que supone un equilibrio entre recursos y financiación ( art 33.5 ET ), de un lado, y gasto de otro, para que pueda llevar a cabo adecuadamente los fines que le son propios, so pena de que el déficit que de otro modo pudiera surgir impidiera el cumplimiento de los mismos y la quiebra del espíritu y filosofía social que ha dado origen al organismo.

Sobre la base de cuanto antecede y teniendo en cuenta las muy concretas circunstancias del caso, cabe señalar que el precitado art 23 de la LRJS (RCL 2011, 1845) manifiesta en su nº 3 que 'El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten'. La enumeración de tales facultades y su genérica formulación en aspectos como los subrayados, amén de lo que comporta la declaración legal ( art 33.1 ET ) de su obligación de abonar los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario, que lo constituye automáticamente en acreedor igualmente normativo de tales importes frente a la empresa supone que ya anticipadamente y en esa condición de responsable subsidiario, puede asumir en el procedimiento el lugar de ésta (la empresa) cuando la misma no concurre a tal acto imposibilitando así su propia defensa, al menos en los concretos aspectos que estén previstos de forma igualmente legal, como sucede con la precisión del art 110.1.a) de la LRJS , que señala que 'en el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112'.

Y esto es precisamente lo que de algún modo se reconoce en la sentencia de suplicación donde (primer fundamento de derecho) se recoge que dicho organismo sostiene en su recurso que 'manifestó en el proceso la opción por la indemnización', lo cual no niega la Sala dirimente.

Lo que sucede es que dicho Tribunal considera que no es posible entender que dentro de las facultades del FOGASA a que se refiere el art 23.3 de la LRJS esté la de optar para el caso de improcedencia del despido porque 'en los términos que emplea el precepto no es una excepción, ni un medio de defensa y tampoco es un hecho obstativo, impeditivo o modificativo de la responsabilidad empresarial', en una interpretación que no consideramos conforme a la propia teleología del precepto y que no parece tener en cuenta el contenido del art 3.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) cuando se refiere al 'espíritu y finalidad' de la norma, que son sus criterios fundamentales para toda hermenéutica normativa, según el propio artículo ('Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas'..)

Del mismo modo y por cuanto se ha razonado hasta ahora, hay que rechazar el argumento de aquélla de que no es posible extender tal derecho (el de opción del art 56 ET ) al FOGASA 'que carece de la condición de empresario', pues una cosa es que el trabajador solicite la indemnización en juicio conforme al apartado b) del mencionado art 110.1 LRJS y otra la facultad empresarial al respecto, porque el FOGASA no ocupa el lugar de aquél sino de la empresa (apartado a) de ese precepto).

La Sala entiende la dificultad de considerar que el derecho de opción no se ejercite por su titular y lo haga un tercero -el FOGASA- que, en principio es ajeno a la relación laboral, siendo, como se decía, un garante subsidiario en las cantidades previstas en el artículo 33 ET . No obstante, esta posición está extraordinariamente reforzada en el aspecto procesal, como se indica en el referido artículo 23 ET y concordantes. En atención a ello, especialmente porque el artículo 23.2 autoriza al FOGASA a instar en el proceso 'lo que convenga en Derecho' , la Sala considera factible que el FOGASA pueda ejercitar el derecho de opción con efectos plenos en aquellos casos en los que concurran, simultáneamente, las siguientes circunstancias, de las que, como se ve, ya se ha dejado constancia a lo largo de cuanto se ha expresado precedentemente al enumerar las concurrentes en el presente caso: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 23.2 LRJS , esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concursales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción.

Y así, resulta claro que el organismo de garantía puede instar que se anticipe dicha opción en tal sentido (indemnización) en un caso de las características del presente, donde la empresa, de hecho, se halla de todo punto imposibilitada de readmitir por su cierre mismo y por las demás circunstancias en las que se encuentra, ya enumeradas, de modo que no le quedaría más, de poder haberse manifestado, que instar que se señalase la indemnización pertinente, que va de suyo, al haber desaparecido, en efecto, toda posibilidad real y efectiva de readmisión, la cual, de haberla propuesto, supondría un ejercicio de absoluta incongruencia con la realidad si no de un hipotético intento fraudulento con no se sabe qué objeto, por lo que si el FOGASA, como subrogado en su lugar, lo que ha hecho ha sido cumplir con una previsión a la par que requisito material y procesal, ha de concluirse que le asistía todo el derecho -e incluso el deber- en ese sentido, velando así por los intereses públicos ( art 23.1 de la LRJS ) cuya defensa tiene asignada'.

Sin embargo, esta doctrina ha quedado matizada en la sentencia dictada por el TS, Sala de lo Social de 13 de febrero de 2020 ,que expresamente señala:

'Ahora bien, aunque la parte recurrente ostente el derecho que aquí reclama, resulta que existe una situación que no debe ser obviada a la hora de resolver el debate que se ha generado.

En efecto y como viene a señalar la sentencia que venimos citando, el ejercicio del derecho de opción del art. 110.1 a) de la LRJS que ha solicitado el FOGASA concurre con la otra opción que el artículo 110.1 b) otorga al trabajador, cuando la aplicación de un apartado u otro tiene diferentes consecuencias económicas.

Pues bien, esta sala ha dicho que no puede prevalecer la de FOGASA sobre la del trabajador. Así se ha dicho que 'En este caso de incomparecencia de la empresa las facultades del FOGASA no cabe interpretar que se extiendan a hacer prevaler la acción por sustitución referida a la efectuada por el trabajador ex artículo 110.1 b) LRJS, al ser esta última opción preferente y prioritaria por ser personal frente a la de FOGASA que es sustitutiva de la de la ordinaria titularidad empresarial, dado que la opción ex art. 110.1b) LRJS atribuida al trabajador-al tratarse de una previsión especial ligada a la concurrencia de unas determinadas circunstancias-, cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1 a) LRJS atribuida al que resultare ser titular directo de la opción'.

La doctrina que se acaba de exponer lleva a confirmar en este concreto extremo lo decidido por la sentencia recurrida, por cuanto que, en este caso, ambas partes formularon su petición de extinción del contrato por inactividad de la empresa, el trabajador por derecho propio y FOGASA, en sustitución del titular de la opción, lo que permite primar el que corresponde al trabajador, con las consecuencias económicas que fijó la sentencia recurrida'.

En este caso, el despido operado por la empresa demandada a la parte actora debe ser calificado como improcedente, pues la parte actora ha acreditado los hechos objeto de la demanda sin que la demandada haya acreditado, tal como le correspondía conforme a las reglas de la carga de la prueba previstas en el artículo 217 de la LEC los hechos que pudieran impedirla, extinguirla o enervarla, y habiendo ejercido las facultades que les concede el artículo 110.1 tanto la parte actora como el FOGASA, resulta de aplicación la doctrina expuesta, procediendo de conformidad con el artículo 110.1b) LRJS, la extinción de la relación laboral con efectos desde la presente resolución y la condena a la empresa demandada de la cantidad de VEINTIDOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (22.073,90€), en concepto de indemnización, con abono de salarios de tramitación, a razón de 57,97€/día desde la fecha del despido (18 de octubre de 2019) hasta la de la presente resolución (2 de septiembre de 2020), total 320 días a razón de 57,97€/día: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (18.550,4€).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que ESTIMANDO la demanda formulada por DOÑA Visitacion contra la empresa CON TROL NEUMÁTICO ELÉCTRICO MIRANDÉS S.A. y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en su petición subsidiaria, debo declarar y declaro improcedente el despido operado y extinguida la relación laboral con fecha de efectos de esta resolución, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonar al demandante en concepto de indemnización la cantidad de VEINTIDOS MIL SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (22.073,90€), con abono de los salarios de tramitación por importe de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (18.550,4€). Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al FOGASA en los términos y con los límites del art. 33 ET.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos, C/ Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 082319,debiendo indicar en el campo concepto 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.