Sentencia Social Nº 1072/2016, Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 777/2015 de 01 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIAL

ALBACETE

SENTENCIA: 01072/2016

-

C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno:967 596 714

Fax:967 596 569

NIG:02003 34 4 2015 0105779

Equipo/usuario: RLP

Modelo: 402250

RSU RECURSO SUPLICACION 0000777 /2015

Procedimiento origen: DEMANDA 0001086 /2013

Sobre: INCAPACIDAD PERMANENTE

RECURRENTE/S D/ña Eduardo

ABOGADO/A:CRISTINA AZORIN DIAZ

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

RECURRIDO/S D/ña:INSS INSS

ABOGADO/A:SERV. JURIDICO SEG. SOCIAL

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

Iltmo. Sr. D. Pedro Libran Sainz de Baranda

Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover

Iltmo. Sr. D. Jesús Martínez Almazan

Iltma. Sra. Dª.Carmen Piqueras Piqueras

__________________________________________________

En Albacete, a uno de septiembre de dos mil dieciséis.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA Nº 1072 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 777/15, sobre INCAPACIDAD PERMANENTE, formalizado por la representación de D. Eduardo , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete, de fecha 19-11-2014 , en los autos número 1086/13, siendo recurrido INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. Jesús Martínez Almazan, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.-Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: 'FALLO: Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Eduardo , contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a este último de los pedimentos formulados de contrario. '.

SEGUNDO.-Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

PRIMERO.- D. Eduardo , nacido el día NUM000 de 1959, con N.I.F. nº NUM001 , afiliado al Régimen Especial de trabajadores autónomos, con profesión habitual de promotor de obras, promovió expediente de incapacidad permanente con fecha 26 de abril de 2013 (folios 1 a 4 del expediente administrativo).

SEGUNDO.- Mediante Resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. de Albacete, de fecha 3 de junio de 2013, resolvió denegar con fecha 29 de mayo de 2013 la prestación de incapacidad permanente, en los términos recogidos en dicha Resolución obrante al folio 9 del expediente administrativo, a cuyo contenido nos remitimos.

D. Eduardo , interpuso reclamación administrativa previa con fecha 11 de julio de 2013 (obrante al folio 53 del expediente administrativo), que fue desestimada mediante Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Albacete de fecha 1 de agosto de 2013 (obrante al folio 56 del expediente administrativo)

TERCERO.- En Informe de Valoración Médica de fecha 15 de mayo de 2013, obrante al folio 43 a 45 del expediente administrativo, cuyo contenido damos por reproducido, se recoge:

- Antecedentes: '

. Antecedentes personales 'hiperuricemia; saos en tto. con CPAP; Herniorrafia inguinal dcha., Menisectomía rodilla dcha.'

. A. administrativos: períodos previos de IT por Tr. Adaptativo mixto reactivo a estresores de índole laboral (de sept/09 a feb. /11 y de 8/11 a feb. /13.

-Exploraciones por aparatos:

. 'Oído: valorado en orl en nov.12 por hipoacusia bilateral, aporta informe de dicho servicio fechado el 29.11.12, a destacar: presbiacusia/ototubaritis. Revisión en 6 meses. A la exploración actual mantiene nivel conversacional normal.'

- Afecciones Psíquicas: 'ultima valoración documentada en Psq. El pasado 06-03-13. Aporta información acerca del tratamiento actual a fecha 06-03-13. Revisada HC en CHUA no hay variaciones significativas en el tto. con respecto reconocimientos previos...Último informe documentado de psiquiatría fecha el 26-12-11 a destacar : acude a consultas externas de psquiatría desde septiembre de 2009, refiriendo sintomatología ansioso-depresiva secundaria a conflicto laboral con grave repercusiones a nivel económico filiar...Se ha instaurado tratamiento con AD y BZD con persistencia de los síntomas, dado que el problema sigue sin resolver.

A la exploración actual el paciente se muestra C y O en los tres ejes colaborador, tranquilo y abordable, discurso coherente y fluido (centrado en sus múltiples problemas económicos), no labilidad, facies triste, refiere irritabilidad, insomnio global, sentimientos de impotencia y tendencia al aislamiento social. No alteración sensoperceptiva. No alteración cognitiva, actualmente niega ideación autolítica'

-Conclusiones:

. 'Deficiencias más significativas: trastorno adaptativo mixto.

. Evolución: cronicidad

. Limitaciones orgánicas y funcionales: actualmente no se objetivan limitaciones funciones constitutivas de incapacidad permanente.

. Conclusiones: patología susceptible de mejoría que no incapacita al paciente en el desarrollo de su actividad laboral'

Con fecha 20 de mayo de 2013 por el EVI se emitió Dictamen-Propuesta, por la que proponía a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social la no calificación del trabajador como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral (folio 46 del expediente administrativo).

CUARTO.- En Informe de Sección de Neumología del Complejo Universitario de Albacete de fecha 23 de agosto de 2011, aportado con el escrito de demanda, se recoge como diagnóstico 'SAOS severo', siendo la fecha de inicio del tratamiento el día 29 de octubre de 2002. Y en informe de Neumología de fecha 24 de septiembre de 2013, obrante al documento nº 28 del ramo de prueba de la actora, cuyo contenido damos por reproducido, se indica como diagnóstico 'Síndrome de apnea obstructiva del sueño severo, controlado con CPAP nasal nocturna bien cumplimentada; síndrome depresivo y síndrome de piernas inquietas'.

En Informe de Interconsulta de fecha 19 de febrero de 2013, obrante al folio 33 del expediente administrativo, se recoge 'Paciente de 53 años, con gonalgia izq. De meses de evolución de tipo mecánico. Menisectomía parcial hace 15 años'.

En informe del Dr. Jose Francisco de fecha 8 de mayo de 2013, obrante al folio 51 del expediente administrativo, se establece que ' Eduardo de 53 años de edad...recibe asistencia desde atención primaria y especializada (psiquiatría) desde diciembre de 2009 por trastorno ansioso-depresivo secundario a conflicto laboral con graves consecuencias a nivel económico y familiar. Los síntomas persisten en la actualidad y no han variado desde el principio, incluso algunos han empeorado como la ansiedad, la tristeza, sentimientos de impotencia e indefensión, desesperanza e insomnio crónico y en mayor medida que en otras ocasiones ideas autolíticas, aunque no estructuradas...Por otra parte, el paciente está diagnosticado de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en tratamiento con CPAP'.

En informe de Psiquiatría de fecha 13 de mayo de 2013, obrante al folio 52 del expediente administrativo, cuyo contenido damos por reproducido, se indica que 'Pese a que se han instaurado distintos tratamientos antidepresivos y ansiolíticos, estos se han mostrado reiteradamente ineficaces, dado que el estresor desencadenante del cuadro lejos de solucionarse empeora cada día, contribuyendo a la victimización del paciente'.

En Informe de Psiquiatría de fecha 7 de julio de 2014 del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, obrante al documento nº 1 del ramo de prueba del actor, cuyo contenido damos por reproducido, se indica en la exploración psicopatológica 'Consciente y orientado en las tres esferas. Aspecto arreglado. Abordable, colaborador. Lenguaje coherente y fluido. Ánimo deprimido. Sensación de bloqueo y desesperanza. Moderada ansiedad basal. Sueño fragmentado. Normorexia. No clínica delirante-alucinatoria. No ideas de muerte ni autolíticas en el momento actual. Hace crítica de la ideación autolítica de esta mañana. Plantes coherentes de futuro. Deseos de mejora. Capacidad de juicio conservada...', siendo el juicio diagnóstico 'trastorno adaptativo mixto secundario a problemas económicos-laborales'.

QUINTO.- La base reguladora, en el supuesto de reconocerse a la parte actora afecta a una incapacidad permanente absoluta asciende a 759,93 euros.

El actor ha permanecido en situación de incapacidad temporal desde agosto de 2011 a febrero de 2013.

El actor se halla dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

TERCERO.-Que, en tiempo y forma, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

Fundamentos

PRIMERO.-La parte recurrente solicita mediante su recurso la revocación de la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete el 19 de noviembre de 2014 , recaída en los autos nº 1086/2013, desestimando la demanda originaria interpuesta por D. Eduardo , en los términos expuestos en la misma; articulando el recurso en dos motivos al amparo de las letras b ) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social , interesando se revoque la citada resolución y se declare a la recurrente en situación de incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente total para su trabajo habitual derivado de contingencias comunes, con los derechos inherentes.

En el primero de los motivos la recurrente solicita la adicción de un nuevo hecho probado el sexto en el que se reflejen los informes de los Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Perpetuo Socorro y Universitario de Albacete, y otro nuevo hecho probado el séptimo en el que pretende la inclusión de la situación económica del recurrente. Pretensión que no puede ser estimada; según uniforme y reiterada jurisprudencia, el cauce previsto en la letra b) del art. 193 de la LRJS precisa de los siguientes requisitos:

a/ Que se concrete con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato histórico

b/ Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración censurada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos, sin contener al efecto valoraciones o conclusiones de carácter jurídico, salvo en el caso de que se quiera suprimir un ordinal.

c/ Que se citen de forma precisa y concreta, los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea viable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso

d/ Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente y, de forma incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o a argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables

e/ Y por último que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia y sea por ello susceptible de producir efectos modificadores de ésta.

La revisión interesada no cumple los citados requisitos, por cuanto de dichos informes y de la pretendida situación económica del actor vienen reflejados en el hecho probado cuarto, y suficientemente valorados en el fundamento jurídico segundo, careciendo de transcendencia a la hora de resolver la cuestión planteada, procediendo la desestimación del primer motivo de recurso.

A mayor abundamiento es preciso recordar que constituye doctrina consolidada la de que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social , de manera tal que en el Recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir.

Manteniéndose igualmente que cuando concurran en las actuaciones diversos informes médicos incompatibles, contradictorias o de contenido distinto, llegado el trámite del recurso de suplicación, el Tribunal 'ad quem' debe mantener y dar preferencia al dictamen médico que haya servido de base a la Sentencia impugnada, teniendo en cuenta las amplias facultades que al Magistrado sentenciador otorgan los artículos 97.2 de la Ley Rituaria Laboral y 348 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, para valorar y elegir entre los varios informes facultativos practicados en el pleito, haciéndolo conjuntamente, en relación con los demás elementos de juicio y sin mas limitaciones que la razón y el ajustarse a las reglas de la sana crítica, pudiendo el Juzgador optar por aquel dictamen que a su juicio merezca mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identificación de la verdadera situación patológica de la persona, sin que pueda permitirse que la recurrente intente sustituir por su criterio personal e interesado el criterio judicial que se ha inclinado por otros medios, con la excepción de que el contenido del informe médico aceptado quede desvirtuado o destruido por otro dictamen médico de mayor rigor técnico y de superior categoría científica, es decir, dotado de mayor fuerza de convicción y así se perciba en el ánimo de la Sala, lo que no ha sucedido en el caso contemplado, y por otro lado que la Sala no puede realizar una nueva valoración de la totalidad de la prueba documental y pericial practicada como el recurrente pretende por corresponder ésta al magistrado a quo e impedirlo la naturaleza extraordinaria del Recurso de Suplicación.

En atención a la reseñada doctrina el motivo de revisión fáctica no puede ser acogido, siguiendo una reiterada doctrina legal, corresponde al libre y ponderado criterio del Juzgador a quo la valoración de la prueba practicada, como dispone el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social y 348 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil , y dicha valoración, efectuada en uso de la facultad que le viene atribuida legalmente, debe ser respetada y mantenida, siempre y cuando no se demuestre el error padecido por el juzgador lo que no se produce en el caso presente, no pudiéndose suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante, siendo así que los informes en que se apoya ya fueron valorados por el magistrado de instancia y no prueban el error pretendido y debe prevalecer el informe que sustenta la resolución recurrida, y lo que interesa la parte recurrente es la minuciosa enumeración de todas las enfermedades que a lo largo del tiempo ha sufrido el trabajador, frente a la descripción del grado actual de afectación que recoge el Juzgador de instancia, y que evidentemente debe prevalecer ( sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999 , 24 de mayo de 2000 , 3 de mayo de 2001 , 10 de febrero de 2002 y 7 de marzo de 2003, entre otras muchas ; y sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 , de 15 de febrero).

SEGUNDO.-En lo que concierne al segundo motivo de recurso interpuesto al amparo del apartado c) del art. 193 de la L.R.J.S . para el examen de las infracciones de normas sustantivas y de la jurisprudencia, en concreto de los preceptos contenidos en los artículos 136 , y 137 4 y 5 del Texto Refundido de la L.G.S.S ., es preciso recodar que el grado de incapacidad permanente absoluta está configurado en el TR de la Ley General de la Seguridad Social como el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio (artículo 137 párrafo 5 º, 137 párrafo 1 º c. actual). La jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 9 de febrero de 1987 que ha recopilado la doctrina en tal sentido) establece que:

'este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumar a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen'

(en el mismo sentido las sentencias 24 de febrero y 16 de julio de 1987 ). La jurisprudencia viene entendiendo que la declaración de invalidez permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral ( sentencia de 10 de noviembre de 1982 ), atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales ( sentencia de 25 de enero de 1983 ), o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional ( sentencias de 22 de enero de 1985 , 24 de enero , 12 de junio y 22 de noviembre de 1989 , 22 de enero , 2 de abril , 30 de junio , 20 de julio , 17 de septiembre , 23 de octubre , 14 de noviembre y 10 de diciembre de 1990 ).

La determinación de tal grado de invalidez ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a apreciar conjunta o simultáneamente, de un lado, la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación. De tal manera que el artículo 137 párrafo 5º del TR de la Ley General de la Seguridad Social no debe ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más de su tenor literal, en evitación de que resulte imposible su aplicación real, y sí, por el contrario, sin perder nunca de vista la objetividad que el sentido propio de sus palabras comporta, en relación con el contexto y sus antecedentes históricos, debe actuarse dicha norma de tal suerte que su aplicación atienda fundamentalmente a alcanzar el espíritu y la finalidad que determinaron su promulgación ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio , 5 y 6 de octubre de 1981 , 10 de abril , 2 de junio , 26 y 29 de noviembre , 3 de diciembre de 1984 , 22 de abril , 10 y 19 de junio de 1985 y 16 y 27 de febrero , 13 de junio de 1989 , 22 de enero , 7 de marzo y 11 de diciembre de 1990 ).

Y en cuanto al grado de incapacidad permanente total subsidiariamente interesado por la actora, el artículo 137.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, determina que se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, ya que dicho grado no significa solo una disminución del rendimiento, propio de la incapacidad parcial, sino una imposibilidad de continuar trabajando en la actividad habitual, aunque le quede una aptitud residual con relevancia y trascendencia tal que no impida al trabajador concertar relación de trabajo futura según afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1978 .

El Tribunal Supremo en sentencias de 18 de enero de 1988 y 30 de enero de 1989 , ha dictaminado que cada caso ha de contemplarse individualmente para calificar el grado de invalidez, pues depende de la concreta capacidad residual del sujeto concreto en un momento determinado, debiéndose tener en cuenta que la aptitud para una actividad laboral implica la posibilidad de llevar a cabo tareas con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, eficacia y rendimiento ( sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1989 y Sala de lo Social en Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 26 de mayo de 1.992 ) con la posibilidad de un ejercicio razonable continuado y no esporádico o intermitente de sus labores, habiendo expresado el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de junio de 1981 que hay que estar a una valoración conjunta de todos los padecimientos que sufra el actor y que hayan dejado en el secuelas de naturaleza irreversible.

En consecuencia debemos concluir que actualmente, a la vista de los últimos informes médicos aportados por el actor (psiquiatría de 07/07/2014) las limitaciones funcionales que concurren en el actor, no lo incapacitan para la realización de cualquier tipo de trabajo, ni le impiden realizar las tareas propias de promotor de obras, ya que sus secuelas no lo limitan para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión lo que conlleva que el motivo y el recurso deban ser desestimados al haberse ajustado a derecho a la sentencia de instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Debo desestimar y desestimo el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Eduardo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete el 19 de noviembre de 2014 , recaída en los autos nº 1086/2013, que confirmamos en su integridad.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabeRECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA,que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de losDIEZ DIASsiguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social . Laconsignación del importe de la condena,cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente númeroES55 00493569 9200 0500 1274que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando:1)Nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingresoy, si es posible, elNIF/CIF; 2) Beneficiario:SALA DE LO SOCIAL; y

3) Concepto (la cuenta del expediente):0044 0000 66 0777 15,pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar comodepósitola cantidad deSEISCIENTOS EUROS (600,00 €),conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.