Sentencia SOCIAL Nº 1455/2020, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 197/2020 de 16 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN
MALAGA
N.I.G.: 2906744420180006917
Negociado: PC
Recurso: Recursos de Suplicación 197/2020
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 11 DE MALAGA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 510/2018
Recurrente: Jose Antonio
Representante: DIEGO JIMENEZ BONILLA
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Representante:S.J. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MALAGA
Sentencia Nº 1455/2020
ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. RAMÓN GÓMEZ RUIZ,
ILTMO. SR. D. RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ
En la ciudad de MALAGA a dieciséis de septiembre de dos mil veinte
La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, , compuesta por los Ilmos.
Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En el Recursos de Suplicación interpuesto por Jose Antonio contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO
SOCIAL Nº 11 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. RAMÓN GÓMEZ RUIZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Jose Antonio sobre Seguridad Social en materia prestacional siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 14 de octubre de 2019 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.



SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:
PRIMERO.- La parte actora, nacida el día NUM000 .1965,cuyas demás circunstancias personales constan en las actuaciones, tiene reconocida IP total para su profesiónhabitual de operador de máquinas de limpieza en seco por resolución de 11.04.2018, y dada de alta en el RETA. (hechos no controvertidos). El actor solicita interpone reclamación administrativa previa que es desestimada por resolución del INSS. (expediente administrativo).



SEGUNDO.- En el dictamen propuesta de 28.03.2018, quedio lugar a la anterior resolución, dispone como cuadro clínico residual 'TENDINITIS CALCIFICANTE HOMBRO DERECHO.

DISCOPATIA CERVICAL. DISCOPATIA LUMBAR.PATOLOGIA', y comolimitaciones 'PATOLOGIA CERVICAL: DOLOR A LA MOVILIZACION.PATOLOGIA LUMBAR: DOLOR EN LA FLEXIONANTERIOR CON DISMINUCION DEL RANGO DE MOVILIDAD. HOMBRO DERECHO. DOLOR ABDUCCION Y ANTEPULSION A 90º. MANO DERECHANUCA ADELANTADO CODO. MANO DERECHA CHARNELA LUMBOSACRA' (folio 52).

En el informe médico de síntesis de fecha 22.03.2018,se establece en evaluación clínico-laboral 'LIMITADO PARA ESFUERZOS MODERADOS-INTESOS. TRABAJOS CON ELEVACION DEHOMBROS A UNA ALTURA IGUAL O POR ENCIMA DE 90º. MANIOBRAS QUE REQUIERAN FUERZA BIMANUAL. NO ES PREVISIBLE UNA MEJORAQUE PERMITA SU INCORPORACIÓN EN EL TIEMPO DE DEMORA DE CALIFIACION' (folios 50 y 51).



TERCERO.- La base reguladora asciende a la cantidadde 467,19 €, y la fecha de efectos es de 28.03.2018 (hechos no controvertidos).



TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

Fundamentos

PRIMERO: Frente a la sentencia que desestimó la demanda interpuesta en reclamación de la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo derivada de enfermedad común con derecho a prestación, por beneficiario declarado en vía administrativa en grado de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual derivada de enfermedad común, formula la parte actora Recurso de Suplicación articulando un motivo dirigido a la revisión de los hechos declarados probados al amparo del art. 193.b de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y un motivo dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma por el cauce procesal del art. 193.c de la Ley Procesal laboral, al entender que infringe el art. 193 y 194.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y doctrina judicial que cita, realizando diversas alegaciones e interesando en esta vía la declaración de Incapacidad Permanente Absoluta para todo tipo de trabajo.



SEGUNDO: En el primer motivo que interesa la revisión fáctica, pretende la parte recurrente una modificación del relato histórico de la sentencia recurrida, en su ordinal 2º referido al cuadro patológico y secuelas en el sentido de añadir las dolencias que describe que se dan por reproducidas como meniscopatía derecha. Saos y sincopes de perfil mixto, y con base a las pruebas obrantes en el ramo de prueba de la parte actora.

Es doctrina jurisprudencial consolidada la de que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, de manera tal que en el Recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir, y que para que prospere la revisión de hechos probados solicitada al amparo del artículo 193 b) de la Ley Adjetiva Laboral deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

Asimismo es criterio que esta Sala viene manteniendo con uniformidad y constancia, que cuando concurran en las actuaciones diversos informes médicos incompatibles, contradictorias o de contenido distinto, llegado el trámite del recurso de suplicación, el Tribunal 'ad quem' debe mantener y dar preferencia al dictamen médico que haya servido de base a la Sentencia impugnada, teniendo en cuenta las amplias facultades que al Magistrado sentenciador otorgan los artículos 97.2 de la Ley Rituaria Laboral y 348 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, para valorar y elegir entre los varios informes facultativos practicados en el pleito, haciéndolo conjuntamente, en relación con los demás elementos de juicio y sin mas limitaciones que la razón y el ajustarse a las reglas de la sana crítica, pudiendo el Juzgador optar por aquel dictamen que a su juicio merezca mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identificación de la verdadera situación patológica de la persona, sin que pueda permitirse que la recurrente intente sustituir por su criterio personal e interesado el criterio judicial que se ha inclinado por otros medios, con la excepción de que el contenido del informe médico aceptado quede desvirtuado o destruido por otro dictamen médico de mayor rigor técnico y de superior categoría científica, es decir, dotado de mayor fuerza de convicción y así se perciba en el ánimo de la Sala, lo que no ha sucedido en el caso contemplado, y por otro lado que la Sala no puede realizar una nueva valoración de la totalidad de la prueba documental y pericial practicada como el recurrente pretende por corresponder ésta al magistrado a quo e impedirlo la naturaleza extraordinaria del Recurso de Suplicación.

Por todo ello el motivo de revisión fáctica no puede ser acogido pues, siguiendo una reiterada doctrina legal, corresponde al libre y ponderado criterio del Juzgador a quo la valoración de la prueba practicada, como dispone el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social y 348 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, y dicha valoración, efectuada en uso de la facultad que le viene atribuida legalmente, debe ser respetada y mantenida, siempre y cuando no se demuestre el error padecido por el juzgador lo que no se produce en el caso presente, no pudiéndose suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante, siendo así que los informes en que se apoya ya fueron valorados por el magistrado de instancia y no prueban el error pretendido y debe prevalecer el informe que sustenta la resolución recurrida, y sin que la Sala pueda realizar una nueva valoración de la totalidad de la prueba documental y pericial practicada como la parte recurrente pretende al citar de forma global las pruebas obrantes en el ramo de prueba de la parte actora sin concreción alguna.

En consecuencia procede desestimar este motivo del recurso.



TERCERO: Y tampoco alcanza éxito la censura jurídica esgrimida por la parte actora recurrente, pues del cuadro patológico que le aqueja, que consta en el inalterado relato histórico, consistente en tendinitis calcificante hombro derecho, discopatia cervical, discopatia lumbar.patologia, con limitaciones de patologia cervical: dolor a la movilizacion, patologia lumbar: dolor en la flexion anterior con disminucion del rango de movilidad. Hombro derecho. dolor abduccion y antepulsion a 90º. mano derecha nuca adelantado codo. mano derecha charnela lumbosacra, limitado para esfuerzos moderados-intensos. trabajos con elevacion de hombros a una altura igual o por encima de 90º. maniobras que requieran fuerza bimanual. no es previsible una mejora que permita su incorporación en el tiempo de demora de calificacion, debe concluirse que, si bien el recurrente, persona nacida en 1965, se encuentra impedido para realizar los trabajos propios de su profesión habitual, no tiene abolida por completo y de manera plena su capacidad laboral, pues las dolencias que padece le permiten, no obstante, realizar otro tipo de trabajos y actividades remuneradas con utilidad y rendimiento, de tipo ligero, liviano y sedentario, no requirentes de esfuerzo, pues no aparece que tengan en el momento del hecho causante la intensidad y gravedad necesarias y exigidas para el reconocimiento de Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo derivada de enfermedad común, y las dolencias y su repercusión están bien valoradas por la sentencia recurrida al razonar, de forma no desvirtuada por la parte recurrente, que 'En el presente caso compartimos la valoración realizada por la entidad demandada, en cuanto a que el conjunto de las dolencias padecidas por la parte actora no son de tal entidad que le inhabilitan por completo para toda profesión u oficio, o al menos así no se ha acreditado por la parte actora por las pruebas aportadas, ni tampoco aporta material probatorio en torno a qué trabajos sedentarios concretos no se puede someter a la trabajadora por sus dolencias, sin que se encuentra por este Juzgador, con las pruebas aportadas por la demandante material suficiente para establecer la reducción de la capacidad laboral de la actora para el grado IPA En esta sentido, de la documental médico pública aportada por la parte actora no se infiere ningún juicio clínico que desvirtue la decisión del INSS hoy impugnada. Así, algunos documentos aportados por la parte actora es de fecha anterior a la fecha del informe del EVI por lo que es una cuestión ya valorada por este órgano, y no se concluye que la parte actora deba ser calificada en IPA. Si bien podemos destacar, que en torno patología lumbar observamos un desarrollo negativo, como se infiere se infiere del informe médico público del servicio de cirugía ortopédica y traumatolgía del H.U. Regional de Málaga, informe de fecha 30.09.2019, donde consta radiculopatia L5 izquieda. No obstante, de este informe no se colige su incapacidad absoluta, esto es, no se ha desarrollado por el actor otra prueba que permita entender a este Juzgador que esa evolución le limita para todo tipo de trabajo', y al no constar que la afectación funcional llegue a limitarle para actividades livianas, y la dificultad de obtener empleo ha de ser tenida en cuenta a la hora de conceder el incremento del 20% de la base reguladora constitutivo de la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual cualificada.

En consecuencia, y, sin perjuicio de posterior evolución agravatoria, al haberlo entendido así la sentencia de instancia no vulnera los preceptos invocados como infringidos, procediendo desestimar el recurso y confirmar la sentencia.



CUARTO: Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por . Jose Antonio , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Málaga de fecha 14 de octubre de 2019 recaída en los Autos del mismo formados para conocer de demanda formulada por Jose Antonio contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre INCAPACIDAD y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.'