Sentencia SOCIAL Nº 1605/2021, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4772/2020 de 16 de Marzo de 2021

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG :08019 - 34 - 4 - 2020 - 0004988

MC

Recurso de Suplicación: 4772/2020

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

ILMO. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

ILMA. SRA. AMPARO ILLAN TEBA

En Barcelona a 16 de marzo de 2021

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 1605/2021

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª Olga frente a la Sentencia del Juzgado Social 20 Barcelona de fecha 11 de marzo de 2020 dictada en el procedimiento nº 353/2019 y siendo recurrido INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -I.N.S.S., ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Amparo Illan Teba.

Antecedentes

PRIMERO.-Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez grado, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 11 de marzo de 2020 que contenía el siguiente Fallo:

'Que desestimando la demanda interpuesta por Olga en reclamación de incapacidad permanente absoluta poragravación derivada de enfermedad común contra el INSTITUTONACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver y absuelvo a lademandada de las pretensiones efectuadas en su contra.'

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'PRIMERO.- Olga, nacida el NUM000 de1953, fue declarada en situación de IPTotal derivada de la contingencia deenfermedad común por resolución de 27 de junio de 2014, siendo su profesiónhabitual la de cocinera.

SEGUNDO.-Las lesiones que dieron lugar a dicha declaración en el grado deIPTotal fueron: 'prótesis total de cadera derecha por coxartrosis. Osteoporosiscon aplastamientos vertebrales. Capsulitis retráctil de hombro izquierdo'.

En dictamen del ICAM de 9 de mayo de 2014, folio 29 de 88 del expedienteadministrativo, junto con dichas lesiones en las observaciones se hizo constar:'IP para trabajo de esfuerzo y trabajos de bipedestación o deambulación'.

TERCERO.-Por sentencia de 29 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado Social32 de Barcelona se desestimó la pretensión actora en reclamación poragravación del grado de IPAbsoluta.

En el hecho probado cuarto de dicha resolución se declararon probadas lassiguientes lesiones de la parte actora: 'coxartrosis bilateral severa concolocación de prótesis total en la derecha en el año 2013; limitación funcionalpara la bipedestación y/o deambulación prolongadas.

Osteoporosis con aplastamientos vertebrales.

Capsulitis retráctil en el hombro izquierdo con clínica de omalgia y leve limitaciónfuncional.

Depresión mayor sobre rasgos de personalidad Clúster C. Paciente consciente yorientada; lenguaje fluido y coherente; inexistencia de labilidad emocional; levehipotimia; inexistencia de desmotivación; inexistencia de interés en actividadesde ocio; inexistencia de clínica delirante; adecuado juicio de la realidad'.

Por sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de 25 de enero de2018 se confirmó dicha sentencia.

CUARTO.-Solicitada revisión de grado por agravación en fecha 30 de agosto de2018, por resolución de la Dirección Provincial del INSS de 18 de octubre de2018 se declaró no haber lugar a revisar el grado de incapacidad declarado a laparte actora, por presentar las secuelas mismo grado de incapacidad.

Se agotó la vía administrativa ante el citado organismo, quien por resolución defecha 29 de marzo de 2019 confirmó el pronunciamiento inicial.

QUINTO.-Según dictamen de la SGAM de 11 de octubre de 2018 la parte actorapresenta las siguientes lesiones: 'prótesis total de cadera derecha porcoxartrosis. Osteoporosis con aplastamientos vertebrales. Capsulitis retráctil dehombro izquierdo', siendo la conclusión 'confirmación de grado o baremo'.

SEXTO.-La parte demandante padece las lesiones relacionadas en el citadodictamen de la SGAM de 11 de octubre de 2018, con intervención en caderaderecha en marzo de 2019 por recambio de la cabeza protésica, con lesióncrónica del nervio ciático poplíteo externo, junto con un trastorno depresivomayor, episodio recurrente, inespecífico en contexto de trastorno de pánico encontrol por CSMA público desde el año 2015.

SEPTIMO.- Para el caso de estimación de la demanda, la base reguladora de laprestación es de 1.080Ž50 euros mensuales, con fecha de efectos 19 de octubrede 2018, no controvertido.'

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado , no lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social Nº 20 de Barcelona ha dictado sentencia de fecha 11-3-2020, en Autos 353/2019, seguidos a instancia de Dª Olga, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente absoluta, en revisión por agravación.

Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos de revisión fáctica de censura jurídico-sustantiva, y solicita que se dicte sentencia en la que, revocando la de instancia, se declare a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta, con todas sus consecuencias legales.

El recurso de suplicación no ha sido impugnado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

SEGUNDO.-Como primer motivo de recurso, la parte recurrente insta la revisión fáctica, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Con carácter general, para que prospere la revisión de un hecho probado deben concurrir los siguientes requisitos:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación. Valgan por todas las Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre ; 5654/1994 de 24 de octubre ; 6495/1994 de 30 de noviembre ; 102/1995, de 16 de enero , 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo ; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo ; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio ; 4890/1995 de 19 de septiembre ; y 6023/1995 , 2300/1995 y 6454/1995, de 7 , 20 y 28 de noviembre , 1028/1996 , 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrero , 1635/2010 de 24 de enero de 2011 ; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010 , entre otras , que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo , 3 , 17 y 31 de mayo , 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, 'a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción' ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

TERCERO.- Desde la perspectiva expuesta, hemos de analizar la revisión fáctica pretendida.

Solicita la parte recurrente la modificación del Hecho Probado Sexto, donde se describen las lesiones de la actora, y que es del siguiente tenor literal: ' La parte demandante padece las lesiones relacionadas en el citado dictamen de la SGAM de 11 de octubre de 2018, con intervención en cadera derecha en marzo de 2019 por recambio de la cabeza protésica, con lesión crónica del nervio ciático poplíteo, junto con un trastorno depresivo mayor, episodio recurrente, inespecífico en contexto de trastorno de pánico en control por CSMA público desde el año 2015.'

Como texto alternativo propone el siguiente: ' La parte demandante padece las lesiones relacionadas en el citado dictamen de la SGAM de 11 de octubre de 2018, con intervención en cadera derecha en marzo de 2019 por recambio de la cabeza protésica, con lesión crónica del nervio ciático poplíteo externo, capsulitis retráctil del hombro izquierdo con movilidad limitada y según informes médicos obrantes en el procedimiento, pérdida del 60% de audición en oído derecho, insuficiencia venosa en ambas piernas intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones, incontinencia urinaria que potencia su limitación funcional y un trastorno depresivo mayor crónico y grave.'

Cita la parte recurrente como fundamento de su modificación fáctica, cita documento obrante al folio 43 (ficha de audiometría), documento obrante al folio 78 consistente en informe de medicina de familia, y documento orante al folio 79 consistente en informe de urodinamia, y documento obrante al folio 87 informe de asistencia en 'Cal Muns'.

No puede prosperar la revisión fáctica solicitada, pues en ninguno de los documentos citados, resulta de forma indubitada y patente las patologías y la entidad con la que se pretenden introducir en el Hecho Probado. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia la valoración de los mismos, aplicando las reglas de la sana crítica, como así ha realizado el Magistrado de instancia en este caso, en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia, sin que de los documentos citados por la parte recurrente para justificar la revisión, se evidencie un error palmario en la valoración del Juzgador, ni tampoco pueda apreciarse que la misma sea arbitraria, irrazonable o injustificada.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso de suplicación, se ampara en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y se denuncia por la recurrente, la infracción del artículo 137.5 de la derogada Ley General de la Seguridad Social de 1994, que debe entenderse referido al artículo 194.5 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Disposición transitoria vigésima sexta del mismo texto.

Argumenta la parte recurrente que la apreciación conjunta de las lesiones y secuelas padecidas por la actora, en cuanto le producen dificultades para trasladarse al lugar de trabajo, con el riesgo de caídas y fractura, y las patologías que han ido apareciendo con posterioridad a la declaración de incapacidad permanente total, como la pérdida de audición, incontinencia urinaria, lesión crónica del nervio ciático, han agravado su patología psiquiátrica, por lo que no puede realizar ningún tipo de trabajo con las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia.

QUINTO.- Para la resolución del recurso en los términos planteados, ha de tenerse en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicables.

La incapacidad permanente en cualquiera de sus grados viene referida, según el artículo 193.1 de la LGSS aprobada por Real Decreto legislativo 8/2015, antes artículo 136.1 del TRLGSS de 1994, a la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El artículo 194 del TRLGSS de 2015, - antes artículo 137 del TRLGSS de 1994 -, establece: '1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

.......

c) Incapacidad permanente absoluta.

.......

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente'.

Dicha regulación que se complementa con la Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente, que dispone: 'Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción: 'Artículo 194. Grados de incapacidad permanente. 1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. ) Gran invalidez.

........

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.'

Y en relación a dicha normativa, una reiterada doctrina jurisprudencial, que esta Sala comparte, contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1.986, 9 de febrero de 1.987 y 28 de diciembre de 1.988 establece que la valoración del grado de incapacidad permanente absoluta ha de efectuarse atendiendo, fundamentalmente, a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto que las mismas determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia, abstracción hecha de sus circunstancias personales o ambientales que cuentan con otra vía de protección; y ello sin perjuicio de que la aptitud para una actividad laboral, implique la posibilidad de llevar a cabo las tareas de la misma con la necesaria profesionalidad y con una exigencias mínimas de continuidad, eficacia y dedicación, no concurriendo dicha condición con la mera probabilidad del ejercicio esporádico de parte de aquéllas, pues debe la misma referirse a la posibilidad real de poder desarrollar una actividad profesional en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 , sin que ello suponga un esfuerzo superior o especial para su realización ( STS 11 de octubre de 1979 y 21 de febrero de 1981).

Así, en aplicación de la jurisprudencia del TS deberá declararse la incapacidad absoluta cuando resulte de las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador una inhabilitación completa del mismo para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS de 23-3-1988 y de 12-4-1988), al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988 ) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986), mínimos indispensables en cualquier oficio, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias ( STS de 21-1- 1988).

Ahora bien, esa aptitud laboral no puede interpretarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, como la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal, sino que ha de referirse a la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa, habiendo precisado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que la definición legal de la incapacidad absoluta 'no puede entenderse en sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular en determinados empleos', lo que hace que la calificación de la incapacidad permanente absoluta sea 'un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador', que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1.979 , 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009 , y 1 de diciembre de 2.009 -cita literal -, y 6 de marzo de 1.989).

Por último, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (143 de la LGSS de 1994): 'Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión'.

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de incapacidad permanente más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la incapacidad permanente merecerá la calificación de absoluta por agravación cuando exista una agravación trascendente respecto de las lesiones anteriormente declaradas que produzcan como efecto un cambio en la calificación, de modo que al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87).

SEXTO.-Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial, aplicables, ha de examinarse el caso enjuiciado.

Se ha partir del relato fáctico de la sentencia, que permanece inalterado, al haberse rechazado la pretensión revisoria formulada, que consta transcrito en los antecedentes de hecho de esta sentencia, que se tiene aquí por reproducido. Del mismo resulta que las patologías que padecía la actora en el momento de serle reconocida la incapacidad permanente total para su profesión habitual de Cocinera, en resolución de 27-6-2014 se describen en el Hecho Probado Segundo y son las siguientes: 'prótesis total de cadera derecha por coxartrosis. Osteoporosis con aplastamientos vertebrales. Capsulitis retráctil de hombro izquierdo'. Y en el momento en que solicitó la revisión por agravación, según consta en los Hechos Probados Quinto y Sexto, y son las relacionadas en el dictamen del SGAM de 11-10-2018 de 'prótesis total de cadera derecha por coxartrosis. Osteoporosis con aplastamientos vertebrales. Capsulitis retráctil de hombro izquierdo', 'con intervención en cadera derecha en marzo de 2019 por recambio de la cabeza protésica, con lesión crónica del nervio ciático poplíteo, junto con un trastorno depresivo mayor, episodio recurrente, inespecífico en contexto de trastorno de pánico en control por CSMA público desde el año 2015.'

De la comparación del estado de la actora en el momento de serle reconocida la situación de incapacidad permanente total y su estado en el momento de efectuar la revisión, no se evidencia la existencia de una agravación significativa, de modo, que implique una anulación total de su capacidad laboral. Pues la actora sigue presentando la patología a nivel de cadera, la osteoporosis y la capsulitis retráctil de hombro izquierdo, y aun cuando han aparecido patologías nuevas como lesión crónica del nervio ciático poplíteo, y una patología psiquiátrica que apareció en el año 2015, ninguna de las dos implican una mayor repercusión funcional. Debiendo señalarse respecto a la patología psiquiátrica que no está calificada como grave, con lo que no cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia para entender que constituye una incapacidad permanente absoluta, es decir, no se trata de un cuadro sea grave, persistente y progresivo ( STS de 29-01-1987 , 16- 02-1987 , 14-07-1987, 17-02-1988, 23-02-1988, 30-01-1989, 22-1-1990 , entre otras), cronificado y refractario a cualquier tratamiento, como también viene siendo declarado por esta Sala [entre otras, sentencias de 22-5-2.006, de 28-7-2010 y más recientes de 28-2-2.020, de 4-3-2.020 (Recurso 4828/2019), o de 5-3-2.020 (Recurso 89/2020)].

En definitiva, la actora presenta limitación para realizar actividades que impliquen la realización de esfuerzos físicos, así como bipedestación o deambulación prolongadas, pudiendo desempeñar tareas de carácter más liviano o sedentario.

SÉPTIMO.- En atención a todo lo expuesto, y al no constatarse las infracciones denunciadas, debe desestimarse el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

OCTAVO.- En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la LRJS en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dª Olga frente a la sentencia de fecha 11-3-2020 del Juzgado de lo Social nº 20 de Barcelona, en los autos 353/2019, confirmando dicha resolución. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del 'ordenante' se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como 'beneficiario' deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente, en el campo 'observaciones o concepto de la transferencia' se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe.