Sentencia SOCIAL Nº 1720/2020, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 490/2020 de 21 de Octubre de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN
MALAGA
N.I.G.: 2906744420180011470
Negociado: PC
Recurso: Recursos de Suplicación 490/2020
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 894/2018
Recurrente: Camino
Representante: MANUEL JOSE GUERRERO GALAN
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Representante:S.J. DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MALAGA
Sentencia Nº 1720/2020
ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES, PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. RAMÓN GÓMEZ RUIZ,
ILTMO. SR. D. RAÚL PÁEZ ESCÁMEZ
En la ciudad de MALAGA a veintiuno de octubre de dos mil veinte
La SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, , compuesta por los Ilmos.
Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En el Recursos de Suplicación interpuesto por Camino contra la sentencia dictada por JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 4 DE MALAGA, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. RAMÓN GÓMEZ RUIZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Camino sobre Seguridad Social en materia prestacional siendo demandado INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 10 de febrero de 2020 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.



SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes: I.- Dña. Camino (DNI NUM000 ), nacida el NUM001 de1965, figura afiliada a la Seguridad Social con el número NUM002 , está inscrita en el régimen general, siendo su profesión recepcionista de hotel y su base reguladora 2368,35 euros mensuales.

II.- Solicitada una pensión de incapacidad permanente, se incoó el expediente número NUM003 .

III.- El 27 de junio de 2018 se emitió informe de valoración médica en el que se hacía constar como deficiencia más significativas: 'Sintomatología compatible con síndrome de fibromialgia (Sept-2017). Síndrome feromopatelar y condropatía (grado-II) bilateral, conmeniscopatía externa asociada en rodilla derecha: no intervenidas. Pies cavos, con metatarsalgia de predominio izquierdo' y como limitaciones orgánicas y funcionales: 'Sinlimitación relevante de recorridos articulares; podalgia bilateral de predominio izquierdo; gonartrosis bilateral, con afectación condral sin limitación de flexoextensión asociada;poliartomialgias episódicas; hipotimia leve reactiva sin tratamiento farmacológico'.

El informe finaliza con estas conclusiones: 'Lesiones no definitivas. No se objetivan limitaciones de recorridos articulares, la deambulación y la estática están conservadas en consulta. Poliartomialgias. 53 años recepcionista de hotel *****, desempleada actualmente. Noen IT actual, Alta médica Inspección -SPS: oct 2017.

IP-1997 denegada'.

IV.- El 3 de julio de 2018 el Equipo de Valoración de Incapacidades propuso a la Dirección Provincial de dicho Instituto (por contingencia derivada de enfermedad común) la no calificación del trabajador referido como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan a anulen su capacidad laboral.

Propuesta aceptada por resolución de 4 de julio de 2018.

V.- Presentada reclamación previa contra aquella resolución fue desestimada por resolución del Director Provincial del INSS de Málaga de fecha 22 de agosto de 2018.

VI.- Dña. Camino presentaba en julio de 2018 las patologías descritas en el hecho probado tercero.



TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

Fundamentos

PRIMERO: Frente a la sentencia que desestimó la demanda interpuesta en reclamación de la declaración de la situación de Incapacidad Permanente derivada de enfermedad común con derecho a prestación impugnando la resolución dictada en vía administrativa por la que no se le ha declarado en grado alguno de incapacidad permanente, formula la parte actora Recurso de Suplicación, articulando un motivo dirigido a la revisión de los hechos declarados probados al amparo del art. 193.b de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y un motivo dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma por el cauce procesal del art. 193.c de la Ley Procesal laboral al entender que infringe el art. 137.4, que debe entenderse 194.1.b del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, realizando diversas alegaciones sobre las dolencias padecidas y sus limitaciones funcionales, y solicitando en esta vía la declaración de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.



SEGUNDO: En el primer motivo que interesa la revisión fáctica, pretende la parte recurrente una modificación del relato histórico de la sentencia recurrida en cuanto al cuadro patológico en el sentido de añadir al hecho probado nº 3 el texto que describe, que se da por reproducido, recogiendo que lo procesos son de carácter crónico, episódicos y de curso variable, y en base a la documental obrante a los folios que 34 y 35.

Es doctrina jurisprudencial consolidada la de que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, de manera tal que en el Recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir, y que para que prospere la revisión de hechos probados solicitada al amparo del artículo 193 b) de la Ley Adjetiva Laboral deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

Asimismo es criterio que esta Sala viene manteniendo con uniformidad y constancia, que cuando concurran en las actuaciones diversos informes médicos incompatibles, contradictorias o de contenido distinto, llegado el trámite del recurso de suplicación, el Tribunal 'ad quem' debe mantener y dar preferencia al dictamen médico que haya servido de base a la Sentencia impugnada, teniendo en cuenta las amplias facultades que al Magistrado sentenciador otorgan los artículos 97.2 de la Ley Rituaria Laboral y 348 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, para valorar y elegir entre los varios informes facultativos practicados en el pleito, haciéndolo conjuntamente, en relación con los demás elementos de juicio y sin mas limitaciones que la razón y el ajustarse a las reglas de la sana crítica, pudiendo el Juzgador optar por aquel dictamen que a su juicio merezca mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identificación de la verdadera situación patológica de la persona, sin que pueda permitirse que la recurrente intente sustituir por su criterio personal e interesado el criterio judicial que se ha inclinado por otros medios, con la excepción de que el contenido del informe médico aceptado quede desvirtuado o destruido por otro dictamen médico de mayor rigor técnico y de superior categoría científica, es decir, dotado de mayor fuerza de convicción y así se perciba en el ánimo de la Sala, lo que no ha sucedido en el caso contemplado, y por otro lado que la Sala no puede realizar una nueva valoración de la totalidad de la prueba documental y pericial practicada como el recurrente pretende por corresponder ésta al magistrado a quo e impedirlo la naturaleza extraordinaria del Recurso de Suplicación.

Por todo ello el motivo de revisión fáctica no puede ser acogido pues, siguiendo una reiterada doctrina legal, corresponde al libre y ponderado criterio del Juzgador a quo la valoración de la prueba practicada, como dispone el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social y 348 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, y dicha valoración, efectuada en uso de la facultad que le viene atribuida legalmente, debe ser respetada y mantenida, siempre y cuando no se demuestre el error padecido por el juzgador lo que no se produce en el caso presente, no pudiéndose suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante, siendo así que los informes en que se apoya ya fueron valorados por el magistrado de instancia y no prueban el error pretendido con trascendencia al fallo y debe prevalecer el informe que sustenta la resolución recurrida, por lo que procede desestimar este motivo del recurso.



TERCERO: Y la censura jurídica contenida en la pretensión deducida por la parte recurrente no debe alcanzar éxito, pues, mediante un examen comparativo exigido por la naturaleza esencialmente profesional de la incapacidad permanente postulada, del cuadro patológico que la aqueja, en persona nacida en 1965, y que consta en el inalterado relato histórico, por inatacado salvo en lo dicho, de lesiones consistentes en Sintomatología compatible con síndrome de fibromialgia (Sept-2017). Síndrome feromopatelar y condropatía (grado-II) bilateral, con meniscopatía externa asociada en rodilla derecha: no intervenidas. Pies cavos, con metatarsalgia de predominio izquierdo' y como limitaciones orgánicas y funcionales: 'Sin limitación relevante de recorridos articulares; podalgia bilateral de predominio izquierdo; gonartrosis bilateral, con afectación condral sin limitación de flexoextensión asociada; poliartomialgias episódicas; hipotimia leve reactiva sin tratamiento farmacológico'. No se objetivan limitaciones de recorridos articulares, la deambulación y la estática están conservadas en consulta. Poliartomialgias, y el oficio habitual de recepcionista de hotel para la que postula el reconocimiento en esta vía de la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, debe concluirse que la sentencia recurrida no vulnera el precepto invocado como infringido ya que dicho cuadro patológico no se integra en la situación de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual pues las dolencias no le impiden desarrollar los trabajos propios de la misma, ni le suponen una limitación funcional anulatoria para todas o las fundamentales tareas a que ordinariamente se dedica, dado que aunque le producen algias, dificultades y molestias, no le determinan limitaciones funcionales de manera que anulen su capacidad laboral para dicha profesión, pues no aparece que tengan en el momento del hecho causante la intensidad y gravedad necesarias y exigidas para el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual derivada de enfermedad común pedida, pues las dolencias y su repercusión están bien valoradas por la sentencia recurrida al razonar, de forma no desvirtuada por la parte recurrente, que 'La documentación médica previa a la resolución administrativa y más próxima a ésta, corrobora el cuadro clínico residual establecido en el hecho probado sexto radicando las diferencias en la denominación empleada, en ser síntomas o secuelas de las reconocidas o en carecer de virtualidad incapacitante de forma permanente. En este último grupo ha de incluirse la osteopenia, la discopatía degenerativa L5-S1 al no implicar compromiso mielo-radicular y la hipotimia, al ser carácter leve, no afectando a las facultades intelectivas ni volitivas. Sentado lo anterior, de la prueba practicada y de la exploración realizada por el EVI se infiere que en julio de 2018 las patologías sufridas por la actora no revestían la entidad y gravedad suficientes para inhabilitarla para el ejercicio de su profesión habitual. En este sentido respecto del cuadro osteoarticular, si bien puede ocasionar dolores y molestias, no ostenta la entidad requerida para impedir a la actora el ejercicio de su profesión de forma permanente pues la condropatía rotuliana es de grado II sobre IV, habiendo observado el médico inspector movilidad completa, sin limitación relevante de recorridos articulares y sin dolor en pies cavos y no limitación de flexoextensión de rodilla. Respecto de la fibromialgia, su diagnóstico no determina automáticamente el reconocimiento de un grado de incapacidad permanente, siendo necesario, además, la constancia de datos tales como el número de puntos gatillo positivos, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tratamiento o tratamientos específicos prescritos al afectado y la respuesta a los mismos, así como, y esencialmente, el nivel de repercusión funcional en su caso concreto, puesto que, la fibromialgia no sólo incide de forma diferente según las personas, sino que también varía la repercusión funcional en la misma persona de un día a otro. Esta conclusión no es desvirtuada por el informe pericial de parte, debiendo prevalecer el criterio del EVI, al estar apoyado por la documentación médica y gozar sus integrantes de objetividad e imparcialidad al tratarse de profesionales independientes, y ello, sin dudar de la profesionalidad del perito de la parte actora. En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada sin perjuicio de que en fases álgidas la actora pueda acudir a la incapacidad temporal.'.

En consecuencia, y sin perjuicio de posterior evolución agravatoria y de procesos de Incapacidad Temporal, al no vulnerar la sentencia recurrida los preceptos invocados como infringidos, procede desestimar el recurso con confirmación de la sentencia.



CUARTO: Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes: I.- Dña. Camino (DNI NUM000 ), nacida el NUM001 de1965, figura afiliada a la Seguridad Social con el número NUM002 , está inscrita en el régimen general, siendo su profesión recepcionista de hotel y su base reguladora 2368,35 euros mensuales.

II.- Solicitada una pensión de incapacidad permanente, se incoó el expediente número NUM003 .

III.- El 27 de junio de 2018 se emitió informe de valoración médica en el que se hacía constar como deficiencia más significativas: 'Sintomatología compatible con síndrome de fibromialgia (Sept-2017). Síndrome feromopatelar y condropatía (grado-II) bilateral, conmeniscopatía externa asociada en rodilla derecha: no intervenidas. Pies cavos, con metatarsalgia de predominio izquierdo' y como limitaciones orgánicas y funcionales: 'Sinlimitación relevante de recorridos articulares; podalgia bilateral de predominio izquierdo; gonartrosis bilateral, con afectación condral sin limitación de flexoextensión asociada;poliartomialgias episódicas; hipotimia leve reactiva sin tratamiento farmacológico'.

El informe finaliza con estas conclusiones: 'Lesiones no definitivas. No se objetivan limitaciones de recorridos articulares, la deambulación y la estática están conservadas en consulta. Poliartomialgias. 53 años recepcionista de hotel *****, desempleada actualmente. Noen IT actual, Alta médica Inspección -SPS: oct 2017.

IP-1997 denegada'.

IV.- El 3 de julio de 2018 el Equipo de Valoración de Incapacidades propuso a la Dirección Provincial de dicho Instituto (por contingencia derivada de enfermedad común) la no calificación del trabajador referido como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan a anulen su capacidad laboral.

Propuesta aceptada por resolución de 4 de julio de 2018.

V.- Presentada reclamación previa contra aquella resolución fue desestimada por resolución del Director Provincial del INSS de Málaga de fecha 22 de agosto de 2018.

VI.- Dña. Camino presentaba en julio de 2018 las patologías descritas en el hecho probado tercero.



TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Frente a la sentencia que desestimó la demanda interpuesta en reclamación de la declaración de la situación de Incapacidad Permanente derivada de enfermedad común con derecho a prestación impugnando la resolución dictada en vía administrativa por la que no se le ha declarado en grado alguno de incapacidad permanente, formula la parte actora Recurso de Suplicación, articulando un motivo dirigido a la revisión de los hechos declarados probados al amparo del art. 193.b de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, y un motivo dirigido a la revisión del derecho aplicado en la misma por el cauce procesal del art. 193.c de la Ley Procesal laboral al entender que infringe el art. 137.4, que debe entenderse 194.1.b del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, realizando diversas alegaciones sobre las dolencias padecidas y sus limitaciones funcionales, y solicitando en esta vía la declaración de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.



SEGUNDO: En el primer motivo que interesa la revisión fáctica, pretende la parte recurrente una modificación del relato histórico de la sentencia recurrida en cuanto al cuadro patológico en el sentido de añadir al hecho probado nº 3 el texto que describe, que se da por reproducido, recogiendo que lo procesos son de carácter crónico, episódicos y de curso variable, y en base a la documental obrante a los folios que 34 y 35.

Es doctrina jurisprudencial consolidada la de que es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral en instancia única y al no existir en el proceso laboral Recurso de apelación, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social, de manera tal que en el Recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y sólo de excepcional manera puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente con arreglo al artículo 193.b) de la Ley Procesal Laboral pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el Juzgador a quo hubiera podido incurrir, y que para que prospere la revisión de hechos probados solicitada al amparo del artículo 193 b) de la Ley Adjetiva Laboral deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se señale con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considere equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) Que se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración fáctica tildada de errónea, bien sustituyendo a algunos de sus puntos, bien complementándolos; 3) Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; 5) Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría.

Asimismo es criterio que esta Sala viene manteniendo con uniformidad y constancia, que cuando concurran en las actuaciones diversos informes médicos incompatibles, contradictorias o de contenido distinto, llegado el trámite del recurso de suplicación, el Tribunal 'ad quem' debe mantener y dar preferencia al dictamen médico que haya servido de base a la Sentencia impugnada, teniendo en cuenta las amplias facultades que al Magistrado sentenciador otorgan los artículos 97.2 de la Ley Rituaria Laboral y 348 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, para valorar y elegir entre los varios informes facultativos practicados en el pleito, haciéndolo conjuntamente, en relación con los demás elementos de juicio y sin mas limitaciones que la razón y el ajustarse a las reglas de la sana crítica, pudiendo el Juzgador optar por aquel dictamen que a su juicio merezca mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identificación de la verdadera situación patológica de la persona, sin que pueda permitirse que la recurrente intente sustituir por su criterio personal e interesado el criterio judicial que se ha inclinado por otros medios, con la excepción de que el contenido del informe médico aceptado quede desvirtuado o destruido por otro dictamen médico de mayor rigor técnico y de superior categoría científica, es decir, dotado de mayor fuerza de convicción y así se perciba en el ánimo de la Sala, lo que no ha sucedido en el caso contemplado, y por otro lado que la Sala no puede realizar una nueva valoración de la totalidad de la prueba documental y pericial practicada como el recurrente pretende por corresponder ésta al magistrado a quo e impedirlo la naturaleza extraordinaria del Recurso de Suplicación.

Por todo ello el motivo de revisión fáctica no puede ser acogido pues, siguiendo una reiterada doctrina legal, corresponde al libre y ponderado criterio del Juzgador a quo la valoración de la prueba practicada, como dispone el art. 97.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social y 348 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, y dicha valoración, efectuada en uso de la facultad que le viene atribuida legalmente, debe ser respetada y mantenida, siempre y cuando no se demuestre el error padecido por el juzgador lo que no se produce en el caso presente, no pudiéndose suplantar la apreciación valorativa de este último por la subjetiva del impugnante, siendo así que los informes en que se apoya ya fueron valorados por el magistrado de instancia y no prueban el error pretendido con trascendencia al fallo y debe prevalecer el informe que sustenta la resolución recurrida, por lo que procede desestimar este motivo del recurso.



TERCERO: Y la censura jurídica contenida en la pretensión deducida por la parte recurrente no debe alcanzar éxito, pues, mediante un examen comparativo exigido por la naturaleza esencialmente profesional de la incapacidad permanente postulada, del cuadro patológico que la aqueja, en persona nacida en 1965, y que consta en el inalterado relato histórico, por inatacado salvo en lo dicho, de lesiones consistentes en Sintomatología compatible con síndrome de fibromialgia (Sept-2017). Síndrome feromopatelar y condropatía (grado-II) bilateral, con meniscopatía externa asociada en rodilla derecha: no intervenidas. Pies cavos, con metatarsalgia de predominio izquierdo' y como limitaciones orgánicas y funcionales: 'Sin limitación relevante de recorridos articulares; podalgia bilateral de predominio izquierdo; gonartrosis bilateral, con afectación condral sin limitación de flexoextensión asociada; poliartomialgias episódicas; hipotimia leve reactiva sin tratamiento farmacológico'. No se objetivan limitaciones de recorridos articulares, la deambulación y la estática están conservadas en consulta. Poliartomialgias, y el oficio habitual de recepcionista de hotel para la que postula el reconocimiento en esta vía de la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, debe concluirse que la sentencia recurrida no vulnera el precepto invocado como infringido ya que dicho cuadro patológico no se integra en la situación de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual pues las dolencias no le impiden desarrollar los trabajos propios de la misma, ni le suponen una limitación funcional anulatoria para todas o las fundamentales tareas a que ordinariamente se dedica, dado que aunque le producen algias, dificultades y molestias, no le determinan limitaciones funcionales de manera que anulen su capacidad laboral para dicha profesión, pues no aparece que tengan en el momento del hecho causante la intensidad y gravedad necesarias y exigidas para el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual derivada de enfermedad común pedida, pues las dolencias y su repercusión están bien valoradas por la sentencia recurrida al razonar, de forma no desvirtuada por la parte recurrente, que 'La documentación médica previa a la resolución administrativa y más próxima a ésta, corrobora el cuadro clínico residual establecido en el hecho probado sexto radicando las diferencias en la denominación empleada, en ser síntomas o secuelas de las reconocidas o en carecer de virtualidad incapacitante de forma permanente. En este último grupo ha de incluirse la osteopenia, la discopatía degenerativa L5-S1 al no implicar compromiso mielo-radicular y la hipotimia, al ser carácter leve, no afectando a las facultades intelectivas ni volitivas. Sentado lo anterior, de la prueba practicada y de la exploración realizada por el EVI se infiere que en julio de 2018 las patologías sufridas por la actora no revestían la entidad y gravedad suficientes para inhabilitarla para el ejercicio de su profesión habitual. En este sentido respecto del cuadro osteoarticular, si bien puede ocasionar dolores y molestias, no ostenta la entidad requerida para impedir a la actora el ejercicio de su profesión de forma permanente pues la condropatía rotuliana es de grado II sobre IV, habiendo observado el médico inspector movilidad completa, sin limitación relevante de recorridos articulares y sin dolor en pies cavos y no limitación de flexoextensión de rodilla. Respecto de la fibromialgia, su diagnóstico no determina automáticamente el reconocimiento de un grado de incapacidad permanente, siendo necesario, además, la constancia de datos tales como el número de puntos gatillo positivos, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tratamiento o tratamientos específicos prescritos al afectado y la respuesta a los mismos, así como, y esencialmente, el nivel de repercusión funcional en su caso concreto, puesto que, la fibromialgia no sólo incide de forma diferente según las personas, sino que también varía la repercusión funcional en la misma persona de un día a otro. Esta conclusión no es desvirtuada por el informe pericial de parte, debiendo prevalecer el criterio del EVI, al estar apoyado por la documentación médica y gozar sus integrantes de objetividad e imparcialidad al tratarse de profesionales independientes, y ello, sin dudar de la profesionalidad del perito de la parte actora. En consecuencia, la demanda ha de ser desestimada sin perjuicio de que en fases álgidas la actora pueda acudir a la incapacidad temporal.'.

En consecuencia, y sin perjuicio de posterior evolución agravatoria y de procesos de Incapacidad Temporal, al no vulnerar la sentencia recurrida los preceptos invocados como infringidos, procede desestimar el recurso con confirmación de la sentencia.



CUARTO: Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación FALLO Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por Camino contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Málaga de fecha 10 de febrero de 2020 recaída en los Autos del mismo formados para conocer de demanda formulada por Camino contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre INCAPACIDAD, y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida, sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala IV del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.'