Sentencia SOCIAL Nº 259/2020, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1189/2019 de 19 de Febrero de 2020

Encabezamiento

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Sección: ARM
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL
Plaza de San Agustín Nº6
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 30 64 00
Fax.: 928 30 64 08
Email: socialtsj.lpa@justiciaencanarias.org
Rollo: Recursos de Suplicación
Nº Rollo: 0001189/2019
NIG: 3501644420180005877
Materia: Prestaciones
Resolución:Sentencia 000259/2020
Proc. origen: Seguridad Social en materia prestacional Nº proc. origen: 0000579/2018-00
Órgano origen: Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria
Recurrente: Eugenia ; Abogado: CARMEN ROSA LORENZO DE ARMAS
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; Abogado: SERVICIO JURÍDICO SEGURIDAD
SOCIAL LP
Recurrido: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; Abogado: SERVICIO JURÍDICO SEGURIDAD
SOCIAL LP
En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de febrero de 2020.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Las Palmas
de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ, Dña.
MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ y Dña. GLORIA POYATOS MATAS, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0001189/2019, interpuesto por Dña. Eugenia , frente a Sentencia
000115/2019 del Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria los Autos Nº 0000579/2018 en
reclamación de Prestaciones siendo Ponente el ILTMO. SR. D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por Dña. Eugenia , en reclamación de Prestaciones siendo demandado el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.



SEGUNDO.- En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: 1.- La parte actora nacida en el año NUM000 1972 está afiliada al Régimen General de la Seguridad Social siendo su profesión habitual la de DEPENDIENTE .

2.- Inició la vía admnistrativa , dictando resolución la Dirección Provincial del INSS en fecha 03 de abril de 2018 en la que se consideraba que la actora no estaba afecto a ningún grado de invalidez .

3.- El actor interpuso reclamación previa en fecha solicitando la absoluta y subsidiariamente la total , petición qué fué desestimada de modo expreso.

4.- La base reguladora de la prestación es la de 404,23 euros para ambos grados y la fecha de efectos 20 de marzo de 2018.

5.- La parte actora padece las siguientes patologias: RAQUIALGIA MECÁNICA CRÓNICA .MOVILIDAD CERVICAL Y LUMBAR LIMITADA Y DOLOROSA RADICULOPATIA MOTORA CRÓNICA LVE C6- C-7 .RADICULOPATIA MOTORA CRÓNICA MODERADA L-5-S-1 BILATERAL .LIMITACIÓN PARA FLEXO EXTENSIÓN DE LA COLUMNA Y CARGA DE PESOS .TRASTORNO MIXTO ANSIOSO- DEPRESIVO REACTIVO MODERADO SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL (del informe del Dr Pedro Jesús e informe de Ciudad jardin )

TERCERO.- El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Eugenia contra INSS en reclamación por invalidez, ,debo declarar y declaro a la actora situación de invalidez permanente total cualificada para su profesión habitual de dependiente por enfermedad común, condenando Al INSS al abono de una pensión del 75% sobre la base reguladora de 404,23 euros mensuales y fecha de efectos de 27 de marzo de 2018, con más revalorizaciones y mínimos legales y descuentos que procedan

CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte Dña. Eugenia , siendo impugnado de contrario y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente.

Señalándose para votación y fallo el día 11 de febrero de 2020.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda de la actora, y declara a la misma en situación de incapacidad permanente total, reconociéndole el siguiente cuadro de lesiones: '...RAQUIALGIA MECÁNICA CRÓNICA, MOVILIDAD CERVICAL Y LUMBAR LIMITADA Y DOLOROSA RADICULOPATIA MOTORA CRÓNICA LVE C6-C-7 RADICULOPATIA MOTORA CRÓNICA MODERADA L-5-S-1 BILATERAL LIMITACIÓN PARA FLEXO EXTENSIÓN DE LA COLUMNA Y CARGA DE PESOS TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO REACTIVO MODERADO SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL (del informe del Dr Pedro Jesús e informe de Ciudad jardín)...'.

Contra la misma se alza la parte recurrente, formulando el presente recurso, con base en un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica.

Así, en primer lugar y con amparo en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social pretende la sustitución del hecho probado quinto por el siguiente texto: '...La parte actora padece las siguientes patologías y limitaciones: Raquialgia mecánica crónica. Movilidad cervical y lumbar limitada y dolorosa. Radiculopatia motora crónica leve C6-C7. Radiculopatia motora crónica moderada L5-S1 bilateral.

Limitación para flexo extensión de la columna y carga de pesos, para trabajos con elevación de brazos por encima de la horizontal, bipedestación estatica y dinámica, deambulación y sedestación.

El proceso clínico en su evolución a nivel lumbar puede ser etiquetado como un síndrome de cirugía de espalda fallida.

Trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo moderado con la siguiente sintomatología: anhedonia, tristeza, crisis de ansiedad, baja autoestima y dificultades de procesos cognitivos básicos (atención, concentración, memoria)...'.

En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( SSTC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 20043694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09) Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec.

216/10)Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por si sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar una nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

A la vista de lo expuesto el motivo ha de prosperar, pues es cierto, resulta de la documental y completa el relato fáctico, incorporando los datos que resultan del informe pericial que el Juez acepta.



SEGUNDO.- En segundo lugar, y con amparo en el artículo 193 c) de la LRJS alega infracción del artículo 194.1 de la Ley General de la Seguridad Social al considerar que las lesiones que padece le incapacitan para todo tipo de trabajo.

Sostiene la parte que la afectación física produce ya una gran limitación, al impedir la sedestación; a lo que hay que añadir la afectación psicopatológica.

El motivo así articulado ha de decaer, pues el propio perito habla en su informe (folio 89) de limitación para actividades que requieran sobrecargas ligeras del segmento afecto.

Luego destaca que la actora presenta limitaciones cervicales y lumbares que dificultan los requerimientos mecánicos exigibles a los segmentos raquídeos mencionados (cervicales y lumbares).

El juzgador estima que ello no dificulta la realización de trabajos sedentarios; y, además, considera que la afectación psicopatológica, de la que solo existe un único informe (folio 101), que lleva fecha de octubre de 2016, sin informes posteriores; aparece en el informe con una mera referencia al mismo; por lo que el Juez entiende que es moderado, no existiendo una prueba bastante que corrobore su entidad.

Comparte, pues la Sala la valoración del Juez de instancia, que el recurso no desvirtúa, lo que obliga a desestimar el mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña. Eugenia contra la Sentencia 000115/2019 de 28 de marzo de 2019 dictada por el Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria sobre Prestaciones, la cual confirmamos íntegramente.Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de 11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 € previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en el BANCO DE SANTANDER c/c Las Palmas nº 3537/0000/66/1189/19, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a Dada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente que la suscribe a los efectos de su notificación, uniéndose certificación literal de la misma a los autos originales, conforme a lo dispuesto en los Art. 266.1 de la L. O. P. J. y 212 de la L. E. C., archivándose la presente en la Secretaría de este Juzgado en el Libro de su clase. Doy fe