Sentencia SOCIAL Nº 2871/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1874/2018 de 14 de Mayo de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 08019 - 34 - 4 - 2018 - 0000210
mm
Recurso de Suplicación: 1874/2018
ILMO. SR. DANIEL BARTOMEUS PLANA
ILMO. SR. AMADOR GARCIA ROS
ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ
En Barcelona a 14 de mayo de 2018
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as.
Sres/as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 2871/2018
En el recurso de suplicación interpuesto por Leocadia frente a la Sentencia del Juzgado Social 10
Barcelona de fecha 12 de diciembre de 2017 dictada en el procedimiento nº 906/2016 y siendo recurrido
Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. AMADOR GARCIA ROS .

Antecedentes

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 12 de diciembre de 2017 que contenía el siguiente Fallo: 'Que desestimando la demanda interpuesta por Dª. Leocadia , contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, absuelvo a las demandadas de las pretensiones deducidas de contrario confirmando la resolución administrativa impugnada.'

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes: '1.- Dª. Leocadia , nació el NUM000 /1957, con D.N.I nº NUM001 figura afiliada en la Seguridad Social núm. NUM002 , en Régimen de General, su profesión habitual es de administrativa (Expediente administrativo).

2.- Por resolución del INSS de fecha 08/08/2016 se le notificó la resolución dictada por la Dirección Provincial del INSS expediente nº NUM003 sobre incapacidad permanente por que se desestimaba la solicitud de incapacidad. No estando conforme con la resolución, la parte actora interpuso la correspondiente reclamación previa siendo denegada en fecha 28/09/2016 (Expediente administrativo) 3.- El dictamen médico emitido por el ICAM de fecha 25/05/2016 le reconoce las siguientes lesiones: - SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO DERECHO, TRATADA QUIRÚRGICAMENTE EL DÍA 25/05/2016: SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL.

- SÍNDROME VERTIGINOSO CON CONTRACTURA MUSCULAR PARACERVICAL; SIN LIMITACIONES FUNCIONALES.

- TRASTORNO DE PERSONALIDAD CLUSTER C.

- EPISODIO ANSIOSO-DEPRESIVO N.E. SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL (Expediente administrativo) 4.- La parte actora manifiesta que en la actualidad está afectada de las siguientes patologías: - TENDINOSIS Y CON RUPTURA DISTAL DEL TENDÓN DEL MÚSCULO SUPRAESPINOSO.

- BUSITIS SUBACROMIO-SUBDELTOIDEA - HIPERTROFIA DEGENERATIVA DE ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR CON REDUCCIÓN DEL ESPACIO SUBACROMIAL.

- SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO - NEUROPATÍA POR TRATAMIENTO CUBITAL.

- RECTIFICACIÓN DE LORDOSIS CERVICAL CON CAMBIOS ESPONDILO-UNCARTROSICOS.

- PINZAMIENTO DE DOS ESPACIOS INTERSOMÁTICOS DEL SEGMENTO C3-C7, CON RETROLISTESIS DEL SEGMENTO C4-C5.

- PROTRUSIÓN-HERNIA DISCAL POSTREROMEDIAL Y LATERAL DERECHA EN C4-C5 CON HIPERTROFIA UNCOVERTEBRAL DERECHACONDICIONAN ESTENOSIS DEL FORAMEN DERECHO Y ESTENOSIS DEL CANAL RAQUÍDEO.

- SÍNDROME VERTIGINOSO - PROTRUSIÓN DISCAL POSTEROMEDIAL C5-C6 CON LESIÓN RADICULAR Y OSTEOFRITOS MARGINALES E HIPERTROFIA UNCOVERTEBRAL.

- ABOMBAMIENTO DISCAL POSTERIOR C6-C7 - PROTRUSIÓN FORAMINAL IZQUIERDAL3-L4 CON COMPROMISO DE TRAYECTO DE NERVIO L3 IZQUIERDO. POSIBLE HERNIA DISCAL L4-L3.

- NEUROMÁS DE MORTON. LOCALIZADOS EN 2 Y 3º ESPACIO INTERMETATARSIANOS DEL PIE DERECHO Y ENTRE 2 Y ENTRE LAS CABEZAS DE 2 Y 3º METATARSIANOS DEL IZQUIERDO.

- DEFORMIDAD VALGO CONGÉNITA DE LOS PIES CON IMPORTANTE DOLOR EN LOS PIES Y ESPALDA.

- DISIMETRÍA DE 2 CM DE LONGITUD DE LOS MIEMBROS INFERIORES.

- CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL MULTIFOCAL.

- QUERARTROSIS ACTÍNICA.

- INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA - TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR CON EPISODIOS RECIDIVANTES Y GRAVES.

- TRASTORNO POR DEPENDENCIA DE LA PERSONALIDAD.

- TRASTORNO DE PERSONALIDAD CLUSTER C.

- SÍNDROME VESTIBULAR DEFICITARIO PERIFÉRICO IZQUIERDO.

(Informes médicos Hospital Clínic, Institut Catalá de la Salut, Hospital Sagrat Cor) 5.- La demandante acredita el período mínimo de cotización para causar derecho a la prestación. La base reguladora en caso de prosperar la demanda sería de 2.606,98 euros, con fecha de efectos de cuando se produzca el cese efectivo de su trabajo. (Hecho no controvertido)'

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento del recurso : Frente a la sentencia que desestima la demanda de reclamación de incapacidad permanente absoluta, ahora la actora no conforme con la misma, interpone recurso de suplicación en el que solicita, de forma principal la nulidad de la sentencia por no contener en el relato las dolencias y patologías que sufre la actora, y para el supuesto de que sea rechazada la nulidad, de forma subsidiaria, reclama bajo la rúbrica de la revisión fáctica y del derecho, la modificación de los hechos probados (en concreto del cuarto), así como el examen del derecho a través del cual denuncia la infracción del artículo 194.4 y 5 del TRLGSS (2015) en relación con la DTª 26 del mismo texto legal, y todo ello por entender que las dolencias y limitaciones que sufre la hacen tributaria del grado de incapacidad que solicita.

No se ha impugnado el recurso.



SEGUNDO.- Nulidad : Refiere la actora que como en los hechos probados no consta cuales son las dolencias y patologías que a juicio de la Juzgadora de instancia se declaran probadas, aunque, después se recojan en la fundamentación, dicho error coloca a la parte en una clara situación de indefensión que la Sala debería corregir con la reposición de los autos al momento de dictarse la sentencia. Petición que no podemos aceptar pues es doctrina reiterada y consolidada la que señala que la inadecuada colocación de hechos y fundamentos de derecho dentro de la estructura de la sentencia para nada afecta a la naturaleza jurídica de unos y otros, que persisten en su propia y natural condición a los fines de la resolución judicial, de suerte que son hechos probados no sólo los que figuran en el relato fáctico sino también los que, estimados como tales aunque así no se diga expresamente, consten en cualquier otro lugar de la sentencia ( SSTS de 11 de abril de 1981 , 13 de noviembre de 1984 y 14 de abril de 1986 , STS de 9 de octubre de 1989 , 27 de julio de 1992 , de las de esta sala de 16 de abril de 1996 , entre otras.).

Por tanto, como la colocación de los hechos probados en un lugar diferente de la sentencia al que deberían estar no puede vulnerar las normas que rigen la sentencia, tampoco es admisible la nulidad por indefensión, por lo que procede desestimar el primero de los motivos que conforman este recurso.



SEGUNDO.- Revisión de los hechos probados : Se reclama que se añada al relato un hecho nuevo, el cuarto bis, al que se debería dar el contenido que propone, y que aquí, para evitar errores de transcripción damos íntegramente por reproducido. Para alcanzar el éxito de su propuesta se citan de referencia el documento 4,11,16, y 25 de su pieza de prueba.

El motivo así formulado no puede tener favorable acogida, porque, para construir su versión de los hechos, el juez/o la jueza de instancia tiene reconocida plena libertad, dentro del principio de imparcialidad y objetividad de conformidad con lo previstos en los arts. 218 LEC y 97.2 LRJS , de tal manera que en el supuesto de concurrencia de informes facultativos de contenido distinto e incluso de contenido contradictorio, puede elegir aquel que a su juicio y en conciencia revista mayores garantías de objetividad, imparcialidad e identificación del verdadero y real estado de la persona afectada, de suerte que en el supuesto de concurrencia de informes facultativos de contenido distinto e incluso de contenido contradictorio, ya en fase de recurso, el Tribunal 'ad quem' ha de mantener la prioridad de aquel dictamen médico que haya servido de soporte a la sentencia del Juzgador/a 'a quo', sin que esa opción pueda ser combatida con éxito en suplicación, si no se prueba con evidencia haberse postergado dictamen de mayor valor científico e imparcialidad, lo que no acontece en este caso dado que los informes sobre las que la parte se apoya no solo fueron valorados por la Juzgadora sino que además no se les dio la relevancia como a los otros informes que se citan en el fundamento de derecho 3º, que a su juicio ofrecen una mayor garantía de acierto que el resto de los que componen estos, por lo que entre escoger la valoración interesada y parcial que hace el recurrente y la que hizo el Juzgado, debemos dar más valor a esta última por cuanto goza de una mayor objetividad que la que pretende introducirse ahora en el relato.



TERCERO. Censura jurídica : La Jurisprudencia ha sentado con reiteración, los siguientes criterios del precepto que tipifica la Incapacidad Permanente Absoluta, sus antecedentes históricos, la realidad social y fundamental el espíritu y finalidad de la norma: 1) No es posible, para la tipificación de una Incapacidad Laboral, reconducir a la unidad los supuestos de hecho en su proyección jurídica. Por tratarse de una tarea compleja en la que se han de tener en cuenta factores laborales, médicos y jurídicos, y considerar variados informes periciales, con frecuencia demasiado lacónicos en la descripción de los padecimientos que aquejan al trabajador y faltos de precisiones sobre cuáles son los concretos efectos negativos que cada uno de esos males determina precisamente en esa persona, individualizada, única e irrepetible. Por eso, salvo absoluta coincidencia de todas y cada una de las lesiones, en su identidad y grado -cosa prácticamente imposible que se produzca-, la invocación de precedentes y jurisprudenciales resulta ineficaz, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante, en cuanto que cada concreto supuesto reclama también concreta decisión, ya que sólo así queda otorgada la plena tutela judicial. 2) Debe valorarse más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas. en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar a quien los sufre sin posibilidad de iniciar y consumar las faenas que corresponde a un oficio, siquiera sea el más simple de se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen.

3) No sólo debe ser reconocido este grado de Incapacidad al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquélla que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tengan facultades para consumar, con cierta eficacia, las tareas que componen una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. Sin que impida esta calificación la posibilidad de desarrollar aquellas actividades marginales que en el arto 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social declara compatibles con la percepción de pensión por Incapacidad Permanente Absoluta. Pero no es menos cierto que dichas actividades, y la aptitud para su desarrollo, no deben comprender el núcleo funcional de una profesión u oficio, cualquiera que sea, pues a todos incluye tal grado de invalidez, y el citado precepto alude a aquellas actividades marginales 'que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión'. 4) La realización de una actividad laboral, por liviana que sea, incluso las sedentarias, sólo pueden consumarse mediante la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en el mismo durante toda la jornada, debe poder realizarse con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros, por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención, que son indispensables en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquéllas en las que se ofrezcan tales carencias.

Inmodificado el relato de hechos se puede observar que el cuadro residual que presenta la trabajadora, por mucho que se esfuerce el letrado recurrente en afirmar lo contrario, no ha alcanzado todavía la gravedad que sería necesaria para llegar al convencimiento de que no puede ejercer ninguna otra profesión que sea compatible con su estado.

Es cierto que la actora sufre una pluripatología: pero ha quedado acreditado que a nivel de la columna lumbar, no presenta limitación funcional relevante; respecto a los hombros, muñecas y manos, conserva la movilidad bilatera; en relación a las rodillas, consta probado que puede mantener una deambulación prolongada, y no consta que tenga problemas para sedestación, ni la bipedestación de igual naturaleza; por lo que respecta del trastorno depresivo, en estos momentos no acredita que le produzca ninguna limitación psicofuncional alguna. En definitiva, siendo muchas las dolencias que presenta, desde un punto de vista funcional puestas en relación con su profesión de administrativa o con cualquier otra, estas son tan leves y de tan escasa repercusión funcional, que no le impiden continuar ejerciendo su profesión habitual, y si no presenta limitaciones en relación a dicha actividad, es evidente que no puede lucrar el grado de incapacidad que reclama.

A la vista de los razonamientos que nos preceden, la Sala, coincidiendo con el Juzgado, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia impugnada declarando que la actora no está afecta al grado de incapacidad permanente solicitado.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quién de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo.

Fallo

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Leocadia , contra la Sentencia de 12 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona , en autos nº 906/2016, promovidos por la propia recurrente, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación por incapacidad permanente, y en consecuencia, confirmamos la resolución impugnada. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos: La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del 'ordenante' se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como 'beneficiario' deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA.

Finalmente, en el campo 'observaciones o concepto de la transferencia' se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/ a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.