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19/08/2021
Sentencia SOCIAL Nº 32/2021, Juzgado de lo Social - Guadalajara, Sección 2, Rec 152/2020 de 05 de Febrero de 2021
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Orden: Social
Fecha: 05 de Febrero de 2021
Tribunal: Juzgado de lo Social Guadalajara
Ponente: ESPEJO-SAAVEDRA LOPEZ, MARIA ARANZAZU
Nº de sentencia: 32/2021
Núm. Cendoj: 19130440022021100035
Núm. Ecli: ES:JSO:2021:1248
Núm. Roj: SJSO 1248:2021
Encabezamiento
En Guadalajara, a 5 de febrero de 2021.
Vistos por la Ilma. Sra.
Antecedentes
El día señalado, el acto de conciliación terminó sin acuerdo y el acto del juicio conforme consta en la grabación adjunta. Acto en el que la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, oponiéndose las codemandadas por los motivos que obran. El Ministerio Fiscal reservó su posición al trámite de conclusiones finales. La parte actora, aclaró en relación a la distribución de responsabilidad entre codemandados, que entendía aplicable una responsabilidad de empresa y Sr. Camilo del 70% y de la Sra. Martina del 30%. Tras practicarse las oportunas pruebas declaradas pertinentes, consistentes en documental y testificales, las partes concluyeron solicitando de este Juzgado se dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Se concedió trámite de conclusiones escritas, en el que se elevan a definitivas las pretensiones de demanda y contestación a demanda; el Ministerio Fiscal interesó la íntegra desestimación de la demanda. Las actuaciones quedaron vistas para resolver.
Hechos
La trabajadora prestaba servicios en el establecimiento sito en Pasaje Dr. Fleming nº 3 de Guadalajara.
-Tanto al entrar al puesto de trabajo y durante la jornada laboral comprobar temperatura y limpieza y control stock de zumos/agua del SPA,
-Limpieza y desinfección del balneario con productos homologados y no tóxicos, control de producto pH activo para la piscina.
-Tanto al entrar al puesto de trabajo y durante la jornada laboral control del vestuario, comprobar jabón, papel higiénico y recoger/limpiar en el caso de que hubiera peles/pelos/huellas en el suelo del mismo, Y la correcta distribución de las perchas en las taquillas (dos en cada una).
-Comprobar stock de productos higiénico-sanitarios y bebidas del SPA, avisando en recepción de la necesidad de reposición de los mismos para hacer pedido.
-Control de stock, limpieza, secado y reposición de las toallas de recepción.
-Compra física en Mercadona de productos de limpieza semanalmente.
-Mostrar las instalaciones del centro e informar de tarifas, horarios y servicios a los posibles usuarios.
-Comprobar estado del material de clases colectivas y su correcta colocación.
- Apoyo a recepción.
-Realización de encuestas de satisfacción entre los usuarios del centro (tanto socios como usuarios del balneario).
-Entregar informe escrito de forma manual y semanalmente sobre las tareas realizadas de los puntos anteriormente descritos a su coordinadora Martina.
Dª Martina realiza funciones de coordinadora, encargada de recepción desde noviembre de 2018, es representante de los trabajadores y delegada de prevención: miembro de Comité de Prevención de riesgos laborales creado en enero de 2018 (6 miembros).
La trabajadora solicitó ayuda a la Sra. Martina, en su condición de representante de los trabajadores, que actuó de intermediaria con la empresa y que puso en contacto a la actora con los asesores de su sindicato (UGT) que confirmaron defectos en nóminas.
La existencia de incorrecciones en nóminas desde enero de 2018 afectó a más trabajadores.
En junio de 2018 se revisaron las instalaciones por empresa de control de plagas, la cual informó no detectar restos evidentes de ratas ni lugar por donde puedan estar introduciéndose.
En noviembre de 2018
En fecha indeterminada la Sra. Martina indicó a la actora a través de nota manuscrita que debía inflar las pelotas pequeñas de pilates.
La actora fue alta por mejoría el 21 de agosto de 2019.
Tras intercambio de pareceres en relación a las fechas de disfrute de vacaciones, finalmente el Sr. Camilo indica que se reincorpore el día 4 de septiembre.
La actora presentó demanda en los juzgados de lo social que dio origen al procedimiento de modificación de condiciones sustanciales 798/2019 de este juzgado, que culminó son sentencia de fecha de 29 de noviembre de 2019, cuyo fallo acordó 'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Dª Juana frente a FITNESS PROJECT CENTER S.L, sobre MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, y debo declarar y declaro que las modificaciones de cambio de centro, de jornada, horario y salario de la actora son injustificadas, y en consecuencia CONDENO a FITNESS PROJECT CENTER S.L a reponer a la trabajadora en las condiciones que ostentaba con anterioridad a las mismas, y a indemnizarla en la suma de 484,33 euros.' -sentencia obra en autos y se da por íntegramente reproducida-
Al reincorporarse la actora a su centro de trabajo, tras ser notificada la sentencia dictada en el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo, el 4 de diciembre de 2019, la actora no realiza las funciones de atención al cliente, y encuestas de clases colectivas por decisión empresarial, que sí realiza Dª Eloisa.
Fundamentos
El hecho probado primero resulta de los hechos de la demanda no controvertidos, y en lo que hace al salario de la actora, se fija a los efectos de este procedimiento en la cuantía bruta mensual de 622,44 euros. En primer lugar, y en cuanto al plus de transporte, no se tiene en consideración por ser un concepto extrasalarial. El salario base y el concepto de parte prorrateada de paga extraordinaria, se extrae de la última nómina obrante en autos anterior a situación de incapacidad temporal de la actora e inclusión en ERTE. Y en cuanto al concepto de complemento absorbible/compensable, del que nada se adujo por ninguna de las partes, advirtiéndose que es en todo caso variable, y no siendo posible tener en consideración las últimas doce nóminas, dado que o bien la actora percibía prestación por incapacidad temporal, o bien se hallaba en ERTE, se han tenido en consideración las nóminas de meses completos retribuidos, que son las que van de octubre de 2019 a febrero de 2020. Y así en estos 5 meses, la media cobrada al mes resultaría de 17,3 euros. Es consciente esta juzgadora de que dicha previsión puede no responder a la realidad de la media que debe cobrar por tal concepto la actora, pero las partes no han posibilitado un cálculo distinto, no alegando nada a este respecto. Así, 518,7 euros de salario base, más 86,44 de parte proporcional de extras más 17,3 euros de concepto variable, alcanza la suma de 622,44 euros.
El hecho probado segundo resulta del certificado de funciones de la empresa aportado por ambas partes y en esencia corroboradas a través de la testifical de Dª Maribel, compañera de la actora, con funciones de recepcionista.
El hecho probado tercero, no controvertido, acorde a actas de Comité acompañadas por la actora.
El hecho probado cuarto, de alegaciones de parte, testifical de Dª Maribel que confirmó que la actora impartió clases de matronatación y refirió que de eso hacía muchos años ya, no acordándose bien y de la aplicación del artículo 217 de la LEC.
El hecho probado quinto resulta de la valoración conjunta de las alegaciones de la actora en demanda y documento nº 4 del ramo probatorio de la codemandada Sra. Martina.
En lo que hace a que la actora no era la única empleada afectada, se infiere tanto de las actas del comité de empresa de 7 de febrero de 2018 y de 7 de junio de 2018 como de las manifestaciones de Dª Maribel, conocedora de que 'se miraron nóminas' y de las manifestaciones del Sr. Gines que aseguró que también hubo problemas con otros trabajadores.
El hecho probado sexto resulta del documento nº 6 del ramo probatorio de la actora y del documento nº 8 acompañado por la empresa demandada.
El hecho probado séptimo resulta de los documentos 9 de empresa y 8 de la codemandada Sra. Martina (coincidentes en esencia) y sobre todo, del testimonio de Dª Maribel, quien manifestó que las comunicaciones manuscritas eran habituales.
El hecho probado octavo es reflejo de la documental gráfica acompañada por la actora, así como documento 3 del ramo probatorio de la Sra. Martina y declaración del testigo, D. Laureano, cliente que comunicó a la Sra. Martina que las tollas estaban amarillas.
El hecho probado noveno se infiere de las alegaciones de la actora y documentos 15 y 16 aportados por ésta junto a la demanda.
El hecho probado décimo no es controvertido, documento 12 acompañado a la demanda.
El hecho probado decimoprimero resulta del documento 14 acompañado a la demanda.
El hecho probado decimosegundo se infiere del documento nº 18 acompañado a la demanda.
El hecho probado decimotercero, se infiere de las declaraciones testificales de Dª Maribel y Dª Eloisa. La primera mantuvo que los últimos años ya no la sustituía, pero reconoció que sí enseñaba el gimnasio al público y hacía encuestas, y que ahora sólo realiza funciones de balneario. La Sra. Eloisa por su parte atestiguó que ella hace funciones de comercial y que la actora hace las relacionadas con la limpieza/mantenimiento y que no la sustituye en sus funciones.
El hecho probado decimocuarto, del documento nº 20 de la actora.
El hecho probado decimoquinto es reflejo del documento nº 5 de empresa y testifical de Dª Maribel.
El hecho probado decimosexto resulta del documento nº 20 de actora.
El hecho probado decimoséptimo se infiere de las manifestaciones de la testigo, Dª Maribel.
El hecho probado decimoctavo se infiere del documento doce de la actora acompañado a la demanda, del documento acompañado al acto de la vista y de la testifical del Dr. Roman.
Apuntar finalmente, que los hechos aducidos en demanda respecto de los que no se realiza pronunciamiento expreso, son aquellos respecto de los que no se ha practicado prueba y que de conformidad con el artículo 217 de la LEC no han resultado acreditados.
Frente a ello se oponen los codemandados quienes niegan la existencia del citado 'mobbing'.
No obstante, en caso de existir, y como se dirá a continuación, el acoso laboral, es resultado de un conjunto de actuaciones continuadas que se extiende en el tiempo, por lo que ha de ser apreciado en su conjunto. Y en este caso, desde el último hecho aducido como causante de la conducta acosadora imputada a los codemandados, no ha trascurrido más de un año, por lo que la acción no ha prescrito.
c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente (apartado 2 del art. 50 del E.T).
Dicha inversión de la carga de la prueba se ha interpretado por las diversas instancias judiciales, Juzgados de lo Social y Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, y por el Tribunal Constitucional, por este último, por todas, en sentencia núm. 233/2007, de 5 de noviembre, de su sala segunda, con cita de su sentencia 38/1981, de 23 de noviembre, acerca de la importancia que tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba en estos casos, ya que según reiterada doctrina, cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio contra un derecho fundamental, pero para que opere este desplazamiento al demandado del 'onus probandi' no basta con que el actor tilde a la decisión impugnada de discriminatoria, sino que ha de acreditarse la existencia de indicios generadores de una razonable sospecha, apariencia o presunción que puedan servir de sustento de la indicada alegación, y sólo una vez presente esta prueba indiciaria el demandado asumirá la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o que (aun cuando no justifique su licitud) se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales; no imponiéndose, por tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo (la no discriminación), sino la acreditación de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y la de que ésta resulta absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales, razonamientos que también se efectúan en las SSTC 17/2003, de 30 de enero,; 188/2004, de 2 de noviembre, FJ 4; 38/2005, de 28 de febrero, FJ 3 EDJ; 3/2006, de 16 de enero, FJ 2 , o 183/2007, de 10 de septiembre, FJ 4.
Resulta al respecto de gran interés la Sentencia STSJ, País Vasco, sala Social sección 1 del 21 de diciembre de 2010 ( ROJ: STSJ PV 4711/2010 - ECLI:ES:TSJPV:2010:4711 ), según la cual '(...)
Sentencia TSJ La Rioja, Social sección 1 del 22 de octubre de 2020 STSJ, recuerda la doctrina del Tribunal Supremo y dice que '
En este sentido, siguiendo el resumen de actuaciones al que alude la actora en el hecho tercero de su demanda y en relación, en primer orden, a la conducta imputada a Dª Martina, debe decirse que no cabe confundir la mayor o menor diligencia con la que la Sra. Martina haya ejercido sus funciones en representación de los trabajadores, con la existencia de conductas destinadas a denigrar o menoscabar la dignidad de la actora. Pero, es más, ha resultado probado que la Sra. Martina asistió debidamente a la actora en lo que hace a los defectos o incorrecciones existente en sus nóminas, haciendo de intermediaria con la empresa y poniéndola en contacto con los servicios jurídicos de su sindicato. Y, desde luego, de lo actuado no ha resultado ni un solo acto consistente en ridiculizar o mofarse de la actora, o actuación ante otros empleados de la que inferir trato degradante alguno.
Se ha demostrado que las indicaciones a través de notas manuscritas eran habituales cuando no existía coincidencia en el turno y que no eran un medio utilizado para comunicarse únicamente con la actora. De la lectura de las notas, resulta que se realizaban indicaciones a la demandante en relación con sus funciones, sin desprecio alguno hacia ella y con plena corrección.
De otro lado, se ha de indicar que ni la distribución de las vacaciones ni la confección del calendario laboral compete a la Sra. Martina.
Y en lo que hace a las directrices relacionadas con la necesidad de lavar toallas, comprar una determinada marca lejía o cómo hacer uso de la lavadora, de las que la actora parece inferir un trato degradante, es necesario precisar que se trata de indicaciones concretas relacionadas con las tareas propias de la actora, que obviamente han de ser controladas por la empresa. Se ha demostrado, además, que existió la queja de un cliente al menos en relación con el estado de las toallas, de lo que se derivaron las citadas indicaciones a la actora. Apuntar que la demandante insiste en que lleva doce años poniendo la lavadora, si bien, su compañera Maribel, testificó, que no lleva doce años poniendo la lavadora, porque antes las toallas se llevaban a lavar fuera.
En relación a la conducta de la empresa y de D. Camilo:
Lo primero que se ha de exponer es que no se ha evidenciado ninguna comunicación ofensiva. En este sentido, ningún documento lo evidencia y ningún testigo manifestó haber presenciado hecho que revelare trato degradante o vejatorio hacia la actora. El único momento de todos los relatados por la actora en el que se encontraba presente, a petición del Sr. Camilo, su compañera Dª Maribel fue el acontecido en febrero de 2020, en el que el demandado responsabilizó a la actora de no dar cuenta de que una ducha biotérmica llevaba un mes sin funcionar y de que una papelera de matronatación estaba llena de papeles desde hacía días. La testigo explicó que ella entendió que se trataba de amonestaciones, y utilizó la expresión de 'echar la bronca', si bien aseveró que no se levantó el tono de voz ni faltó al respeto y que situaciones así también las había vivido ella.
El primer hecho que se alega por la actora, del que resultaría derivar el comienzo del acoso, aconteció supuestamente en julio de 2017, fecha en la que según la actora comunicó que ya no realizaría más horas extras. A este respecto, nada se ha probado ni intentado probar. Ni siquiera se interesó el registro de jornada que necesariamente la empresa estaba obligada a llevar en relación con la jornada de los trabajadores a tiempo parcial.
En lo que hace a los posibles incumplimientos de abono de salario por defectos en nóminas, se ha probado que es una problemática que no se ciñe a la actora, y que ha afectado a otros empleados, lo que evidencia que no es una conducta dirigida a menoscabar la dignidad de la actora.
En cuanto al suceso referente a la existencia de una rata en la depuradora, con independencia de que sea o no cierto, y de que se cumpliesen en mayor o menor medida las normas técnicas de mantenimiento o salubridad, no se infiere de ello, nada más que el malestar de la actora por tener que realizar determinadas funciones.
Respecto a la fijación de las vacaciones, no hay constancia de que se impongan a la actora de modo discriminatorio o diverso en relación al resto de empleados. La solicitud de vacaciones en enero de 2019, solicitando las vacaciones entre el 4 y el 24 de julio es contestada por la empresa, con arreglo a la legalidad vigente, imponiendo del 1 al 13 de agosto por cierre del balneario. Las partes alcanzan acuerdo al respecto. Y posteriormente, la situación de incapacidad temporal de la actora, hace necesario nuevas conversaciones de cuándo reincorporarse, que, pese a un primer desencuentro en las fechas, termina por aclararse, sin que sea revelador de un intento de menoscabar los derechos de la actora.
Los únicos comportamientos que pueden resultan indiciarios a los efectos pretendidos por la demandante, son los concernientes a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, que no se ha justificado por la empresa, y el hecho de que desde que la actora se reincorpora a su anterior centro de trabajo tras sentencia judicial, se reparten las funciones que anteriormente desempañaba, entre la persona que fue contratada en abril de 2019, constante la baja médica de la actora, Eloisa y la demandante. De este modo, la actora se ve privada de realizar las funciones relacionadas con el contacto con el público, como la elaboración de encuestas o la de enseñar las instalaciones e informar a clientes. La cuestión que se suscita es, por tanto, si se han modificado de forma relevante las funciones de la actora y se trata de una nueva modificación sustancial injustificada, esta vez, funcional. Lo cierto es que no consta que las tareas principales de la actora fueren las relacionadas con la atención al público, de hecho, en el certificado de empresa de diciembre de 2018, se especifica la función de 'apoyo a recepción' y la actora consta contratada como oficial 2ª mantenimiento. Eloisa fue contrata sin embargo como 'recepcionista'. No puede concluirse, por tanto, a partir de los hechos probados que se haya articulado una modificación relevante de las funciones de la actora.
La modificación sustancial de condiciones laborales y la limitación, aunque no esencial, de las funciones de la actora, pese a evidenciar una conducta empresarial injustificada, no pueden por sí solas traducirse en una situación de acoso, que como se ha dicho requiere de una conducta sistemática y reiterada en el tiempo. Lo que se ha revelado a través de la prueba practicada es una situación de conflictividad entre la trabajadora y la empresa, pero ello, no ha de ser confundido con la existencia de acoso, atribuible a una sola de las partes contratantes.
Hágase ver que, la demandante ha calificado como actos de hostigamiento, actuaciones o comportamientos de los codemandados que se ha demostrado que no tenían a la actora como destinataria única, como lo son las incorrecciones en las nóminas, circulares internas dirigidas a todos los empleados en relación a la prohibición del uso del terminal móvil o el uso de comunicaciones escritas entre empleados. Igualmente, se advierte que la actora considera que toda indicación relacionada con el ejercicio de sus funciones es un acto destinado a denigrarla, cuestionando el poder de dirección de la empresa. Y en este sentido es necesario nuevamente distinguir, el incumplimiento de obligaciones empresariales, de la conducta dirigida a hostigar y presionar a un empleado.
Llegados a este punto, en palabras de la STSJ, Social sección 1 del 13 de febrero de 2017 ROJ: STSJ CAT 580/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:580 '(...)
Así, partiendo de los hechos probados, no puede concluirse que los codemandados hayan mantenido una conducta de persecución u hostigamiento frente a la demandante.
Procede por lo expuesto desestimar la demanda, no concurriendo causa de extinción de la relación laboral ni derecho a indemnización por daños físicos o morales.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Desestimo la demanda formulada por Juana, contra
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.