Sentencia Social Nº 4052/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2012 de 31 de Mayo de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MDT

IL·LM. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA

IL·LMA. SRA. M. MAR GAN BUSTO

IL·LM. SR. JOAN AGUSTI MARAGALL

Barcelona, 31 de maig de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 4052/2012

En el recurs de suplicació interposat per Salvador i Federal Mogul Friction Products, S.A. a la sentència del Jutjat Social 4 Barcelona de data 11 de juliol de 2011 dictada en el procediment núm. 318/2007, en el qual s'ha recorregut contra ambdues parts, ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. JOAN AGUSTI MARAGALL.

Antecedentes

Primer.En data 04.05.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre indemnització danys i perjudicis, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 11 de juliol de 2011 , que contenia la decisió següent:

'QUE ESTIMANDO EN PARTE la demanda planteada por Don. Salvador contra FEDERAL MONGUL FRICTION PRODUCTS, S.A., CONDENO a FEDERAL MONGUL FRICTION PRODUCTS, S.A. al pago al Sr. Salvador de 75.084,75 euros, más los intereses legales del art. 576 L.E.C .'

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

1.- Don. Salvador , con D.N.I. nº NUM000 , nacido el día NUM001 -1948, prestó servicios para la empresa FEDERAL MONGUL FRICTION PRODUCTS, S.A., desde el día 1-12-1966, con categoría profesional de Prensista en Fábrica de Frenos.

2.-La empresa se dedica a la fabricación de piezas de freno para automóvil, para las que utilizó durante décadas, hasta 1.998, amianto de tipo 'crisólito blanco'.

3.-Estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 26-5-2003 hasta el 21-10-2003, alta con propuesta de incapacidad permanente.

4.-Por Resolución del I.N.S.S. de fecha 29-12-2003 se le reconoció en situación de incapacidad permanente en grado de Total cualificada para el ejercicio de su profesión habitual, derivada de enfermedad profesional.

5.-Impugnada dicha Resolución, fue confirmada por sentencia de fecha 30-6-2004, dictada por el Juzgado de lo Social nº 22 de esta ciudad en los autos nº 283/2004, a su vez confirmada por sentencia de fecha 13-2-2006, dictada por la Sala de lo Social del T.S.J .Catalunya.

6.-Por Resolución del I.N.S.S. de fecha 13-6-2006 se acordó denegar la petición de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, no procediendo recargo alguno.

7.-Impugnada dicha resolución, por sentencia de fecha 18-4-2007, dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de esta ciudad en los autos nº 649/2006 se desestimó la demanda de imposición de recargo, revocada en parte por la sentencia dictada por la Sala de lo Social del T.S.J.Catalunya en fecha 11-12-2008 , se condenó a la empresa al recargo del 30%.

8.-El informe de la Inspección de Trabajo de fecha de salida 19-9-2007, referencia AT-2635/03, indica:

'...........1.- Don. Salvador ....entró a trabajar en la empresa que actualmente se denomina FEDERAL MONGUL FRICTION PRODUCTS, S.A., el día 1-12-1966, causando baja en la misma el día 6-12-2003. Hasta 1993 estuvo en el puesto de trabajo de prensas realizando piezas de freno de camión. A partir de 1999 estuvo en el puesto de trabajo de mezcla de materias primas y finalmente los dos últimos años estuvo en el puesto de trabajo de la sección de ACABADOS donde su trabajo consistía en poner la pieza en cajas o ponerles un chip.

La empresa FEDERAL MONGUL FRICTION PRODUCTS, S.A. se encuentra en la calle Progrés, 394 de la localidad de Badalona. Actualmente se dedica a la fabricación de frenos de coche. Desde 1997 no utiliza el amianto como material de trabajo, aunque tuvieron piezas con amianto en stock hasta 2001.

El amianto que se utilizó era el crisólito blanco.

...............................................................................

Cuando Don. Salvador empezó a trabajar en la empresa, ésta se encontraba emplazada en otro sitio y las condiciones de trabajo eran totalmente distintas a las existentes en el emplazamiento actual. Así, el Sr. Salvador recuerda que en los primeros años para realizar las mezclas de materiales que se colocaban en moldes para fabricar los frenos, se hacían manualmente, de modo que el amianto se contenía en barriles de los que se cogía con paletas. La ropa de trabajo se lavaba en casa y se comía en el puesto de trabajo.

A partir de 1988 aproximadamente la empresa cambió su ubicación por la actual y las condiciones se vieron sustancialmente mejoradas: se pusieron medidas de protección, la ropa era lavada por la empresa, existía comedor, duchas, y los trabajadores disponían cada uno de dos taquillas, una para ropa de trabajo y otra para su ropa. Se introdujeron las máscaras y se fueron instalando sistemas de aspiración y se hacían controles y reconocimientos médicos. Finalmente se empezó a eliminar el amiento del proceso productivo'.

Y finaliza concluyendo que al haber realizado la empresa los reconocimientos médicos exigidos en el art. 13 de la Orden de 31-10-1984, así como las mediciones ambientales exigidas en el art. 4 de la Orden de 31-10-1984, y adoptado medidas para proteger a los trabajadores frente al riesgo derivado de la exposición al amianto.......no aprecia vulneración de la normativa vigente en cada momento, sin que la enfermedad profesional se deba a falta de medidas de seguridad. Folios 32 a 35 de los autos.

9.-En los informes del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya correspondientes al año 1995 se pone de manifiesto que se realiza la limpieza de locales y máquinas con escobas en seco en la zona de prensas, y se trasladan residuos de amianto en containers abiertos (doc. 36 actora). En el del año 1994, en evaluaciones ambientales realizadas los meses de marzo y abril y septiembre y octubre de 1993, en la 2ª fase, se concluye que 1 puesto de trabajo supera la concentración del 0,6 fibras/cc.; que 11 superan la concentración de 0,2 e inferior a 0,6; y que 47 tienen concentración inferior a 0,2. Se sigue escobando en seco la zona de prensas y trasladando residuos de amianto en containers abiertos, recomendando eliminar los ventiladores portátiles y verificar periódicamente los sistemas de extracción (doc. 37 actora). En el del año 1993 se indica que en la sección de prensas de frenos se limpia con escobas el suelo y los moldes con cepillos, y trabajan con ventiladores portátiles en verano. Apreciándose en algunas máquinas acumulación de polvo, retirando los residuos en contenedores abiertos. Doc. nº 38 actora. En el de 1989, que en los lugares de trabajo evaluados se supera la concentración media permitida para 8 hs. Diarias y 40 horas semanales de 1 f/cc, excepto en el lugar de trabajo de PREFORMES. Doc. 50 de la actora. Y en el informe del Departamento de Trabajo de marzo de 1984, se concluye, respecto del centro de trabajo de Badalona, que 'Existen suficientes indicios racionales, aún con la falta de datos correspondientes a mediciones ambientales, que permiten concluir razonablemente que los niveles de fibras de amianto (crisólito) en aire probablemente superarán en buena parte de los puestos de trabajo las 2 fibras/cc. Doc. 57 de la actora.

10.-Las dolencias que sufre el Sr. Salvador son: Asbestosis pleuro pulmonar con alteración ventilatoria moderada y disnea a esfuerzos de intensidad moderada. Transtorno depresivo ansioso moderado.

11.-Como complemento de la I.T. según convenio el Sr. Salvador percibió el 100% de su salario. Folios 14 a 22 del ramo de prueba de la empresa.

12.-El capital coste de la IT asciende a 7.637,15 euros. Folio 145 de los autos.

13.-El capital coste de la IPTotal asciende a 193.363,94 euros.

14.-El día 28-4-2006 se solicitó celebración del acto de conciliación ante el SCI del Departament de Treball, que tuvo lugar el día 24-5-2006 con el resultado de 'sin avenencia'.

Tercer.Contra aquesta sentència ambdues parts van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat, respectivament, a les contraparts i ambdues parts varen impugnar el interposat de contrari. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.La sentència d'instància ha estimat la demanda interposada en reclamació de responsabilitat empresarial en la malaltia professional contreta per causa de l'exposició a l'amiant i ha condemnat la demandada a abonar l'import de 75.084,75 euros d'indemnització en concepte de danys i perjudicis derivats

Contra aquesta sentència s'alcen en suplicació tant l'empresa demandada, en postulació de la seva absolució (per prescripció de l'acció i per manca de responsabilitat), i el demandant, que reclama una superior indemnització.

Per una qüestió d'elemental ordre processal s'abordarà en primer lloc el recurs de la demandada, atès que, de prosperar, determinaria -lògicament- la inviabilitat del recurs interposat per la demandant.

SEGON.Per la via de l'apartat b) de l' art. 191 TRLPL postula la demandada, en el primer motiu del recurs, una única revisió dels fets provats.

Abans d'abordar-la, però, cal recordar que en el procés laboral regeixen els principis d'immediació i oralitat ( art. 74.1 TRLPL ), la qual cosa determina -entre d'altres efectes- la impossibilitat que el tribunal 'ad quem' revisi fets acreditats a través de proves testificals o d'interrogatori de part, en raó del principi d'instància única ( STS 10.06.1986 ) : 'precisamente el principio de inmediación ha servido al Magistrado, para extraer directamente su apreciación sobre la prueba practicada y no habiendo plasmado en los hechos probados que se hubieran cometido alteraciones y manipulaciones denunciadas o la inexistencia del transporte efectuado, al no poder lograr con los medios propuestos y precedentemente examinados, la variación del relato fáctico'. En el mateix sentit, la STS 21.10.2010 : 'en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.3 del invocado Texto procesal al juzgador de instancia (en este caso a la Sala `a quo'), por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica'

En tot cas, la revisió de fets provats només es pot basar, de conformitat amb els ja citats art. 191. b ) i 194.3 TRLPL , en documents o perícies (en altres paraules, els instruments tradicionals de l'antic i ja en desús concepte d'error de fet, a diferència de l'error de dret) La resta de la prova practicada no és valorable pel TSJ, essent competència única i exclusiva del primer grau jurisdiccional, en relació amb el contingut de l' art. 97.2 TRLPL . I també escau referir que en el cas de documents -o, especialment, perícies- contradictòries ha de prevaler la valoració de la prova feta a la 'instància'

Però les dificultats d'atacar els fets provats de la sentència no resten aquí. Escau afegir que dins del concret marc exposat, és doctrina consolidada, pacífica i antiga que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements 'sine qua non' , a saber: a) Que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat amb respecte els elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) Que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) Que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es dimani l'error del jutjador 'a quo' , sense que sigui acceptable una invocació genèrica o una revisió de fets no discutits al llarg de les actuacions; d) Que aquests documents o perícies posin en evidència en error d'aquest jutjador de forma clara, evident, directa i palesa, sense necessitat de conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i/o raonables; el document en què es basa la pretensió ha de tenir 'una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas' ( STS UD 16.11.1998 ) e) Que la revisió que es pretén sigui transcendent en quant la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria. 'la inclusión de hechos probados solo debe efectuarse con respecto a aquéllos que sean esenciales para la resolución de la cuestión debatida, en el sentido de trascendentes para modificar el pronunciamiento impugnado, y que hayan sido objeto de debate y prueba procedente por haber sido alegados oportunamente por las partes ' ( STS UD 27.03.2000 ).

En ordre a valorar la transcendència de la revisió proposada, tot i l'estret marge que permet la revisió fàctica en el recurs de suplicació, haurà de partir de la tesis jurídica de la part que proposa la revisió i no de la que, finalment, adopti la Sala, atès que, cas contrari, es generaria una manifesta indefensió a la recurrent en ordre a intentar el recurs de cassació per a la unificació de doctrina.

A la llum d'aquesta doctrina escau abordar les diverses revisions postulades per l'empresa recurrent:

1.- S'haurà d'accedir a la primera revisió postulada, consistent en l'especificació, en el fet provat cinquè, de la data 13.3.06 com la de notificació de la sentència dictada per aquesta Sala en data 13.2.06 (segons resulta dels folis 290 i 296), que confirmà la sentència de 30.6.04 dictada pel JS núm. 22 de Barcelona, que -a la seva vegada- havia confirmat la resolució inicial de l'INSS que havia declarat al demandant en situació d'incapacitat total. L'addició pot ser rellevant en ordre a l'al.legació de prescripció formulada per la demandada.

2.- També s'haurà d'estimar l'addició, al fet provat setè, de l'expressió per la que es tinguin per íntegrament reproduïdes les sentències de 18.4.07 i 11.12.08 (folis 699 a 714), dictades, respectivament, pel JS núm. 18 de Barcelona i aquesta mateixa Sala, que -finalment- estimà la demanda de l'actor en reclamació de reconeixement de recàrrec de prestacions en un percentatge del 30%, addició que -a criteri de la recurrent- podria ser rellevant en ordre a justificar la manca de relació de causalitat entre la malaltia del demandant i l'incompliment de normes preventives.

3.- Per contra, no pot ser acceptada la tercera revisió proposada, consistent en que -en base al foli 724- s'afegeixi al diagnòstic de lesions establert a la sentència dictada pel JS núm. 21 de Barcelona de 10.2.10 , recollit en el fet provat desè, l'especificació dels valors espiromètrics (PFR con VC=66%, VEMS 62%). Aquella sentència fou dictada el 10.2.10 , mentre que -en el present procediment- la sentència d'instància es dictà el 11.7.11 , quasi un any i mig després, per la qual cosa la valoració espiromètrica de la limitació del demandant no té perquè ser la mateixa, atès el seu caràcter evolutiu, ni -per tant- es pot compartir l'efecte de 'cosa jutjada' invocat per la recurrent. La jutge, valorant totes les proves mèdiques aportades, ha considerat acreditat que tant l'alteració ventilatòria com la dísnea a esforços són moderades, sense que per la recurrent s'hagi posat de manifest cap error en aquesta valoració que justifiqui la seva revisió.

4.- Tampoc no es pot admetre la modificació del fet provat 14é, en el sentit que s'inclogui la data en que fou presentada la demanda que originà les presents actuacions, en data 2.5.07 (segons és de veure al foli 1), atès que és un fet processal que ja consta a les actuacions i que, per tant, no hi ha estat objecte de prova ni escau la seva inclusió en el relat fàctic, sense perjudici que pugui ser vàlidament invocat per la recurrent en ordre a fonamentar la seva al.legació de prescripció de l'acció.

5.- Finalment, tampoc podrà prosperar la darrera revisió postulada, l'addició d'un nou fet provat que especifiqui que l'asbestosi pulmonar només es contrau per via inhalatòria (i no per ingesta) i que en el sector de la fricció requereix un període de latència de 25 a 30 anys. Com encertadament raona el lletrat del demandant en el seu escrit d'impugnació, la seva exposició a l'amiant i que la mateixa originà l'asbestosi del demandant és una qüestió ja resolta per la sentència dictada per aquesta Sala en data 11.12.08 (folis 706-714), que reconegué el dret del demandant a un recàrrec en el 30% de les prestacions de seguretat social.

TERCER.Resolta la revisió del relat fàctic de la sentència d'instància, no controvertit en el recurs del demandant, escau ara abordar -a continuació- els motius referents a l'examen del dret del recurs de l'empresa demandada, atès que, una hipotètica estimació d'algun d'ells podria determinar la innecessarietat d'abordar el recurs formulat per la demandant en reclamació d'una major indemnització.

Per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL la demandada formula un primer motiu en el que denuncia l'infracció de l' art. 59.1 ET , en relació a l' art. 65.1 ET . Sosté -en síntesi- que notificada en data 13.3.06 la sentència d'aquesta Sala que, amb desestimació del recurs i de la demanda inicial en aquelles actuacions, confirmà la situació d'incapacitat total del demandant derivada de malaltia professional, la papereta de conciliació prèvia a les presents actuacions fou presentada el 28.4.06 mentre que la demanda no fou presentada fins el 2.5.07, amb superació del termini d'un any de prescripció establert a l' art. 59.1 ET .

Aquesta primera denúncia ha de ser rebutjada sense necessitat d'excessives consideracions atès que, com oportunament invoca el lletrat del demandant en el seu escrit d'impugnació, el dies 'a quo' inicial per el còmput d'aquest termini no ha de ser el d'interposició de la papereta, 28.4.06, sinó el de l'intent de l'acte de conciliació sense avinença, 24.5.06 segons reflecteix el fet provat 14é, en raó -precisament- de l'efecte d'interrupció del termini previst a l' art. 65.1 LPL , que determina la reiniciació del còmput del termini d'un any des d'aquesta segona data.

QUART.Per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL la demandada formula un segon motiu en el que denuncia l'infracció dels articles 1104 , 1105 i 1107 CC .

El motiu invoca la doctrina del Tribunal Suprem que, apartant-se del criteri de la responsabilitat objectiva o quasi-objectiva en matèria d'accident laborals, exigeix una responsabilitat subjectiva i culpabilísta en el seu sentit més clàssic i tradicional ( STS de 30.9.97 , entre d'altres). Invoca, també, l'anterior criteri jurisprudencial d' aquesta Sala (sentències de 3 i 14 de desembre de 2009 i de 22 de setembre de 2008 ). A continuació, si be sembla admetre que el demandant'ha podido contraer la asbestosis por su contacto con el amianto, no es menos veraz que ello se ha producido aún cumpliendo los niveles de exposición que en cada momento marcaba la legislación vigente y que sólo ahora se han visto científica y legislativamente como muy elevados, pero ello no puede situar a esta parte en el terreno del incumplimiento o de la culpa'. Considera acreditat el compliment de les obligacions que, en matèria d'amiant i segons resulta de les sentències recaigudes en el previ procediment de recàrrec de prestacions, imposava la normativa vigent durant el període en el que es produí l'exposició, i que l'únic incompliment detectat fou'...en momentos puntuales, consta que los trabajadores comían y fumaban en el puesto de trabajo... o la utilización puntual de escobas...', incompliment puntual que en cap cas -a criteri de la recurrent- permetria establir la necessària relació de causalitat entre el mateix i l'asbestosi del demandant, la qual només es pot contraure per inhalació però per ingesta.

La denúncia, però, tot i la prèvia estimació d'algunes de les revisions fàctiques postulades, ja s'avança, haurà de ser desestimada, en discrepar la Sala de les dues premisses que la fonamenten: pel que fa a la primera, la premissa jurídica, veurem a continuació que la més recent doctrina del Tribunal Suprem conclou que durant l'época d'exposició a l'amiant del demandant ja hi havia un marc normatiu que establia una sèrie d'exigències que -en el cas present- no es varen complir; i, per que fa a la segona, la premissa fàctica, els incompliments apreciats per la sentència d'instància -com també veurem- son més i més importants que els 'puntuals incompliments' referits per la recurrent.

Així, començant per la premissa jurídica, forçós es referir-se al recent pronunciament del Tribunal Suprem de data 24.1.12 que, en el seu tercer fonament jurídic, relaciona -ordenada cronològicament- la normativa que considera era ja aplicable en matèria de treball en contacte amb l'amiant:

'A) La Orden 31-enero-1940, que aprobó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 28-02-1940), en la que se contienen normas sobre el trabajo en ambientes pulvígenos. Desde dicha fecha ya se dictan normas sobre estado y ventilación de los locales de trabajo en ambientes pulvígenos, así como sobre la dotación de medios de protección individual a los trabajadores cuando no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de polvos u otras emanaciones nocivas para la salud. Estableciéndose, entre otros extremos, que 'El aire de los locales de trabajo y anexos se mantendrá en un grado de pureza tal que no resulte nocivo a la salud personal [...]' (art. 12.III); que 'No se permitirá el barrido ni las operaciones de limpieza de suelo, paredes y techos susceptibles de producir polvo, a cuyo objeto se sustituirán por la limpieza húmeda [...] o [...] por aspiración' (art. 19.II); que 'Los locales de trabajo en que se desprendan polvos, gases o vapores fácilmente inflamables, incómodos o nocivos para la salud, deberán reunir óptimas condiciones de cubicación, iluminación, temperatura y grado de humedad, el suelo, paredes y techos, así como las instalaciones deberán ser de materiales no atacables por los mismos y susceptibles de ser sometidos a las limpiezas y lavados convenientes' (art. 45); que 'Si fuere preciso, los trabajos se realizarán junto a campanas aspiradoras o bajo cámaras o dispositivos envolventes, lo más cerrados posibles, en comunicación con un sistema de aspiración o ventilación convenientes' (art. 46.II); así como que en orden a la protección personal de los obreros lo patronos están obligados a proporcionar, entre otros elementos, 'máscaras o caretas respiratorias, cuando por la índole de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores, polvos u otras emanaciones nocivas para la salud' (art. 86).

B) La Orden 7-marzo-1941 por la que se dictan normas para la prevención e indemnización de la silicosis como enfermedad profesional (BOE 18-03-1941), que afectaba a aquellas industrias en la que se desprendía polvo mineral o metálico 'por la mayor existencia en su ambiente de polvo capaz de producir afecciones neumoconiósicas, cuando el trabajo no se efectúa al aire libre o se utiliza maquinaria', entre otras, a las 'industrias en que se actúa sobre materias rocosas o minerales' y a las 'industrias metalúrgicas en las que se desprende polvo metálico' (art. 3). Entre otras normas sobre las debidas condiciones respecto a ventilación o a los locales para cambios de ropa y armarios para los mismos fines (art. 4), destaca ya la exigencia de reconocimientos médicos específicos (cavidad naso-faríngea, aparato respiratorioa efectuar mediante Rayos X, aparto cardio- vascular, fijando el diagnóstico lo más exactamente posible de las lesiones cardio-pulmonares existentes), tanto al ingreso en el trabajo, con posteriores revisiones anuales y en los casos de cese en el trabajo por despido (art. 6).

C) El Decreto de 10-enero-1947 (creador del seguro de enfermedades profesionales -BOE 21-01-1947), que deroga en parte la Orden 7-marzo-1941, y en cuyo cuadro de enfermedades profesionales se incluye directa y expresamente la asbestosis, al definir la 'neumoconiosis (siliocosis con o sin tuberculosis, antracosis, siderosis, asbestosis, etc.) y otras enfermedades respiratorias producidas por el polvo ...' relacionándola, entre otras,'con todas las industrias, minas y trabajos en que se desprenda polvo de naturaleza mineral - pétreo o metálico -, vegetal o animal, susceptible de causar enfermedad' (anexo en relación art. 2), evidenciándose el constatado riesgo de sufrir tal enfermedad profesional en dicho tipo de trabajos nocivos.

D ) El Decreto de 26-julio-1957 (por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores -BOE 26-08-1957, derogado en cuanto al trabajo de las mujeres por Disposición Derogatoria Única de la Ley 31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales), reitera el carácter nocivo de tales actividades, excluyendo a los referidos colectivos de trabajos que considera 'nocivos' (conforme se explica en su Preámbulo), incluyendo entre las actividades prohibidas el 'Asbesto, amianto (extracción, trabajo y molienda)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se liberan polvos' (art. 2 en relación Grupo IV -trabajo de piedras y tierras), así como el 'Amianto (hilado y tejido)', siendo el motivo de la prohibición el 'polvo nocivo' y centrado en los 'talleres donde se desprenda liberación de polvos' (art. 2 en relación Grupo XI - industrias textiles).

E) El Decreto 792/1961 de 13-abril (sobre enfermedades profesionales y obra de grandes inválidos y huérfanos de fallecidos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional -BOE 30-05-1961), en la que se incluye también como enfermedad profesional la 'asbestosis' por 'extracción, preparación, manipulación del amianto o sustancias que lo contenga. Fabricación o reparación de tejidos de amianto (trituración, cardado, hilado, tejido). Fabricación de guarniciones para frenos, material aislante de amianto o productos de fibrocemento' (art. 2 en relación con su Anexo de 'Cuadro de enfermedades profesionales y lista de trabajos con riesgo de producirlas'); estableciéndose, dentro de las 'normas de prevención de la enfermedad profesional' (arts. 17 a 23), la exigencia de 'mediciones técnicas del grado de peligrosidad o insalubridad de las industrias observado' y el que 'Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgos de enfermedad profesional están obligadas a practicar un reconocimiento médico de sus respectivos obreros, previamente a la admisión de los mismos y a realizar los reconocimientos periódicos que ordene el Ministerio, y que serán obligados y gratuitos para el trabajador ...' (art. 20.1), destacándose, por tanto, la obligación de reconocimientos médicos específicos.

F) El Decreto 2414/1961, de 30-noviembre (BOE 07-12-1961), por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, estableciéndose una concentración máxima permitida en el ambiente interior de las explotaciones industriales, que tratándose de polvo industrial en suspensión cuando consiste en amianto era de 175 millones de partículas por metro cúbico de aire (Anexo II).

G) La Orden de 12-enero-1963 (BOE 13-03-1963), -- dictada para dar cumplimiento alart. 17 del Decreto 792/1961 de 13-abrily elart. 39 del Reglamento de 9-mayo-1962--, donde se concretan normas sobre las 'asbestosis' y para los reconocimientos médicos previos 'al ingreso en labores con riesgo profesional asbestósico', así como la posterior obligación de reconocimientos médicos periódicos 'cada seis meses' (plazo inferior al establecido para detectar otro tipo de enfermedades profesionales) en los que específicamente deben realizarse obligatoriamente, al igual que para los trabajadores con riesgo silicósico o neumoconiósico fibrótico, una exploración roentgenológica de tórax por alguno de los procedimientos que detalla (foto- radioscopia en películas de tamaño mínimo de 70x70, radiografía normal o radioscopia).

H) La Orden de 9-marzo-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17- 03-1971), en la que se establece como obligación del empresario 'adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la empresa' (art. 7.2); que 'En los locales susceptibles de de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita' (art. 32.2); que '1. Los centros de trabajo donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias susceptibles de producir polvos ... que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, estarán sujetos a las prescripciones que se establecen en este capítulo.- ... 3. La manipulación y almacenamiento de estas materias, si los Reglamentos de pertinente aplicación no prescriben lo contrario, se efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible adoptando las debidas precauciones.- 4. La utilización de estas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados que impidas la salida al medio ambiente del elemento nocivo, y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medios de aspiración en su lugar de origen para evitar su difusión.- 5. Se instalará, además, un sistema de ventilación general, eficaz, natural o artificial, que renueve el aire de estos locales constantemente' (art. 133); y que 'En los locales en que se produzcan sustancias pulvígenas perniciosas para los trabajadores, tales como polvo de sílice, partículas de cáñamo, esparto u otras materias textiles, y cualesquiera otras orgánicas o inertes, se captarán y eliminarán tales sustancias por el procedimiento más eficaz, y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos o partes desnudas de la piel.- Las Ordenanzas, Reglamentos de Trabajo y Reglamentos de régimen interior desarrollarán, en cada caso, las prevenciones mínimas obligatorias sobre esta materia' (art. 136).

I) El Real Decreto 1995/1978 de 12-mayo, que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de Seguridad Social (BOE 25-08-1978), se reconocen como derivadas de los trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto el carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y el mesotelioma pleural y mesotelioma debidos a la misma causa, y se contempla la 'Asbestosis, asociada o no a la tuberculosis pulmonar o al cáncer de pulmón' en los 'Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto) y especialmente: Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas amiantíferas.- Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto.- Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.).- Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones).- Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción.- Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de productos de fibro-cemento, de equipos contra incendios, de filtros y cartón de amianto, de juntas de amianto y caucho.- Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto'.

En base a aquest marc normatiu ja exigible en l'època en la que el demandant estigué exposat a l'amiant, la sentència d'instància -en el fonament jurídic sisè, amb inqüestionable valor de fet provat- fa les següents afirmacions, que no han estat controvertides per l'empresa recurrent, i que evidencien clarament la seva responsabilitat per culpa:

'Pero de la documental aportada por la actora al acto de juicio, relacionada en el anterior ordinal octavo, resulta que los informes del Departament de Treball de Generalitat de Catalunya correspondientes a los años 1995, 1994 y 1993 acreditan que en estos años (y el demandante estuvo en la emrpesa desde 1966 a 2006) la limpieza de locales y máquinas en la zona de prensas donde prestaba servicios el demandante se realizaba con escobas en seco y se trasladaban los residuos de amianto en containers abiertos, utilizándose ventiladores portátiles en verano también en la zona de prensas y apreciándose en algunas máquinas acumulación de polvo. Y en el informe del Departamento de Trabajo de marzo de 1984 se concluye, respecto del centro de trabajo de Badalona donde trabajaba el actor, que 'existen suficientes indicios racionales, aún con la falta de datos correspondientes a mediciones ambientales, que permiten concluir razonablemente que los niveles de fibras de amianto (crisólito) en aire probablemente superarán en buena parte de los puestos de trabajo las 2 fibras/cc. '

I, com si volgués donar resposta -anticipada- al que ara al.lega l'empresa recurrent, afegeix més endavant:'Carece de relevancia alguna que los trabajadores, también el demandante, comieran, bebieran o fumaran en el lugar de trabajo, lo único que importa sobre estos hechos es su mayor tiempo de exposición al amianto de la empresa. Pero sí es transcendente el hecho de que durante mucho tiempo se barriera el polvo de amianto del suelo con una escoba, lo que hacía que se expandiera por el aire y se inhalara por los trabajadores, y también que no hubiera sistemas de extracción de aire para extraer el polvo, siendo totalmente desaconsejable, porqué aún lo expande más, el uso que se hizo de ventiladores mecánicos, especialmente en verano'.

De la doctrina ja esposada i, especialment, de la STS 21.1.12 , cal concloure que sí existia un marc normatiu que obligava a l'empresa a prendre totes les mesures necessàries per tal de fer desaparèixer o reduir els riscos derivats del treball amb amiant, i que són aquests incompliments identificats a la sentència d'instància -respecte d'obligacions ja exigibles en aquella época, segons raona el Tribunal Suprem i identifica la sentència d'instància- el que determina l'exigència de responsabilitat a la demandada, responsabilitat que -en contra del que sosté la demandada- no es 'quasiobjectiva' sinó per culpa, derivada d'aquells incompliments.

Cal recordar, finalment, l'efecte de cosa jutjada generada per la sentència d'aquesta Sala de 11.12.78 que declarà el dret del demandant al recàrrec del 30% en les prestacions de seguretat social, en apreciar'la relación de causalidad entre la vulneración de la norma y el resultado lesivo en tanto que hubo un incremento relevante del riesgo para la salud del trabajador al persistir en el tiempo la infracción'.

S'ha de desestimar, per tant, el segon motiu del recurs interposat per l'empresa demandada.

CINQUÈ.El tercer recurs de l'empresa demandada, també a l'empara de l' art. 191 c) LPL , denuncia l'infracció dels arts. 1101 , 1104 i 1902 CC en relació a la taula VI del RD 8/2004, en relació a la resolució de 20.1.11 de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, així com de la jurisprudència establerta a la STS 17.7.07 i de l' art. 20 de la Llei de Contracte d'Assegurances .

En primer lloc, considera la recurrent que el caràcter estrictament moderat de la limitació ventilatòria derivada de l'asbestosi produïda per l'exposició a l'amiant, determina -en estricta aplicació de la taula VI del RD 8/04, en relació a la resolució de 20.1.11 de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions- una puntuació de només 10 punts que, a raó de 802,80 euros per punt, determinaria una indemnització de 8.028 euros.

La sentència d'instància, en el tercer paràgraf del fonament jurídic desè, partint del caràcter moderat de la limitació ventilatòria i de l'edat de 55 anys en el moment de reconeixement de l'invalidesa permanent, valora 45 punts, punt intermedi entre els 30 i 60 punts que, segons l'esmentada taula VI del RD 8/04, corresponent per una restricció d'aquesta entitat (tipus III, 50-60% en valors espiromètrics, com s'estableix amb inqüestionable caràcter fàctic, sense que s'hagi contgrovertit). No s'acaba d'entendre, per tant, el fonament de la discrepància de la recurrent. Cal afegir, a més, que el marge de correcció de la Sala en l'aplicació del barem és molt restringit, només en casos de manifest error o omissió material ( sentència del TSJ de Catalunya de 18.9.09 ), que no són d'apreciar en el cas present.

D'altra banda, la recurrent ni tant sols justifica l'import del punt del que parteix, 802,80 euros, mentre que el de la sentència d'instància -1.668,55 euros- s'ajusta plenament a la previsió del barem annex a la resolució de 20.1.11, atenent als 45 punts imputats per la limitació i a l'edat de 55 anys en declarar-se l'invalidesa permanent. Càlcul segon el barem corresponent a l'any 2011, que és l'aplicable en raó de la data de la sentència d'instància. En tot cas, és de destacar que la recurrent no controverteix en el seu recurs ni el valor del punt aplicat, ni l'any del barem aplicable.

SISÈ.Dins del mateix tercer motiu denuncia l'empresa recurrent l'infracció de l' art. 20 de la Llei 50/80 , en considerar que, no tractant-se d'una entitat asseguradora, no hi cap l'aplicació d'aquest precepte pel que fa a l'abonament d'interessos.

La doctrina del Tribunal Suprem, recollida a la STS de 14.7.09 , distingeix els següents interessos:

'Para el periodo posterior a la sentencia de instancia elartículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un interés igual al interés legal del dinero más dos puntos o el que corresponda por acuerdo de las partes o disposición especial de la ley. Y añade que en caso de revocación parcial el Tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal a su prudente arbitrio. En aplicación de estas normas, hay que distinguir entre la condena de abono de intereses a la empresa y la de la aseguradora; la primera sigue el régimen común, mientras que la segunda se rige por el artículo 20 de la Leyde Contrato de Seguro , tal como ha sido interpretado por lasentencia de 16 de mayo de 2007. De esta forma, los intereses a abonar serán los siguientes:

1ª) Para todas las entidades demandadas y condenadas en el periodo comprendido entre la fecha de la conciliación y la fecha de la sentencia de instancia el interés legal del dinero.

2ª) Para las empresas desde la fecha de la sentencia de instancia hasta la fecha de esta sentencia el interés legal del dinero incrementado en dos puntos sobre la cantidad de 12.311 ,78 ¿ -condena de instancia- y el interés legal del dinero para el resto de la deuda por importe de 79.489 ¿ (91.800 - 12.311), ponderando así la condena adicional que se establece por primera vez en esta sentencia. Desde la fecha de esta sentencia la cantidad total objeto de condena -91.800 ¿- devengará el interés legal del dinero más dos puntos.

3ª) Para la entidad aseguradora desde la fecha de la sentencia de instancia hasta la fecha de esta sentencia la cantidad de 12.311 ,78 ¿ devengará el 20% de interés en virtud delartículo 20 de la Ley de ContratodeSeguro y los restantes 47.790,43 ¿ el interés legal del dinero. A partir de la fecha de esta sentencia el importe total de la condena de 60.102,21) devengará el interés del 20%.'

La part dispositiva de la sentència s'ajusta a aquest criteri. La referència als interessos legals de l' art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro no consta a la part dispositiva de la sentència, sinó a la fonamentació jurídica clarament condicionada per l'expressió 'en su caso', en referència -probablement- a l'exigibilitat dels mateixos en el cas que l'empresa demandada tingués assegurada la responsabilitat ara reconeguda.

Per tant, s'ha de desestimar també aquesta denúncia atès que no es d'apreciar cap infracció, en la mesura que a la part dispositiva de la sentència no es condemna a l'empresa recurrent a l'abonament d'aquests interessos.

SETÈ.Els demandants, en l'únic motiu del seu recurs, a l'empara de l' art. 191 c) LPL , denuncien l'infracció dels arts. 1101 i 1902 CC en relació a l'actual jurisprudència del Tribunal Suprem i del TSJ de Catalunya en referència al còmput o detracció de les prestacions reconegudes de la seguretat social del quantum indemnitzatori reconegut per la sentència d'instància.

Concretament, la discrepància és centra en la valoració de dues partides: dany moral per la situació d'incapacitat temporal i dany moral per seqüeles definitives. Consideren els recurrents, en base a la doctrina establerta a la STS de 17.7.07 , que no podien ser descomptades d'una i altra partida el capital cost, respectivament, de la prestació per incapacitat temporal i per incapacitat absoluta.

Escau, abans que recordar, recordar la doctrina més recent del Tribunal Suprem sobre la qüestió plantejada, recollida a la sentència d'aquesta Sala 28.4.11 (recurs 1939/10):

Denuncia asimismo la violación de losarts. 1101,1106 del Código Civil,art. 127.3 LGSSy la jurisprudencia que cita en orden a la compensación de las cantidades ya abonadas. Entiende el recurrente que no debe de realizarse compensación alguna, y que subsidiariamente que en el concepto de incapacidad temporal ha de incluirse el concepto de daño moral. Ha de recordarse que el baremo anexo V al baremar los importes por incapacidad temporal y fijar los días impeditivos sin estancia hospitalaria en 52,47 ¿ diarios, lo hace ya 'incluidos los daños morales', de modo que no tiene razón el recurrente al sostener que deben de añadirse de nuevo en el concepto de indemnización por incapacidad temporal. (...)

QUINTO.- En cuanto al descuento correspondiente a las secuelas en relación a la indemnización de Seguridad Social abonada, conforme a laSTS 23/7/2009,siguiendo a las 3/2/2009,20/10/2008,22/9/2008,30/1/2008,21/1/2008,17/7/2007,2/10/2007, entre otras, de modo que según esta última 'especial consideración merece el descuento del capital coste de la prestación por incapacidad permanente reconocida por la Seguridad Social y, en su caso, del importe de la indemnización por incapacidad permanente parcial o por lesión permanente no invalidante que se hayan reconocido por la Seguridad Social. Ante todo, conviene recordar que las prestaciones de la S.S. se conceden por la pérdida de la capacidad de ganancia, para compensar la merma económica que supone una incapacidad laboral, así como que la responsabilidad principal del pago de esa prestación, al igual que la de la incapacidad temporal, es de la Mutua aseguradora con la que el empresario contrató el seguro de accidentes de trabajo o, caso de incumplir el deber de aseguramiento, del empresario. Por tanto, es lógico computar y deducir lo cobrado de prestaciones de la Seguridad Social de la indemnización global, ya que, las mismas se han financiado con cargo al empresario, sea por día del pago de primas de seguro, sea por aportación directa. Pero, como la compensación sólo puede operar sobre conceptos homogéneos, es claro que las prestaciones indemnizan por la pérdida de ingresos, sólo se descontarán del total de la indemnización reconocida por lucro cesante .

Ello sentado, procede señalar que, la Tabla IV del Baremo, cual señala la regla explicativa segunda apartado b) del mismo, describe los factores de corrección que sirven para concretar la indemnización básica, fijada mediante el juego de las Tablas III y VI, esto es tras asignar un número de puntos determinado a cada lesión y multiplicar el total de los puntos por el valor que corresponda, operación con la que se extrae la indemnización básica que luego se incrementa o disminuye en atención a las circunstancias que señala la Tabla IV y en los porcentajes y con los límites que en ella se establecen para cada factor corrector.

Sentado lo anterior, conviene realizar un análisis de los factores correctores por perjuicios económicos y por lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual, pues, del Baremo estudiado se deriva que esosfactores correctores son los que compensan por el llamado lucro cesante , ya que los pagos compensatorios que se reconocen con base en otras Tablas resarcen otros perjuicios. El factor corrector por 'perjuicios económicos' de la Tabla IV, dado que el aumento que supone se reconoce en función de los ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal, es claro que compensa por el llamado lucro cesante,lo que abre la posibilidad de compensar lo reconocido por ese concepto con lo abonado por prestaciones de Seguridad Social que reparan la pérdida de la capacidad laboral en algún grado, pues, el hecho de que no haga falta justificar los ingresos cuando se trata del incremento del 10 por 100, no nos puede hacer olvidar que con ese factor corrector se trata de indemnizar la pérdida de ingresos salariales, reales o posibles. Por otro lado, es de destacar que el factor corrector por incapacidad permanente de la Tabla IV persigue reparar los daños y perjuicios que se derivan de la incapacidad permanente del perjudicado 'para la ocupación o actividad habitual de la víctima', concepto que luego se divide en tres grados (los de incapacidad parcial, total y absoluta), que, aunque tengan connotaciones similares a las clases de incapacidad permanente que laL.G.S.S. establece en su artículo 137, no puede identificarse con el de incapacidad permanente que establece nuestro sistema de Seguridad Social. El significado semántico de las palabras empleadas en uno y otro caso, aunque parecido, es distinto, cosa lógica dado que el legislador regula situaciones diferentes, motivo por el que el significado de la expresión incapacidad para 'la ocupación o actividad habitual' es distinto del sentido que tiene la 'incapacidad permanente para el trabajo' (parcial, total o absoluta), cual corrobora el propio Baremo cuando en el capítulo especial del perjuicio estético de la Tabla VI, especifica en la regla de utilización novena, que la ponderación de la incidencia que el perjuicio estético tenga sobre las actividades del lesionado (profesionales y extraprofesionales) se valorará a través del factor de corrección de la incapacidad permanente, lo que equivale a reconocer que ese factor corrector compensa por la incapacidad para actividades no profesionales. Consecuentemente, el factor corrector que nos ocupa abarca tanto el perjuicio que ocasiona la incapacidad para otras actividades de la vida, lo que supone valorar lo que la doctrina francesa denomina 'préjudice d'agreément', concepto que comprende los derivados de la privación de los disfrutes y satisfacciones que la víctima podía esperar de la vida y de los que se ha visto privada por causa del daño, perjuicios entre los que se encuentra, sin ánimo exhaustivo, el quebranto producido para desenvolverse con normalidad en la vida doméstica, familiar, sentimental y social, así como el impedimento para practicar deportes o para disfrutar de otras actividades culturales o recreativas. Por ello, el capital coste de la pensión de la Seguridad Social no puede compensar en su totalidad lo reconocido por el factor corrector de la incapacidad permanente que establece el Baremo, ya que, éste repara diferentes perjuicios, entre los que se encuentra la incapacidad laboral . Así, quedará al prudente arbitrio del juzgador de la instancia la ponderación de las circunstancias concurrentes, para determinar que parte de la cantidad reconocida por el concepto de factor corrector de la incapacidad permanente se imputa a la incapacidad laboral y que parte se imputa al impedimento para otras actividades y ocupaciones de la víctima, a la imposibilidad o dificultad para realizar los actos más esenciales de la vida (comer, vestirse, asearse, etc.) y a la imposibilidad para los disfrutes y satisfacciones de la vida que cabía esperar en los más variados aspectos (sentimental, social, práctica de deportes, asistencia a actos culturales, realización de actividades manuales, etc. etc.).'

A la llum d'aquesta doctrina -ja s'avança- el motiu ha de ser desestimat, en base a les següents consideracions:

En primer lloc, i pel que fa als danys morals corresponents a la situació d'incapacitat temporal, cal recordar -com raona la sentència reproduïda- que'que el baremo anexo V al baremar los importes por incapacidad temporal y fijar los días impeditivos sin estancia hospitalaria en 52,47 diarios, lo hace ya 'incluidos los daños morales', de modo que no tiene razón el recurrente al sostener que deben de añadirse de nuevo en el concepto de indemnización por incapacidad temporal. (...)', conclusió plenament aplicable, també, al cas present i que, per tant, fa inviable la correcció postulada pels demandants en aquest punt.

Pel que fa al dany moral per les seqüeles definitives, recorda la sentència d'instància -en forma plenament congruent amb la doctrina ja exposada- que també està inclòs a la indemnització per lesions permanents, que, en el càlcul aplicat per la magistrada en aplicació de la taula III ha determinat l'import de 75.084,75 euros, càlcul que la part demandant no ha controvertit en el recurs.

Per tant, tot i que la manca de claredat del raonament contingut en l'onzè fonament jurídic de la sentència d'instància hagi provocat el malentès en el que es fonamenta el recurs del demandant, el criteri de la magistrada d'instància, expressat clarament a l'inici de l'esmentat fonament, és el de considerar que el 'dany estrictament moral' ha quedat ja cobert amb l'esmentada indemnització de 75.0847,75 euros. La referència que el raonament fa a l'import de 96.101,04 euros 'per dany moral' és perquè aquest import és el reclamat pel demandant, però en cap cas ha estat reconegut o assumit per la jutgessa.

I, d'altra banda, la referència que en el tercer paràgraf del mateix fonament jurídic es fa a la compensació per prestacions de la seguretat social cal entendre-la feta exclusivament en relació als perjudicis econòmics per lucre cessant, en el sentit d'entendre que -en el cas present- no s'han objectivat factors que determinen l'aplicació del factor de correcció, la qual -d'altra banda- tampoc no es demana en el recurs.

Per tant, i a manera de conclusió: tot i la confusa redacció del fonament jurídic onzè, la Sala no aprecia la 'flagrant equivocació' denunciada pel demandant, atès que -en definitiva- el que ha fet la jutge d'instància és considerar que els danys morals han quedat adequadament rescabalats per mitjà de la indemnització bàsica per lesions permanents fixada, que, segons s'explicita en el títol de la taula III del barem, inclou també la valoració del dany moral. I pel que fa al factor de correcció, al marge de no postular-se explícita i directament la seva aplicació en el recurs, tampoc es pot apreciar error o omissió en el fet que s'hagi considerat compensat per la prestació de seguretat social reconeguda.

VUITÈ.Les anteriors consideracions, doncs, han de comportar la desestimació d'ambdós recursos, amb la conseqüència de la plena confirmació del sentit desestimatori de la sentència recorreguda.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació.

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem els recursos de suplicació interposats per FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS,SA i Salvador contra la sentència dictada pel jutjat del social número 4 dels de Barcelona en data 11.7.11 , recaiguda a les actuacions 318/07, en virtut de demanda en reclamació de quantitat. Segons el que disposa l' art. 233 LPL , l'empresa demandada haurà d'abonar les costes processals, inclosos els honoraris en suplicació de la lletrada de la part demandant que es fixen en 400 euros.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l'Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l'art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.