Sentencia SOCIAL Nº 5711/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2777/2018 de 05 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 25120 - 44 - 4 - 2016 - 8010981

EL

Recurs de Suplicació: 2777/2018

IL LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 5 de novembre de 2018

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5711/2018

En el recurs de suplicació interposat per Cipriano a la sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 26 de juliol de 2017, dictada en el procediment núm. 196/2016, en el qual s'ha recorregut contra la part MADIGUN, S.L., Allianz, PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA SA i AVÍCOLA DE LLEIDA, ha actuat com a ponent Il lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre indemnització danys i perjudicis, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 26 de juliol de 2017, que contenia la decisió següent:

'Que estimando parcialmente la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por D. Cipriano contra las empresas MADIGUN S.L. y AVÍCOLA DE LLEIDA S.A.U., y contra las aseguradoras ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A., debo condenar y condeno a las demandadas a abonar al actor, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 10.420,84 euros, sin proceda la aplicación de intereses moratorios.'

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

'PRIMERO.El demandante, D. Cipriano, nacido el NUM000-79 prestó servicios con categoría profesional de auxiliar de zona de proceso por cuenta y dependencia de la empresa MADIGUN S.L., desde el 24-3-14 hasta el 23-9-14, percibiendo un salario mensual bruto de 1.198,07 euros (con inclusión de prorrata de pagas extras).

SEGUNDO.La empresa AVÍCOLA DE LLEIDA S.A.U. (AVIDEL) se dedica a la actividad de compraventa, sacrificio y transformación de toda clase de aves y sus derivados. Cuenta con un centro de trabajo en la Carretera de Lleida Km 5, dedicado al procesado y conservación de carne, siendo la propietaria de las naves industriales donde se desarrolla la actividad la empresa MATADERO INDUSTRIAL DE LLEIDA (MILSA), que arrendó a AVIDEL la zona destinada a sala de despiece y cámaras frigoríficas de las naves industriales.

A su vez, AVIDEL subcontrató los servicios de MADIGUN S.L. para realizar el despiece.

TERCERO.El día 25-4-14, sobre las 10:00 horas, el demandante se encontraba trabajando en una máquina de envasado, destinada a envasar al vacío el producto (aves y derivados), siendo su cometido retirar el producto envasado para su posterior apilado.

CUARTO.En un momento dado quedó atascado en el interior el producto (pechuga de pollo) y el film empleado para el envasado al vacío, ante lo cual se procedió a abrir la chapa lateral situada en el plano inferior de la zona de trabajo. Uno de los encargados (D. Genaro) dió al actor la orden de retirar el elemento atascado del interior de la máquina; y cuando el demandante estaba retirando el producto se accionó un pistón atrapándole la falange del dedo índice de la mano derecha.

QUINTO.La máquina en la que ocurrió el siniestro es una termoformadora TFS 400 para el envasado de productos alimenticios, marca ULMA, fabricada en el año 2.012 y con marcado CE.

La tapa de protección lateral que se retiró para desatascar la máquina estaba sujeta por dos tuercas que se podían retirar con la mano, sin necesidad de utilizar herramientas.

SEXTO.La empresa MADIGUN S.L. contaba con una evaluación de riesgos elaborada en Noviembre de 2.012, que para el puesto de operario de envasado contemplaba el riesgo de 'atrapamiento por o entre objetos' en trabajos junto a cintas transportadoras y elementos de transmisión (cadena y cintas del despiece).

Entre las normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo se indicaba que 'antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibido la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados', y que 'los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías, u otras circunstancias que deterioren la seguridad de funcionamiento'.

Asimismo, se indicaba 'No realizar ningún tipo de reparación/manipulación ni en las máquinas ni en los sistemas de seguridad de las mismas', y que 'Las averías y ajustes deben de ser realizados por personal de mantenimiento'.

SÉPTIMO.La empresa AVIDEL contaba con una evaluación de riesgos laborales que para el puesto de 'despiece/producción despiece' (en el que se incluía la tarea de envasado de pollo), contemplaba el riesgo de golpes y contactos con elementos móviles de la máquina (entre ellos cortes y atrapamientos con partes móviles de las máquinas), señalando que los resguardos móviles con enclavamiento deberán disponer de un sistema de bloqueo que impida la apertura del resguardo hasta que las zonas móviles del equipo a las cuales protege estén completamente paradas, o estar instalados conforme a determinada normativa respecto a velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano.

OCTAVO.El 16-3-11 la empresa MADIGUN S.L. recibió de AVIDEL el manual de coordinación de actividades empresariales del centro de trabajo, la declaración de conformidad de la línea de despiece y de las transpaletas, el manual de funcionamiento de las transpaletas y el código de uso de las mismas, y la evaluación de riesgos laborales de la línea de despiece.

NOVENO.Conforme al documento de coordinación de actividades empresariales, apartado de notificación de condiciones inseguras (4.3.2), en caso de observarse cualquier avería o anormalidad en las instalaciones y equipos que pueda suponer un riesgo de accidente o avería grave, 'lo comunicará rápidamente a un trabajador de MILSA o AVIDEL que se encuentre más cerca de su zona de trabajo'.

Asimismo, en el apartado destinado a uso, mantenimiento y/o ajuste de equipos de trabajo (4.3.18), se indicaba que antes de utilizar cualquier equipo de trabajo 'comprobará que las protecciones y condiciones de uso son las adecuadas' y 'comprobará que la conexión o puesta en marcha no supone un riesgo para terceros', advirtiendo en letras mayúsculas que 'está totalmente prohibido anular las protecciones y los sistemas de seguridad de los equipos de trabajo', y señalando que las tareas de desbloqueo, reparación y limpieza se realizarán 'después de haber parado o desconectado el equipo', 'después de haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas' y 'después de haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación'.

DÉCIMO.El 11-4-11 el demandante recibió, junto con otros trabajadores, la documentación de información sobre riesgos, medidas de prevención y medidas de emergencia en situaciones de coordinación de actividades empresariales, con el compromiso de leer la documentación, consultarla ante cualquier duda y aplicar las indicaciones de la misma.

UNDÉCIMO.También el 11-4-14 el servicio de prevención ajeno de MADIGUN S.L. (MC PREVENCIÓN) impartió un curso en materia de prevención de riesgos laborales, riesgos específicos del puesto de trabajo y medidas preventivas (incluyendo atrapamiento en equipos de trabajo), al que asistió el demandante junto con otros trabajadores.

DUODÉCIMO.Asimismo, el 24-3-14 la empresa MADIGUN S.L. entregó y explicó al demandante un manual de seguridad en tareas de limpieza.

DECIMOTERCERO.La investigación del accidente realizada por la empresa MADIGUN S.L. estableció como causa del mismo 'intentar recoger manualmente un papel estando la máquina activada', proponiendo como medidas preventivas 'informar de la prohibición de la introducción de partes del cuerpo en las máquinas' e 'informar a los trabajadores que antes de Armar las Máquinas informen a sus compañeros, tanto con el sonido acústico de cada máquina como con el avisador luminosos de los mismos'.

DECIMOCUARTO.A consecuencia de las lesiones sufridas, el demandante permaneció en situación de incapacidad temporal desde el 28-4-14 hasta el 15-9-14, habiendo estado hospitalizado los días 25 y 26 de Abril.

DECIMOQUINTO.El 16-9-14 el demandante inició otro proceso de incapacidad temporal, esta vez por contingencias comunes.

DECIMOSEXTO.El 13-5-15 el INSS dictó resolución reconociendo al actor unas lesiones permanentes no invalidantes, Baremo 56 (por importe de 1.460 euros), en base a un cuadro residual derivado de accidente de trabajo consistente en 'Fractura de 2º dedo de la mano derecha, falange proximal y falange media'.

DECIMOSÉPTIMO.Como secuelas físicas derivadas del accidente el actor presenta una limitación de la flexo-extensión del segundo dedo y cicatriz quirúrgica (dorso del dedo).

DECIMOCTAVO.El 2-6-15 la Inspección de Trabajo extendió acta de infracción a la empresa MADIGUN S.L., apreciando una infracción en materia de prevención de riesgos laborales conforme a los artículos 5.2 y 12.16 b) LISOS, por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, creando un riesgo grave para la integridad física o salud de los trabajadores afectados, en materia de diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos, y proponiendo la imposición de una sanción de multa, en su grado mínimo, de 2.046 euros.

El acta de infracción proponía igualmente un recargo de prestaciones económicas, y apreciaba la responsabilidad solidaria de la empresa principal AVÍCOLA DE LLEIDA S.A.U.

DECIMONOVENO.El acta de infracción consideraba que 'dicha tapa de protección está sujeta por dos tuercas que estaban tan flojas que con la mano, y así se demostró ante la funcionaria actuante, era posible la retirada de la misma y acceder a elementos móviles en funcionamiento con el correspondiente riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores'; que 'la tapa protectora de los elementos móviles peligrosos de la máquina de envasado, como son los pistones, era fácilmente anulable y así se demostró en el momento de la visita inspectora, no garantizando la seguridad y salud de los trabajadores dado que se podía acceder a dichos elementos sin que se garantizase un rearme accidental o involuntario de la máquina. No puede dejarse la seguridad de los elementos protectores al hecho de 'oír que dicha máquina estaba armado' sino que los elementos de seguridad no deben ser fácilmente ni anulados ni puestos fuera de uso'; que 'Había en el centro de trabajo otras máquinas iguales en las que para retirar las tapas de protección se debía emplear herramientas específicas al efecto y no simplemente con la mano'; y que 'cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente'.

VIGÉSIMO.Asimismo, en el acta de infracción se consideraba que 'no ha quedado acreditado que el trabajador tuviese formación en prevención de riesgos laborales adecuada y suficiente para su puesto de trabajo'; que 'se aporta un documento que indica que se ha hecho entrega y explicado un manual de seguridad en tareas de limpieza de fecha 24.3.14'; y que la evaluación de riesgos elaborada por la empresa MADIGUN S.L. en Noviembre de 2.012 identificaba para el puesto de operario de envasado el riesgo de atrapamiento entre objetos, indicando que 'los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías, u otras circunstancias que deterioren la seguridad de funcionamiento', pero 'no se contiene la evaluación de los equipos de trabajo presentes en el centro ni se identifican los riesgos concretos que presentan y, en consecuencia, no se evalúa el equipo con el que acaecieron los hechos'.

VIGÉSIMO PRIMERO.El 29-9-15 el INSS dictó resolución declarando la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el demandante el 25-4-14, así como la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente sean incrementadas en el 30% con cargo a las empresas MADIGUN S.L. y AVICOLA DE LLEIDA S.A.U. declaradas responsables solidariamente.

VIGÉSIMO SEGUNDO.El 27-11-15 el Departament dŽEmpresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya dictó resolución acordando imponer a la empresa MADIGUN S.L. la sanción de 2.056 euros propuesta en el acta de infracción, declarando responsable solidaria a la empresa AVICOLA DE LLEIDA S.A.U. por su condición de contratista del servicio.

VIGÉSIMO TERCERO.En la fecha del siniestro la empresa MADIGUN S.L. tenía concertada la cobertura de la responsabilidad civil empresarial con la compañía ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

VIGÉSIMO CUARTO.La empresa AVICOLA DE LLEIDA S.A.U. tenía cubierta la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo con la compañía PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A.

VIGÉSIMO QUINTO.El 9-12-15 al demandante le fue reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual, por contingencia y lesiones que no constan.

VIGÉSIMO SEXTO.El demandante reclama en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, la cantidad total de 44.120,63 euros, más intereses legales y del artículo 20 LCS para las aseguradoras.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.Interpuesta la preceptiva papeleta de conciliación ante el órgano competente el 2-3-16, el acto de conciliación se celebró el 16-3-16 con el resultado de 'intentado sin efecto' por incomparecencia de las empresas demandadas.'

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i les demandades, Plus Ultra Seguros Generales y Vida S. A., Avicola de LLeida S.A.U., Allianzvan impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Contra la sentència que estima la demanda en part i condemna solidàriament a les empreses codemandades i a les dues asseguradores respectives, al pagament al treballador accidentat, a pagar una indemnització per valor de 10.420,84 euros, sense aplicació d'interessos per mora, presenta únicament el demandant recurs de suplicació. El recurs ha estat impugnat per tres de les demandades.

Se centra el recurs, amb la prèvia revisió de fets provats, en combatre l' aplicació de la compensació de culpes, aplicada en la sentència, i també en l'aplicació concreta del barem mòdul de la indemnització, adequada a les seqüeles que proposa, més la pretensió de la condemna als interessos per mora.

SEGON. El primer bloc de motius, per la via de l' art. 193 b) de la Llei reguladora de la jurisdicció social (LRJS), proposa la modificació de fets provats, articulat en cinc apartats que proposen:

1. Modificació delfet provat sisè, al qual es vol addicionar un nou paràgraf que digui que l'empresa Madigun, S.L. no comptava amb la avaluació de riscos dels equips de treball presents en el centre incloent la màquina d'envasat en la que es va produir l'accident de treball.

2. Supressió del fet provat desè,argumentant que no és possible que en la data indicada, 11-04-2011, el demandant rebés informació sobre documentació de riscos, mesures de prevenció i d'emergència, ja que no estava encara contractat per Madigun, S.L., ja que el vincle laboral s'inicia el 24-03-2014.

3. Modificació del fet provat onzè,per fer constar tot al contrari del que indica, afirmant que el demandant no tenia formació en prevenció de riscos laborals adequada i suficient pel lloc de treball.

4. Modificació del fet provat quart, al qual es proposa afegir, que després de ser donat d'alta el treballador de la incapacitat temporal, el dia 15-09-2014, el demandant va restar sota control mèdic evolutiu en MC Mutual, des del 16-09-14, fins el 5-12-2014.

5. Addició al fet provat 17èd'una darrera frase que digui que entre les seqüeles físiques derivades de l'accident també s'inclouen les de mà dreta dolorosa i parestèsies en la mà.

Les modificacions proposades no poden prosperar pels motius següents:

1. El fet provat sisè, quan refereix que Madigun, S.L. comptava amb una avaluació de riscos elaborada el novembre de 2012, pel lloc de treball operari d'envasat, que contemplava el risc d'atrapament per o entre objectes, en treballs de cintes transportadores i elements de transmissió, no es pot modificar, doncs la magistrada de instància el basa en la valoració de l'Acta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i del document 3 del ram de prova de Madigun, S.L., tal com exposa en el fonament primer de la sentència, foli 38 i següents, sense que consti cap error manifest en tal valoració, sense que hagin de constar els fets negatius, tals com la no inclusió de la valoració concreta de la màquina d'envasat defectuosa, en la que prestava serveis el demandant.

2. El fet provat desè, que també ha estat producte de la valoració expressa dels documents de prova aportats per Madigun, S.L., que consten en el ram de prova de la part (8 a 10), segons diu la sentència, conté un evident error, atès que es refereix a una actuació empresarial de 11-04-11 , ja que és evident que el demandant no podia rebre una formació tres anys abans de incorporar-se a l'empresa, que consta que l'inici de la prestació de serveis va ser el dia 24-03-2014, segons el fet provat primer.

En el foli 61, tal com s'al lega consten uns primers treballadors que signen que reben de forma correlativa la informació, l'any 2011. Posteriorment, apareixen altres, sense una data explícita, o llegible, sembla que consta el nom i cognoms del demandant, però certament no consta ni el NIE del demandant, en el suposat full de control de lliurament de informació al treballador. A tal document s' ha donat valor probatori per la magistrada de instància, de manera que es pot entendre que ha estat per error material, sense valorar la diferència entre el primer signant i la resta, i comprovat que efectivament l'actor formés part del llistat de persones a les que es va donar informació.

Ja que es discuteix la concurrència de culpes, lligada a la possible manca de formació del treballador, el motiu podria ser transcendent. S'accepta la supressió del fet provat desè.

3. Del fet provat onzè, es vol suprimir pel recurrent la referència a què l'actor va rebre un curs en matèria de prevenció de riscos laborals, i específics del lloc de treball i mesures preventives, amb inclusió del risc d'atrapament en equips de treball. Es basa en l'afirmació de l'Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquest fet, que com l'anterior resultaria molt transcendent, per a la valoració de la culpabilitat, el dedueix la magistrada de instància del document 4 del ram de prova de Madigun, S.L., document al que ha donat credibilitat, com explica en el fonament jurídic primer, sense que es pugui constatar cap error patent o manifest. Per tant, s'ha de desestimar també aquesta pretensió revisora, ja que el que no es va acreditar davant de la ITSS s'ha realitzat en el judici oral, segons la valoració de la prova que es raona en la sentència.

4. L'addició al del fet provat quart, del període de control mèdic evolutiu de la lesió, que dedueix de l'informe pericial (folis 373 a 376) no seria transcendent, ja que el control mèdic posterior, que si consta, en la documental proposada, no és equiparable a una lesió no impeditiva, a efectes de valorar la indemnització.

5. Respecte a la modificació de les seqüeles, que consten en el fet provat dissetè, que es basa també en la prova pericial de la part, folis 378, no podrà tampoc prosperar, ja que ja ha estat valorada per la magistrada del jutjat social, sense que s'apreciï cap error, material o manifest, doncs consten altres informes discrepants. I pel que fa a l'informe de MC Mutual de data 17-07-2015, s'ha de tenir en compte que fa una valoració més àmplia de les malalties del treballador, concretament referida a la hèrnia discal, pendent de IQ, tractament amb lírica pel dolor... etc., intervenció anterior per hèrnia discal... . És a dir, el tractament pel dolor no es vincula a una valoració del dolor de la mà dreta, com a concreció de les seqüeles de l'accident, com pretén la redacció del recurs de suplicació, tal com queda transcrit en el seu escrit mateix. Per tant, també es desestima.

En resum, s'accepta la supressió del fet provat desè, sense que la resta de les modificacions proposades puguin ser ateses.

TERCER. Per la via de l' article 193 c) de la Llei reguladora de la jurisdicció social, la part actora denuncia la infracció de normes substantives, concretament els articles 4.2.d), 19.1, 19-4 de l'Estatut dels Treballadors, art. 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals; Art. 3.1 Annex I número 1 i apartat 8 Annex II, del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre utilització d'equips de treball.

Parteix el recurs de què l'informe de la ITSS, va constatar la manca de avaluació de riscos concrets respecte a l'equip de treball de l'empresa demandada Madigun, S.L., encara que si s'identifica respecte al lloc de treball d'envasat, el risc d'atrapament per objectes en cintes transportadores. Però no es conté una avaluació concreta dels equips present en el centre.

Té raó el recurrent que aquesta manca d'avaluació concreta, infringeix l' art. 14 de la LPRL, ja que a banda de la referència al lloc de treball, l'empresa té la obligació d'avaluar l'equip de treball concret al que l'actor estava destinat.

Per altra banda, tampoc consta que al demandant, que es va accidentar el dia 25-04-14, quan havia iniciat la prestació de serveis el 24-03-2014 - portava 1 mes -, se li hagués donat formació específica respecte de l'ús correcte de la maquinaria, del seu equip de treball, i quina era l'actuació en cas de atrapament del producte. Finalment, es declara provat que davant de l'atrapament del producte, i el film usat per l'envasat al buit, es va procedir a obrir la xapa lateral situada en el pla inferior de la zona de treball, i que un dels encarregats ( Genaro) va donar a l'actor la ordre de retirar l'element enganxat a l'interior de la màquina; i quan el demandant estava retirant el producte es va accionar un pistó, atrapant la falange del diu índex de la mà dreta (fet provat quart).

El fet provat 19è, de la sentència explica que va ser possible aixecar la xapa perquè, segons constata la ITSS en el seu informe: ' dos tuercas estaban tan flojas, que con la mano, y así se demostró ante la funcionaria actuante, era posible la retirada de la misma y acceder a elementos móviles en funcionamiento con el correspondiente riesgo para la Seguridad y salud de los trabajadores' (...) 'que la tapa protectora de los elementos móviles peligrosos de la máquina de envasado, como son los pistones, era fácilmente anulable y así se demostró en el momento de la visita inspectora, no garantizando la Seguridad y salud de los trabajadores...'

Tal com proposa el recurs, cap culpa o imprudència se li pot atribuir al demandant, en la provocació de l'accident, atenent als fets provats següents:

1 . Que portava un mes en el centre de treball.

2. Que utilitza un equip de treball modificat que permet entrar en l'àrea perillosa, que provoca un risc evident, no avaluat concretament per l'empresa.

3. Que no és ell l'autor de la modificació de la maquinària.

4. Que no fa l'acció d'aixecar la xapa i desenganxar el producte per decisió pròpia, sinó per ordre del seu encarregat, tal com relata el fet provat quart.

5. No posa en marxa la maquinaria mentre té la mà dins de la zona de risc, sense que s'hagi acreditat qui ha accionat tal màquina sense avís previ.

6. La xapa es podia obrir sense estris adequats auxiliars; no consta que li haguessin proporcionat elements específics per tal de fer la operació a distància de seguretat (fet provat cinquè).

Del relat anterior no es pot derivar que el demanant accidentat havia actuat amb una manca de diligència en obrir la tapa de la màquina i procedir a extreure les restes del producte del seu interior de manera manual, doncs tal procediment ni li havia estat prohibit de forma expressa, i és més, li va ser indicat pel seu superior.

Així del relat del fets que ressaltem és dedueix clarament que l'atrapament de la mà de l'actor es va donar a conseqüència de haver realitzat una acció que si l'equip hagués estat revisat no hauria existit l'accident, doncs no s'hagués pogut entrar aixecant la tapa i tampoc s'hagués posat en marxa el mecanisme sense tancar-la o avisar prèviament. Finalment, el demandant, es declara provat que actua acollint una indicació del seu cap i no per pròpia iniciativa.

El recurs haurà de ser estimat, per tant, respecte a la valoració que ha fet la magistrada de instància, imputant una concurrència de culpes, ja que no s'adverteix cap negligència a l'actuació del demandant. Si, en canvi, s'ha posat de manifest una sèrie de infraccions per part de l'empresa, per falta d'avaluació de la màquina que tenia un defecte, permet aixecar la tapa, podent ser activada abans de tancar-se; per manca de supervisió de l'activitat i tolerància a què s'indiqués una manera de procedir, que si se li recomana al demandant és per què era tolerada, o habitual la forma de procedir. La manera actuar era una conducta arriscada, que va ser imposada al treballador per les persones que supervisaven la feina, cosa que determina que és l'empresa la responsable única de l'accident, contravenint les obligacions que imposen els articles 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals; Art. 3.1 Annex I número 1 i apartat 8 Annex II, del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre utilització d'equips de treball.

La obligació de les empreses, a banda de avaluar els riscos concrets del treball, és vetllar per l'aplicació de les normes de prevenció, de manera que es dedueix dels fets provats una mala praxis de terceres persones, de l'empresa que ha de donar lloc a atribuir a la companyia (ambdues) la culpa 'in vigilando', que es dedueix clarament dels fets provats, ja que la màquina en la que treballava l'actor permetia introduir-se manualment en el lloc de risc d'atrapament, i la persona que tenia la funció de supervisar la feina del demandant va ser qui li va indicar l'acció arriscada que va donar lloc a l'accident.

D'aquí és dedueix ques'ha de deixar sense efectela concurrència de culpes,apreciada per la magistrada de instància, per rebaixar el valor de la indemnització per danys i seqüeles de l'accident de treball, que és imputable únicament a l'empresa, o terceres persones, però en cap cas a l'accidentat. S'estima el recurs en aquest punt, el que comporta incrementar la indemnització en el percentatge que ha estat detret en la sentència.

QUART. El segon motiu de censura jurídica, es planteja respecte a la valoració de les seqüeles de l'accident. Cita el recurs la infracció dels articles 93 i 97.2 de la LRJS, art. 24 CE i 120-3 de la CE, sentències del TS de 19/07/2006 09/06/2006i 18/04/2006

Bàsicament el recurs al lega que la sentència ha raonat erròniament l'aplicació del Barem dels accidents de circulació, a l'hora de quantificar la indemnització. Motiu pel qual entén que la sentència està mancada de exhaustivitat i congruència.

En aquest punt el que pretén el recurs és integrar en la valoració de les lesions totes les conclusions de la prova pericial practicada. Insisteix en què és una prova idònia i que hauria de ser tinguda en compte de manera preferent, atès que ha estat la única pericial mèdica, i que no ha estat desvirtuada. Segons el recurs això ha donat lloc a què no es computessin els següents factors o es fessin de manera incongruent, segons el recurs, concretament es refereix a :

a) Dies impeditius, valorats en la pericial mèdica ... 81 dies.

b) Seqüeles... no ha tingut en compte que en el fet provat 17è, que recull també la mà dreta dolorosa i parestèsies en la mà, mentre que valora únicament la seqüela de limitació a la mobilitat del dit (flexo extensió) amb 3 punts. No recull el que proposa el recurs, en base a la pericial mèdica que portaria a valorar segons el barem 11 punts (amb inclusió del perjudici estètic) per:

- Mà dreta dolorosa - 3 punts

- Limitació mobilitat flexió MRCF/IFP/IFD , 2 dit mà dreta - 3 punts

- Parestèsies en mà (1-5) - 3 punts

- Perjudici estètic (1-6) - 2 punts.

c) Que s'ha d'incorporar la valoració funcional de incapacitat permanent parcial per al treball, que és la valorada en l'informe pericial.

Contra el que argumenta el recurs, consta provat que el demandant va restar en situació d'incapacitat temporal des del dia 28-4-14 al 15-9-14, restant dos dies hospitalitzat el mes d'abril. També que el 13-05-2015, l'INSS va dictar resolució reconeixent al demandant lesions permanents no incapacitants, Barem 56, per import de 1.460 euros, en base al quadre residual de l'accident de treball, consistent en fractura de 2n dit de mà dret, falange proximal i mitja.

A partir dels fets provats exposats, el motius de impugnació de la valoració de les lesions que fa la sentència de instància no poden ser atesos, ja que no ha prosperat la modificació pretesa. En primer lloc, ja que, contra el que diu el recurs, la prova pericial no és vinculant per la magistrada de instància, per molt idònia que sigui, i no està per tant obligada a acordar la revisió pel metge forense, que és una facultat del jutge, no una obligació pel cas que discrepi de la pericial privada (93 LRJS).

La magistrada ha raonat suficientment la valoració de les lesions atenent al barem, del que no cita cap infracció normativa el recurs, d'acord a les seqüeles que resulten dels fets provats, i ha aplicat a la valoració pericial els criteris de la sana crítica, tal com li permet la LEC. El que fa el recurs en aquest punt és realitzar una nova valoració dels fets provats, aplicant el que indica la prova pericial aportada, que ni és un prova plena ni vincula en cap cas al jutge. Però és més, si volia fer una revisió dels fets provats de la sentència havia d'anar per la via que li permet l' art. 193 b) de la LRJS, i no per la de infracció de normes del procediment que són les que cita en aquest segon apartat el recurs. Per tant, es desestima el recurs ja que no s'adverteix el defecte de manca de congruència o fonamentació jurídica, causant de indefensió, aquí denunciat.

CINQUÈ. El següent motiu de infracció, denuncia la inaplicació de la jurisprudència continguda en la STS de 17-02-2015, recurs 1219/2014.

S'oposa en aquest punt a la compensació realitzada per la indemnització de les lesions permanents no incapacitants, ja que són imputables al dany moral, que quedaria sinó sense compensació.

Recordem que, com diu la jurisprudència més recent, continguda en la STS, Social de 12 de setembre de 2017 ROJ: STS 3315/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3315 , que indica, respecte a la indemnització per danys i perjudicis derivats d'accident de treball:

'1. Principios básicos.

La cuestión del modo en que haya de calcularse la indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo ha revestido una enorme complejidad y ha requerido de múltiples pronunciamientos de esta Sala IV del Tribunal Supremo, que han ido evolucionando y ha acabado por aquilatar los criterios y principios siguientes:

1º) Principio de reparación íntegra del daño, según el cual la finalidad de la indemnización por daños y perjuicios es lograr 'la íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso' ( STS/4ª/Pleno de 17 de julio 2007, rcud. 513/2006 ).

2º) Principio de proporcionalidad entre el daño y su reparación, a cuyo tenor se exige que la indemnización sea adecuada y proporcionada, evitando, en su caso, el enriquecimiento injusto (de nuevo, STS/4ª/Pleno de 17 de julio 2007, rcud. 513/2006 ).

3º) Principio de compatibilidad entre las diferentes vías de atención al accidente de trabajo,para lo que hay que recordar que el accidente de trabajo puede generar simultáneamente prestaciones sociales con las singularidades de las contingencias profesionales (ex arts. 115 a 117 de la Ley General de la Seguridad Social LGSS ) -con o sin la concurrencia del juego ofrecido por las consecuencias legales del incumplimiento empresarial de las normas de prevención de riesgos laborales ( art. 42.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -LPRL - y 127.3 LGSS )- y el derecho a la indemnización por reparación del daño causado, derivado del incumplimiento contractual en los términos genéricos del art. 1101 de Código Civil . De ahí que la posible concurrencia de prestaciones e indemnizaciones haya suscitado el problema de la articulación entre todas las cantidades que se otorguen en favor del trabajador accidentado.

Por ello, las diferentes indemnizaciones son compatibles, pero complementarias, de forma que cabe que el perjudicado ejercite todas las acciones que le reconozca la ley para obtener el resarcimiento total(asi, STS/4ª de 9 febrero 2005 -rcud. 5398/2003 -, 1 junio 2005 -rcud. 1613/2004 -, y 24 abril 2006 -rcud. 318/2005 -, así como STS/4ª/Pleno 17 julio 2007 -rcud. 4367/2005 y 513/2006 ). 664/2017 Recurso: 1855/2015). Del mismo modo, la STS de 17 febrero 2015 (rec. 1219/2014 ) reitera el criterio de que, una vez calculados los daños morales con arreglo al baremo de accidentes de tráfico, de la cuantía así obtenida no cabe descontar lo percibido por prestaciones de Seguridad Social, ni por el complemento empresarial de la mismas; y ello con independencia de que tales prestaciones afecten a la situación de incapacidad temporal o a las lesiones permanentes.'

Aplicant el raonament d'aquesta sentència, que recull la doctrina jurisprudencial,s'ha de revocar la sentència de instància quan fa la compensació de la indemnització per lesions permanents no incapacitats,de la quantia de la indemnització que ha calculat segons el Barem, el que comporta sumar al total indemnitzatori, la meitat dels 1.460 euros que ha estat restada (730 euros).

SISÈ. El darrer motiu del recurs, es dirigeix a combatre l'absolució de les asseguradores respecte al interès per mora del 20%, entenent que s'ha infringit l'art. 16 i el 20 d ela Llei de contractes d'assegurança.

En aquest punt també ha de prosperar el recurs, doncs la doctrina jurisprudencial s'ha pronunciat en un sentit diferent al que valora la sentència, o en tot cas, que entenem que no és aplicable al cas la justificació en la dilació de les asseguradores per a no abonar - ni que sigui parcialment, per ser discutida - la indemnització a l'accidentat.

Així la sentència del TS, Social de 03 de maig de 2017 ( ROJ: STS 2094/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2094 ) Sentència: 384/2017 Recurs: 3452/2015 , recorda que:

'Frente a la sentencia que incluye la condena de la aseguradora al abono de intereses moratorios ex art. 20 de la Ley 50/1980, de Contrato de seguro, desde la fecha del accidente, por indemnización, se alza aquella en casación unificadora pretendiendo que dichos intereses se fijen a partir de la fecha de la sentencia. Se dilucida la existencia de la justificación que, ex art. 20.8 LCS exoneraría a la aseguradora del recargo por mora. Razona la Sala IV que la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y en la apreciación de la misma se ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador de la norma. Por ello, cuando se aduce la tramitación de un proceso judicial para justificar la demora, habrá de examinarse la fundamentación de tal excusa. En el caso, no se ofrecen otros elementos de justificación que el que había de estarse a la espera del resultado del litigio. Excluido tal motivo como justificación suficiente, la aseguradora ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haber pasado extenso lapso de tiempo desde el accidente. No se aprecia complejidad alguna para que la aseguradora avanzara una cuantificación económica mínima y ninguna duda le cabía sobre su obligación desde la fecha del siniestro, por lo que no se acepta la excusa de la necesidad de conocer el importe final a indemnizar.

SEGUNDO.- 1. La recurrente pretende que los intereses moratorios se fijen exclusivamente a partir de la fecha de la sentencia y, en ningún caso, desde la del accidente. Se argumenta en el recurso que no es posible incurrir en mora antes de que se fije el importe de la indemnización.

2. El art. 20 LCS contiene una serie de reglas por las que se rige la mora de la aseguradora, debiendo recordar, por lo que aquí interesa, las siguientes:

'3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

(...) 6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

8.º No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.

(...)10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil , ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia'.

3. La cuestión a dilucidar en el presente caso se ciñe a existencia o no de la justificación que, a tenor del art. 20.8 LCS exoneraría a la aseguradora del recargo por mora. Para apreciar el concepto de causa justificada o no imputable hemos de acudir a la interpretación que viene haciendo la Sala 1ª de este Tribunal Supremo.

Es doctrina consolidada de dicha Sala que, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 'la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso' ( STS/1ª de 13 junio 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 , 18 junio 2014 y 14 julio 2016 , entre otras).

En suma, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo de los intereses de demora. Sin embargo, en la apreciación de esta causa de exoneración, el Tribunal ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (así, STS/1ª de 4 diciembre 2012 y 5 abril 2016 ).'

'Por ello, cuando se aduce la tramitación de un proceso judicial para justificar la demora, habrá de examinarse la fundamentación de tal excusa 'partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar los presupuesto de la norma aplicada'.

A juicio de la jurisprudencia civilista, ha de descartarse 'que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar' ( STS/1ª de 7 junio 2010 - rec.427/2006 -, 29 septiembre 2010 -rec. 1393/2005 -, 1 y 26 octubre 2010 - rec. 1315/2005 y 667/2007 -, 31 enero 2011 -rec. 2156/2006 -, 1 febrero 2011 -rec. 2040/2006 - y 26 marzo 2012 - rec.760/2009 ).

Como recuerdan las STS/1ª de 20 enero y 8 febrero 2017 ( rec. 1637/2014 y 2524/2014 , respectivamente), se ha valorado 'como justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial se torna en imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura, en cuanto hechos determinantes del nacimiento de la obligación, si bien la jurisprudencia más reciente es aún más restrictiva y niega que la discusión judicial en torno a la cobertura pueda esgrimirse como causa justificada del incumplimiento de la aseguradora cuando la discusión es consecuencia de una oscuridad de las cláusulas imputable a la propia aseguradora con su confusa redacción'. Y, pese a la lógica casuística a la que aboca esta cuestión, acaba resumiendo que es 'criterio constante en la jurisprudencia no considerar causa justificada para no pagar el hecho de acudir al proceso para dilucidar la discrepancia suscitada por las partes en cuanto a la culpa, ya sea por negarla completamente o por disentir del grado de responsabilidad atribuido al demandado en supuestos de posible concurrencia causal de conductas culposas ( STS 12 de julio de 2010, RC n.º 694/2006 y STS 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006 ), del mismo modo que no merece tampoco para la doctrina la consideración de causa justificada la discrepancia en torno a la cuantía de la indemnización, cuando se ha visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 667/2007 ), sin perjuicio, como ya se ha dicho, de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado'.

Finalmente, se niega por esa doctrina jurisprudencial que la iliquidez inicial de la indemnización que se reclama, cuantificada definitivamente por el órgano judicial en la resolución que pone fin al pleito, permita valorar ese proceso como causa justificadora del retraso ( STS/1ª de 12 enero 2017, rec. 2759/2014 ).

4. Manteniendo plena congruencia con lo expuesto, esta Sala IV ha abordado la cuestión entendiendo en algunas ocasiones que, efectivamente, cabía exonerar a la aseguradora de los intereses del art. 20 LCS , mas se daba la circunstancia de que, o bien era controvertida la inclusión del actor en la póliza ( STS/4ª de 15 marzo 1999 - rcud. 1134/1998 -), o la postura inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces vigente ( STS/4ª de 18 abril 2000 -rcud. 3112/1999 -), o se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante ( STS/4ª de 14 noviembre 2000 -rcud. 3857/1999 -), o estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la póliza, el cual no quedó fijado hasta que se dictó la sentencia recurrida ( STS/4ª de 26 junio 2001 -rcud. 3054/2000 -). En esa misma línea, se dictaron las STS/4ª de 26 julio 2006 - rcud. 2107/2005 -, 10 noviembre 2006 -rcud. 3744/2005 - y 30 abril 2007 -rcud. 618/2006 -.

5. Partiendo de lo expuesto, hemos de concluir que la sentencia de contraste se apartaba de dicha doctrina al sostener que la justificación para la exoneración de abono de intereses puede hallarse en la falta de concreción de la cantidad en la que se fije la indemnización.

Ni en aquella sentencia, ni en la que ahora se recurre se ofrecían otros elementos de justificación para eludir los intereses moratorios que no fueran el argumentar que había de estarse a la espera del resultado del litigio.

Hemos de añadir, además, que el carácter netamente sancionador de la obligación impuesta en el art. 20 LCS no excluye un aspecto también compensatorio de las consecuencias perjudiciales que el retardo en el percibo de la indemnización comporta para el accidentado. Al respecto, debemos indicar que las STS/4ª de 17 julio 2007 (rcud. 4367/2005 ), 12 marzo 2013 (rcud. 1531/2012 ) y 16 mayo 2014 (rcud. 2670/2013 ), que la parte recurrente cita, no pueden servir para apoyar el recurso, pues, aun cuando razonan sobre el art. 20 LCS , se refieren a otros aspectos distintos a los que aquí nos ocupan y no contienen argumento alguno relativo a la cuestión de la liquidez de la indemnización.

6. Excluido tal motivo como justificación suficiente, nos encontramos con que en el presente caso, como bien indica el Ministerio Fiscal, la aseguradora recurrente ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente. No se aprecia en este caso complejidad alguna para que por parte de la aseguradora se avanzara una cuantificación económica mínima que, con independencia de la discrepancia ulterior, pudiera servir de elemento a tener en cuenta en el cumplimiento de su obligación. Y, finalmente, ninguna duda cabía a la recurrente sobre su obligación desde la fecha del siniestro, por lo que no es posible aceptar la excusa de la necesidad de conocer el importe final a indemnizar. - TERCERO.- 1. En consecuencia, la sentencia recurrida acierta cuando fija la obligación de la aseguradora de abonar el interés del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro.'

SETÈ. D'acord amb els criteris exposats respecte als interessos moratoris de les companyies asseguradores, art. 20 LCS, no es pot apreciar una causa de justificació pel fet de no ser líquida la quantitat indemnitzatòria aplicable, per estar pendent del litigui, o per ser discutible la possible concurrència de culpes, doncs la asseguradora hauria pogut posar a disposició una la quantitat, encara que fos inferior, aplicable a les conegudes seqüeles de l'accident, sense perjudici de què una ulterior resolució donés lloc a la compensació de les quanties ajustades a la decisió de la sentència ferma. Projectant la jurisprudència abans referida, al cas concret, entenem que si procedia la aplicació del 20% de l'interès moratori, des de la data en què van ser conegudes les seqüeles de l'accident de treball, que va ser el dia de la resolució administrativa de l'INSS, és a dir, el 13-05-2015.

En definitiva, els argument jurídics exposats comporten estimar el recurs en part, ja que considerem correctament avaluades les seqüeles de l'accident, i s'estima únicament el recurs per fixar la indemnització en el valor que resulta de l'aplicació del barem que fa la magistrada de instància, que suma 12.308,71 euros, de manera detallada en el fonament jurídic tercer de la sentència, sense descompte ni per concurrència de culpes, ni la meitat del valor de la indemnització per lesions permanents no incapacitants, quantitat a la que s'haurà d'afegir l'interès moratori del 20% anual, per a les companyies asseguradores, més l'interès legal.

Ja que el recurs s'estima en part, no és procedent la imposició de costes.

Pels motius exposats,

Fallo

Estimar en part el recurs de suplicació presentat per Cipriano contra la sentència dictada pel Jutjat Social 1 dels de Lleida, en data 26 de juliol de 2017, en el procediment seguit amb el número 196/2016, a instància del citat recurrent, per indemnització de danys i perjudicis, contra MADIGUN, S.L., AVICOLA DE LLEIDA SAU, PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A., ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. I EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL, i revocar en part la sentència dictada, establint la indemnització a favor del demandant en la quantia de 12.308,71 euros, quantitat a la que se sumarà el 20% d'interès per mora a càrrec de les entitats asseguradores, des de la data de 13 de maig de 2015, a banda dels interessos legals.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.