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29/11/2013

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Sentencia Social Nº 575/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, Rec 4965/2012 de 24 de Junio de 2013

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Orden: Social

Fecha: 24 de Junio de 2013

Tribunal: TSJ Madrid

Ponente: HERNANI FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA

Nº de sentencia: 575/2013

Núm. Cendoj: 28079340052013100490

Encabezamiento

Sentencia nº 575

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 5ª

MADRID

Ilma. Sra. Dª Begoña Hernani Fernández :

Presidente

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz :

Ilma. Sra.Dª Alicia Catalá Pellón :

En Madrid, a 24 de junio de 2013.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación 4965/12 interpuesto por María Cristina , Caridad , Felicidad , Melisa , Sonsoles , Andrea , Esther , Manuela Y Tania representado por el Letrado ANGEL DIEGO LARA MORAL, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 20 DE MADRID en autos núm. 1396/10 siendo recurrido LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID representado por el Letrado de la COMUNIDAD DE MADRID. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DOÑA Begoña Hernani Fernández.

Antecedentes

PRIMERO:En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por Dª María Cristina , Dª Felisa , Dª Felicidad , Dª Melisa , Dª Julia , Dª Sofía , Dª Angelina , Dª Manuela , Y Dª Tania , el resto de demandantes Dª Esmeralda , Dª Maribel , Dª Tamara , Dª Apolonia , Dª Estefanía , D. Juan Ignacio , Dª Milagrosa , Dª Violeta , Dª Belen , Dª Florencia , Dª Olga , Dª María Antonieta , Dª Carlota , Dª Inocencia , Dª Rebeca , Dª Adela , Dª Diana , Dª Luz , Dª Marí Juana , Dª Estela , Dª Mónica , Dª Marí Trini , Dª Catalina (desistidos del procedimiento) contra CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID en reclamación sobre CANTIDAD Y DERECHOS en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 2012 , en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO:En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- Los demandantes prestan servicios para demandada con la categoría de Profesor de Educación Primaria la Religión Católica con la antigüedad que para cada uno de ellos se relata en el hecho quinto de la demanda.

SEGUNDO.- Que la Administración Educativa empleadora de la actora fue el Ministerio de Educación y Ciencia hasta que fue trasferida a la Comunidad de Madrid mediante RD 917/2002 de 6 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de en materia de enseñanza en educación infantil y primaria desde 1.1.2003.

TERCERO.- Que en el punto 2 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE ) se establece textualmente, y respecto a los profesores de religión que, 'estos trabajadores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos'.

CUARTO.- Que la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleo Publico, de 12 de abril establece en su artículo 25, que los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción; fijándose en el artículo 23.b) de la misma Ley , como retribución básica, la de los trienios que consisten en una cantidad, que será igual, para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, por cada tres años de servicios, siendo evidente que el profesor de religión tiene derecho a percibir los citados trienios, al estar equiparado retributivamente al funcionario interino,

Por último el artículo 25.2 de la mencionada Ley 7/2007 , establece que se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

QUINTO.- Los demandantes tienen reconocido por sentencias firmes el derecho a percibir el derecho retributivo de trienios para periodos inmediatamente anteriores al periodo aquí reclamado.

SEXTO.- El TS en sentencia de 10.12.2010 dictada en Unificación de Doctrina, establece que los profesores de religión no tiene derecho a trienios por no serle de aplicación el art. 25.2 del EBEP que sólo es de aplicación a los funcionarios interinos, su relación es laboral y se equiparan a efectos retributivos a los profesores interinos y no a los funcionarios interinos, sin que exista discriminación.

SEPTIMO.- Por medio de la presente demanda la actora solicita se dicte sentencia por la que se declare el derecho de los actores a percibir el complemento retributivo de trienios y se conde al abono a los actores de las cantidades y por los periodos que para cada uno de ellos se desglosa en el hecho quinto de la demanda, más el 10% de interés por mora.

OCTAVO.- Que se ha agotado la vía administrativa.

TERCERO:En esta sentencia se emitió el siguiente fallo:

'Que desestimando la demanda formulada por ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES en nombre y representación de en nombre y representación de Dª María Cristina , Dª Felisa , Dª Felicidad , Dª Melisa , Dª Julia , Dª Sofía , Dª Angelina , Dª Manuela , Y Dª Tania , el resto de demandantes Dª Esmeralda , Dª Maribel , Dª Tamara , Dª Apolonia , Dª Estefanía , D. Juan Ignacio , Dª Milagrosa , Dª Violeta , Dª Belen , Dª Florencia , Dª Olga , Dª María Antonieta , Dª Carlota , Dª Inocencia , Dª Rebeca , Dª Adela , Dª Diana , Dª Luz , Dª Marí Juana , Dª Estela , Dª Mónica , Dª Marí Trini , Dª Catalina (desistidos del procedimiento) contra LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda formulada en reclamación de derechos y cantidad y frente a la misma se alza en suplicación la representación letrada de la parte actora solicita solicitando en un doble motivo la revisión de los hechos probados y el examen del derecho aplicado.

Al amparo del art.193 b)LRJS , solicita la recurrente la revisión de los hechos probados y en concreto del ordinal quinto proponiendo redacción alternativa con el siguiente tenor literal:

Quinto: 'Dª María Cristina , Dª Caridad , Dª Felicidad , Dª Melisa , Dª Sonsoles , Dª Andrea , Dª Esther , Dª Manuela Y Dª Tania , presentaron demanda con fecha 12 de Diciembre de 2008 ante el Decanato de los Juzgados de lo Social de Madrid en reclamación de derechos y cantidad que por turno de reparto correspondieron a los Juzgados de lo Social nº 12, 20, 11, 28, 10, 17 y 14 de Madrid, finalizando todos ellos con Sentencias reconociendo el derecho a percibir el complemento salarial de trienios y a percibir las cantidades reclamadas por dicho concepto. Recurridas en Suplicación por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicta Sentencias desestimatorias de la Suplicación; declarando la inadmisión de los nueve Recursos de Casación para la Unificación de la Doctrina interpuestos en nombre y representación de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, en los nuevo Procedimientos tramitados ante los Juzgados de lo Social de Madrid. Al adquirir firmeza las Sentencias se cumplen por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID en sus propios términos.'

Dicha pretensión se admite pues así se desprende de los documentos en que se apoya. El relato factico que da modificado en la forma expuesta.

SEGUNDO.- En el apartado destinado a las infracciones jurídicas, al amparo del art.193 c)LRJS , se denuncia la infracción de los dispuesto en el art.14 CE así como la aplicación indebida de los arts.207 en relación con el apartado 4 del art.222 LEC .

Respecto de la cuestión atinente al complemento por antigüedad, (trienios) el recurso prospera, porque aún cuando existan pronunciamientos diversos en esta Sala, como por ejemplo, la Sentencia de la Sección Sexta de 13 de febrero de 2012 (RS nº 2314/2011 ) o la de 16 de septiembre de 2011 (RS nº 6086/2011 ), esta Sección de Sala en Sentencia de 8 de octubre de 2012 (RS nº 2838/2012 ), ha resuelto , por aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2012 , Rec. Nº 138/2011 ( aclarada por auto de fecha 16 de julio de 2012 , para suprimir la menciona acerca de que el recurso de casación era en unificación de doctrina cuando era el tradicional) en sentido favorable a las entonces demandantes, debiendo resolverse la cuestión en términos semejantes a como ya hicimos cuando razonábamos que '... Esta sentencia matiza, dice, las resoluciones anteriores dictadas en unificación de doctrina, estableciendo una solución distinta, porque como explica, el recurso entablado en el conflicto colectivo contenía argumentos más profundos de los que se habían venido utilizando con anterioridad, normalmente postulando la aplicación al colectivo de profesores afectados del artículo 25 del EBEP o Disposición transitoria tercera de la LOE , normas que el Tribunal Supremo sigue insistiendo en que no les son de aplicación (como acertadamente falla en este caso el Magistrado de instancia, que por la fecha en la que dicto la sentencia, obviamente no podía conocer el contenido de la Sentencia de 7 de junio de 2012 ).

El fundamento segundo de la citada sentencia, se dedica a examinar la naturaleza de la contratación de los profesores a lo largo del tiempo señalando que 'En el estudio del régimen regulador de las relaciones que han unido a estos profesores con su empleadora la Administración Pública no está de más recordar que ya antes de la Constitución Española y del Acuerdo de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede estos profesores fueron calificados como 'funcionarios de empleo' como consecuencia de la equiparación que en la normativa entonces vigente les daba a los profesores del mismo nivel educativo, y así siguieron siendo calificados después de entrar en vigor el Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, y de acuerdo con una sentencia de la entonces Sala 5ª del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1978 que estimó debían ser retribuidos en forma análoga al 'profesor interino o contratado' y en atención a que en el art. 3 de dicho Acuerdo se disponía que la enseñanza religiosa en los niveles educativos en los que estaba previsto se implantara sería 'impartida por las personas que en cada año escolar sean designadas por la autoridad académica entre las que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esa enseñanza', de donde se dedujo que el término 'designación' indicaba que se trataba de una relación administrativa; y a esa vía parecía conducir que las Órdenes Ministeriales de desarrollo de aquel Acuerdo, tanto la de 16 de julio de 1980 sobre enseñanza de la religión y moral católicas en el bachillerato y en la formación profesional, como la que la derogó y sustituyó -Orden de 11 de octubre de 1982 sobre profesorado de religión católica en los centros de enseñanzas medias-, e incluso en la Orden de 16 de julio de 1980 sobre la enseñanza de la religión y moral católicas en los centros docentes de educación preescolar y educación general básica a pesar de que respecto de estos docentes se disponía en el apartado 3.5 que 'respecto a estos profesores el Ministerio no contraerá ninguna relación de servicios'; con la particularidad para todos ellos de que a partir del año 1993 pasaron a ser retribuidos directamente por el Ordinario del lugar sobre una cantidad que anualmente le era entregada a la Conferencia Episcopal por el Gobierno en virtud de un Convenio suscrito dicho año entre el Gobierno Español y la Conferencia Episcopal - publicado por la Orden de 9 de septiembre de 1993- y en el que se acordó que las cantidades a percibir serían las equivalentes a los profesores interinos del mismo nivel educativo con una equivalencia que se había de alcanzar en cinco años. Durante este tiempo se plantearon ante la jurisdicción social demandas de algunos de estos profesores reclamando el reconocimiento de su condición de trabajadores por cuenta ajena y obtuvieron pronunciamientos favorables a tal pretensión como puede apreciarse en las SSTS de 19 de junio de 1996 (RJ 5387 ) y 30 de abril de 1997 (RJ 3557), sobre el argumento fundamental de que a pesar de que la Ley 30/1984, de 2 de agosto (LA LEY 1913/1984) de reforma de la función pública en su disposición transitoria cuarta prohibía en términos generales la contratación temporal en régimen administrativo por cuanto exigía que con carácter general los puestos de trabajo de la Administración del Estado fueran desempeñados por funcionarios públicos, como quiera que hacía excepción y posibilitaba la ocupación por personal laboral en determinados casos ente ellos los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados y en relación con los centros docentes 'los puestos que en razón de su naturaleza no se correspondan con las titulaciones académicas existentes', a partir de tales consideraciones reconoció a estos trabajadores al servicio de la Administración la condición de 'laborales'. Y fue a partir de esta apreciación como por primera vez el nuevo Convenio o Acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal de 26 de febrero de 1999 -publicado por Orden de 9 de abril de 1999- reconoció el carácter laboral de estos profesores, su carácter temporal con nombramiento anual, y su dependencia de la Administración Educativa, si bien manteniéndose la equiparación retributiva a la de los profesores interinos a los que pasó a retribuir directamente a partir del 1 de enero de 1999 en virtud de lo pactado.

A partir de ese momento nadie ha puesto en duda el carácter laboral de la relación que une estos profesores con la Administración educativa, si bien esta relación siempre se ha considerado especial tanto por la necesidad de que la contratación vaya precedida de la necesaria declaración canónica de idoneidad, como porque desde el Acuerdo de 1979 se consideró que su nombramiento era temporal por hacerse 'para cada año escolar' y porque su retribución venía dada por una equiparación a la percibida por los funcionarios interinos, habiendo sido consagradas estas dos características por la reforma que la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social introdujo en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LA LEY 2578/1990), de Ordenación del Sistema Educativo al señalar que estos profesores serían contratados 'en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar a tiempo completo o parcial', así como que percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos', en situación que fue así aplicada y reconocida por esta Sala en diversas sentencias del año 2000, en alguna de las cuales -en concreto la de 5 de junio de 2000 (rcud.- 3809/1999 ) se les negó expresamente la condición de trabajadores fijos que reclamaban así como el derecho a percibir trienios por antigüedad que también reclamaban, y lo mismo en sentencias posteriores en los que aplicando aquella normativa les denegaron el reconocimiento de la antigüedad sobre la base de que, siendo su relación laboral de carácter temporal y estando su retribución fijada por parangón con la de los profesores interinos, no podía reconocérseles tal beneficio por cuanto estos profesores interinos, entendiendo por tales los funcionarios interinos, no las percibían; y así se dijo en dos SSTS de 7 de febrero de 2003 (rec.- 358/2002 ) e incluso en la de 3 de febrero de 2010 (LA LEY 2498/2010) (rec.- 128/2008) a pesar que cuando se dictó esta última ya se había modificado el estatuto tradicional de estos profesores como se verá a continuación.

En una etapa posterior, precedida de diversas dudas sobre la constitucionalidad de una contratación como laborales indefinidos de dichos trabajadores como consecuencia de la exigencia de la previa certificación de idoneidad de los mismos por parte de la autoridad eclesiástica, dudas posteriormente resueltas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 38/2007 (LA LEY 192395/2006), de 15 de febrero, se llegó a la conclusión de que los profesores de religión católica podían ser contratados por tiempo indefinido por las administraciones públicas en las condiciones en las que iban a prestar sus servicios - certificado de idoneidad incluido - sin que ello afectara a las exigencias de igualdad y acceso por mérito y capacidad a la función pública, la Ley Orgánica de Educación -Ley 2/2006, de 3 de mayo- (LA LEY 4260/2006) introdujo en el régimen jurídico de este profesorado una novedad tan importante como la contenida en su Disposición Adicional Tercera 2 al disponer lo siguiente: 'Los profesores que no perteneciendo a los cuerpos funcionarios docentes impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan al respectivo nivel educativo a los profesores interinos'; y en desarrollo de esta norma se dictó el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio (LA LEY 6288/2007) en el que se reiteran estos principios de indefinición de la relación y su equiparación en régimen laboral a los demás trabajadores laborales.

A partir de este momento, siendo cierto que en tal disposición se reitera que 'percibirán las retribuciones que correspondan al respectivo nivel educativo a los profesores interinos' como hasta ahora se venía diciendo, no es menos cierto que esta previsión introduce una contradicción en los términos puesto que si se rigen por el Estatuto de los Trabajadores habrán de percibir los salarios que se deriven de las previsiones contenidas en la normativa laboral que les sea aplicable, que por supuesto pueden ser superiores a la de los funcionarios interinos a los que hasta ahora se equipararon, siendo por ello por lo que nuestras sentencias de 10 de diciembre de 2010 (LA LEY 237203/2010) (rec.- 2895/2009) y 21 de diciembre de 2010 (rcud.- 2667/2009) entendió que en la actualidad, después de aquella normativa, la fundamentación de su demanda que el Sindicato accionante situaba en el Estatuto del Empleado Público ( EBEP (LA LEY 3631/2007)) no podía estimarse porque dicha norma no rige para los trabajadores por cuenta ajena más que en la medida en que en éste así se disponga arts. 4 , 7 y 27 de dicho Estatuto, razón por la que en materia retributiva el art. 27 del mismo establece expresamente que 'las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que les sea aplicable y el contrato de trabajo...'; razón por la que en su condición de laborales no les podía ser de aplicación directa el art. 25 del mismo cuando reconoce a los funcionarios interinos el devengo de trienios.

El hecho de que la nueva LOE les haya reconocido la condición de trabajadores de carácter indefinido -aunque sigan teniendo algunas particularidades en su regulación que no permitan esa equiparación plena como ocurre con la posibilidad de intervención del ordinario en su nombramiento y cese o algunas otras como en cuanto al tiempo de trabajo (por todas ver nuestras SSTS de 7-5-2004 (LA LEY 107316/2004) (rec.- 123/03), 9-2-2011 (rec.- 3369/09) o 19-7-2011 (rec.-135/010)-, y que les haya remitido a la regulación que deriva del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de aplicación no permite seguir defendiendo con carácter general que su retribución haya de ser equiparable a la de los funcionarios interinos necesariamente. Y ello porque si se les considera trabajadores por cuenta ajena regidos por el Estatuto de los Trabajadores su retribución no puede ser necesariamente equiparada a la de los funcionarios como lo fue durante toda la época anterior en la que se partía de su calificación inicial de personal funcionario o asimilado derivada de la incertidumbre tradicional acerca de su situación. En la actualidad, sin embargo, en cuanto trabajadores regidos por el Estatuto de los Trabajadores habrá que reconocerles la capacidad para negociar sus salarios que dicha norma laboral reconoce a todos los trabajadores en los arts. 82 y ss . como derivación del derecho a la libertad sindical, y ello significa que esos salarios habrán de ser los que se pacten en Convenio, con lo que pueden ser superiores, distintos o incluso inferiores a los del funcionario interino. Esta situación jurídicamente acertada ya se ha hecho realidad en algunas comunidades autónomas como puede apreciarse en diversos Convenios Colectivos en los que a los profesores de religión se les ha dado el tratamiento completo de personal laboral incluido el retributivo como puede apreciarse en el Convenio Colectivo Único del personal laboral al servicio de la Generalidad de Cataluña en el que están incluidos - Anexo V del mismo (DOGC 24-1-2006)-, en el País Vasco en donde tienen Convenio propio desde el año 2004 (BOPV de 13-2-2004), en la Comunidad de Cantabria (BOC de 12-2-2010) en cuya Disposición adicional decimocuarta se les asimila a profesores contratados a todos los efectos, o en la Comunidad Valenciana en donde también tienen Convenio Colectivo propio desde el 23 de marzo de 2011.

Por lo tanto, el inciso final de aquella previsión de la LOE sólo permite entender que, tratándose de personal laboral indefinido, la retribución por la antigüedad a la que tengan derecho -sean trienios u otros serán aquellos que les corresponda según la normativa laboral que les sea de aplicación como cualquier trabajador por cuenta ajena en su misma situación y ello por exigencias del trato igual que derivan de los arts. 14 CE (LA LEY 2500/1978) y 15 ET-, y, en congruencia con ello, entender que aquella asimilación legislativa que hace la LOE a los profesores interinos deberá interpretarse como una norma residual o subsidiaria que deriva de la tradición legislativa al respecto y por ello aplicable sólo a aquellas situaciones en los que la relación sigue rigiéndose por normas administrativas conforme al sistema anterior a la LOE.

Esta última situación es la que se produce en la Comunidad de Madrid en la que estos profesores de religión y moral católica no están integrados en el Convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid, del que se hallan expresamente excluidos por el art. 2.3 - exclusión por cierto avalada por nuestra STS de 28 de octubre de 2003 (rco.- 113/2002 ) en atención a aquella normativa previa a la Ley Orgánica de Educación y en cuya sentencia ya se anunciaba que esta exclusión se admitía 'sin perjuicio de lo que en el futuro pueda llegar a admitirse en atención al carácter indiscutiblemente laboral de la relación jurídica que vincula a los profesores de religión con los Centros de Enseñanza Pública...' (fundamento jurídico cuarto al final), anunciando un futuro que ya llegó. Están excluidos del Convenio Colectivo y sus retribuciones siguen rigiéndose por normas administrativas de la Comunidad a efectos salariales....'.

Y después de dejar sentado que los profesores de religión son personal laboral indefinido, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, al que no les es de aplicación el EBEP ni el Convenio colectivo Único del Personal Laboral de la Comunidad de Madrid, cuya relación se sigue rigiendo por normas administrativas conforme al sistema anterior a la LOE y su salario por normas administrativas de la Comunidad de Madrid en lugar de por un acuerdo colectivo, concluye en el sentido de que '...no existe razón alguna por las que negarles el derecho que reclaman, pero no porque les sea de aplicación el art. 25 del EBEP (LA LEY 3631/2007) en cuanto reconoce el derecho a percibir trienios a los funcionarios interinos, ni siquiera por aplicación de lo previsto en la Disposición transitoria tercera de la LOE , sino, porque si perciben de la Administración unos salarios como si fueran funcionarios interinos sin serlo, habrá de abonarles las mismas retribuciones a las que tienen derecho los funcionarios interinos mientras esta situación subsista. Y, en efecto, tiene razón el recurrente cuando en atención a tal situación concreta invoca el derecho a la igualdad del art. 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y la exigencia de que se acomode la propia Administración a las consecuencias que derivan de sus actos propios como derivación del principio de buena fe que preside todo nuestro ordenamiento jurídico desde la previsión que en tal sentido se contiene en el art. 7 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Razones ellas sobre las que procederá reconocerles el derecho reclamado...'.

Reconociendo como decíamos al inicio que '...es consciente de que con esta resolución está matizando de alguna manera resoluciones anteriores dictadas en unificación de doctrina, pero tiene que insistir en el hecho de que en este recurso se han utilizado por la parte recurrente argumentos jurídicos mucho más profundos de los que se alegaron en ocasiones anteriores, y quiere dejar constancia de que esta resolución, que afecta a la Comunidad de Madrid, no puede considerarse extensiva a otros territorios en los que el desarrollo del régimen jurídico de los profesores de religión es otro y más acorde con la naturaleza jurídica y el régimen laboral que tienen legalmente reconocido, y que resulta por otra parte más acorde con lo dispuesto tanto en el art. 35 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) como en el art. 28 en cuanto al ejercicio de la libertad sindical en su vertiente relacionada con el derecho a la negociación colectiva...'.

Esta doctrina ha sido reiterada por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de julio de 2012, RCUD 1306/2011 , tratándose de una sentencia dictada en proceso de conflicto colectivo posee fuerza vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.3 de la Ley de Procedimiento Laboral , como resalta la citada STS de 10 de julio de 2012, RCUD 1306/2011 , y efectos de cosa juzgada en los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse y que versen sobre idéntico objeto'.

Por ello, aun cuando sea verdad que la solución de la concreta cuestión litigiosa es diferente para la específica Comunidad de Madrid que para el resto de Comunidades Autónomas, como razona la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2012, Rec. Nº 2349/2011 '... debido a la exclusión de los profesores... del Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid y esta administración autónoma les venían abonando el salario en igualdad de condiciones que los funcionarios docentes, por lo que con arreglo a esa situaciones especifica motivaba la aplicación de los principios de igualdad y de buena fe, sin alterar con ello la doctrina hasta ahora expuesta, que se ratifica en la sentencia del Pleno...', lo anteriormente razonado determina el éxito de la pretensión de la recurrente en relación con el abono de trienios por antigüedad procediendo la condena de la Comunidad de Madrid, al abono de las cantidades solicitadas en la demanda.

Por ello, procede la estimación del recurso revocando la sentencia de instancia y con estimación de la demanda condenar a la demandada al abono a los actores a las cantidades que se recogen en el suplico de la demanda:

1º.- María Cristina , dos mil novecientos noventa y cinco euros con treinta y ocho céntimos (2.995,38 €)

2º.- Felisa , dos mil cuatrocientos noventa y seis euros con quince céntimos (2.496,15 €)

3º.- Felicidad , mil ochocientos dieciocho con ochenta y dos céntimos (1.818,82 €)

4º.- Melisa , dos mil ochocientos diecisiete euros con veintiocho céntimos (2.817,28 €)

5º.- Julia , dos mil novecientos noventa y cinco euros con treinta y ocho céntimos (2.995,38 €)

6º.- Sofía , dos mil cuatrocientos noventa y seis euros con quince céntimos (2.496,15 €).

7º.- Angelina , tres mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con sesenta y un céntimo (3.494,61 €)

8º.- Manuela , dos mil ochocientos diecisiete euros con veintiocho céntimos (2.817,28 €)

9º.- Tania , dos mil trescientos dieciocho euros con cinco céntimos (2.318,05 €), todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

Fallo

Que debemos estimar y estimamosel recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de María Cristina , Caridad , Felicidad , Melisa , Sonsoles , Andrea , Esther , Manuela Y Tania contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 20 DE MADRID de fecha 10 de mayo de 2012 , en virtud de demanda formulada por los recurrentes contra CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, en reclamación sobre CANTIDAD Y DERECHOS revocando la sentencia recurrida y con estimación de la demanda condenar a la demandada al abono a los actores de las cantidades que se recogen en el suplico de la demanda: