Sentencia SOCIAL Nº 775/2021, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3408/2020 de 08 de Febrero de 2021

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG :08019 - 34 - 4 - 2020 - 0003622

mmm

Recurso de Suplicación: 3408/2020

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

ILMO. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

ILMA. SRA. AMPARO ILLAN TEBA

En Barcelona a 8 de febrero de 2021

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 775/2021

En el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a la Sentencia del Juzgado Social 8 Barcelona de fecha 30/1/2020 dictada en el procedimiento Demandas nº 776/2018 y siendo recurrido/a Elsa, y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Amparo Illán Teba.

Antecedentes

PRIMERO.-Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Invalidez grado, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 30/1/2020 que contenía el siguiente Fallo:

'ESTIMOla demanda promovida por Dª Elsa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Socialy la Tesorería General de la Seguridad social, y, en consecuencia, con revocación de las resoluciones del INSS de 20 de abril y 3 de julio de 2018, declaro a la actora en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta,derivada de enfermedad común, sobre una base reguladora mensual de 702,30 eurosy una fecha de efectos de 19 de marzo de 2018. Condeno a ambas entidades gestoras a estar y pasar por tal declaración, y al INSS a abonar la correspondiente prestación, con los incrementos, mejoras y revalorizaciones a que haya lugar.'

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'PRIMERO.- Dª Elsa, nacida el día NUM000 de 1963, con DNI nº NUM001, solicitó en fecha 5 de marzo de 2018 el reconocimiento de una incapacidad permanente, haciendo constar como profesión habitual la de camarera de habitaciones (folios 40 a 43)

SEGUNDO.-En fecha 20 de abril de 2018, el INSS dictó resolución por la que denegó la petición formulada por la actora, al no reunir el requisito de incapacidad permanente. En la resolución denegatoria se hace constar el siguiente cuadro residual, establecido por dictamen médico de la SGAM de 20 de abril de 2018: 'Catarata, degeneración macular, en tratamiento con inyección intravitrea, pendiente de evolución'En esta resolución se indica que las posibilidades terapéuticas no están agotadas y necesita asistencia médica (folios 59 a 62).

TERCERO.-Frente a la resolución del INSS de 20 de abril de 2018, la parte actora interpuso reclamación previa en fecha 16 de mayo de 2018, que fue expresamente desestimada por nueva resolución del INSS de fecha 3 de julio de 2018 (folios 70 y 71)

CUARTO.-La actora acredita el período mínimo de cotización para causar derecho a la prestación. La base reguladora mensual no controvertida de la prestación, de ser estimada la demanda, asciende a la cantidad de 702,30 euros(hecho conforme, y folio 58).

QUINTO.-La profesión habitual de la actora es la de camarera de pisos(hecho conforme, folio 59). Cuando solicitó la prestación estaba en situación de asimilada al alta, por paro involuntario (folio 59).

SEXTO.- Las patologías más significativas que padece la actora en la actualidad son las siguientes: Degeneración macular asociada a la edad, secundaria a estrías angioides. En el ojo derecho, presencia de un nuevo fluido submacular y cicatriz central; en el ojo izquierdo, la degeneración macular es cicatricial. La agudeza visual en el ojo derecho sin corrección es del 0,3 y en el ojo izquierdo es de percepción luminosa. Tratada con inyecciones intravitreas. No mejora a refracción (dictamen del médico forense, folios 87 y 88).

SÉPTIMO.-La actora no puede realizar actividades que requieran una mínima agudeza visual (fundamento jurídico primero y dictamen del médico forense)

OCTAVO.-En fecha 13 de marzo de 2018, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya reconoció a la actora un grado de discapacidad del 75%, más 9 puntos por factores sociales complementarios todo ello con fundamento en una pérdida de agudeza visual binocular grave (folios 63 a 68).'

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado, lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.-El Juzgado de lo Social Nº 8 de Barcelona ha dictado sentencia en fecha 30-1-2020, en Autos 776/2018, en la que estima la demanda interpuesta por Dª Elsa contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, y declara a la misma en situación de incapacidad permanente absoluta, derivada de enfermedad común.

Frente a dicha sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpone el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos de revisión y fáctica y de censura jurídica, solicitando una sentencia que estime el recurso, revoque la de la instancia, y lo absuelva de los pedimentos de la demanda.

El recurso de suplicación ha sido impugnado por la parte actora, que suplica se desestime el recurso, y se confirme la sentencia.

SEGUNDO.-El primer y segundo motivo del recurso se dirigen a la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Solicita la parte recurrente la modificación de los Hechos Probados Sexto y Séptimo.

Con carácter general, ha de tenerse en cuenta que, para que prospere la revisión de un hecho probado deben concurrir los siguientes requisitos:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación. Valgan por todas las Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre ; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre ; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995 , de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo ; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio ; 4890/1995 de 19 de septiembre ; y 6023/1995 , 2300/1995 y 6454/1995, de 7 , 20 y 28 de noviembre , 1028/1996 , 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrero , 1635/2010 de 24 de enero de 2011 ; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010 , entre otras , que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo , 3 , 17 y 31 de mayo , 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, 'a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción' ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994, 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990, y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero, 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

TERCERO.- Desde la perspectiva expuesta se ha de analizar la revisión fáctica solicitada.

1.- En primer lugar solicita la modificación del Hecho Probado Sexto, que es del siguiente tenor literal: ' Las patologías más significativas que padece la actora en la actualidad son las siguientes:

Degeneración macular asociada a la edad, secundarias a estrías angioides. En el ojo derecho, presencia de un nuevo fluido submacular y cicatriz central; en el ojo izquierdo, la degeneración macular es cicatricial. La agudeza visual en el ojo derecho sin corrección es del 0,3 y en el ojo izquierdo es de percepción luminosa. Tratada con inyecciones intravitreas. No mejora a refracción (dictamen del médico forense, folios 87 y 88).'

Cita como documento en el que fundamenta la revisión el emitido por el oftalmólogo del Hospital Esperit Sant; y como texto alternativo propone el siguiente: 'La actora presenta una disminución de la A.V (agudeza visual) en el ojo derecho de 0.3 y del ojo izquierdo es de precepción luminosa por degeneración macular, dicha agudeza visual es sin corrección óptica.'

No puede prosperar la modificación fáctica solicitada; ya que la modificación se dirige a introducir que la agudeza visual indicada en el Hecho Probado Sexto, lo es sin corrección, pero tal indicación ya consta en la redacción del citado hecho probado, por lo que es innecesaria. Por otra parte, debe señalarse que no existe en la confusión alegada por la parte recurrente respecto a la prueba donde el Magistrado de instancia justifica dicho hecho probado; pues claramente indica en primer lugar, el dictamen del médico forense (y que obra al Folio 33 de las actuaciones), y en segundo lugar, en el folio 87, que corresponde a un informe de ofaltalmología emitido el 10-1-2.010 por la Fundación Hospital del Espírit Sant aportado en el ramo de prueba de la parte actora, y aun cuando cita también el Folio 88 es cierto que no existe dicha numeración en las actuaciones, pero ello responde a un error que no desvirtúa los hechos contenidos en el citado Hecho Probado.

2.- En segundo lugar, interesa la parte recurrente la modificación del Hecho Probado Séptimo, que es del siguiente tenor literal: ' La actora no puede realizar actividades que requiera una mínima agudeza visual (fundamento jurídico primero y dictamen del médico forense)'

Como texto alternativo propone el siguiente: ' No existe constancia de las limitaciones funcionales que le provoca la pérdida de agudeza visual, ya que se desconoce la misma en el supuesto de utilizar algún método o sistema de corrección óptica, tal y como unas simples lentes.'

No puede prosperar tampoco esta modificación, pues la parte recurrente pretende introducir una valoración o conclusión, sin citar la prueba documental o pericial en la que la fundamenta.

CUARTO.- El tercer motivo del recurso se dirige a la censura jurídica, por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; donde se denuncia por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la infracción del artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Argumenta la parte recurrente que en este caso no puede admitirse la valoración de la agudeza visual, 'per se', sin tener en cuenta la aplicación de medidas correctoras que puedan mejorar la misma; y además, tampoco ha quedado acreditado el carácter irreversible de su afectación oftalmológica, por no haberse agotado las posibilidades terapéuticas, más concretamente el tratamiento de inyecciones intravítreas.

Para la resolución del recurso en los términos planteados, cabe recordar que la incapacidad en cualquiera de sus grados viene referida, según el artículo 193.1 de la LGSS aprobada por Real Decreto legislativo 8/2015, antes artículo 136.1 del TRLGSS de 1994, a la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Que el artículo 194 del TRLGSS de 2015, - antes artículo 137 del TRLGSS de 1994 -, establece: '1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

.......

c) Incapacidad permanente absoluta.

.......

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente'.

Que dicha regulación que se complementa con la Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente, que dispone: 'Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción: 'Artículo 194. Grados de incapacidad permanente. 1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. d) Gran invalidez.

........

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.'

........

Y en relación a dicha normativa, una reiterada doctrina jurisprudencial, que esta Sala comparte, contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1.986, 9 de febrero de 1.987 y 28 de diciembre de 1.988 establece que la valoración del grado de incapacidad permanente absoluta ha de efectuarse atendiendo, fundamentalmente, a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto que las mismas determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia, abstracción hecha de sus circunstancias personales o ambientales que cuentan con otra vía de protección; y ello sin perjuicio de que la aptitud para una actividad laboral, implique la posibilidad de llevar a cabo las tareas de la misma con la necesaria profesionalidad y con una exigencias mínimas de continuidad, eficacia y dedicación, no concurriendo dicha condición con la mera probabilidad del ejercicio esporádico de parte de aquéllas, pues debe la misma referirse a la posibilidad real de poder desarrollar una actividad profesional en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 , sin que ello suponga un esfuerzo superior o especial para su realización ( STS 11 de octubre de 1979 y 21 de febrero de 1981).

Así, en aplicación de la jurisprudencia del TS deberá declararse la incapacidad absoluta cuando resulte de las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador una inhabilitación completa del mismo para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS de 23-3-1988 y de 12-4-1988), al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988 ) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986), mínimos indispensables en cualquier oficio, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias ( STS de 21-1- 1988).

Ahora bien, esa aptitud laboral no puede interpretarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, como la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal, sino que ha de referirse a la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa, habiendo precisado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que la definición legal de la incapacidad absoluta 'no puede entenderse en sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular en determinados empleos', lo que hace que la calificación de la incapacidad permanente absoluta sea 'un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador', que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1.979 , 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009 , y 1 de diciembre de 2.009 -cita literal -, y 6 de marzo de 1.989).

QUINTO.-Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial y de esta Sala aplicable, debe examinarse al presente caso,

Debe partirse del inalterado relato fáctico de la sentencia, que permanece inalterado al haberse rechazado las modificaciones fácticas solicitadas; y en concreto del Hecho Probado Sexto, que describe las patologías y limitaciones que presenta la actora, y donde se indica, por una parte, que presenta: ' Degeneración macular asociada a la edad, secundarias a estrías angioides. En el ojo derecho, presencia de un nuevo fluido submacular y cicatriz central; en el ojo izquierdo, la degeneración macular es cicatricial. La agudeza visual en el ojo derecho sin corrección es del 0,3 y en el ojo izquierdo es de percepción luminosa. Tratada con inyecciones intravítreas. No mejora a refracción'.

Como consecuencia de la patología ocular citada, resulta que la actora presenta una disminución importante de la agudeza visual, pues presenta, en ojo derecho 0,3, sin corrección, y en el ojo izquierdo, es de percepción luminosa, es decir, prácticamente nula; debiendo señalarse que, dichas dolencias, deben considerarse como permanentes o previsiblemente definitivas, pues, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, la patología ocular que presenta la actora tiene carácter degenerativo asociado a la edad, por lo que no cabe esperar una curación, constando, además, que el tratamiento con inyecciones intravítreas no la ha mejorado; y aun cuando en el dictamen del SGAM se indica, de forma genérica, que las posibilidades terapéuticas no están agotadas, no se ha concretado ninguna medida terapéutica posible para mejorar la visión.

En cuanto a la patología visual cabe recordar la jurisprudencia en esta materia. Se ha pronunciado esta Sala, en múltiples ocasiones sobre la visión monocular, con remisión a la doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias de 2-6-2.020 (Rec. 6335/2019), y de 29-6-2.020 (Rec. 515/2020), y 2-7-2.020 (Rec. 956/2020) por citar la más recientes; la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, acude como criterio orientativo al Reglamento de accidentes de trabajo, así como las tablas de la Escala de Wecker, así sentencias TS de 21-3-2005, y 23-12-2.014 (recurso 360/2014), en esta última se expone:

'2. Ciertamente, el derogado art. 37 del Reglamento de Accidentes de Trabajo ( Decreto de 22 de junio de 1956) establecía como causa de incapacidad permanente parcial 'La pérdida de la visión completa de un ojo, si subsiste la del otro '; por su parte el art. 38 consideraba justificativa de la incapacidad permanente total, la pérdida de la visión completa de un ojo y la disminución en menos del 50% de la del otro. Tales disposiciones carecen hoy de eficacia normativa, aunque puedan servir 'de elemento orientador exclusivamente, a falta de otros instrumentos legales que regulen la materia ' ( STS/4ª de 21 marzo 2005 - rcud. 1211/2004 -).

3. Para la sentencia recurrida este criterio del Reglamento de accidentes de trabajo coincide con la aplicación de las tablas de la Escala de Wecker, método de medición de la agudeza visual habitualmente utilizado en España, a cuyo tenor el demandante tendría una disminución del 24% de su visión y no estaría incluido en el mínimo que tal sistema de medición atribuye a la incapacidad permanente total (37%).

4. Según el Anexo IV, Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción, del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, 'se entenderá como visión monocular toda agudeza visual inferior a 0,10 en un ojo, con o sin lentes correctoras, debida a pérdida anatómica o funcional de cualquier etiología'.

En conclusión, la pérdida de la visión completa de un ojo, y de menos del 50% en el otro determina el reconocimiento de la incapacidad permanente total, y sólo da lugar a la incapacidad permanente absoluta, si la pérdida de visión del otro ojo es superior al 50%. En este caso, acreditado la práctica pérdida de visión en el ojo izquierdo, y la pérdida de visión superior al 50% en el ojo derecho, concurre los requisitos para considerar a la actora tributaria de incapacidad permanente absoluta, tal y como ha determinado el Magistrado de instancia.

Razones que, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada, llevan a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

SEXTO.- En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la LRJS en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a la sentencia de fecha 30-1-2020 del Juzgado de lo Social nº 8 de Barcelona, en los autos 776/2018, confirmando dicha resolución. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del 'ordenante' se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como 'beneficiario' deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente, en el campo 'observaciones o concepto de la transferencia' se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe.