Sentencia SOCIAL Nº 875/2019, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 312/2018 de 21 de Marzo de 2019

Encabezamiento

RECURSO Nº 312/18 IN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
ILMA.SRA.DÑA. MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ ALVAREZ.
ILMO.SR.DON FRANCISCO MANUEL DE LA CHICA CARREÑO.
ILMA.SRA. DÑA. AURORA BARRERO RODRÍGUEZ.
En Sevilla, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos.
Sres. citados al margen.
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente:
SENTENCIA Nº 875 /19
En el recurso de suplicación interpuesto por EL DEMANDADO d. Leon , contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número uno de Cádiz, ha sido Ponente la ILMA. SRA. DOÑA MARIA BEGOÑA
RODRÍGUEZ ALVAREZ, Presidenta de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO : Según consta en autos número 911/15 se presentó demanda por el Servicio Público de Empleo Estatal, sobre desempleo, contra D. Leon , con la intervención como interesada de la Fundación Universidad Empresa De La Provincia de Cádiz, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día por el Juzgado de referencia en que se estimó la demanda.



SEGUNDO : En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes: '
PRIMERO .- La empresa multinacional DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L.U. fue declarada en concurso en fecha 13.04.2007 por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, suscribiéndose con fecha 04.07.2007 entre la administración concursal, representantes unitarios de los trabajadores, representantes sindicales de los trabajadores, agentes sociales, Administraciones Públicas (Junta Andalucía) y asesores (de la administración concursal, de la concursada, y de UGT y CCOO), tras período de consultas por solicitud de extinción de todos los contratos de trabajo, acuerdo que ponía fin al período de consultas, acordándose la extinción de todos los contratos de trabajo con fecha de efectos de 31 de julio de 2007 y fijándose los criterios para el abono de las indemnizaciones.

Los trabajadores fueron incluidos tras el despido colectivo en el denominado Dispositivo de Tratamiento Singular, previsto en el Protocolo de Colaboración acordado en fecha 04.07.2007 entre las organizaciones sindicales y la Consejería de Empleo, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y que tenía por objeto minimizar el impacto socioeconómico tras el cierre de la factoría de DELPHI en Puerto Real, con la implantación de nuevos proyectos industriales que permitan la colocación del personal afectado.

Acto seguido se fueron sucediendo hasta 14 Desarrollos del Protocolo de Colaboración, siendo el último de tales Desarrollo el de fecha 11.01.2011, que tenía como finalidad la mejora de la empleabilidad de los extrabajadores de Delphi y de su industria auxiliar. El XI Desarrollo del Protocolo de Colaboración, firmado en fecha 29 de junio de 2009, disponía que 'aquellos afectados que sean contratados a jornada completa y por tiempo indefinido causarán baja en el programa, en aplicación del Protocolo de Adhesión, al haber sido recolocados. El resto de trabajadores a los que no se les aplique dicha fórmula, igualmente será beneficio de una Política Activa de Empleo, que conlleva su contratación y alta en Seguridad Social, recibiendo durante este tiempo formación específica. La base de cotización de dicha contratación será la equivalente a la de un oficial 3ª del convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz'.



SEGUNDO .- En el marco de dichos Protocolos y Desarrollos, D. Leon , con DNI NUM000 , fue contratado por ASOCIACIÓN PARA LA SDAD. DE LA INFORMACIÓN INNOVA entre el 01.09.2009 y el 28.02.2010, por ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA INTECA entre el 01.03.2010 y el 28.02.2011 y por la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ entre el 01.03.2011 y el 30.09.2012, en virtud de respectivos contratos de duración determinada para obra o servicio determinado, contrataciones efectuadas por tales empresas en desarrollo de proyectos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, pese a que el objeto de tales contratos era únicamente la recepción de formación por la persona contratada para mejorar su empleabilidad. La modalidad contractual utilizada fue la exigida por la Consejería de Empleo en las Resoluciones por las que se concedía las respectivas subvenciones.

Durante la vigencia de tales contratos de trabajo D. Leon estuvo de alta en el Régimen General de la Seguridad Social: 181 días cotizados para ASOCIACIÓN PARA LA SDAD. DE LA INFORMACIÓN INNOVA, 365 días cotizados para ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA INTECA, y 580 días cotizados para FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.



TERCERO .- Una vez se extinguió el último de los contratos, el suscrito con FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, por D. Leon se instó en fecha 03.10.2012 ante el SPEE el reconocimiento de prestación contributiva de desempleo, siéndole reconocido por Resolución del SPEE de fecha 03.10.2012 un total de 360 días de derecho (entre el 01.10.2012 y el 30.09.2013) con base en 1.126 días cotizados, y con una base reguladora de 37,84 euros.

Agotada dicha prestación contributiva, en fecha 4.11.2013 D. Leon interesó ante el SPEE subsidio de desempleo por agotamiento de prestación contributiva sin responsabilidades familiares, siéndole reconocido por Resolución del SPEE de 04.11.2013 un total de 180 días de derecho al subsidio por el período comprendido entre el 01.11.2013 y el 30.04.2014, con una base reguladora diaria de 17,75 euros.

Agotada dicho subsidio de desempleo, en fecha 02.05.2014 D. Leon interesó ante el SPEE su incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción como desempleado de larga duración, siéndole reconocido por Resolución del SPEE de 20.05.2014 una prestación consistente en 330 días de derecho, por el período comprendido entre el 03.05.2014 y el 02.04.2015, sobre una base reguladora diaria de 17,75 euros.



CUARTO .- Con fecha 30.05.2014 por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se levantaron tres actas de infracción en los siguientes términos: - frente a ASOCIACIÓN PARA LA SDAD. DE LA INFORMACIÓN INNOVA (con propuesta de sanción por importe total de 1.131.431 euros) por la comisión de 181 infracciones muy graves en materia de Seguridad Social de acuerdo con los artículos 39 y 40.1 de la LISOS - frente a ASOCIACIÓN PARA LA CALIDAD EUROPEA INTECA (con propuesta de sanción de 800.128 euros) por la comisión de 128 infracciones muy graves en materia de Seguridad Social de acuerdo con los artículos 39 y 40.1 de la LISOS - frente a FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (con propuesta de sanción de 2.625.420 euros) por la comisión de 420 infracciones muy graves en materia de Seguridad Social de acuerdo con los artículos 39 y 40.1 de la LISOS Las tres actas de infracción se basaron en las siguientes conclusiones: en el marco de los compromisos aceptados por la Junta de Andalucía en relación con los extrabajadores de Delphi, las tres empresas infractoras solicitaron y obtuvieron subvenciones excepcionales de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la realización de programas de formación dirigidos a trabajadores afectados por el cierre de la factoría de DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L.U. en Puerto Real; los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a aquéllos para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social; la actividad de los contratados no fue otra que recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, de modo que los contratos de trabajo sólo tenían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los extrabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el período de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho.

En dichas actas se tipifican tales hechos como simulación de la contratación laboral de una serie de afectados por el cierre de DELPHI para la obtención indebida de prestaciones por parte de éstos, utilizando de forma fraudulenta lo dispuesto en el artículo 97.1 de la Ley General de la Seguridad Social , cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, en relación con el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Se disponía también que la simulación está tipificada y calificada como infracción muy grave en materia de Seguridad Social en el artículo 23.1, e) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social , aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y que se entenderá que el empresario incurre en una infracción, con la responsabilidad solidaria correspondiente, por cada uno de los trabajadores que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 23 de la citada Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social .

D. Leon se incluía entre los trabajadores relacionados en las tres actas de infracción.



QUINTO .- Tales actas de infracción con propuesta de sanción fueron confirmadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por lo que respecta a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (en adelante FUECA), la confirmación fue por Resolución de 24.11.2014, en la que se imponía a la empresa la sanción de 2.625.420 euros (6.251 euros por cada una de las 420 infracciones constatadas por simulación de contrataciones laborales para la obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social, 416 trabajadores que indebidamente percibieron prestación de desempleo y 4 que percibieron prestación de incapacidad).

Por la FUECA se interpusieron sendos recursos de alzada frente a dicha Resolución, uno ante la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social respecto a las 416 infracciones por simulación con obtención indebida de prestaciones por desempleo, y otro ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por las cuatro infracciones por simulación con obtención indebida de prestaciones de incapacidad.

Ambos recursos de alzada fueron desestimados por sendas Resoluciones de 17.07.2015, que fueron impugnadas judicialmente dando lugar a los Autos 733/2015 del Juzgado de lo Social nº3 de Cádiz en relación a la Resolución que confirmaba la sanción por 416 infracciones por simulación de contratación laboral para obtención indebida de prestaciones de desempleo, y a los Autos 718/15 del Juzgado de lo Social nº1 de Cádiz en relación a la Resolución que confirmaba la sanción por 4 infracciones por simulación de contratación laboral para obtención indebida de prestaciones de incapacidad.

El Juzgado de lo Social nº3 de Cádiz, en sus Autos 733/2015, dictó Sentencia de 22.09.2017, desestimatoria de la pretensión de la FUECA, la cual ha sido recurrida en suplicación por la FUECA y por la representación de algunos de los trabajadores. El Juzgado de lo Social nº1 de Cádiz ha dictado en sus Autos 718/2015 Sentencia igualmente desestimatoria de la pretensión de la FUECA.



SEXTO .- Por lo que respecta a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, la misma había presentado solicitud de concesión de subvención excepcional de 22.500.000,00 euros para el desarrollo de acciones mixtas de formación y empleo, acompañando memoria detallada de la actividad consistente en acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias profesionales para ex- trabajadores de la multinacional Delphi. En dicha memoria se recoge que se trata de una Fundación Docente Privada, clasificada como institución de interés público docente privada, sin ánimo de lucro, constituida el 8 de octubre de 1998 en Cádiz.

Por Resolución de 10.05.2011 de la Consejería de Empleo se resolvió conceder subvención excepcional a favor de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ para la realización del proyecto de formación y empleo 'acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias profesionales para ex-trabajadores de la multinacional DELPHI', en importe de 20.236.626,57 euros, definiéndose en dicha Resolución que el objeto era el de proporcionar a los extrabajadores de Delphi instrumentos que mejoren su empleabilidad en los sectores de la comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, industrial, metal, y náutico, indicándose en dicha Resolución que el número de alumnado trabajador era el de 487 y que el tipo de contrato era el contrato por obra servicio determinado vinculado a la duración del proyecto, el plazo de ejecución (del 01.03.2011 al 30.09.2012), contemplándose también el deber por la entidad beneficiaría de justificar ante el órgano procedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de la subvención debiendo ser remitida toda la documentación a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.

SÉPTIMO .- El contrato de trabajo suscrito entre FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ y D. Leon fue contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo completo, para obra o servicio determinado, pactando que prestaría servicios como 'otras ocupaciones elementales' incluido en el grupo de cotización 10, nivel salarial XIII y con centro de trabajo ubicado en Calle Benito Pérez Galdós s/n, Cádiz, con horario de lunes a viernes en horario flexible, y con una duración comprendida entre 01.03.2011 y finalización de obra. En el clausulado adicional del contrato se establecía que el salario base consistía en 850,38 euros, plus transporte de 55,27 euros, plus pantalla de 29,95 euros, plus manutención de 72,98 euros, parte proporcional paga extra de 141,73 euros, y parte proporcional paga beneficios de 94,49 euros, así como que la obra objeto del presente contrato consistirá en 'la realización de actividades formativas como consecuencia del Acuerdo suscrito entre la Junta Andalucía con el colectivo de extrabajadores de Delphi, en virtud a la subvención excepcional que ha sido concedida por la Junta Andalucía con la participación del Ministerio de Trabajo'.

OCTAVO .- Entre el patronato de FUECA se encuentra la Agencia de Innovación de Andalucía.

NOVENO .- Por la Inspección de Trabajo se emitió informe de 24 de julio de 2014 en el que exponía no haber apreciado la concurrencia de dolo, culpa o negligencia en la participación de los extrabajadores en el sistema de simulación de relaciones laborales, motivo por el que los trabajadores no fueron parte en los procedimientos sancionadores seguidos por la Inspección de Trabajo.'

TERCERO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por D. Leon que fue impugnado de contrario.

Fundamentos

PRIMERO : Presentada demanda por el Servicio Público de Empleo Estatal solicitando declaración judicial de nulidad del reconocimiento las prestaciones por desempleo, contributivas y asistenciales que previamente se había reconocido al demandado D. Leon , mediante sus resoluciones previas, el juzgado de instancia dictó sentencia estimatoria de la demanda en la que, rechazando las excepciones alegadas de litispendencia, falta de litisconsorcio pasivo necesario e inadecuación de procedimiento, razona que procede la estimación de la demanda, porque solo se ha acreditado formal suscripción de contratos temporales para obra o servicio determinado, sin que realmente el demandado haya efectuado prestación de servicios de algún tipo, durante la formal vigencia de los documentos que, como contratos de trabajo se suscribieron, razonando igualmente el juzgado en su sentencia que la falta de firmeza del acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no afecta al presente procedimiento.

Ha de indicarse también que previamente a la sentencia, el juzgado dictó un auto en fecha 19 de enero de 2016 que obra unido a las actuaciones al folio 75 y siguiente, resolviendo denegar las medidas cautelares solicitadas en la demanda presentada por el Servicio Público de Empleo Estatal en la cual se solicitaba la suspensión de la resolución que reconocía al demandado el derecho a percibir la prestación que a fecha de presentación de la demanda se encontraba percibiendo. Dicho auto ganó firmeza.

Frente a la sentencia referenciada se alza ahora el beneficiario de las prestaciones por desempleo demandado en suplicación, invocando el tramite procesal del apartado c) del articulo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .



SEGUNDO .- Por tramite adecuado del apartado c) del artículo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita el examen del derecho aplicado en sentencia, alegándose, en primer lugar la infracción de lo dispuesto en el artículo 79 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y artículo 5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social, para defender que en atención a las prescripciones que contiene la norma citada, debe de suspenderse el presente procedimiento, en tanto no recaiga sentencia del orden penal que resuelva de modo definitivo la causa penal que se tramita como Diligencias Previas en el Juzgado de lo social nº6 de Sevilla.

En primer lugar, ha de indicarse que resulta bien extraño este argumento del recurrente, habida cuenta que no consta en los hechos probados de la sentencia que se combate, ni se ha solicitado su constancia por vía adecuada, en hechos probados de donde forzosamente ha de partirse para resolver el motivo de recurso destinado a examinar el derecho que la sentencia aplica, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de Suplicación, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, baste por todas citar, como más reciente la sentencia 105/2008, de 15 de septiembre de 2008 , carácter extraordinario que se deriva de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , que el beneficiario de las prestaciones por desempleo demandado, se encuentre incurso en ningún procedimiento penal. Pero ademas y en todo caso, la posibilidad de suspender un procedimiento sancionador por la existencia de causa penal que arbitra el artículo 5 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo , no resulta aquí aplicable toda vez que contra el recurrente no se ha seguido, que conste, ningún procedimiento sancionador; el Servicio Publico de Empleo, no impone al trabajador sanción alguna, limitándose presentar demandada en revisión de actos declarativos de derechos con autorización en lo dispuesto en el articulo 146 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , sin imputar a quien recure la comisión de ninguna infracción, ni administrativa ni penal, y a mayor abundamiento la posibilidad de suspender un proceso social por causa penal, viene legalmente muy constreñida por lo dispuesto en el artículo 86.1 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que categóricamente dispone que en ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos, siendo solo posible la suspensión del procedimiento en la instancia, no en vía de recurso, en los términos y condiciones que dispone el apartado 2 de la norma precitada que exige que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, y que se acredite haber presentado la querella, nada de lo cual ocurre en el presente procedimiento.

Por otro lado el artículo 79 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , que también se invoca en apoyo de la suspensión del proceso solicitada, se refiere a la adopción de medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia y en este caso, el demandado no ha solicitado ninguna medida cautelar; las únicas medidas cautelares que se solicitaron en este proceso, no fueron solicitadas por el beneficiario de las prestaciones por desempleo, sino por la entidad gestora de las prestaciones, y denegadas estas por auto del juzgado, la meritada resolución ganó firmeza.

Por lo expuesto, ha de ser desestimado el motivo de recurso que se estudia.



TERCERO .- En el siguiente motivo de recurso, también por trámite adecuado del apartado c) del articulo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se solicita el examen del derecho aplicado en sentencia, alegándose la infracción de lo dispuesto en los artículos 1.1 , 9 y 10.1 de la Constitución , para defender que la solución que adopta la sentencia de instancia quiebra los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legitima, citando jurisprudencia, defendiendo que el recurrente actuó de buena fe y se quiebran sus expectativas y derechos por el cambio de sentido de los actos de la administración, lo que que no pueden afectarle, dado que no le son imputables las posibles irregularidades, dado que por su parte no ha existido culpa, dolo o negligencia .

En el siguiente motivo de recurso, igualmente por trámite adecuado del apartado c) del articulo 193 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se alega la infracción de lo dispuesto en el artículo 23.1 de Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, viniendo en defender que no procede la anulación de las resoluciones por las que se concedió al recurrente las prestaciones de desempleo porque no ha cometido este ninguna infracción.

Finalmente en el ultimo motivo de recurso, alega el recurrente que la sentencia que es objeto de recurso, conculca la doctrina comunitaria, acerca de la validez de la formación como objeto del contrato de trabajo, y concretamente la Sentencia del Tribunal de Justicia 19 de marzo de 1964, Urger 75/63 , porque se niega al recurrente la condición de trabajador que conforme al articulo 1º del Reglamento 1408/71 , tine un alcance general aplicable a cualquiera que ejerciendo o no una actividad profesional, tenga la condición de afiliado a la seguridad social de cualquiera de los estados miembros de la unión.

Antes, sin embargo, de estudiar los motivos de recurso tal como se exponen, la Sala ha de plantearse do oficio, por ser una cuestión de orden público, la cuestión atinente al litisconsorcio pasivo necesario que fue alegado en la instancia y desestimado en la sentencia que se recurre. Para ello ha de partirse de que el art 12.2 de la LEC 1/2000 de 7 de Enero, sobre litisconsorcio pasivo necesario, dispone que: 'Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa' y de que el artículo 55.2 de Ley General de la Seguridad Social establece que 'Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior'.

El juego de tales normas en el caso que nos ocupa, ha de ser fijado, teniendo en cuenta que la entidad gestora demandante, parte de que las empresas que concertaron con el actor trabajado despedidos por Delphi Automotive Systems España S.L.U., contratos de trabajo, solo formalmente 'para la realización de obra o servicio determinado', porque nunca existió entre el trabajador y las empresas que formalmente suscribieron los contratos, una autentica relación laboral, habida cuenta que nunca el trabajador llegó a prestar servicios efectivamente de ningún tipo, encontrándose limitada su única actividad a la recepción de formación, de manera que los contratos suscritos, crearon una apariencia, solo apariencia de relación de trabajo que sirvió de medio para propiciar un alta en seguridad social del trabajador demandado y el ingreso de las cotizaciones sociales, en virtud de las cuales se ha accedido a las prestaciones por desempleo que reconoció la entidad gestora y ahora pretende anular declarando la percepción indebida.

De estimarse la demanda del Servicio Público de Empleo Estatal, tal como dicho organismo solicita, el juego del articulo 55.2 de Ley General de la Seguridad Social , podría determinar que se reclamara a las empresas con quien formalmente se suscribieron por el trabajador los contratos de trabajo que la entidad gestora considera simulados o inexistentes e incluso podría llegarse a que pudieran dictarse resoluciones que adoptaran soluciones contradictorias respecto a la que ahora pudiera dictarse.

Por ello, teniendo en cuenta que tal como ha declarado el Tribunal Supremo ( Sala de lo Civil) en Sentencia núm. 479/2011 de 22 junio : '...para que concurra el litisconsorcio necesario, a tenor del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es preciso que por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, ya que, como sostiene la sentencia 266/2010, de 4 mayo , con cita de las de 16 diciembre 1986 ( RJ 1986 , 7448) , 28 diciembre 1998 ) y 28 junio 2006 'se exigen conjuntamente como requisitos para la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, los siguientes: a) Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; b) Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y paritario; y c) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor' ; y añade lo siguiente: 'la característica del litisconsorcio pasivo necesario, que provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico- material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa...', en este caso se dan todos los requisitos necesarios para que tal litisconsorcio necesario concurra, toda vez que la sentencia que se dicte, respecto de las empresas que formalizaron los contratos con el trabajador, no solo tienen un mero interés en el resultado del litigio, sino que se verán afectadas por la sentencia que se dicte de modo directo, no simplemente de modo reflejo o prejudicial.

De esta manera, debiendo de ser constituida la relación jurídico-procesal llamando al proceso a las citadas empleadoras, se impone la declaración de nulidad de actuaciones desde la admisión de la demanda, a fin de que por el juzgado que conoce de la misma, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 81.1 de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , proceda a requerir al Servicio Público de Empleo Estatal para que amplíe la demanda en el plazo que la norma indica contra las empresas que han formalizado los contratos a los que alude la relación fáctica de la sentencia dictada por el juzgado y que por esta se anula, lo que, se hace de oficio, porque como razona la Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) en su Sentencia núm.

394/2015 de 3 julio 'la falta de litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público (Sentenciadel Tribunal Constitucional 77/1986, de 12 de junio) que puede ser estimada de oficio en cualquiera de las fases del procedimiento ( Sentencias de esta Sala de 4 de julio de 1994 , de 22 de julio de 1995 , de 5 de noviembre de 1996 )'.

Naturalmente la nulidad de actuaciones que se acuerda, impide el estudio del os motivos concretos de recurso que articula el trabajador.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Resolviendo el recurso de suplicación interpuesto por el demandado D. Leon , contra la sentencia dictada en los autos nº 911/15 por el Juzgado de lo Social número uno de los de Cádiz , en virtud de demanda formulada por el Servicio Público de Empleo Estatal, contra D. Leon , con la intervención como interesada de la fundación Universidad Empresa De La Provincia de Cádiz, debemos anular y anulamos las actuaciones llevadas a cabo en el juzgado desde la admisión de la demandada y retrotraemos el procedimiento al momento inmediatamente anterior a la admisión de la misma, a fin de que por el juzgado, se requiera al Servicio Público de Empleo Estatal para que, dentro de plazo legal amplíe la demanda las empresas que contrataron al trabajador demandado o quienes les hayan sucedido prosiguiendo luego las actuaciones, según proceda en derecho.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS .

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar: a) Exposición de 'cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos'.

b) Referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción'.

c) Que las 'sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso', advirtiéndose, respecto a las sentencias invocadas, que 'Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición'.

Igualmente se advierte a las partes no exentas, que si recurren deberán acreditar ante esta Sala haber efectuado el depósito de 600.- euros , en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad 'Banco de Santander', en la Cuenta-Expediente nº 4052-0000-66-0312.18, especificando en el campo 'concepto', del documento resguardo de ingreso, que se trata de un 'Recurso'.

Si se efectúa mediante transferencia, la cuenta es: 0049-3569-92-0005001274. (IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274). Debiendo hacer constar en 'Beneficiario', el órgano judicial y en 'Observaciones o concepto', los 16 dígitos de la cuenta-expediente en un solo bloque. [40520000.66.0312.18 ].

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.