Sentencia Social 47/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Soria, Rec. 482/2025 de 09 de febrero del 2026

PRIMERO.-La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente resolución, ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS en relación con los artículos 316, 319, 323.3, 326, 334, 344, 348, 351, 353ss, y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.-La parte actora ejercita en su demanda acumuladamente una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género y una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales.

Durante la tramitación del proceso, las entidades demandadas plantearon la carencia sobrevenida del objeto del proceso por satisfacción extraprocesal, a lo que se opuso la parte actora. En el acto de juicio, se oponen a la pretensión indemnizatoria en los términos que constan en acta videográfica.

TERCERO.-La parte actora ejercita en primer lugar una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género.

Las entidades demandadas alegan y acreditan que esta pretensión se ha satisfecho mediante resolución expresa dictada en vía administrativa el 28/10/25. Por tanto, debe apreciarse la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 22.1 LEC, dado que el actor ha visto satisfecha su pretensión de forma sobrevenida a la demanda y al margen de este proceso.

CUARTO.-La parte actora ejercita además una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales. Alega que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en la denegación inicial, en la vía administrativa y por su condición de varón, del complemento reclamado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la jurisdicción de este Tribunal para resolver lo solicitado.

También se ha pronunciado sobre la indemnización reclamada en sentencia de 26/09/25 ( ECLI:ES:TSJCL:2025:3762), donde razona:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) en fecha reciente, 15 de mayo de 2025, ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-623/23 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo] que declara "La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular sus artículos 4 y 7, apartado 1, letra b ), a la luz del artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional en virtud de la cual, con la finalidad de reducir la brecha de género en las prestaciones de seguridad social debida a la educación de los hijos, se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que perciban una pensión contributiva de jubilación y hayan tenido uno o más hijos, mientras que el reconocimiento de este complemento a los hombres que se encuentran en una situación idéntica está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos".

»Por consecuencia, y en aplicación de la misma, debe reconocerse al actor, padre de dos hijos (...), el complemento del art 60 LGSS modificada (R.D. Ley 3/2021, de 2 de febrero), en la cuantía que legalmente corresponda y con efectos desde la fecha en que se le reconoció la prestación de incapacidad permanente.

»(...) Distinta suerte, en este caso desestimatoria, sigue la solicitud de indemnización adicional de 1.200 euros que por daños y perjuicios reclama.

La sentencia que cita del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2023 en el asunto C-113/22, lo que establece que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a una resolución denegatoria del complemento de maternidad regulado en el art 60 LGSS, en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021 de 2 de febrero, debe ordenar a dicha autoridad no sólo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial. Ahora bien, ese pronunciamiento se limita a aquellos casos en los que la resolución de la entidad gestora ha sido dictada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial.

Más no es el caso que nos ocupa, en que se reclama el complemento de brecha de género del art 60 LGSS versión modificada por RDL 3/2021, y la reclamación es anterior a la citada STJUE de 15.5.2025 que declara dicha norma no ajustada a la Directiva comunitaria 79/7/CEE. Estamos ante una vulneración del derecho a la igualdad, pero no por la actuación de la entidad gestora, que se ha limitado a aplicar la Ley interna vigente, sino ante un supuesto de vulneración del derecho de la Unión Europea por la legislación del Estado, tratándose del supuesto regulado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo procedimiento concreto hay que remitirse. Y las costas judiciales de la reclamación social se indemnizan conforme a las normas ordinarias de nuestra ley procesal, no pudiendo imponerse a las entidades gestoras y servicios comunes al gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en relación con el art 235.1 LRJS) ».

En este caso, la solicitud del actor es anterior a la sentencia del TJUE y tras su reclamación previa frente al silencio administrativo, el INSS dictó resolución expresa en la que se le reconocía el complemento. Por tanto, ninguna vulneración se le ha producido y su pretensión indemnizatoria debe desestimarse.

QUINTO.-Conforme al art. 191.3.b) y f) LRJS, contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente resolución, ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS en relación con los artículos 316, 319, 323.3, 326, 334, 344, 348, 351, 353ss, y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.-La parte actora ejercita en su demanda acumuladamente una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género y una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales.

Durante la tramitación del proceso, las entidades demandadas plantearon la carencia sobrevenida del objeto del proceso por satisfacción extraprocesal, a lo que se opuso la parte actora. En el acto de juicio, se oponen a la pretensión indemnizatoria en los términos que constan en acta videográfica.

TERCERO.-La parte actora ejercita en primer lugar una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género.

Las entidades demandadas alegan y acreditan que esta pretensión se ha satisfecho mediante resolución expresa dictada en vía administrativa el 28/10/25. Por tanto, debe apreciarse la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 22.1 LEC, dado que el actor ha visto satisfecha su pretensión de forma sobrevenida a la demanda y al margen de este proceso.

CUARTO.-La parte actora ejercita además una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales. Alega que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en la denegación inicial, en la vía administrativa y por su condición de varón, del complemento reclamado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la jurisdicción de este Tribunal para resolver lo solicitado.

También se ha pronunciado sobre la indemnización reclamada en sentencia de 26/09/25 ( ECLI:ES:TSJCL:2025:3762), donde razona:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) en fecha reciente, 15 de mayo de 2025, ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-623/23 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo] que declara "La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular sus artículos 4 y 7, apartado 1, letra b ), a la luz del artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional en virtud de la cual, con la finalidad de reducir la brecha de género en las prestaciones de seguridad social debida a la educación de los hijos, se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que perciban una pensión contributiva de jubilación y hayan tenido uno o más hijos, mientras que el reconocimiento de este complemento a los hombres que se encuentran en una situación idéntica está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos".

»Por consecuencia, y en aplicación de la misma, debe reconocerse al actor, padre de dos hijos (...), el complemento del art 60 LGSS modificada (R.D. Ley 3/2021, de 2 de febrero), en la cuantía que legalmente corresponda y con efectos desde la fecha en que se le reconoció la prestación de incapacidad permanente.

»(...) Distinta suerte, en este caso desestimatoria, sigue la solicitud de indemnización adicional de 1.200 euros que por daños y perjuicios reclama.

La sentencia que cita del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2023 en el asunto C-113/22, lo que establece que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a una resolución denegatoria del complemento de maternidad regulado en el art 60 LGSS, en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021 de 2 de febrero, debe ordenar a dicha autoridad no sólo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial. Ahora bien, ese pronunciamiento se limita a aquellos casos en los que la resolución de la entidad gestora ha sido dictada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial.

Más no es el caso que nos ocupa, en que se reclama el complemento de brecha de género del art 60 LGSS versión modificada por RDL 3/2021, y la reclamación es anterior a la citada STJUE de 15.5.2025 que declara dicha norma no ajustada a la Directiva comunitaria 79/7/CEE. Estamos ante una vulneración del derecho a la igualdad, pero no por la actuación de la entidad gestora, que se ha limitado a aplicar la Ley interna vigente, sino ante un supuesto de vulneración del derecho de la Unión Europea por la legislación del Estado, tratándose del supuesto regulado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo procedimiento concreto hay que remitirse. Y las costas judiciales de la reclamación social se indemnizan conforme a las normas ordinarias de nuestra ley procesal, no pudiendo imponerse a las entidades gestoras y servicios comunes al gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en relación con el art 235.1 LRJS) ».

En este caso, la solicitud del actor es anterior a la sentencia del TJUE y tras su reclamación previa frente al silencio administrativo, el INSS dictó resolución expresa en la que se le reconocía el complemento. Por tanto, ninguna vulneración se le ha producido y su pretensión indemnizatoria debe desestimarse.

QUINTO.-Conforme al art. 191.3.b) y f) LRJS, contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente resolución, ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS en relación con los artículos 316, 319, 323.3, 326, 334, 344, 348, 351, 353ss, y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.-La parte actora ejercita en su demanda acumuladamente una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género y una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales.

Durante la tramitación del proceso, las entidades demandadas plantearon la carencia sobrevenida del objeto del proceso por satisfacción extraprocesal, a lo que se opuso la parte actora. En el acto de juicio, se oponen a la pretensión indemnizatoria en los términos que constan en acta videográfica.

TERCERO.-La parte actora ejercita en primer lugar una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género.

Las entidades demandadas alegan y acreditan que esta pretensión se ha satisfecho mediante resolución expresa dictada en vía administrativa el 28/10/25. Por tanto, debe apreciarse la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 22.1 LEC, dado que el actor ha visto satisfecha su pretensión de forma sobrevenida a la demanda y al margen de este proceso.

CUARTO.-La parte actora ejercita además una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales. Alega que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en la denegación inicial, en la vía administrativa y por su condición de varón, del complemento reclamado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la jurisdicción de este Tribunal para resolver lo solicitado.

También se ha pronunciado sobre la indemnización reclamada en sentencia de 26/09/25 ( ECLI:ES:TSJCL:2025:3762), donde razona:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) en fecha reciente, 15 de mayo de 2025, ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-623/23 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo] que declara "La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular sus artículos 4 y 7, apartado 1, letra b ), a la luz del artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional en virtud de la cual, con la finalidad de reducir la brecha de género en las prestaciones de seguridad social debida a la educación de los hijos, se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que perciban una pensión contributiva de jubilación y hayan tenido uno o más hijos, mientras que el reconocimiento de este complemento a los hombres que se encuentran en una situación idéntica está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos".

»Por consecuencia, y en aplicación de la misma, debe reconocerse al actor, padre de dos hijos (...), el complemento del art 60 LGSS modificada (R.D. Ley 3/2021, de 2 de febrero), en la cuantía que legalmente corresponda y con efectos desde la fecha en que se le reconoció la prestación de incapacidad permanente.

»(...) Distinta suerte, en este caso desestimatoria, sigue la solicitud de indemnización adicional de 1.200 euros que por daños y perjuicios reclama.

La sentencia que cita del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2023 en el asunto C-113/22, lo que establece que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a una resolución denegatoria del complemento de maternidad regulado en el art 60 LGSS, en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021 de 2 de febrero, debe ordenar a dicha autoridad no sólo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial. Ahora bien, ese pronunciamiento se limita a aquellos casos en los que la resolución de la entidad gestora ha sido dictada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial.

Más no es el caso que nos ocupa, en que se reclama el complemento de brecha de género del art 60 LGSS versión modificada por RDL 3/2021, y la reclamación es anterior a la citada STJUE de 15.5.2025 que declara dicha norma no ajustada a la Directiva comunitaria 79/7/CEE. Estamos ante una vulneración del derecho a la igualdad, pero no por la actuación de la entidad gestora, que se ha limitado a aplicar la Ley interna vigente, sino ante un supuesto de vulneración del derecho de la Unión Europea por la legislación del Estado, tratándose del supuesto regulado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo procedimiento concreto hay que remitirse. Y las costas judiciales de la reclamación social se indemnizan conforme a las normas ordinarias de nuestra ley procesal, no pudiendo imponerse a las entidades gestoras y servicios comunes al gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en relación con el art 235.1 LRJS) ».

En este caso, la solicitud del actor es anterior a la sentencia del TJUE y tras su reclamación previa frente al silencio administrativo, el INSS dictó resolución expresa en la que se le reconocía el complemento. Por tanto, ninguna vulneración se le ha producido y su pretensión indemnizatoria debe desestimarse.

QUINTO.-Conforme al art. 191.3.b) y f) LRJS, contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La versión judicial de los hechos, reflejada en los hechos probados de la presente resolución, ha sido obtenida de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS en relación con los artículos 316, 319, 323.3, 326, 334, 344, 348, 351, 353ss, y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.-La parte actora ejercita en su demanda acumuladamente una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género y una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales.

Durante la tramitación del proceso, las entidades demandadas plantearon la carencia sobrevenida del objeto del proceso por satisfacción extraprocesal, a lo que se opuso la parte actora. En el acto de juicio, se oponen a la pretensión indemnizatoria en los términos que constan en acta videográfica.

TERCERO.-La parte actora ejercita en primer lugar una acción de reclamación del complemento para la reducción de la brecha de género.

Las entidades demandadas alegan y acreditan que esta pretensión se ha satisfecho mediante resolución expresa dictada en vía administrativa el 28/10/25. Por tanto, debe apreciarse la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 22.1 LEC, dado que el actor ha visto satisfecha su pretensión de forma sobrevenida a la demanda y al margen de este proceso.

CUARTO.-La parte actora ejercita además una acción indemnizatoria en concepto de daños morales por vulneración de derechos fundamentales. Alega que se ha vulnerado el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en la denegación inicial, en la vía administrativa y por su condición de varón, del complemento reclamado.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la jurisdicción de este Tribunal para resolver lo solicitado.

También se ha pronunciado sobre la indemnización reclamada en sentencia de 26/09/25 ( ECLI:ES:TSJCL:2025:3762), donde razona:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) en fecha reciente, 15 de mayo de 2025, ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-623/23 [Melbán] y C-626/23 [Sergamo] que declara "La Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en particular sus artículos 4 y 7, apartado 1, letra b ), a la luz del artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional en virtud de la cual, con la finalidad de reducir la brecha de género en las prestaciones de seguridad social debida a la educación de los hijos, se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que perciban una pensión contributiva de jubilación y hayan tenido uno o más hijos, mientras que el reconocimiento de este complemento a los hombres que se encuentran en una situación idéntica está sujeto a requisitos adicionales relativos a que sus carreras profesionales se hayan interrumpido o se hayan visto afectadas con ocasión del nacimiento o de la adopción de sus hijos".

»Por consecuencia, y en aplicación de la misma, debe reconocerse al actor, padre de dos hijos (...), el complemento del art 60 LGSS modificada (R.D. Ley 3/2021, de 2 de febrero), en la cuantía que legalmente corresponda y con efectos desde la fecha en que se le reconoció la prestación de incapacidad permanente.

»(...) Distinta suerte, en este caso desestimatoria, sigue la solicitud de indemnización adicional de 1.200 euros que por daños y perjuicios reclama.

La sentencia que cita del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2023 en el asunto C-113/22, lo que establece que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda presentada frente a una resolución denegatoria del complemento de maternidad regulado en el art 60 LGSS, en su versión anterior a la entrada en vigor del RDL 3/2021 de 2 de febrero, debe ordenar a dicha autoridad no sólo que conceda al interesado el complemento de pensión solicitado, sino también que le abone una indemnización que permita compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables, incluidas las costas y los honorarios de abogado en que el interesado haya incurrido con ocasión del procedimiento judicial. Ahora bien, ese pronunciamiento se limita a aquellos casos en los que la resolución de la entidad gestora ha sido dictada con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, de conformidad con una práctica administrativa consistente en continuar aplicando la referida norma a pesar de la citada sentencia, obligando así al interesado a hacer valer su derecho al complemento en vía judicial.

Más no es el caso que nos ocupa, en que se reclama el complemento de brecha de género del art 60 LGSS versión modificada por RDL 3/2021, y la reclamación es anterior a la citada STJUE de 15.5.2025 que declara dicha norma no ajustada a la Directiva comunitaria 79/7/CEE. Estamos ante una vulneración del derecho a la igualdad, pero no por la actuación de la entidad gestora, que se ha limitado a aplicar la Ley interna vigente, sino ante un supuesto de vulneración del derecho de la Unión Europea por la legislación del Estado, tratándose del supuesto regulado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a cuyo procedimiento concreto hay que remitirse. Y las costas judiciales de la reclamación social se indemnizan conforme a las normas ordinarias de nuestra ley procesal, no pudiendo imponerse a las entidades gestoras y servicios comunes al gozar del beneficio de justicia gratuita ( art. 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en relación con el art 235.1 LRJS) ».

En este caso, la solicitud del actor es anterior a la sentencia del TJUE y tras su reclamación previa frente al silencio administrativo, el INSS dictó resolución expresa en la que se le reconocía el complemento. Por tanto, ninguna vulneración se le ha producido y su pretensión indemnizatoria debe desestimarse.

QUINTO.-Conforme al art. 191.3.b) y f) LRJS, contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación,