Sentencia Social 109/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 14 de Barcelona, Rec. 172/2025 de 24 de abril del 2026

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración del contenido del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes así como la pericial del Sr. Torcuato. Los hechos declarados probados se han indicado la fuente de prueba origen de cada uno de ellos de forma particular y detallada, si bien resultan de las diligencias de prueba practicadas en el acto de juicio en su conjunto. Despliega toda su eficacia probatoria la documental obrante en autos, no impugnada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Enjuiciamiento Civil ( LEC en adelante) en sus arts. 319 y 326, tanto para los documentos públicos como para los privados.

SEGUNDO.-La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha Resolución de 22.07.2024 por la que se desestima la reclamación previa de interpuesta contra la resolución por la que se declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el Sr. Octavio , estableciéndose un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la empresa lo impugna alegando:

Que el accidente fue calificado de leve, que ha cumplido con la normativa de Prevención de riesgo laborales, siendo el trabajo del Sr. Octavio un puesto seguro, pero que el accidente se debió a imprudencia temeraria del trabajador al cortar los flejes de forma que motivo la propia caída de las planchas.

TERCERO.-El artículo 164 del RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que: "(...) 1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 [ RJ 1990, 3188] , 16-5-1996 [ RJ 1996, 3420] , 16-4-1996 [ RJ 1996, 3421] , 16-4-1996, 19-4-1996, 10-5-1996 [ RJ 1996, 4117] , 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997 [ RJ 1997, 6789] , 11-7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997 [ RJ 1997, 8864] , 6-3-1998 [ RJ 1998, 2310] y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] , entre otras muchas). Dicho de otro modo, la presunción de certeza «debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia» [ SSTS de 27-5-1997 [ RJ 1997, 4071] , 26-7-1995 [ RJ 1995, 6231] , 23-2-88 [ RJ 1988, 1454] , y en igual sentido STS de 17-6-1987 [ RJ 1987, 4210] ]. Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección [ STS de 17-5-1996 [ RJ 1996, 4480] ].

Por tanto, la presunción de certeza no solo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 ( RJ 1990, 750) , 25-6-1991, 22-10-1991 ( RJ 1991, 7730) , 6-5-1993 ( RJ 1993, 8738) , 6-7-1997 ( RJ 1997, 4393) , 11-7- 1997 ( RJ 1997, 9607) y 15-3-2000 ( RJ 2000, 3894) .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 [ RJ 1996, 6890] , 22-10-1996 [ RJ 1996, 7961] , 29 [ RJ 1996, 8705] y 30-11-1996 [ RJ 1996, 8708] ; 21-3-1997 [ RJ 1997, 2282] , 6-5-1997 [ RJ 1997, 4393] y 2-12-1997 [ RJ 1997, 8860] , y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público [ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 [ RJ 1989, 3140] ). O dicho de otro modo, en la objetividad de la actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1990 [ RJ 1990, 8477] y 7 de octubre de 1997 [ RJ 1997, 7042] , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 [ RJ 1991, 5056] y 7 de octubre de 1997)".

CUARTO.De la prueba obrante en autos resulta que el trabajador sufrió el accidente estando sólo, siendo socorrido luego por su compañero Ángel Jesús. La dinámica parece clara palet en la parte superior no alineado, con uno de los elementos de estabilidad omitido (los denominados nervios) siendo el fleje el único restante que al cortarse, se desprende la carga. De acuerdo con citada dinámica restan las siguientes cuestiones a resolver:

1.La primera cuestión se centra en analizar si está claro lo ocurrido, y la respuesta es positiva, pues incluso el servicio ASPY se identifica el elemento con riego de caída por falta de alineación que ya denota una carga no equilibrada

2.La segunda cuestión debe analizar las circunstancias en que se produjo ¿con o sin incumplimiento normativo?, y se ha concretado en los hechos del acta de infracción que reproduce la Resolución del INSS recurrida, que allí en la obra se incumplió la normativa preventiva, pues había un equipo de trabajo, las planchas metálicas, con riesgo de caída y sin una protección ante tal riesgo; y con relación causa-efecto.

La existencia de un peso de las placas grande y su dimensión impiden la actuación manual del trabajador de autoprotección ante la caída de las mismas, y por tal efecto la causa, la IT con el diagnóstico de fractura de tibia y peroné.

Cierto que el inspector no estaba allí, pero acudió al taller de la empresa y se entrevistó, y la deducción del inspector que consta en su acta es correcta, y sin introducción de elementos extraños: si no hubiera estado el material no alineado con un avisto ya desde el momento de su colocación, el trabajador no tendría que haber cortado el fleje que era el único elemento que sujetaba restando los otros, sin liberación no hubiera existido la fractura de tibia y peroné que originó la baja y las prestaciones de Seguridad social.

Y en igual sentido de este juzgador, que la hace suya, bajo el instrumento de la presunción judicial, la cual es admitida por la doctrina judicial en accidentes de trabajo ( STS de 30 de junio de 2003 Rec. 2403/2002), puesto que hay relación causalidad entre conducta culpabilistica del empresario, medidas de seguridad y el accidente. Y conforme el nuevo 386 LECiv, se permite que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado (tirón muslo derecho en obra por salto el 19.05.2021) y el presunto (objeto en obra dejado por una subcontrata que trabajaba ese día en esa obra) existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

QUINTO.La empresa actora nada relevante -más que atender a detalles de las versiones dadas- en su contra se ha aportado para romper tal enlace: No se concreta con pruebas de descargo que el palet estuviera bien alienado, porque habían sido movidos por un toro para dejarlos en la entrada del taller para luego el trabajador desambalarlos y llevarlos a la plancha; ni que existía un protocolo para avisar y denunciar palets en mal estado , porque en primer lugar tendría que haberlo activado el encargado de almacen que los desplazó previamente; ni que el riesgo evaluado de aplime de cajas se refiera a los palets por el Servicio de prevención específicamente constatado. Muy al contrario, del despalazamiento al lugar del accidente por la inspectora, la toma de declaración del encargado del almacén del trabajador y otro trabajador que se debe proteger tal situación de riesgo con un equipo de protección individual o colectivo adecuado, y se deriva lo contrario.

La alegación del hecho que el actor estuviera sólo, y su compañero Ángel Jesús que avisó estuviera en otro puesto, es común en muchos accidentes, lo que tampoco rompe ese enlace deductivo.

SEXTO.-La parte actora alega la existencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado y la inexistencia de relación de causalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección1ª) en Sentencia núm. 472/2006 de 16 marzo. AS 2006\1494 pone de manifiesto que: "(...) La cuestión a dilucidar en la presente litis es determinar si existió imprudencia temeraria por parte del operario en accidente ocurrido el 29-6-01, o solo existió imprudencia profesional. Para determinar si existió imprudencia temeraria que excluye la consideración de AT, hemos de hacer un recorrido por la doctrina y jurisprudencia en esta materia, y vemos que nos dice: A)Excluye la naturaleza laboral del accidente cuando el trabajador incurre en dolo o imprudencia temeraria. El dolo sigue en esta materia su misma conceptuación civil, es decir, la intencionalidad en conseguir el resultado, en lograr la prestación que hace que el trabajador ponga de su parte los medios necesarios para producir el accidente, consciente y voluntariamente. Algún sector doctrinal exige malicia, aunque nosotros creemos que las notas precedentes son más que suficientes para entender una conducta dolosa a estos efectos. Asimismo, esta intencionalidad distingue el dolo de la imprudencia temeraria, que es la que se comete por falta de conocimientos suficientes en orden al cuidado y a la observación de las consecuencias del riesgo, que origina la actuación impropia o inadecuada que da origen al propio accidente. Asimismo, como tal actuación es imputable exclusivamente al propio trabajador, éste se ve privado de la calificación como laboral del accidente (y de sus efectos) que no se debió producir y que por su negligencia se realizó. El resultado, al fin, es la ruptura del nexo causal, ya que la jurisprudencia considera la temeridad como un desprecio del cuidado propio y de las precauciones del riesgo ( STSJ Castilla-La Mancha 29-10-92 [ AS 1992, 5304] ). Dada la gravedad de consecuencias (en orden a las prestaciones, sobre todo) que conlleva la no calificación de laboral de un accidente, la imprudencia ha de ser, per se, grave. Si la imprudencia no es temeraria sino simple, el accidente laboral sigue siéndolo pese a su concurrencia. Seguidamente a lo anterior, la Ley conserva la naturaleza de laboral de los accidentes de trabajo en los que concurre imprudencia profesional y a los ocasionados por actuación de un tercero. La imprudencia profesional o simple, se conceptúa como la que se produce por la confianza que el ejercicio de trabajo aporta al trabajador. Esta imprudencia se entiende no rompe el nexo causal del accidente con el trabajo. Por ello, la imprudencia profesional del trabajador no elimina la responsabilidad objetiva regulada en la legislación de accidentes de trabajo, pero sí la específica responsabilidad del empresario que pueda exigirse cuando el accidente ocurre con infracción de las medidas de seguridad en el trabajo, como refleja, entre otras la STSJ Galicia de 17-2-94. El problema estriba en distinguirla la de temeraria, que elimina la nota de laboralidad al accidente, en principio, de trabajo. La incidencia y gravedad de la imprudencia profesional en relación a la realización del accidente es marcadamente inferior a la imprudencia temeraria: La primera, nace de la creencia, por la confianza de su ejercicio precedente, de la superación del obstáculo y, por tanto, la improbabilidad razonable del acaecimiento de un accidente. La imprudencia temeraria es la falta de prudencia o control del riesgo de quien, no estando cualificado, pretende una acción que supera los límites del riesgo razonable. Por último, el dolo es la comisión voluntaria, racional, de una actividad en orden a conseguir la realización del accidente para obtener las prestaciones correspondientes. Evidentemente, solo los últimos supuestos, dolo y culpa grave(imprudencia temeraria), llevan aparejada la sanción de pérdida de la nota de laboral de un accidente de trabajo que pasa a ser común. La distinción entre imprudencia temeraria y la actuación dolosa, tampoco está clara. Evidentemente, su importancia es menor al acarrear una idéntica consecuencia: la no laboralidad. De hecho, alguna sentencia refleja que la conducta temeraria se produce cuando el afectado asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de la gente, incluso con acto intencional del trabajador (dolo). En tal sentido, STSJ Cataluña de 29-3-94. La negligencia simple (imprudencia profesional) no tiene esa drástica consecuencia, sin perjuicio de otros efectos, en orden a la responsabilidad en relación a la empresa en su caso. Son, a fin de cuentas, reflejos de las distinciones de la culpa y negligencia del orden civil, con matices, en el orden laboral. La delimitación entre estas figuras evidentemente no es tan clara en el orden práctico debido sobre todo al hecho de que la distinción se basa en determinar si la actuación que originó el accidente es debida a un exceso de confianza creado por la práctica (imprudencia profesional o simple) o es debido a la asunción consciente de un riesgo excesivo para la capacidad del actor(imprudencia temeraria). Delimitar la línea divisoria entre una y otra es materia sometida a una gran casuística. Al respecto, y a título de ejemplo, el TS ha entendido producida imprudencia profesional con las notas reflejadas en supuestos como los de sentencia de 20-11-75; TCT 20-4-83, y STS Madrid 8-9-92 ( AS 1992, 4412) , y como imprudencia temeraria los de sentencia del TCT 1-2-77; 20-5-78; 1-3-83 y 15-6-83 ( RTCT 1983, 5683) . Sin embargo, ante supuestos casi idénticos, v. gr. No respetar un ceda el paso la STSJ Andalucía, Sevilla, en sentencia de 17-4-90, consideró que era imprudencia temeraria, mientras que saltarse una señal de stop, supuestamente más grave, fue considerado por el TS en sentencia de 10-5-1988 ( RJ 1988, 3595) , y TSJ Castilla y León, como imprudencia simple. B) La Jurisprudencia recaída en interpretación primero del art. 84 ap. 2.b) en relación con el ap. 3 del Texto articulado primero de la Ley de Seguridad Social de 21 Abr. 1966 ( RCL 1966, 734, 997) , después del art. 84 ap. 4.b) en relación con el ap. 5, del Texto refundido de la LSS de 30 may. 1974 ( RCL 1974, 1482) , y actual art. 115 ap. 4.b) en relación con el ap. 5 a), del vigente Texto Refundido de dicha L 20 jun. 1994 ( RCL 1994, 1825) , ha venido considerando que aún no profesional, la simple imprudencia no impide la calificación de un accidente como de trabajo, lo que quiere decir, que solo dejan de ser accidentes de trabajo los debidos -art. 115.4.b)- «a imprudencia temeraria del trabajador accidentado», concepto, el de imprudencia temeraria, que ha sido objeto de interpretación restrictiva. Así, se equipara imprudencia temeraria a «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» (TS S 19 abr. 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro, sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» (TS S 10 dic. 1968); «una imprudencia de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» (TS S 20 mar. 1970 y 6 feb. 1971); «la imprudencia temeraria exige que se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» (TS 23 oct. 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» (TS S 4 Mar. 1974)".

En el supuesto de autos no existe elemento alguno del que se desprenda la posible existencia de imprudencia temeraria por parte del Sr. Octavio, esto es, no consta la aceptación de un riesgo innecesario de forma voluntaria y deliberada, máxime teniendo en cuenta que el trabajador era el segundo en la cadena de movimiento del palet, previamente realizado por el encargado del almacén, respecto del descargado por el proveedor suministrador; las supuestas instrucciones de aviso ante palets sin nervios o apilados ya inclinados también afecta al resto de empleados y superiores , esto es, que el modo de trabajar rutinario del trabajador de cortar flejes no supone asumir un riesgo de situaciones previas no advertidas. Por tanto, no concurre ruptura del nexo causal en los términos pretendidos por la parte actora.

Con lo que, procede desestimar la demanda en su totalidad y confirmar la resolución administrativa impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al caso,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración del contenido del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes así como la pericial del Sr. Torcuato. Los hechos declarados probados se han indicado la fuente de prueba origen de cada uno de ellos de forma particular y detallada, si bien resultan de las diligencias de prueba practicadas en el acto de juicio en su conjunto. Despliega toda su eficacia probatoria la documental obrante en autos, no impugnada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Enjuiciamiento Civil ( LEC en adelante) en sus arts. 319 y 326, tanto para los documentos públicos como para los privados.

SEGUNDO.-La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha Resolución de 22.07.2024 por la que se desestima la reclamación previa de interpuesta contra la resolución por la que se declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el Sr. Octavio , estableciéndose un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la empresa lo impugna alegando:

Que el accidente fue calificado de leve, que ha cumplido con la normativa de Prevención de riesgo laborales, siendo el trabajo del Sr. Octavio un puesto seguro, pero que el accidente se debió a imprudencia temeraria del trabajador al cortar los flejes de forma que motivo la propia caída de las planchas.

TERCERO.-El artículo 164 del RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que: "(...) 1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 [ RJ 1990, 3188] , 16-5-1996 [ RJ 1996, 3420] , 16-4-1996 [ RJ 1996, 3421] , 16-4-1996, 19-4-1996, 10-5-1996 [ RJ 1996, 4117] , 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997 [ RJ 1997, 6789] , 11-7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997 [ RJ 1997, 8864] , 6-3-1998 [ RJ 1998, 2310] y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] , entre otras muchas). Dicho de otro modo, la presunción de certeza «debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia» [ SSTS de 27-5-1997 [ RJ 1997, 4071] , 26-7-1995 [ RJ 1995, 6231] , 23-2-88 [ RJ 1988, 1454] , y en igual sentido STS de 17-6-1987 [ RJ 1987, 4210] ]. Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección [ STS de 17-5-1996 [ RJ 1996, 4480] ].

Por tanto, la presunción de certeza no solo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 ( RJ 1990, 750) , 25-6-1991, 22-10-1991 ( RJ 1991, 7730) , 6-5-1993 ( RJ 1993, 8738) , 6-7-1997 ( RJ 1997, 4393) , 11-7- 1997 ( RJ 1997, 9607) y 15-3-2000 ( RJ 2000, 3894) .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 [ RJ 1996, 6890] , 22-10-1996 [ RJ 1996, 7961] , 29 [ RJ 1996, 8705] y 30-11-1996 [ RJ 1996, 8708] ; 21-3-1997 [ RJ 1997, 2282] , 6-5-1997 [ RJ 1997, 4393] y 2-12-1997 [ RJ 1997, 8860] , y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público [ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 [ RJ 1989, 3140] ). O dicho de otro modo, en la objetividad de la actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1990 [ RJ 1990, 8477] y 7 de octubre de 1997 [ RJ 1997, 7042] , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 [ RJ 1991, 5056] y 7 de octubre de 1997)".

CUARTO.De la prueba obrante en autos resulta que el trabajador sufrió el accidente estando sólo, siendo socorrido luego por su compañero Ángel Jesús. La dinámica parece clara palet en la parte superior no alineado, con uno de los elementos de estabilidad omitido (los denominados nervios) siendo el fleje el único restante que al cortarse, se desprende la carga. De acuerdo con citada dinámica restan las siguientes cuestiones a resolver:

1.La primera cuestión se centra en analizar si está claro lo ocurrido, y la respuesta es positiva, pues incluso el servicio ASPY se identifica el elemento con riego de caída por falta de alineación que ya denota una carga no equilibrada

2.La segunda cuestión debe analizar las circunstancias en que se produjo ¿con o sin incumplimiento normativo?, y se ha concretado en los hechos del acta de infracción que reproduce la Resolución del INSS recurrida, que allí en la obra se incumplió la normativa preventiva, pues había un equipo de trabajo, las planchas metálicas, con riesgo de caída y sin una protección ante tal riesgo; y con relación causa-efecto.

La existencia de un peso de las placas grande y su dimensión impiden la actuación manual del trabajador de autoprotección ante la caída de las mismas, y por tal efecto la causa, la IT con el diagnóstico de fractura de tibia y peroné.

Cierto que el inspector no estaba allí, pero acudió al taller de la empresa y se entrevistó, y la deducción del inspector que consta en su acta es correcta, y sin introducción de elementos extraños: si no hubiera estado el material no alineado con un avisto ya desde el momento de su colocación, el trabajador no tendría que haber cortado el fleje que era el único elemento que sujetaba restando los otros, sin liberación no hubiera existido la fractura de tibia y peroné que originó la baja y las prestaciones de Seguridad social.

Y en igual sentido de este juzgador, que la hace suya, bajo el instrumento de la presunción judicial, la cual es admitida por la doctrina judicial en accidentes de trabajo ( STS de 30 de junio de 2003 Rec. 2403/2002), puesto que hay relación causalidad entre conducta culpabilistica del empresario, medidas de seguridad y el accidente. Y conforme el nuevo 386 LECiv, se permite que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado (tirón muslo derecho en obra por salto el 19.05.2021) y el presunto (objeto en obra dejado por una subcontrata que trabajaba ese día en esa obra) existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

QUINTO.La empresa actora nada relevante -más que atender a detalles de las versiones dadas- en su contra se ha aportado para romper tal enlace: No se concreta con pruebas de descargo que el palet estuviera bien alienado, porque habían sido movidos por un toro para dejarlos en la entrada del taller para luego el trabajador desambalarlos y llevarlos a la plancha; ni que existía un protocolo para avisar y denunciar palets en mal estado , porque en primer lugar tendría que haberlo activado el encargado de almacen que los desplazó previamente; ni que el riesgo evaluado de aplime de cajas se refiera a los palets por el Servicio de prevención específicamente constatado. Muy al contrario, del despalazamiento al lugar del accidente por la inspectora, la toma de declaración del encargado del almacén del trabajador y otro trabajador que se debe proteger tal situación de riesgo con un equipo de protección individual o colectivo adecuado, y se deriva lo contrario.

La alegación del hecho que el actor estuviera sólo, y su compañero Ángel Jesús que avisó estuviera en otro puesto, es común en muchos accidentes, lo que tampoco rompe ese enlace deductivo.

SEXTO.-La parte actora alega la existencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado y la inexistencia de relación de causalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección1ª) en Sentencia núm. 472/2006 de 16 marzo. AS 2006\1494 pone de manifiesto que: "(...) La cuestión a dilucidar en la presente litis es determinar si existió imprudencia temeraria por parte del operario en accidente ocurrido el 29-6-01, o solo existió imprudencia profesional. Para determinar si existió imprudencia temeraria que excluye la consideración de AT, hemos de hacer un recorrido por la doctrina y jurisprudencia en esta materia, y vemos que nos dice: A)Excluye la naturaleza laboral del accidente cuando el trabajador incurre en dolo o imprudencia temeraria. El dolo sigue en esta materia su misma conceptuación civil, es decir, la intencionalidad en conseguir el resultado, en lograr la prestación que hace que el trabajador ponga de su parte los medios necesarios para producir el accidente, consciente y voluntariamente. Algún sector doctrinal exige malicia, aunque nosotros creemos que las notas precedentes son más que suficientes para entender una conducta dolosa a estos efectos. Asimismo, esta intencionalidad distingue el dolo de la imprudencia temeraria, que es la que se comete por falta de conocimientos suficientes en orden al cuidado y a la observación de las consecuencias del riesgo, que origina la actuación impropia o inadecuada que da origen al propio accidente. Asimismo, como tal actuación es imputable exclusivamente al propio trabajador, éste se ve privado de la calificación como laboral del accidente (y de sus efectos) que no se debió producir y que por su negligencia se realizó. El resultado, al fin, es la ruptura del nexo causal, ya que la jurisprudencia considera la temeridad como un desprecio del cuidado propio y de las precauciones del riesgo ( STSJ Castilla-La Mancha 29-10-92 [ AS 1992, 5304] ). Dada la gravedad de consecuencias (en orden a las prestaciones, sobre todo) que conlleva la no calificación de laboral de un accidente, la imprudencia ha de ser, per se, grave. Si la imprudencia no es temeraria sino simple, el accidente laboral sigue siéndolo pese a su concurrencia. Seguidamente a lo anterior, la Ley conserva la naturaleza de laboral de los accidentes de trabajo en los que concurre imprudencia profesional y a los ocasionados por actuación de un tercero. La imprudencia profesional o simple, se conceptúa como la que se produce por la confianza que el ejercicio de trabajo aporta al trabajador. Esta imprudencia se entiende no rompe el nexo causal del accidente con el trabajo. Por ello, la imprudencia profesional del trabajador no elimina la responsabilidad objetiva regulada en la legislación de accidentes de trabajo, pero sí la específica responsabilidad del empresario que pueda exigirse cuando el accidente ocurre con infracción de las medidas de seguridad en el trabajo, como refleja, entre otras la STSJ Galicia de 17-2-94. El problema estriba en distinguirla la de temeraria, que elimina la nota de laboralidad al accidente, en principio, de trabajo. La incidencia y gravedad de la imprudencia profesional en relación a la realización del accidente es marcadamente inferior a la imprudencia temeraria: La primera, nace de la creencia, por la confianza de su ejercicio precedente, de la superación del obstáculo y, por tanto, la improbabilidad razonable del acaecimiento de un accidente. La imprudencia temeraria es la falta de prudencia o control del riesgo de quien, no estando cualificado, pretende una acción que supera los límites del riesgo razonable. Por último, el dolo es la comisión voluntaria, racional, de una actividad en orden a conseguir la realización del accidente para obtener las prestaciones correspondientes. Evidentemente, solo los últimos supuestos, dolo y culpa grave(imprudencia temeraria), llevan aparejada la sanción de pérdida de la nota de laboral de un accidente de trabajo que pasa a ser común. La distinción entre imprudencia temeraria y la actuación dolosa, tampoco está clara. Evidentemente, su importancia es menor al acarrear una idéntica consecuencia: la no laboralidad. De hecho, alguna sentencia refleja que la conducta temeraria se produce cuando el afectado asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de la gente, incluso con acto intencional del trabajador (dolo). En tal sentido, STSJ Cataluña de 29-3-94. La negligencia simple (imprudencia profesional) no tiene esa drástica consecuencia, sin perjuicio de otros efectos, en orden a la responsabilidad en relación a la empresa en su caso. Son, a fin de cuentas, reflejos de las distinciones de la culpa y negligencia del orden civil, con matices, en el orden laboral. La delimitación entre estas figuras evidentemente no es tan clara en el orden práctico debido sobre todo al hecho de que la distinción se basa en determinar si la actuación que originó el accidente es debida a un exceso de confianza creado por la práctica (imprudencia profesional o simple) o es debido a la asunción consciente de un riesgo excesivo para la capacidad del actor(imprudencia temeraria). Delimitar la línea divisoria entre una y otra es materia sometida a una gran casuística. Al respecto, y a título de ejemplo, el TS ha entendido producida imprudencia profesional con las notas reflejadas en supuestos como los de sentencia de 20-11-75; TCT 20-4-83, y STS Madrid 8-9-92 ( AS 1992, 4412) , y como imprudencia temeraria los de sentencia del TCT 1-2-77; 20-5-78; 1-3-83 y 15-6-83 ( RTCT 1983, 5683) . Sin embargo, ante supuestos casi idénticos, v. gr. No respetar un ceda el paso la STSJ Andalucía, Sevilla, en sentencia de 17-4-90, consideró que era imprudencia temeraria, mientras que saltarse una señal de stop, supuestamente más grave, fue considerado por el TS en sentencia de 10-5-1988 ( RJ 1988, 3595) , y TSJ Castilla y León, como imprudencia simple. B) La Jurisprudencia recaída en interpretación primero del art. 84 ap. 2.b) en relación con el ap. 3 del Texto articulado primero de la Ley de Seguridad Social de 21 Abr. 1966 ( RCL 1966, 734, 997) , después del art. 84 ap. 4.b) en relación con el ap. 5, del Texto refundido de la LSS de 30 may. 1974 ( RCL 1974, 1482) , y actual art. 115 ap. 4.b) en relación con el ap. 5 a), del vigente Texto Refundido de dicha L 20 jun. 1994 ( RCL 1994, 1825) , ha venido considerando que aún no profesional, la simple imprudencia no impide la calificación de un accidente como de trabajo, lo que quiere decir, que solo dejan de ser accidentes de trabajo los debidos -art. 115.4.b)- «a imprudencia temeraria del trabajador accidentado», concepto, el de imprudencia temeraria, que ha sido objeto de interpretación restrictiva. Así, se equipara imprudencia temeraria a «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» (TS S 19 abr. 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro, sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» (TS S 10 dic. 1968); «una imprudencia de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» (TS S 20 mar. 1970 y 6 feb. 1971); «la imprudencia temeraria exige que se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» (TS 23 oct. 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» (TS S 4 Mar. 1974)".

En el supuesto de autos no existe elemento alguno del que se desprenda la posible existencia de imprudencia temeraria por parte del Sr. Octavio, esto es, no consta la aceptación de un riesgo innecesario de forma voluntaria y deliberada, máxime teniendo en cuenta que el trabajador era el segundo en la cadena de movimiento del palet, previamente realizado por el encargado del almacén, respecto del descargado por el proveedor suministrador; las supuestas instrucciones de aviso ante palets sin nervios o apilados ya inclinados también afecta al resto de empleados y superiores , esto es, que el modo de trabajar rutinario del trabajador de cortar flejes no supone asumir un riesgo de situaciones previas no advertidas. Por tanto, no concurre ruptura del nexo causal en los términos pretendidos por la parte actora.

Con lo que, procede desestimar la demanda en su totalidad y confirmar la resolución administrativa impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al caso,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración del contenido del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes así como la pericial del Sr. Torcuato. Los hechos declarados probados se han indicado la fuente de prueba origen de cada uno de ellos de forma particular y detallada, si bien resultan de las diligencias de prueba practicadas en el acto de juicio en su conjunto. Despliega toda su eficacia probatoria la documental obrante en autos, no impugnada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Enjuiciamiento Civil ( LEC en adelante) en sus arts. 319 y 326, tanto para los documentos públicos como para los privados.

SEGUNDO.-La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha Resolución de 22.07.2024 por la que se desestima la reclamación previa de interpuesta contra la resolución por la que se declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el Sr. Octavio , estableciéndose un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la empresa lo impugna alegando:

Que el accidente fue calificado de leve, que ha cumplido con la normativa de Prevención de riesgo laborales, siendo el trabajo del Sr. Octavio un puesto seguro, pero que el accidente se debió a imprudencia temeraria del trabajador al cortar los flejes de forma que motivo la propia caída de las planchas.

TERCERO.-El artículo 164 del RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que: "(...) 1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 [ RJ 1990, 3188] , 16-5-1996 [ RJ 1996, 3420] , 16-4-1996 [ RJ 1996, 3421] , 16-4-1996, 19-4-1996, 10-5-1996 [ RJ 1996, 4117] , 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997 [ RJ 1997, 6789] , 11-7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997 [ RJ 1997, 8864] , 6-3-1998 [ RJ 1998, 2310] y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] , entre otras muchas). Dicho de otro modo, la presunción de certeza «debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia» [ SSTS de 27-5-1997 [ RJ 1997, 4071] , 26-7-1995 [ RJ 1995, 6231] , 23-2-88 [ RJ 1988, 1454] , y en igual sentido STS de 17-6-1987 [ RJ 1987, 4210] ]. Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección [ STS de 17-5-1996 [ RJ 1996, 4480] ].

Por tanto, la presunción de certeza no solo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 ( RJ 1990, 750) , 25-6-1991, 22-10-1991 ( RJ 1991, 7730) , 6-5-1993 ( RJ 1993, 8738) , 6-7-1997 ( RJ 1997, 4393) , 11-7- 1997 ( RJ 1997, 9607) y 15-3-2000 ( RJ 2000, 3894) .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 [ RJ 1996, 6890] , 22-10-1996 [ RJ 1996, 7961] , 29 [ RJ 1996, 8705] y 30-11-1996 [ RJ 1996, 8708] ; 21-3-1997 [ RJ 1997, 2282] , 6-5-1997 [ RJ 1997, 4393] y 2-12-1997 [ RJ 1997, 8860] , y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público [ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 [ RJ 1989, 3140] ). O dicho de otro modo, en la objetividad de la actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1990 [ RJ 1990, 8477] y 7 de octubre de 1997 [ RJ 1997, 7042] , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 [ RJ 1991, 5056] y 7 de octubre de 1997)".

CUARTO.De la prueba obrante en autos resulta que el trabajador sufrió el accidente estando sólo, siendo socorrido luego por su compañero Ángel Jesús. La dinámica parece clara palet en la parte superior no alineado, con uno de los elementos de estabilidad omitido (los denominados nervios) siendo el fleje el único restante que al cortarse, se desprende la carga. De acuerdo con citada dinámica restan las siguientes cuestiones a resolver:

1.La primera cuestión se centra en analizar si está claro lo ocurrido, y la respuesta es positiva, pues incluso el servicio ASPY se identifica el elemento con riego de caída por falta de alineación que ya denota una carga no equilibrada

2.La segunda cuestión debe analizar las circunstancias en que se produjo ¿con o sin incumplimiento normativo?, y se ha concretado en los hechos del acta de infracción que reproduce la Resolución del INSS recurrida, que allí en la obra se incumplió la normativa preventiva, pues había un equipo de trabajo, las planchas metálicas, con riesgo de caída y sin una protección ante tal riesgo; y con relación causa-efecto.

La existencia de un peso de las placas grande y su dimensión impiden la actuación manual del trabajador de autoprotección ante la caída de las mismas, y por tal efecto la causa, la IT con el diagnóstico de fractura de tibia y peroné.

Cierto que el inspector no estaba allí, pero acudió al taller de la empresa y se entrevistó, y la deducción del inspector que consta en su acta es correcta, y sin introducción de elementos extraños: si no hubiera estado el material no alineado con un avisto ya desde el momento de su colocación, el trabajador no tendría que haber cortado el fleje que era el único elemento que sujetaba restando los otros, sin liberación no hubiera existido la fractura de tibia y peroné que originó la baja y las prestaciones de Seguridad social.

Y en igual sentido de este juzgador, que la hace suya, bajo el instrumento de la presunción judicial, la cual es admitida por la doctrina judicial en accidentes de trabajo ( STS de 30 de junio de 2003 Rec. 2403/2002), puesto que hay relación causalidad entre conducta culpabilistica del empresario, medidas de seguridad y el accidente. Y conforme el nuevo 386 LECiv, se permite que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado (tirón muslo derecho en obra por salto el 19.05.2021) y el presunto (objeto en obra dejado por una subcontrata que trabajaba ese día en esa obra) existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

QUINTO.La empresa actora nada relevante -más que atender a detalles de las versiones dadas- en su contra se ha aportado para romper tal enlace: No se concreta con pruebas de descargo que el palet estuviera bien alienado, porque habían sido movidos por un toro para dejarlos en la entrada del taller para luego el trabajador desambalarlos y llevarlos a la plancha; ni que existía un protocolo para avisar y denunciar palets en mal estado , porque en primer lugar tendría que haberlo activado el encargado de almacen que los desplazó previamente; ni que el riesgo evaluado de aplime de cajas se refiera a los palets por el Servicio de prevención específicamente constatado. Muy al contrario, del despalazamiento al lugar del accidente por la inspectora, la toma de declaración del encargado del almacén del trabajador y otro trabajador que se debe proteger tal situación de riesgo con un equipo de protección individual o colectivo adecuado, y se deriva lo contrario.

La alegación del hecho que el actor estuviera sólo, y su compañero Ángel Jesús que avisó estuviera en otro puesto, es común en muchos accidentes, lo que tampoco rompe ese enlace deductivo.

SEXTO.-La parte actora alega la existencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado y la inexistencia de relación de causalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección1ª) en Sentencia núm. 472/2006 de 16 marzo. AS 2006\1494 pone de manifiesto que: "(...) La cuestión a dilucidar en la presente litis es determinar si existió imprudencia temeraria por parte del operario en accidente ocurrido el 29-6-01, o solo existió imprudencia profesional. Para determinar si existió imprudencia temeraria que excluye la consideración de AT, hemos de hacer un recorrido por la doctrina y jurisprudencia en esta materia, y vemos que nos dice: A)Excluye la naturaleza laboral del accidente cuando el trabajador incurre en dolo o imprudencia temeraria. El dolo sigue en esta materia su misma conceptuación civil, es decir, la intencionalidad en conseguir el resultado, en lograr la prestación que hace que el trabajador ponga de su parte los medios necesarios para producir el accidente, consciente y voluntariamente. Algún sector doctrinal exige malicia, aunque nosotros creemos que las notas precedentes son más que suficientes para entender una conducta dolosa a estos efectos. Asimismo, esta intencionalidad distingue el dolo de la imprudencia temeraria, que es la que se comete por falta de conocimientos suficientes en orden al cuidado y a la observación de las consecuencias del riesgo, que origina la actuación impropia o inadecuada que da origen al propio accidente. Asimismo, como tal actuación es imputable exclusivamente al propio trabajador, éste se ve privado de la calificación como laboral del accidente (y de sus efectos) que no se debió producir y que por su negligencia se realizó. El resultado, al fin, es la ruptura del nexo causal, ya que la jurisprudencia considera la temeridad como un desprecio del cuidado propio y de las precauciones del riesgo ( STSJ Castilla-La Mancha 29-10-92 [ AS 1992, 5304] ). Dada la gravedad de consecuencias (en orden a las prestaciones, sobre todo) que conlleva la no calificación de laboral de un accidente, la imprudencia ha de ser, per se, grave. Si la imprudencia no es temeraria sino simple, el accidente laboral sigue siéndolo pese a su concurrencia. Seguidamente a lo anterior, la Ley conserva la naturaleza de laboral de los accidentes de trabajo en los que concurre imprudencia profesional y a los ocasionados por actuación de un tercero. La imprudencia profesional o simple, se conceptúa como la que se produce por la confianza que el ejercicio de trabajo aporta al trabajador. Esta imprudencia se entiende no rompe el nexo causal del accidente con el trabajo. Por ello, la imprudencia profesional del trabajador no elimina la responsabilidad objetiva regulada en la legislación de accidentes de trabajo, pero sí la específica responsabilidad del empresario que pueda exigirse cuando el accidente ocurre con infracción de las medidas de seguridad en el trabajo, como refleja, entre otras la STSJ Galicia de 17-2-94. El problema estriba en distinguirla la de temeraria, que elimina la nota de laboralidad al accidente, en principio, de trabajo. La incidencia y gravedad de la imprudencia profesional en relación a la realización del accidente es marcadamente inferior a la imprudencia temeraria: La primera, nace de la creencia, por la confianza de su ejercicio precedente, de la superación del obstáculo y, por tanto, la improbabilidad razonable del acaecimiento de un accidente. La imprudencia temeraria es la falta de prudencia o control del riesgo de quien, no estando cualificado, pretende una acción que supera los límites del riesgo razonable. Por último, el dolo es la comisión voluntaria, racional, de una actividad en orden a conseguir la realización del accidente para obtener las prestaciones correspondientes. Evidentemente, solo los últimos supuestos, dolo y culpa grave(imprudencia temeraria), llevan aparejada la sanción de pérdida de la nota de laboral de un accidente de trabajo que pasa a ser común. La distinción entre imprudencia temeraria y la actuación dolosa, tampoco está clara. Evidentemente, su importancia es menor al acarrear una idéntica consecuencia: la no laboralidad. De hecho, alguna sentencia refleja que la conducta temeraria se produce cuando el afectado asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de la gente, incluso con acto intencional del trabajador (dolo). En tal sentido, STSJ Cataluña de 29-3-94. La negligencia simple (imprudencia profesional) no tiene esa drástica consecuencia, sin perjuicio de otros efectos, en orden a la responsabilidad en relación a la empresa en su caso. Son, a fin de cuentas, reflejos de las distinciones de la culpa y negligencia del orden civil, con matices, en el orden laboral. La delimitación entre estas figuras evidentemente no es tan clara en el orden práctico debido sobre todo al hecho de que la distinción se basa en determinar si la actuación que originó el accidente es debida a un exceso de confianza creado por la práctica (imprudencia profesional o simple) o es debido a la asunción consciente de un riesgo excesivo para la capacidad del actor(imprudencia temeraria). Delimitar la línea divisoria entre una y otra es materia sometida a una gran casuística. Al respecto, y a título de ejemplo, el TS ha entendido producida imprudencia profesional con las notas reflejadas en supuestos como los de sentencia de 20-11-75; TCT 20-4-83, y STS Madrid 8-9-92 ( AS 1992, 4412) , y como imprudencia temeraria los de sentencia del TCT 1-2-77; 20-5-78; 1-3-83 y 15-6-83 ( RTCT 1983, 5683) . Sin embargo, ante supuestos casi idénticos, v. gr. No respetar un ceda el paso la STSJ Andalucía, Sevilla, en sentencia de 17-4-90, consideró que era imprudencia temeraria, mientras que saltarse una señal de stop, supuestamente más grave, fue considerado por el TS en sentencia de 10-5-1988 ( RJ 1988, 3595) , y TSJ Castilla y León, como imprudencia simple. B) La Jurisprudencia recaída en interpretación primero del art. 84 ap. 2.b) en relación con el ap. 3 del Texto articulado primero de la Ley de Seguridad Social de 21 Abr. 1966 ( RCL 1966, 734, 997) , después del art. 84 ap. 4.b) en relación con el ap. 5, del Texto refundido de la LSS de 30 may. 1974 ( RCL 1974, 1482) , y actual art. 115 ap. 4.b) en relación con el ap. 5 a), del vigente Texto Refundido de dicha L 20 jun. 1994 ( RCL 1994, 1825) , ha venido considerando que aún no profesional, la simple imprudencia no impide la calificación de un accidente como de trabajo, lo que quiere decir, que solo dejan de ser accidentes de trabajo los debidos -art. 115.4.b)- «a imprudencia temeraria del trabajador accidentado», concepto, el de imprudencia temeraria, que ha sido objeto de interpretación restrictiva. Así, se equipara imprudencia temeraria a «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» (TS S 19 abr. 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro, sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» (TS S 10 dic. 1968); «una imprudencia de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» (TS S 20 mar. 1970 y 6 feb. 1971); «la imprudencia temeraria exige que se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» (TS 23 oct. 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» (TS S 4 Mar. 1974)".

En el supuesto de autos no existe elemento alguno del que se desprenda la posible existencia de imprudencia temeraria por parte del Sr. Octavio, esto es, no consta la aceptación de un riesgo innecesario de forma voluntaria y deliberada, máxime teniendo en cuenta que el trabajador era el segundo en la cadena de movimiento del palet, previamente realizado por el encargado del almacén, respecto del descargado por el proveedor suministrador; las supuestas instrucciones de aviso ante palets sin nervios o apilados ya inclinados también afecta al resto de empleados y superiores , esto es, que el modo de trabajar rutinario del trabajador de cortar flejes no supone asumir un riesgo de situaciones previas no advertidas. Por tanto, no concurre ruptura del nexo causal en los términos pretendidos por la parte actora.

Con lo que, procede desestimar la demanda en su totalidad y confirmar la resolución administrativa impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al caso,

PRIMERO.-El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración del contenido del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes así como la pericial del Sr. Torcuato. Los hechos declarados probados se han indicado la fuente de prueba origen de cada uno de ellos de forma particular y detallada, si bien resultan de las diligencias de prueba practicadas en el acto de juicio en su conjunto. Despliega toda su eficacia probatoria la documental obrante en autos, no impugnada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Enjuiciamiento Civil ( LEC en adelante) en sus arts. 319 y 326, tanto para los documentos públicos como para los privados.

SEGUNDO.-La parte actora impugna la resolución del INSS de fecha Resolución de 22.07.2024 por la que se desestima la reclamación previa de interpuesta contra la resolución por la que se declara la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el Sr. Octavio , estableciéndose un recargo del 30% en las prestaciones a cargo de la empresa lo impugna alegando:

Que el accidente fue calificado de leve, que ha cumplido con la normativa de Prevención de riesgo laborales, siendo el trabajo del Sr. Octavio un puesto seguro, pero que el accidente se debió a imprudencia temeraria del trabajador al cortar los flejes de forma que motivo la propia caída de las planchas.

TERCERO.-El artículo 164 del RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que: "(...) 1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción".

Respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no solo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 [ RJ 1990, 3188] , 16-5-1996 [ RJ 1996, 3420] , 16-4-1996 [ RJ 1996, 3421] , 16-4-1996, 19-4-1996, 10-5-1996 [ RJ 1996, 4117] , 24-9-1996, 25-10-1996, 21-3-1997, 25-11-1997, 19-9-1997 [ RJ 1997, 6789] , 11-7-1997, 25-11-1997, 2-12-1997, 9-12-1997 [ RJ 1997, 8864] , 6-3-1998 [ RJ 1998, 2310] y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] , entre otras muchas). Dicho de otro modo, la presunción de certeza «debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia» [ SSTS de 27-5-1997 [ RJ 1997, 4071] , 26-7-1995 [ RJ 1995, 6231] , 23-2-88 [ RJ 1988, 1454] , y en igual sentido STS de 17-6-1987 [ RJ 1987, 4210] ]. Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección [ STS de 17-5-1996 [ RJ 1996, 4480] ].

Por tanto, la presunción de certeza no solo alcanza a los hechos directa y personalmente percibidos o apreciados por el Inspector actuante en el curso de las actuaciones comprobatorias, sino que también se extiende, entre otros, a los hechos comprobados a través de testimonios o declaraciones, ya sean de trabajadores o de sus representantes legales, del empresario o de sus representantes o terceros. Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 10-2-1990 ( RJ 1990, 750) , 25-6-1991, 22-10-1991 ( RJ 1991, 7730) , 6-5-1993 ( RJ 1993, 8738) , 6-7-1997 ( RJ 1997, 4393) , 11-7- 1997 ( RJ 1997, 9607) y 15-3-2000 ( RJ 2000, 3894) .

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 [ RJ 1996, 6890] , 22-10-1996 [ RJ 1996, 7961] , 29 [ RJ 1996, 8705] y 30-11-1996 [ RJ 1996, 8708] ; 21-3-1997 [ RJ 1997, 2282] , 6-5-1997 [ RJ 1997, 4393] y 2-12-1997 [ RJ 1997, 8860] , y 6-10-1998 [ RJ 1998, 7692] ), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público [ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 [ RJ 1989, 3140] ). O dicho de otro modo, en la objetividad de la actuaciones de unos funcionarios a quienes legalmente está encomendada la constatación de los hechos consignados en las actas de infracción y de liquidación, y que por ello requiere para su desvirtuación pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1990 [ RJ 1990, 8477] y 7 de octubre de 1997 [ RJ 1997, 7042] , entre otras), no bastando cualquier prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 [ RJ 1991, 5056] y 7 de octubre de 1997)".

CUARTO.De la prueba obrante en autos resulta que el trabajador sufrió el accidente estando sólo, siendo socorrido luego por su compañero Ángel Jesús. La dinámica parece clara palet en la parte superior no alineado, con uno de los elementos de estabilidad omitido (los denominados nervios) siendo el fleje el único restante que al cortarse, se desprende la carga. De acuerdo con citada dinámica restan las siguientes cuestiones a resolver:

1.La primera cuestión se centra en analizar si está claro lo ocurrido, y la respuesta es positiva, pues incluso el servicio ASPY se identifica el elemento con riego de caída por falta de alineación que ya denota una carga no equilibrada

2.La segunda cuestión debe analizar las circunstancias en que se produjo ¿con o sin incumplimiento normativo?, y se ha concretado en los hechos del acta de infracción que reproduce la Resolución del INSS recurrida, que allí en la obra se incumplió la normativa preventiva, pues había un equipo de trabajo, las planchas metálicas, con riesgo de caída y sin una protección ante tal riesgo; y con relación causa-efecto.

La existencia de un peso de las placas grande y su dimensión impiden la actuación manual del trabajador de autoprotección ante la caída de las mismas, y por tal efecto la causa, la IT con el diagnóstico de fractura de tibia y peroné.

Cierto que el inspector no estaba allí, pero acudió al taller de la empresa y se entrevistó, y la deducción del inspector que consta en su acta es correcta, y sin introducción de elementos extraños: si no hubiera estado el material no alineado con un avisto ya desde el momento de su colocación, el trabajador no tendría que haber cortado el fleje que era el único elemento que sujetaba restando los otros, sin liberación no hubiera existido la fractura de tibia y peroné que originó la baja y las prestaciones de Seguridad social.

Y en igual sentido de este juzgador, que la hace suya, bajo el instrumento de la presunción judicial, la cual es admitida por la doctrina judicial en accidentes de trabajo ( STS de 30 de junio de 2003 Rec. 2403/2002), puesto que hay relación causalidad entre conducta culpabilistica del empresario, medidas de seguridad y el accidente. Y conforme el nuevo 386 LECiv, se permite que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado (tirón muslo derecho en obra por salto el 19.05.2021) y el presunto (objeto en obra dejado por una subcontrata que trabajaba ese día en esa obra) existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

QUINTO.La empresa actora nada relevante -más que atender a detalles de las versiones dadas- en su contra se ha aportado para romper tal enlace: No se concreta con pruebas de descargo que el palet estuviera bien alienado, porque habían sido movidos por un toro para dejarlos en la entrada del taller para luego el trabajador desambalarlos y llevarlos a la plancha; ni que existía un protocolo para avisar y denunciar palets en mal estado , porque en primer lugar tendría que haberlo activado el encargado de almacen que los desplazó previamente; ni que el riesgo evaluado de aplime de cajas se refiera a los palets por el Servicio de prevención específicamente constatado. Muy al contrario, del despalazamiento al lugar del accidente por la inspectora, la toma de declaración del encargado del almacén del trabajador y otro trabajador que se debe proteger tal situación de riesgo con un equipo de protección individual o colectivo adecuado, y se deriva lo contrario.

La alegación del hecho que el actor estuviera sólo, y su compañero Ángel Jesús que avisó estuviera en otro puesto, es común en muchos accidentes, lo que tampoco rompe ese enlace deductivo.

SEXTO.-La parte actora alega la existencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador accidentado y la inexistencia de relación de causalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección1ª) en Sentencia núm. 472/2006 de 16 marzo. AS 2006\1494 pone de manifiesto que: "(...) La cuestión a dilucidar en la presente litis es determinar si existió imprudencia temeraria por parte del operario en accidente ocurrido el 29-6-01, o solo existió imprudencia profesional. Para determinar si existió imprudencia temeraria que excluye la consideración de AT, hemos de hacer un recorrido por la doctrina y jurisprudencia en esta materia, y vemos que nos dice: A)Excluye la naturaleza laboral del accidente cuando el trabajador incurre en dolo o imprudencia temeraria. El dolo sigue en esta materia su misma conceptuación civil, es decir, la intencionalidad en conseguir el resultado, en lograr la prestación que hace que el trabajador ponga de su parte los medios necesarios para producir el accidente, consciente y voluntariamente. Algún sector doctrinal exige malicia, aunque nosotros creemos que las notas precedentes son más que suficientes para entender una conducta dolosa a estos efectos. Asimismo, esta intencionalidad distingue el dolo de la imprudencia temeraria, que es la que se comete por falta de conocimientos suficientes en orden al cuidado y a la observación de las consecuencias del riesgo, que origina la actuación impropia o inadecuada que da origen al propio accidente. Asimismo, como tal actuación es imputable exclusivamente al propio trabajador, éste se ve privado de la calificación como laboral del accidente (y de sus efectos) que no se debió producir y que por su negligencia se realizó. El resultado, al fin, es la ruptura del nexo causal, ya que la jurisprudencia considera la temeridad como un desprecio del cuidado propio y de las precauciones del riesgo ( STSJ Castilla-La Mancha 29-10-92 [ AS 1992, 5304] ). Dada la gravedad de consecuencias (en orden a las prestaciones, sobre todo) que conlleva la no calificación de laboral de un accidente, la imprudencia ha de ser, per se, grave. Si la imprudencia no es temeraria sino simple, el accidente laboral sigue siéndolo pese a su concurrencia. Seguidamente a lo anterior, la Ley conserva la naturaleza de laboral de los accidentes de trabajo en los que concurre imprudencia profesional y a los ocasionados por actuación de un tercero. La imprudencia profesional o simple, se conceptúa como la que se produce por la confianza que el ejercicio de trabajo aporta al trabajador. Esta imprudencia se entiende no rompe el nexo causal del accidente con el trabajo. Por ello, la imprudencia profesional del trabajador no elimina la responsabilidad objetiva regulada en la legislación de accidentes de trabajo, pero sí la específica responsabilidad del empresario que pueda exigirse cuando el accidente ocurre con infracción de las medidas de seguridad en el trabajo, como refleja, entre otras la STSJ Galicia de 17-2-94. El problema estriba en distinguirla la de temeraria, que elimina la nota de laboralidad al accidente, en principio, de trabajo. La incidencia y gravedad de la imprudencia profesional en relación a la realización del accidente es marcadamente inferior a la imprudencia temeraria: La primera, nace de la creencia, por la confianza de su ejercicio precedente, de la superación del obstáculo y, por tanto, la improbabilidad razonable del acaecimiento de un accidente. La imprudencia temeraria es la falta de prudencia o control del riesgo de quien, no estando cualificado, pretende una acción que supera los límites del riesgo razonable. Por último, el dolo es la comisión voluntaria, racional, de una actividad en orden a conseguir la realización del accidente para obtener las prestaciones correspondientes. Evidentemente, solo los últimos supuestos, dolo y culpa grave(imprudencia temeraria), llevan aparejada la sanción de pérdida de la nota de laboral de un accidente de trabajo que pasa a ser común. La distinción entre imprudencia temeraria y la actuación dolosa, tampoco está clara. Evidentemente, su importancia es menor al acarrear una idéntica consecuencia: la no laboralidad. De hecho, alguna sentencia refleja que la conducta temeraria se produce cuando el afectado asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves, ajenos a la conducta usual de la gente, incluso con acto intencional del trabajador (dolo). En tal sentido, STSJ Cataluña de 29-3-94. La negligencia simple (imprudencia profesional) no tiene esa drástica consecuencia, sin perjuicio de otros efectos, en orden a la responsabilidad en relación a la empresa en su caso. Son, a fin de cuentas, reflejos de las distinciones de la culpa y negligencia del orden civil, con matices, en el orden laboral. La delimitación entre estas figuras evidentemente no es tan clara en el orden práctico debido sobre todo al hecho de que la distinción se basa en determinar si la actuación que originó el accidente es debida a un exceso de confianza creado por la práctica (imprudencia profesional o simple) o es debido a la asunción consciente de un riesgo excesivo para la capacidad del actor(imprudencia temeraria). Delimitar la línea divisoria entre una y otra es materia sometida a una gran casuística. Al respecto, y a título de ejemplo, el TS ha entendido producida imprudencia profesional con las notas reflejadas en supuestos como los de sentencia de 20-11-75; TCT 20-4-83, y STS Madrid 8-9-92 ( AS 1992, 4412) , y como imprudencia temeraria los de sentencia del TCT 1-2-77; 20-5-78; 1-3-83 y 15-6-83 ( RTCT 1983, 5683) . Sin embargo, ante supuestos casi idénticos, v. gr. No respetar un ceda el paso la STSJ Andalucía, Sevilla, en sentencia de 17-4-90, consideró que era imprudencia temeraria, mientras que saltarse una señal de stop, supuestamente más grave, fue considerado por el TS en sentencia de 10-5-1988 ( RJ 1988, 3595) , y TSJ Castilla y León, como imprudencia simple. B) La Jurisprudencia recaída en interpretación primero del art. 84 ap. 2.b) en relación con el ap. 3 del Texto articulado primero de la Ley de Seguridad Social de 21 Abr. 1966 ( RCL 1966, 734, 997) , después del art. 84 ap. 4.b) en relación con el ap. 5, del Texto refundido de la LSS de 30 may. 1974 ( RCL 1974, 1482) , y actual art. 115 ap. 4.b) en relación con el ap. 5 a), del vigente Texto Refundido de dicha L 20 jun. 1994 ( RCL 1994, 1825) , ha venido considerando que aún no profesional, la simple imprudencia no impide la calificación de un accidente como de trabajo, lo que quiere decir, que solo dejan de ser accidentes de trabajo los debidos -art. 115.4.b)- «a imprudencia temeraria del trabajador accidentado», concepto, el de imprudencia temeraria, que ha sido objeto de interpretación restrictiva. Así, se equipara imprudencia temeraria a «una imprudencia de tal gravedad que notoriamente revele la ausencia de la más elemental precaución sin esa elemental y necesaria previsión de un riesgo posible, y la inmotivada, caprichosa o consciente exposición a un peligro cierto» (TS S 19 abr. 1968); «una temeraria e inexcusable imprevisión del siniestro, sin observar las más elementales medidas de precaución que el hombre menos previsor adoptaría» (TS S 10 dic. 1968); «una imprudencia de gravedad excepcional, que no esté justificada por motivo legítimo y comporte una conciencia clara del peligro» (TS S 20 mar. 1970 y 6 feb. 1971); «la imprudencia temeraria exige que se hayan omitido las más elementales precauciones en la ejecución del acto causal, realizándolo con desprecio del riesgo cierto que del mismo se deriva» (TS 23 oct. 1971); «para apreciar la imprudencia temeraria es necesaria una conducta de gravedad excepcional, una conciencia clara del peligro y una exposición al riesgo, voluntaria y consciente» (TS S 4 Mar. 1974)".

En el supuesto de autos no existe elemento alguno del que se desprenda la posible existencia de imprudencia temeraria por parte del Sr. Octavio, esto es, no consta la aceptación de un riesgo innecesario de forma voluntaria y deliberada, máxime teniendo en cuenta que el trabajador era el segundo en la cadena de movimiento del palet, previamente realizado por el encargado del almacén, respecto del descargado por el proveedor suministrador; las supuestas instrucciones de aviso ante palets sin nervios o apilados ya inclinados también afecta al resto de empleados y superiores , esto es, que el modo de trabajar rutinario del trabajador de cortar flejes no supone asumir un riesgo de situaciones previas no advertidas. Por tanto, no concurre ruptura del nexo causal en los términos pretendidos por la parte actora.

Con lo que, procede desestimar la demanda en su totalidad y confirmar la resolución administrativa impugnada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al caso,