Sentencia Social 106/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 15 de Barcelona, Rec. 1279/2024 de 21 de abril del 2026

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la totalidad de la prueba practicada, indicándose en cada uno de ellos el medio de prueba del que se ha obtenido la convicción de los mismos, valorándose dicha prueba de forma conjunta y según a las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento la parte actora ejercita una pretensión de impugnación de la resolución del INSS referidas en el antecedente de hecho primero. El objeto de la pretensión es la declaración de incapacidad permanente total o subsidiariamente la incapacidad permanente parcial derivada de contingencia común.

Dicha resolución conlleva el ejercicio del control jurisdiccional ( artículo 106 CE) de la actuación administrativa, y en concreto de las resoluciones, que lo finaliza y que desestima la reclamación previa, para comprobar si tal actividad administrativa se somete a la ley aplicable. El control jurisdiccional se realiza mediante el juicio en el que por las partes se debate la fundamentación de la impugnación y la corrección del Derecho aplicado por la Administración. Debate, que conforme a los artículos 72 y 143 LRJS está previamente delimitado por el mantenido en el procedimiento administrativo y en la fase de reclamación previa (salvo para hechos nuevos o de nueva noticia), y en el que corresponde a la parte actora acreditar los hechos en los que fundamento su pretensión ( artículo 217 LEC).

TERCERO.-La incapacidad permanente en su modalidad contributiva, que es a la que se refiere la demanda, como contingencia protegible dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, está regulada para el Régimen General en el capítulo XI del título II del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante " LGSS") en sus artículos 193 a 200, y sus normas concordantes y de desarrollo.

El artículo 193 la define como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber recibido el alta médica (alta que no será necesaria cuando concurran secuelas definitivas con independencia del tratamiento por manifestarse desde el principio como irreversibles), presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas (aunque una posibilidad de recuperación incierta o a largo plazo no obstará para su declaración) que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Producida el alta médica, de la incapacidad temporal, persistiendo incapacidad laboral por la existencia de secuelas definitivas, se pasa a la situación de incapacidad permanente.

Teniendo en cuenta que no se trata exclusivamente de la imposibilidad física o psíquica de trabajar, sino que la incapacidad pueden determinarla la contraindicación o el riesgo que el trabajo pueda suponer, y todo ello en el ámbito de una razonabilidad que impida la exigencia al trabajador de un "verdadero afán de sacrificio, ni un grado intenso de tolerancia" al empresario, debiendo clasificarse la misma en alguno de los grados que prevé el artículo 194 LGSS -parcial, total, absoluta o gran invalidez- en relación con la Disposición Transitoria Vigesimosexta LGSS, señalándose que procederá el reconocimiento del grado de gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, absoluta cuando para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio; total cuando inhabilite al trabajador para el desarrollo de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a una distinta, mientras que la incapacidad permanente parcial cuando concurra una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

La profesión habitual es aquella que se venía desarrollando en el puesto de trabajo, con la referencia de la definición del grupo profesional que se establezca en el convenio, a efectos de no identificar automáticamente profesión habitual y puesto de trabajo concreto, y considerando los requerimientos fundamentales para seguir ejerciéndola en el futuro.

CUARTO.-Tales limitaciones exigen por lo tanto valorar las secuelas y las limitaciones que determinan la existencia de una incapacidad permanente en el demandante, debiendo determinarse que, aunque los diversos padecimientos que integren el estado patológico, considerados aisladamente no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar al mismo si se ponderan y se valoran conjuntamente (en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 1990 , Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sección Granada de fecha 14 de noviembre de 2024 , Sentencia 2349/2024 y Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de mayo de 2024 , Sentencia 493/2024 ),no pudiendo realizarse ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de enero de 2023, RCUD 3980/2019 )una valoración abstracta de la enfermedad sino que es necesario atender a la dolencia concreta y los efectos que despliega en el trabajador en concreto.

A la vista de lo anterior, procede estimar la demanda por las siguientes razones:

1.- Se peticiona por la demandante que se le reconozca un grado de incapacidad permanente total o, subsidiariamente parcial para el ejercicio de la profesión habitual, por entender que las lesiones que presenta son acreedores del citado grado.

Conforme obra en el escrito de demanda las patologías que presenta la actora son: i) trastorno depresivo mayor (con sintomatología delirante) y persistente (distimia) (que contituye una depresión doble además de recurrente; ii) tiroiditis;; iii) afectación limitante a nivel cervical y lumbar.

Dicho cuadro clínico es coincidente con el de la pericial practicada por la Dra. Erica, si bien en el Acto de Juicio, el perito actuante estimó que la patología que podía ser calificada como incapacitante era la patología psiquiátrica.

2.- Examinando la prueba documental obrante en autos -documentos número 2 a 13- se advierte de forma inconcusa y clara que la actora viene presentando un trastorno depresivo mayor recurrente con un trastorno depresivo persistente (distimia) que constituye una depresión doble. Éste es el diagnóstico desde el año 2023 que de forma clara, precisa, indubitada y congruente se puede colegir del conjunto de dicha documental.

Los distintos informes emitidos permiten adverar dicha realidad sin que presentan dudas o dicotomías entre sí, ya que incluso, establecen la posible concurrencia de un cuadro delirante. El diagnóstico anteriormente indicado, es además coincidente con el informe de SGAM de fecha 26 de abril de 2024.

Tal cuadro clínico ocasiona anergia, cogniciones negativas, ansiedad y sentimientos de frustración (documento número 4 del ramo de prueba de la parte actora) e implica en el caso de la actora la incapacidad para mantener la atención, concentración y memoria de forma sostenida, alteración del juicio y pensamiento, circunstancias y limitaciones éstas que no son compatibles con sus funciones de camarera.

En efecto, estamos ante una profesión que no solo requiere atención al público sino que además exige atención y capacidad de juicio, puesto que se trata de un puesto de trabajo dinámico no exento de exigencia y agilidad mental y de concentración.

3.- Pues bien, analizando la patología expuesta cuyo diagnóstico y alcance no ofrece dudas a este juzgador así como los requisitos de la profesión de la actora, procede la estimación de la demanda y revocando la resolución impugnada reconocer que la actora se encuentra afecta a una incapacidad permanente total sobre una base reguladora de 1.565,77 euros mensuales, con un porcentaje del 55% y una fecha de efectos de 6 de junio de 2024, debiendo descontarse los ingresos que resulten incompatibles con la percepción de la misma.

QUINTO.-Contra esta resolución puede interponerse recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la totalidad de la prueba practicada, indicándose en cada uno de ellos el medio de prueba del que se ha obtenido la convicción de los mismos, valorándose dicha prueba de forma conjunta y según a las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento la parte actora ejercita una pretensión de impugnación de la resolución del INSS referidas en el antecedente de hecho primero. El objeto de la pretensión es la declaración de incapacidad permanente total o subsidiariamente la incapacidad permanente parcial derivada de contingencia común.

Dicha resolución conlleva el ejercicio del control jurisdiccional ( artículo 106 CE) de la actuación administrativa, y en concreto de las resoluciones, que lo finaliza y que desestima la reclamación previa, para comprobar si tal actividad administrativa se somete a la ley aplicable. El control jurisdiccional se realiza mediante el juicio en el que por las partes se debate la fundamentación de la impugnación y la corrección del Derecho aplicado por la Administración. Debate, que conforme a los artículos 72 y 143 LRJS está previamente delimitado por el mantenido en el procedimiento administrativo y en la fase de reclamación previa (salvo para hechos nuevos o de nueva noticia), y en el que corresponde a la parte actora acreditar los hechos en los que fundamento su pretensión ( artículo 217 LEC).

TERCERO.-La incapacidad permanente en su modalidad contributiva, que es a la que se refiere la demanda, como contingencia protegible dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, está regulada para el Régimen General en el capítulo XI del título II del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante " LGSS") en sus artículos 193 a 200, y sus normas concordantes y de desarrollo.

El artículo 193 la define como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber recibido el alta médica (alta que no será necesaria cuando concurran secuelas definitivas con independencia del tratamiento por manifestarse desde el principio como irreversibles), presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas (aunque una posibilidad de recuperación incierta o a largo plazo no obstará para su declaración) que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Producida el alta médica, de la incapacidad temporal, persistiendo incapacidad laboral por la existencia de secuelas definitivas, se pasa a la situación de incapacidad permanente.

Teniendo en cuenta que no se trata exclusivamente de la imposibilidad física o psíquica de trabajar, sino que la incapacidad pueden determinarla la contraindicación o el riesgo que el trabajo pueda suponer, y todo ello en el ámbito de una razonabilidad que impida la exigencia al trabajador de un "verdadero afán de sacrificio, ni un grado intenso de tolerancia" al empresario, debiendo clasificarse la misma en alguno de los grados que prevé el artículo 194 LGSS -parcial, total, absoluta o gran invalidez- en relación con la Disposición Transitoria Vigesimosexta LGSS, señalándose que procederá el reconocimiento del grado de gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, absoluta cuando para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio; total cuando inhabilite al trabajador para el desarrollo de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a una distinta, mientras que la incapacidad permanente parcial cuando concurra una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

La profesión habitual es aquella que se venía desarrollando en el puesto de trabajo, con la referencia de la definición del grupo profesional que se establezca en el convenio, a efectos de no identificar automáticamente profesión habitual y puesto de trabajo concreto, y considerando los requerimientos fundamentales para seguir ejerciéndola en el futuro.

CUARTO.-Tales limitaciones exigen por lo tanto valorar las secuelas y las limitaciones que determinan la existencia de una incapacidad permanente en el demandante, debiendo determinarse que, aunque los diversos padecimientos que integren el estado patológico, considerados aisladamente no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar al mismo si se ponderan y se valoran conjuntamente (en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 1990 , Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sección Granada de fecha 14 de noviembre de 2024 , Sentencia 2349/2024 y Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de mayo de 2024 , Sentencia 493/2024 ),no pudiendo realizarse ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de enero de 2023, RCUD 3980/2019 )una valoración abstracta de la enfermedad sino que es necesario atender a la dolencia concreta y los efectos que despliega en el trabajador en concreto.

A la vista de lo anterior, procede estimar la demanda por las siguientes razones:

1.- Se peticiona por la demandante que se le reconozca un grado de incapacidad permanente total o, subsidiariamente parcial para el ejercicio de la profesión habitual, por entender que las lesiones que presenta son acreedores del citado grado.

Conforme obra en el escrito de demanda las patologías que presenta la actora son: i) trastorno depresivo mayor (con sintomatología delirante) y persistente (distimia) (que contituye una depresión doble además de recurrente; ii) tiroiditis;; iii) afectación limitante a nivel cervical y lumbar.

Dicho cuadro clínico es coincidente con el de la pericial practicada por la Dra. Erica, si bien en el Acto de Juicio, el perito actuante estimó que la patología que podía ser calificada como incapacitante era la patología psiquiátrica.

2.- Examinando la prueba documental obrante en autos -documentos número 2 a 13- se advierte de forma inconcusa y clara que la actora viene presentando un trastorno depresivo mayor recurrente con un trastorno depresivo persistente (distimia) que constituye una depresión doble. Éste es el diagnóstico desde el año 2023 que de forma clara, precisa, indubitada y congruente se puede colegir del conjunto de dicha documental.

Los distintos informes emitidos permiten adverar dicha realidad sin que presentan dudas o dicotomías entre sí, ya que incluso, establecen la posible concurrencia de un cuadro delirante. El diagnóstico anteriormente indicado, es además coincidente con el informe de SGAM de fecha 26 de abril de 2024.

Tal cuadro clínico ocasiona anergia, cogniciones negativas, ansiedad y sentimientos de frustración (documento número 4 del ramo de prueba de la parte actora) e implica en el caso de la actora la incapacidad para mantener la atención, concentración y memoria de forma sostenida, alteración del juicio y pensamiento, circunstancias y limitaciones éstas que no son compatibles con sus funciones de camarera.

En efecto, estamos ante una profesión que no solo requiere atención al público sino que además exige atención y capacidad de juicio, puesto que se trata de un puesto de trabajo dinámico no exento de exigencia y agilidad mental y de concentración.

3.- Pues bien, analizando la patología expuesta cuyo diagnóstico y alcance no ofrece dudas a este juzgador así como los requisitos de la profesión de la actora, procede la estimación de la demanda y revocando la resolución impugnada reconocer que la actora se encuentra afecta a una incapacidad permanente total sobre una base reguladora de 1.565,77 euros mensuales, con un porcentaje del 55% y una fecha de efectos de 6 de junio de 2024, debiendo descontarse los ingresos que resulten incompatibles con la percepción de la misma.

QUINTO.-Contra esta resolución puede interponerse recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la totalidad de la prueba practicada, indicándose en cada uno de ellos el medio de prueba del que se ha obtenido la convicción de los mismos, valorándose dicha prueba de forma conjunta y según a las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento la parte actora ejercita una pretensión de impugnación de la resolución del INSS referidas en el antecedente de hecho primero. El objeto de la pretensión es la declaración de incapacidad permanente total o subsidiariamente la incapacidad permanente parcial derivada de contingencia común.

Dicha resolución conlleva el ejercicio del control jurisdiccional ( artículo 106 CE) de la actuación administrativa, y en concreto de las resoluciones, que lo finaliza y que desestima la reclamación previa, para comprobar si tal actividad administrativa se somete a la ley aplicable. El control jurisdiccional se realiza mediante el juicio en el que por las partes se debate la fundamentación de la impugnación y la corrección del Derecho aplicado por la Administración. Debate, que conforme a los artículos 72 y 143 LRJS está previamente delimitado por el mantenido en el procedimiento administrativo y en la fase de reclamación previa (salvo para hechos nuevos o de nueva noticia), y en el que corresponde a la parte actora acreditar los hechos en los que fundamento su pretensión ( artículo 217 LEC).

TERCERO.-La incapacidad permanente en su modalidad contributiva, que es a la que se refiere la demanda, como contingencia protegible dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, está regulada para el Régimen General en el capítulo XI del título II del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante " LGSS") en sus artículos 193 a 200, y sus normas concordantes y de desarrollo.

El artículo 193 la define como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber recibido el alta médica (alta que no será necesaria cuando concurran secuelas definitivas con independencia del tratamiento por manifestarse desde el principio como irreversibles), presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas (aunque una posibilidad de recuperación incierta o a largo plazo no obstará para su declaración) que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Producida el alta médica, de la incapacidad temporal, persistiendo incapacidad laboral por la existencia de secuelas definitivas, se pasa a la situación de incapacidad permanente.

Teniendo en cuenta que no se trata exclusivamente de la imposibilidad física o psíquica de trabajar, sino que la incapacidad pueden determinarla la contraindicación o el riesgo que el trabajo pueda suponer, y todo ello en el ámbito de una razonabilidad que impida la exigencia al trabajador de un "verdadero afán de sacrificio, ni un grado intenso de tolerancia" al empresario, debiendo clasificarse la misma en alguno de los grados que prevé el artículo 194 LGSS -parcial, total, absoluta o gran invalidez- en relación con la Disposición Transitoria Vigesimosexta LGSS, señalándose que procederá el reconocimiento del grado de gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, absoluta cuando para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio; total cuando inhabilite al trabajador para el desarrollo de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a una distinta, mientras que la incapacidad permanente parcial cuando concurra una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

La profesión habitual es aquella que se venía desarrollando en el puesto de trabajo, con la referencia de la definición del grupo profesional que se establezca en el convenio, a efectos de no identificar automáticamente profesión habitual y puesto de trabajo concreto, y considerando los requerimientos fundamentales para seguir ejerciéndola en el futuro.

CUARTO.-Tales limitaciones exigen por lo tanto valorar las secuelas y las limitaciones que determinan la existencia de una incapacidad permanente en el demandante, debiendo determinarse que, aunque los diversos padecimientos que integren el estado patológico, considerados aisladamente no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar al mismo si se ponderan y se valoran conjuntamente (en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 1990 , Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sección Granada de fecha 14 de noviembre de 2024 , Sentencia 2349/2024 y Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de mayo de 2024 , Sentencia 493/2024 ),no pudiendo realizarse ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de enero de 2023, RCUD 3980/2019 )una valoración abstracta de la enfermedad sino que es necesario atender a la dolencia concreta y los efectos que despliega en el trabajador en concreto.

A la vista de lo anterior, procede estimar la demanda por las siguientes razones:

1.- Se peticiona por la demandante que se le reconozca un grado de incapacidad permanente total o, subsidiariamente parcial para el ejercicio de la profesión habitual, por entender que las lesiones que presenta son acreedores del citado grado.

Conforme obra en el escrito de demanda las patologías que presenta la actora son: i) trastorno depresivo mayor (con sintomatología delirante) y persistente (distimia) (que contituye una depresión doble además de recurrente; ii) tiroiditis;; iii) afectación limitante a nivel cervical y lumbar.

Dicho cuadro clínico es coincidente con el de la pericial practicada por la Dra. Erica, si bien en el Acto de Juicio, el perito actuante estimó que la patología que podía ser calificada como incapacitante era la patología psiquiátrica.

2.- Examinando la prueba documental obrante en autos -documentos número 2 a 13- se advierte de forma inconcusa y clara que la actora viene presentando un trastorno depresivo mayor recurrente con un trastorno depresivo persistente (distimia) que constituye una depresión doble. Éste es el diagnóstico desde el año 2023 que de forma clara, precisa, indubitada y congruente se puede colegir del conjunto de dicha documental.

Los distintos informes emitidos permiten adverar dicha realidad sin que presentan dudas o dicotomías entre sí, ya que incluso, establecen la posible concurrencia de un cuadro delirante. El diagnóstico anteriormente indicado, es además coincidente con el informe de SGAM de fecha 26 de abril de 2024.

Tal cuadro clínico ocasiona anergia, cogniciones negativas, ansiedad y sentimientos de frustración (documento número 4 del ramo de prueba de la parte actora) e implica en el caso de la actora la incapacidad para mantener la atención, concentración y memoria de forma sostenida, alteración del juicio y pensamiento, circunstancias y limitaciones éstas que no son compatibles con sus funciones de camarera.

En efecto, estamos ante una profesión que no solo requiere atención al público sino que además exige atención y capacidad de juicio, puesto que se trata de un puesto de trabajo dinámico no exento de exigencia y agilidad mental y de concentración.

3.- Pues bien, analizando la patología expuesta cuyo diagnóstico y alcance no ofrece dudas a este juzgador así como los requisitos de la profesión de la actora, procede la estimación de la demanda y revocando la resolución impugnada reconocer que la actora se encuentra afecta a una incapacidad permanente total sobre una base reguladora de 1.565,77 euros mensuales, con un porcentaje del 55% y una fecha de efectos de 6 de junio de 2024, debiendo descontarse los ingresos que resulten incompatibles con la percepción de la misma.

QUINTO.-Contra esta resolución puede interponerse recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la totalidad de la prueba practicada, indicándose en cada uno de ellos el medio de prueba del que se ha obtenido la convicción de los mismos, valorándose dicha prueba de forma conjunta y según a las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento la parte actora ejercita una pretensión de impugnación de la resolución del INSS referidas en el antecedente de hecho primero. El objeto de la pretensión es la declaración de incapacidad permanente total o subsidiariamente la incapacidad permanente parcial derivada de contingencia común.

Dicha resolución conlleva el ejercicio del control jurisdiccional ( artículo 106 CE) de la actuación administrativa, y en concreto de las resoluciones, que lo finaliza y que desestima la reclamación previa, para comprobar si tal actividad administrativa se somete a la ley aplicable. El control jurisdiccional se realiza mediante el juicio en el que por las partes se debate la fundamentación de la impugnación y la corrección del Derecho aplicado por la Administración. Debate, que conforme a los artículos 72 y 143 LRJS está previamente delimitado por el mantenido en el procedimiento administrativo y en la fase de reclamación previa (salvo para hechos nuevos o de nueva noticia), y en el que corresponde a la parte actora acreditar los hechos en los que fundamento su pretensión ( artículo 217 LEC).

TERCERO.-La incapacidad permanente en su modalidad contributiva, que es a la que se refiere la demanda, como contingencia protegible dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, está regulada para el Régimen General en el capítulo XI del título II del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( en adelante " LGSS") en sus artículos 193 a 200, y sus normas concordantes y de desarrollo.

El artículo 193 la define como la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber recibido el alta médica (alta que no será necesaria cuando concurran secuelas definitivas con independencia del tratamiento por manifestarse desde el principio como irreversibles), presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas (aunque una posibilidad de recuperación incierta o a largo plazo no obstará para su declaración) que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Producida el alta médica, de la incapacidad temporal, persistiendo incapacidad laboral por la existencia de secuelas definitivas, se pasa a la situación de incapacidad permanente.

Teniendo en cuenta que no se trata exclusivamente de la imposibilidad física o psíquica de trabajar, sino que la incapacidad pueden determinarla la contraindicación o el riesgo que el trabajo pueda suponer, y todo ello en el ámbito de una razonabilidad que impida la exigencia al trabajador de un "verdadero afán de sacrificio, ni un grado intenso de tolerancia" al empresario, debiendo clasificarse la misma en alguno de los grados que prevé el artículo 194 LGSS -parcial, total, absoluta o gran invalidez- en relación con la Disposición Transitoria Vigesimosexta LGSS, señalándose que procederá el reconocimiento del grado de gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, absoluta cuando para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio; total cuando inhabilite al trabajador para el desarrollo de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a una distinta, mientras que la incapacidad permanente parcial cuando concurra una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma.

La profesión habitual es aquella que se venía desarrollando en el puesto de trabajo, con la referencia de la definición del grupo profesional que se establezca en el convenio, a efectos de no identificar automáticamente profesión habitual y puesto de trabajo concreto, y considerando los requerimientos fundamentales para seguir ejerciéndola en el futuro.

CUARTO.-Tales limitaciones exigen por lo tanto valorar las secuelas y las limitaciones que determinan la existencia de una incapacidad permanente en el demandante, debiendo determinarse que, aunque los diversos padecimientos que integren el estado patológico, considerados aisladamente no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar al mismo si se ponderan y se valoran conjuntamente (en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 1990 , Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sección Granada de fecha 14 de noviembre de 2024 , Sentencia 2349/2024 y Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 24 de mayo de 2024 , Sentencia 493/2024 ),no pudiendo realizarse ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de enero de 2023, RCUD 3980/2019 )una valoración abstracta de la enfermedad sino que es necesario atender a la dolencia concreta y los efectos que despliega en el trabajador en concreto.

A la vista de lo anterior, procede estimar la demanda por las siguientes razones:

1.- Se peticiona por la demandante que se le reconozca un grado de incapacidad permanente total o, subsidiariamente parcial para el ejercicio de la profesión habitual, por entender que las lesiones que presenta son acreedores del citado grado.

Conforme obra en el escrito de demanda las patologías que presenta la actora son: i) trastorno depresivo mayor (con sintomatología delirante) y persistente (distimia) (que contituye una depresión doble además de recurrente; ii) tiroiditis;; iii) afectación limitante a nivel cervical y lumbar.

Dicho cuadro clínico es coincidente con el de la pericial practicada por la Dra. Erica, si bien en el Acto de Juicio, el perito actuante estimó que la patología que podía ser calificada como incapacitante era la patología psiquiátrica.

2.- Examinando la prueba documental obrante en autos -documentos número 2 a 13- se advierte de forma inconcusa y clara que la actora viene presentando un trastorno depresivo mayor recurrente con un trastorno depresivo persistente (distimia) que constituye una depresión doble. Éste es el diagnóstico desde el año 2023 que de forma clara, precisa, indubitada y congruente se puede colegir del conjunto de dicha documental.

Los distintos informes emitidos permiten adverar dicha realidad sin que presentan dudas o dicotomías entre sí, ya que incluso, establecen la posible concurrencia de un cuadro delirante. El diagnóstico anteriormente indicado, es además coincidente con el informe de SGAM de fecha 26 de abril de 2024.

Tal cuadro clínico ocasiona anergia, cogniciones negativas, ansiedad y sentimientos de frustración (documento número 4 del ramo de prueba de la parte actora) e implica en el caso de la actora la incapacidad para mantener la atención, concentración y memoria de forma sostenida, alteración del juicio y pensamiento, circunstancias y limitaciones éstas que no son compatibles con sus funciones de camarera.

En efecto, estamos ante una profesión que no solo requiere atención al público sino que además exige atención y capacidad de juicio, puesto que se trata de un puesto de trabajo dinámico no exento de exigencia y agilidad mental y de concentración.

3.- Pues bien, analizando la patología expuesta cuyo diagnóstico y alcance no ofrece dudas a este juzgador así como los requisitos de la profesión de la actora, procede la estimación de la demanda y revocando la resolución impugnada reconocer que la actora se encuentra afecta a una incapacidad permanente total sobre una base reguladora de 1.565,77 euros mensuales, con un porcentaje del 55% y una fecha de efectos de 6 de junio de 2024, debiendo descontarse los ingresos que resulten incompatibles con la percepción de la misma.

QUINTO.-Contra esta resolución puede interponerse recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.