Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 35 de Barcelona, Rec. 678/2024 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, que concretamente en cada caso se han señalado.

Ninguna prueba ha propuesto la actora por la cual se desvirtúe la presunción de veracidad de la que goza el acta de la Inspección en la señala que el accidente de trabajo se produce por el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección, actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo; siendo las causas básicas:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

La documental que aporta en la vista la actora, que fue ya aportada en la vía administrativa no permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta de la ITSS y la documental relativa al procedimiento penal no resulta vinculante en esta jurisdicción.

Y, la testifical practicada no desvirtúa los hechos constatados por la ITSS pues, la mecánica del accidente no ha sido discutida y, el testigo no estaba presente cuando el trabajador sufrió el accidente.

SEGUNDO.-La demandante interesa que se revoque la resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona de 30 de mayo de 2023 por la que se declara la existencia de faltas de medidas de seguridad en el accidente de trabajo y se impone a la actora un recargo del 30% de todas las prestaciones que se deriven, alegando no haber responsabilidad empresarial.

A tales pretensiones se oponen la Letrada de la Seguridad Social el trabajador, manifestando la mutua que ha sido llamada al procedimiento a meros efectos liticonsorciales al ser la entidad que cubría las contingencias profesionales de la empresa.

TERCERO.-El artículo 164 Ley General de la Seguridad Social dispone que "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos e instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 20 de enero de 2020 (ROJ: STSJ CAT 603/2020- ECLI:ES:TSJCAT:2020:603) que "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también la misma ley en su artículo 14. 2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". En relación con lo anterior, y por lo que se refiere a la carga probatoria, dispone el artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS , Ley 36/2011) " En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".

La Sentencia citada continúa haciendo referencia a los requisitos exigibles para la imposición del recargo señalando: "A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673)) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3521)). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4096), por culpa temeraria ( artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ).

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de octubre de 2019 (ROJ: STSJ CAT 8199/2019 - ECLI:ES:TSJCAT:2019:8199) señala que "Como recuerda la STS 20-11-2014 , "el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En orden a la carga de la prueba, en los procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como la existencia de cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Así se recoge en el art. 96.2 LRJS , siendo así porque el empresario es el garante de la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, el responsable de facilitar los medios para evitar cualquier eventual riesgo que pudiera producirse y de velar por su estricto cumplimiento.

La conducta de la víctima puede pasar a un primer plano, en tanto que su posible negligencia puede tener incidencia en el desenlace lesivo, por lo que se considera jurisprudencialmente adecuado - SSTS 20-2-1992 y 7-12-1987 - acudir a la llamada "compensación de culpas", con razonable reducción -en su caso- de anulación del importe indemnizatorio e incluso, en casos extremos de negligencia del accidentado, de su supresión. Pero para llegar a tal resultado, la doctrina jurisprudencial, bajo el principio de la equidad - STS 21 marzo 2000 -, ha atendido a la experiencia y formación profesional del interesado ( SSTS 18 diciembre 1997 , 11 julio 1997 y 30 junio 1997 ), a la previsibilidad del riesgo de daño ( STS 31 julio 1997 ), a la observancia de las instrucciones recibidas ( SSTS 12 julio 1999 , 31 diciembre 1997 y 10 julio 1993 ), a los mecanismos de seguridad puestos a disposición de la víctima ( SSTS 20 octubre 1988 y 28 octubre 1985 ) y la conexión de las funciones propias del trabajador y de los cometidos realizados al acaecer el accidente ( SSTS 1 febrero 1999 y 29 septiembre 1989 )".

En este mismo sentido que se ha indicado en la STSJ, Social sección 1 del 23 de febrero de 2021 ( ROJ: STSJ CAT 2209/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:2209) ha señalado "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones . Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

"Semejantes prescripciones en esta materia de seguridad aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

"Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución , obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

Señala el Tribunal Supremo que "la imprudencia temeraria ... se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria ...; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas"; lo cual, dicho en otras palabras, supone concebir la imprudencia temeraria "como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente".

Teniendo en cuenta todo lo indicado y atendiendo a los hechos que se declara probados, debe estimarse que existe una infracción de normas de seguridad en el trabajo que justifica la imposición del recargo. Y así, si bien es cierto que el trabajador accidentado reconoce que había terminado las tareas de reparación y había activado el contacto del autobús y el motor para comprobar el funcionamiento, atendiendo a los hechos constatados por la ITSS no puede declararse que nos encontremos ante una negligencia temeraria por parte del trabajador, quien la propia empresa ante señala como un persona meticulosa y ello en la medida en que, por la ITSS se ha comprobado que, en el momento del accidente, el trabajador, se encontraba realizando las tareas de mantenimiento y reparación; del autobús, con el motor del vehículo encendido y dejando inhabilitados o sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impedían el acceso a los elementos móviles del motor, lo cual supone un peligro para la seguridad de los trabajadores. La empresa no ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la normativa de prevención respecto al trabajador, en lo relativo a la vigilancia de la salud, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, en el momento del accidente de trabajo la empresa tenía unas condiciones de trabajo que no respetaban las condiciones de seguridad y salud establecidas por la normativa específica y han supuesto la actualización el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos pues tras el accidente como medidas preventivas propuestas para eliminar o reducir el riesgo se prevé:

- No realizar la comprobación manual (introducir las manos) del correcto ajuste de los elementos móviles cambiados con el motor en funcionamiento, realizar el ajuste con el motor apagado.

- Una vez finalizadas las tareas de ajuste, mantenimiento y reglaje de los motores, se deberán cerrar acto seguido los capos, tapas, etc.. para evitar cualquier contacto con los elementos móviles del motor

- Reforzar la formación e Información de los riesgos específicos en su puesto de trabajo

- Establecer instrucciones de trabajo para la realización de las tareas específicas.

Y, entre los requerimientos que se efectúan por la ITSS tras las actuaciones está el relativo al cumplimiento de las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos. Y, debe tenerse en cuenta que la causa inmediata del accidente de trabajo es el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo, por lo que la empresa sin que se discuta la formación del trabajador ni la entrega de EPIS, podría haber adoptado alguna medida de protección más intensa pues lo cierto es que las causas básicas del accidente son:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

Y así, tal y como concluye el informe de la Inspección el accidente de trabajo se produjo por deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y, debe tenerse en cuenta que, no se exonera de responsabilidad al empresario, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997) y tal y como se ha indicado, tras el accidente se proponen medidas preventivas.

De modo que las alegaciones realizadas por la empresa no le eximen de responsabilidad y habiéndose constado que el trabajador prestaba servicios en condiciones que no respetaban las condiciones de seguridad y salud, lo que fue determinante en la producción del resultado lesivo, es evidente la relación de causalidad con el accidente sufrido, lo que determina la aplicación del artículo 164 de la LGSS y, sin que resulte vinculante en este orden jurisdiccional ni la declaraciones practicadas en sede de instrucción ni el auto de sobreseimiento dictado en las diligencias previas incoadas a raíz del accidente del trabajador.

Por todo ello, la actora infringiría, tal y como se ha indicado, la normativa de prevención de riesgos laborales, creando un riesgo para la integridad física o salud del trabajador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4.2 d) y 19 del ET, los artículos 14, 15 y 17 de la LPRL, por lo que deben desestimarse sus pretensiones.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente observación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, que concretamente en cada caso se han señalado.

Ninguna prueba ha propuesto la actora por la cual se desvirtúe la presunción de veracidad de la que goza el acta de la Inspección en la señala que el accidente de trabajo se produce por el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección, actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo; siendo las causas básicas:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

La documental que aporta en la vista la actora, que fue ya aportada en la vía administrativa no permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta de la ITSS y la documental relativa al procedimiento penal no resulta vinculante en esta jurisdicción.

Y, la testifical practicada no desvirtúa los hechos constatados por la ITSS pues, la mecánica del accidente no ha sido discutida y, el testigo no estaba presente cuando el trabajador sufrió el accidente.

SEGUNDO.-La demandante interesa que se revoque la resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona de 30 de mayo de 2023 por la que se declara la existencia de faltas de medidas de seguridad en el accidente de trabajo y se impone a la actora un recargo del 30% de todas las prestaciones que se deriven, alegando no haber responsabilidad empresarial.

A tales pretensiones se oponen la Letrada de la Seguridad Social el trabajador, manifestando la mutua que ha sido llamada al procedimiento a meros efectos liticonsorciales al ser la entidad que cubría las contingencias profesionales de la empresa.

TERCERO.-El artículo 164 Ley General de la Seguridad Social dispone que "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos e instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 20 de enero de 2020 (ROJ: STSJ CAT 603/2020- ECLI:ES:TSJCAT:2020:603) que "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también la misma ley en su artículo 14. 2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". En relación con lo anterior, y por lo que se refiere a la carga probatoria, dispone el artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS , Ley 36/2011) " En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".

La Sentencia citada continúa haciendo referencia a los requisitos exigibles para la imposición del recargo señalando: "A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673)) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3521)). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4096), por culpa temeraria ( artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ).

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de octubre de 2019 (ROJ: STSJ CAT 8199/2019 - ECLI:ES:TSJCAT:2019:8199) señala que "Como recuerda la STS 20-11-2014 , "el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En orden a la carga de la prueba, en los procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como la existencia de cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Así se recoge en el art. 96.2 LRJS , siendo así porque el empresario es el garante de la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, el responsable de facilitar los medios para evitar cualquier eventual riesgo que pudiera producirse y de velar por su estricto cumplimiento.

La conducta de la víctima puede pasar a un primer plano, en tanto que su posible negligencia puede tener incidencia en el desenlace lesivo, por lo que se considera jurisprudencialmente adecuado - SSTS 20-2-1992 y 7-12-1987 - acudir a la llamada "compensación de culpas", con razonable reducción -en su caso- de anulación del importe indemnizatorio e incluso, en casos extremos de negligencia del accidentado, de su supresión. Pero para llegar a tal resultado, la doctrina jurisprudencial, bajo el principio de la equidad - STS 21 marzo 2000 -, ha atendido a la experiencia y formación profesional del interesado ( SSTS 18 diciembre 1997 , 11 julio 1997 y 30 junio 1997 ), a la previsibilidad del riesgo de daño ( STS 31 julio 1997 ), a la observancia de las instrucciones recibidas ( SSTS 12 julio 1999 , 31 diciembre 1997 y 10 julio 1993 ), a los mecanismos de seguridad puestos a disposición de la víctima ( SSTS 20 octubre 1988 y 28 octubre 1985 ) y la conexión de las funciones propias del trabajador y de los cometidos realizados al acaecer el accidente ( SSTS 1 febrero 1999 y 29 septiembre 1989 )".

En este mismo sentido que se ha indicado en la STSJ, Social sección 1 del 23 de febrero de 2021 ( ROJ: STSJ CAT 2209/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:2209) ha señalado "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones . Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

"Semejantes prescripciones en esta materia de seguridad aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

"Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución , obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

Señala el Tribunal Supremo que "la imprudencia temeraria ... se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria ...; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas"; lo cual, dicho en otras palabras, supone concebir la imprudencia temeraria "como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente".

Teniendo en cuenta todo lo indicado y atendiendo a los hechos que se declara probados, debe estimarse que existe una infracción de normas de seguridad en el trabajo que justifica la imposición del recargo. Y así, si bien es cierto que el trabajador accidentado reconoce que había terminado las tareas de reparación y había activado el contacto del autobús y el motor para comprobar el funcionamiento, atendiendo a los hechos constatados por la ITSS no puede declararse que nos encontremos ante una negligencia temeraria por parte del trabajador, quien la propia empresa ante señala como un persona meticulosa y ello en la medida en que, por la ITSS se ha comprobado que, en el momento del accidente, el trabajador, se encontraba realizando las tareas de mantenimiento y reparación; del autobús, con el motor del vehículo encendido y dejando inhabilitados o sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impedían el acceso a los elementos móviles del motor, lo cual supone un peligro para la seguridad de los trabajadores. La empresa no ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la normativa de prevención respecto al trabajador, en lo relativo a la vigilancia de la salud, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, en el momento del accidente de trabajo la empresa tenía unas condiciones de trabajo que no respetaban las condiciones de seguridad y salud establecidas por la normativa específica y han supuesto la actualización el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos pues tras el accidente como medidas preventivas propuestas para eliminar o reducir el riesgo se prevé:

- No realizar la comprobación manual (introducir las manos) del correcto ajuste de los elementos móviles cambiados con el motor en funcionamiento, realizar el ajuste con el motor apagado.

- Una vez finalizadas las tareas de ajuste, mantenimiento y reglaje de los motores, se deberán cerrar acto seguido los capos, tapas, etc.. para evitar cualquier contacto con los elementos móviles del motor

- Reforzar la formación e Información de los riesgos específicos en su puesto de trabajo

- Establecer instrucciones de trabajo para la realización de las tareas específicas.

Y, entre los requerimientos que se efectúan por la ITSS tras las actuaciones está el relativo al cumplimiento de las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos. Y, debe tenerse en cuenta que la causa inmediata del accidente de trabajo es el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo, por lo que la empresa sin que se discuta la formación del trabajador ni la entrega de EPIS, podría haber adoptado alguna medida de protección más intensa pues lo cierto es que las causas básicas del accidente son:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

Y así, tal y como concluye el informe de la Inspección el accidente de trabajo se produjo por deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y, debe tenerse en cuenta que, no se exonera de responsabilidad al empresario, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997) y tal y como se ha indicado, tras el accidente se proponen medidas preventivas.

De modo que las alegaciones realizadas por la empresa no le eximen de responsabilidad y habiéndose constado que el trabajador prestaba servicios en condiciones que no respetaban las condiciones de seguridad y salud, lo que fue determinante en la producción del resultado lesivo, es evidente la relación de causalidad con el accidente sufrido, lo que determina la aplicación del artículo 164 de la LGSS y, sin que resulte vinculante en este orden jurisdiccional ni la declaraciones practicadas en sede de instrucción ni el auto de sobreseimiento dictado en las diligencias previas incoadas a raíz del accidente del trabajador.

Por todo ello, la actora infringiría, tal y como se ha indicado, la normativa de prevención de riesgos laborales, creando un riesgo para la integridad física o salud del trabajador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4.2 d) y 19 del ET, los artículos 14, 15 y 17 de la LPRL, por lo que deben desestimarse sus pretensiones.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente observación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, que concretamente en cada caso se han señalado.

Ninguna prueba ha propuesto la actora por la cual se desvirtúe la presunción de veracidad de la que goza el acta de la Inspección en la señala que el accidente de trabajo se produce por el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección, actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo; siendo las causas básicas:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

La documental que aporta en la vista la actora, que fue ya aportada en la vía administrativa no permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta de la ITSS y la documental relativa al procedimiento penal no resulta vinculante en esta jurisdicción.

Y, la testifical practicada no desvirtúa los hechos constatados por la ITSS pues, la mecánica del accidente no ha sido discutida y, el testigo no estaba presente cuando el trabajador sufrió el accidente.

SEGUNDO.-La demandante interesa que se revoque la resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona de 30 de mayo de 2023 por la que se declara la existencia de faltas de medidas de seguridad en el accidente de trabajo y se impone a la actora un recargo del 30% de todas las prestaciones que se deriven, alegando no haber responsabilidad empresarial.

A tales pretensiones se oponen la Letrada de la Seguridad Social el trabajador, manifestando la mutua que ha sido llamada al procedimiento a meros efectos liticonsorciales al ser la entidad que cubría las contingencias profesionales de la empresa.

TERCERO.-El artículo 164 Ley General de la Seguridad Social dispone que "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos e instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 20 de enero de 2020 (ROJ: STSJ CAT 603/2020- ECLI:ES:TSJCAT:2020:603) que "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también la misma ley en su artículo 14. 2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". En relación con lo anterior, y por lo que se refiere a la carga probatoria, dispone el artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS , Ley 36/2011) " En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".

La Sentencia citada continúa haciendo referencia a los requisitos exigibles para la imposición del recargo señalando: "A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673)) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3521)). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4096), por culpa temeraria ( artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ).

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de octubre de 2019 (ROJ: STSJ CAT 8199/2019 - ECLI:ES:TSJCAT:2019:8199) señala que "Como recuerda la STS 20-11-2014 , "el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En orden a la carga de la prueba, en los procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como la existencia de cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Así se recoge en el art. 96.2 LRJS , siendo así porque el empresario es el garante de la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, el responsable de facilitar los medios para evitar cualquier eventual riesgo que pudiera producirse y de velar por su estricto cumplimiento.

La conducta de la víctima puede pasar a un primer plano, en tanto que su posible negligencia puede tener incidencia en el desenlace lesivo, por lo que se considera jurisprudencialmente adecuado - SSTS 20-2-1992 y 7-12-1987 - acudir a la llamada "compensación de culpas", con razonable reducción -en su caso- de anulación del importe indemnizatorio e incluso, en casos extremos de negligencia del accidentado, de su supresión. Pero para llegar a tal resultado, la doctrina jurisprudencial, bajo el principio de la equidad - STS 21 marzo 2000 -, ha atendido a la experiencia y formación profesional del interesado ( SSTS 18 diciembre 1997 , 11 julio 1997 y 30 junio 1997 ), a la previsibilidad del riesgo de daño ( STS 31 julio 1997 ), a la observancia de las instrucciones recibidas ( SSTS 12 julio 1999 , 31 diciembre 1997 y 10 julio 1993 ), a los mecanismos de seguridad puestos a disposición de la víctima ( SSTS 20 octubre 1988 y 28 octubre 1985 ) y la conexión de las funciones propias del trabajador y de los cometidos realizados al acaecer el accidente ( SSTS 1 febrero 1999 y 29 septiembre 1989 )".

En este mismo sentido que se ha indicado en la STSJ, Social sección 1 del 23 de febrero de 2021 ( ROJ: STSJ CAT 2209/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:2209) ha señalado "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones . Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

"Semejantes prescripciones en esta materia de seguridad aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

"Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución , obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

Señala el Tribunal Supremo que "la imprudencia temeraria ... se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria ...; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas"; lo cual, dicho en otras palabras, supone concebir la imprudencia temeraria "como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente".

Teniendo en cuenta todo lo indicado y atendiendo a los hechos que se declara probados, debe estimarse que existe una infracción de normas de seguridad en el trabajo que justifica la imposición del recargo. Y así, si bien es cierto que el trabajador accidentado reconoce que había terminado las tareas de reparación y había activado el contacto del autobús y el motor para comprobar el funcionamiento, atendiendo a los hechos constatados por la ITSS no puede declararse que nos encontremos ante una negligencia temeraria por parte del trabajador, quien la propia empresa ante señala como un persona meticulosa y ello en la medida en que, por la ITSS se ha comprobado que, en el momento del accidente, el trabajador, se encontraba realizando las tareas de mantenimiento y reparación; del autobús, con el motor del vehículo encendido y dejando inhabilitados o sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impedían el acceso a los elementos móviles del motor, lo cual supone un peligro para la seguridad de los trabajadores. La empresa no ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la normativa de prevención respecto al trabajador, en lo relativo a la vigilancia de la salud, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, en el momento del accidente de trabajo la empresa tenía unas condiciones de trabajo que no respetaban las condiciones de seguridad y salud establecidas por la normativa específica y han supuesto la actualización el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos pues tras el accidente como medidas preventivas propuestas para eliminar o reducir el riesgo se prevé:

- No realizar la comprobación manual (introducir las manos) del correcto ajuste de los elementos móviles cambiados con el motor en funcionamiento, realizar el ajuste con el motor apagado.

- Una vez finalizadas las tareas de ajuste, mantenimiento y reglaje de los motores, se deberán cerrar acto seguido los capos, tapas, etc.. para evitar cualquier contacto con los elementos móviles del motor

- Reforzar la formación e Información de los riesgos específicos en su puesto de trabajo

- Establecer instrucciones de trabajo para la realización de las tareas específicas.

Y, entre los requerimientos que se efectúan por la ITSS tras las actuaciones está el relativo al cumplimiento de las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos. Y, debe tenerse en cuenta que la causa inmediata del accidente de trabajo es el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo, por lo que la empresa sin que se discuta la formación del trabajador ni la entrega de EPIS, podría haber adoptado alguna medida de protección más intensa pues lo cierto es que las causas básicas del accidente son:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

Y así, tal y como concluye el informe de la Inspección el accidente de trabajo se produjo por deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y, debe tenerse en cuenta que, no se exonera de responsabilidad al empresario, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997) y tal y como se ha indicado, tras el accidente se proponen medidas preventivas.

De modo que las alegaciones realizadas por la empresa no le eximen de responsabilidad y habiéndose constado que el trabajador prestaba servicios en condiciones que no respetaban las condiciones de seguridad y salud, lo que fue determinante en la producción del resultado lesivo, es evidente la relación de causalidad con el accidente sufrido, lo que determina la aplicación del artículo 164 de la LGSS y, sin que resulte vinculante en este orden jurisdiccional ni la declaraciones practicadas en sede de instrucción ni el auto de sobreseimiento dictado en las diligencias previas incoadas a raíz del accidente del trabajador.

Por todo ello, la actora infringiría, tal y como se ha indicado, la normativa de prevención de riesgos laborales, creando un riesgo para la integridad física o salud del trabajador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4.2 d) y 19 del ET, los artículos 14, 15 y 17 de la LPRL, por lo que deben desestimarse sus pretensiones.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente observación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 LRJS, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada, que concretamente en cada caso se han señalado.

Ninguna prueba ha propuesto la actora por la cual se desvirtúe la presunción de veracidad de la que goza el acta de la Inspección en la señala que el accidente de trabajo se produce por el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección, actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo; siendo las causas básicas:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

La documental que aporta en la vista la actora, que fue ya aportada en la vía administrativa no permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta de la ITSS y la documental relativa al procedimiento penal no resulta vinculante en esta jurisdicción.

Y, la testifical practicada no desvirtúa los hechos constatados por la ITSS pues, la mecánica del accidente no ha sido discutida y, el testigo no estaba presente cuando el trabajador sufrió el accidente.

SEGUNDO.-La demandante interesa que se revoque la resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona de 30 de mayo de 2023 por la que se declara la existencia de faltas de medidas de seguridad en el accidente de trabajo y se impone a la actora un recargo del 30% de todas las prestaciones que se deriven, alegando no haber responsabilidad empresarial.

A tales pretensiones se oponen la Letrada de la Seguridad Social el trabajador, manifestando la mutua que ha sido llamada al procedimiento a meros efectos liticonsorciales al ser la entidad que cubría las contingencias profesionales de la empresa.

TERCERO.-El artículo 164 Ley General de la Seguridad Social dispone que "Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos e instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

Señala la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 20 de enero de 2020 (ROJ: STSJ CAT 603/2020- ECLI:ES:TSJCAT:2020:603) que "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones. Especifica también la misma ley en su artículo 14. 2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". En relación con lo anterior, y por lo que se refiere a la carga probatoria, dispone el artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS , Ley 36/2011) " En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira".

La Sentencia citada continúa haciendo referencia a los requisitos exigibles para la imposición del recargo señalando: "A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9673)) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3521)). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4096), por culpa temeraria ( artículo 96.2 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ).

La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 16 de octubre de 2019 (ROJ: STSJ CAT 8199/2019 - ECLI:ES:TSJCAT:2019:8199) señala que "Como recuerda la STS 20-11-2014 , "el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En orden a la carga de la prueba, en los procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como la existencia de cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Así se recoge en el art. 96.2 LRJS , siendo así porque el empresario es el garante de la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, el responsable de facilitar los medios para evitar cualquier eventual riesgo que pudiera producirse y de velar por su estricto cumplimiento.

La conducta de la víctima puede pasar a un primer plano, en tanto que su posible negligencia puede tener incidencia en el desenlace lesivo, por lo que se considera jurisprudencialmente adecuado - SSTS 20-2-1992 y 7-12-1987 - acudir a la llamada "compensación de culpas", con razonable reducción -en su caso- de anulación del importe indemnizatorio e incluso, en casos extremos de negligencia del accidentado, de su supresión. Pero para llegar a tal resultado, la doctrina jurisprudencial, bajo el principio de la equidad - STS 21 marzo 2000 -, ha atendido a la experiencia y formación profesional del interesado ( SSTS 18 diciembre 1997 , 11 julio 1997 y 30 junio 1997 ), a la previsibilidad del riesgo de daño ( STS 31 julio 1997 ), a la observancia de las instrucciones recibidas ( SSTS 12 julio 1999 , 31 diciembre 1997 y 10 julio 1993 ), a los mecanismos de seguridad puestos a disposición de la víctima ( SSTS 20 octubre 1988 y 28 octubre 1985 ) y la conexión de las funciones propias del trabajador y de los cometidos realizados al acaecer el accidente ( SSTS 1 febrero 1999 y 29 septiembre 1989 )".

En este mismo sentido que se ha indicado en la STSJ, Social sección 1 del 23 de febrero de 2021 ( ROJ: STSJ CAT 2209/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:2209) ha señalado "Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones . Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

"Semejantes prescripciones en esta materia de seguridad aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que "los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores".

"Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución , obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

La Sentencia de 23 de febrero de 2021 de TSJ tras hacer referencia a los requisitos determinantes de las responsabilidad empresarial a los que antes ya he aludido continúa señalando que, "(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2 , 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente.

Señala el Tribunal Supremo que "la imprudencia temeraria ... se diferencia de la imprudencia profesional de manera palmaria ...; esta última especie de imprudencia, que no rompe el nexo causal entre la lesión y el trabajo, es consecuencia del ejercicio habitual del trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira por la repetición de unos mismos actos, en tanto que la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual comportamiento de las personas"; lo cual, dicho en otras palabras, supone concebir la imprudencia temeraria "como el patente y claro desprecio del riesgo y de la prudencia más elemental exigible, definida en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 1985 como aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente".

Teniendo en cuenta todo lo indicado y atendiendo a los hechos que se declara probados, debe estimarse que existe una infracción de normas de seguridad en el trabajo que justifica la imposición del recargo. Y así, si bien es cierto que el trabajador accidentado reconoce que había terminado las tareas de reparación y había activado el contacto del autobús y el motor para comprobar el funcionamiento, atendiendo a los hechos constatados por la ITSS no puede declararse que nos encontremos ante una negligencia temeraria por parte del trabajador, quien la propia empresa ante señala como un persona meticulosa y ello en la medida en que, por la ITSS se ha comprobado que, en el momento del accidente, el trabajador, se encontraba realizando las tareas de mantenimiento y reparación; del autobús, con el motor del vehículo encendido y dejando inhabilitados o sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impedían el acceso a los elementos móviles del motor, lo cual supone un peligro para la seguridad de los trabajadores. La empresa no ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la normativa de prevención respecto al trabajador, en lo relativo a la vigilancia de la salud, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo y, en el momento del accidente de trabajo la empresa tenía unas condiciones de trabajo que no respetaban las condiciones de seguridad y salud establecidas por la normativa específica y han supuesto la actualización el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos pues tras el accidente como medidas preventivas propuestas para eliminar o reducir el riesgo se prevé:

- No realizar la comprobación manual (introducir las manos) del correcto ajuste de los elementos móviles cambiados con el motor en funcionamiento, realizar el ajuste con el motor apagado.

- Una vez finalizadas las tareas de ajuste, mantenimiento y reglaje de los motores, se deberán cerrar acto seguido los capos, tapas, etc.. para evitar cualquier contacto con los elementos móviles del motor

- Reforzar la formación e Información de los riesgos específicos en su puesto de trabajo

- Establecer instrucciones de trabajo para la realización de las tareas específicas.

Y, entre los requerimientos que se efectúan por la ITSS tras las actuaciones está el relativo al cumplimiento de las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir el riesgo de atrapamiento por elementos móviles de equipos. Y, debe tenerse en cuenta que la causa inmediata del accidente de trabajo es el contacto mecánico de los elementos móviles del motor del autobús, mientras el trabajador realizaba las tareas de reparación y mantenimiento del vehículo con el motor encendido, dejando sin efecto los sistemas de protección actualizándose el riesgo de atrapamiento por los elementos móviles del equipo, por lo que la empresa sin que se discuta la formación del trabajador ni la entrega de EPIS, podría haber adoptado alguna medida de protección más intensa pues lo cierto es que las causas básicas del accidente son:

- Realizar las operaciones especiales de reparación, mantenimiento, ajuste o puesta a punto con el motor del vehículo encendido.

- No respetar el procedimiento adecuado para realizar las tareas de reparación y mantenimiento del autobús.

- Dejar sin efecto los resguardos o protecciones colectivas que impiden el acceso a las zonas peligrosas, como son los capos o las tapas que evitan el contacto con los elementos móviles del motor.

Y así, tal y como concluye el informe de la Inspección el accidente de trabajo se produjo por deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y, debe tenerse en cuenta que, no se exonera de responsabilidad al empresario, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido( STS 06-05-1998, recurso 2318/1997) y tal y como se ha indicado, tras el accidente se proponen medidas preventivas.

De modo que las alegaciones realizadas por la empresa no le eximen de responsabilidad y habiéndose constado que el trabajador prestaba servicios en condiciones que no respetaban las condiciones de seguridad y salud, lo que fue determinante en la producción del resultado lesivo, es evidente la relación de causalidad con el accidente sufrido, lo que determina la aplicación del artículo 164 de la LGSS y, sin que resulte vinculante en este orden jurisdiccional ni la declaraciones practicadas en sede de instrucción ni el auto de sobreseimiento dictado en las diligencias previas incoadas a raíz del accidente del trabajador.

Por todo ello, la actora infringiría, tal y como se ha indicado, la normativa de prevención de riesgos laborales, creando un riesgo para la integridad física o salud del trabajador, vulnerando lo dispuesto en el artículo 4.2 d) y 19 del ET, los artículos 14, 15 y 17 de la LPRL, por lo que deben desestimarse sus pretensiones.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente observación,