Sentencia Social 702/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 324/2024 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante estuvo en incapacidad temporal, derivada de accidente de trabajo, entre el 16 y el 20 de marzo de 2020, por lumbalgia y cervicalgia (según se infiere del hecho probado 10º), refiriendo la demandante haber sufrido una caída de espaldas desde un camión el 13 de marzo, aunque a la exploración ese día la demandante, si bien refería dolor en brazos y cuello, no presentaba estigmas en la piel o hematomas. Entre el 7 y el 14 de abril de 2020 estuvo en incapacidad temporal por contingencias comunes y diagnóstico de dolor en extremidades según el hecho probado 5º; y luego desde el 23 de abril de 2020 en incapacidad temporal, también por contingencias comunes, con diagnóstico de dolor en región torácica, columna vertebral, y omalgia. La mutua rechazó asumir los dos procesos de incapacidad temporal de abril de 2020 como derivados de accidente de trabajo, y en expediente de determinación de contingencia el Instituto Nacional de la Seguridad Social los declaró derivados de contingencias comunes, basándose, por lo que parece, en que la empresa no tenía constancia de accidentes de trabajo y en que la actora no había impugnado el alta de 20 de marzo de 2020. Contra esta resolución se presenta demanda pidiendo que los procesos de incapacidad temporal de 7 y 23 de abril se declaren derivados del accidente de trabajo, como recaída del primer proceso de incapacidad temporal. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda. El juzgador considera no controvertido que el primer proceso de incapacidad temporal fue causado por un accidente de trabajo, pero luego pone en duda que la demandante realmente se hubiera llegado a caer del camión como afirmaba; tras ello concluye que las dolencias que la demandante refirió a partir de abril de 2020 eran degenerativas y previas, y no podían haberse agravado como consecuencia del accidente, señalando además que en la incapacidad temporal de 23 de abril de 2020 la demandante ni siquiera refería molestias a nivel dorsal o lumbar, y solo se evidenciaron patologías degenerativas crónicas en espalda y hombros que tampoco estaban en ese momento en fase aguda. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea dos motivos, el primero para la revisión de los hechos probados, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y el segundo para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la demandada "Mutua de Accidentes de Canarias", la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Interesa la parte recurrente modificar el hecho probado 12º, de manera que el mismo pase a reflejar las conclusiones del informe pericial médico privado que aportó la parte actora en juicio (folios 88 a 109 de los autos). El texto alternativo que propone es el siguiente: "El perito médico D. Clemente, si bien manifestó en el acto de juicio que solamente vio una vez a la demandante y que una caída de una altura de un metro y medio, tendría que haber dejado eritema; se ratificó en su informe médico pericial de fecha 7 de marzo de 2023 en el que concluye los siguientes extremos:

- Que las patologías de columna vertebral (cervical-dorsal- lumbar-sacro-coxis) y del hombro derecho predominantemente estos dos últimos son secuelas derivadas del accidente.

- Que existe un evidente nexo causal entre las lesiones referidas por doña María Rosario y el accidente de trabajo sufrido por ésta con fecha 13 de marzo de 2020; con objetivándose interferencias o elementos extraños en el nexo causal".

SEXTO.- La modificación no puede ser estimada, pues aunque el texto que se pretende añadir pudiera en parte deducirse del documento, eso no equivale en este caso a error patente del juzgador, pues para formar el mismo su convicción tuvo en cuenta otros elementos de prueba contradictorios que obran en autos, como informes médicos que rechazaban la causalidad entre lesión y accidente, más una posible deficiencia del dictamen pericial de la parte actora evidenciada en el interrogatorio del perito en juicio. Lo que pretende el recurrente es cambiar el resultado de la valoración global de la prueba llevada a cabo por el juzgador por otra más conveniente a sus intereses, soslayando los elementos de convicción que le perjudican, pero esto no es posible en suplicación, que no abre una segunda instancia, ni autoriza a la Sala revisar el conjunto del material probatorio para corregir las conclusiones fácticas de la sentencia de instancia.

SÉPTIMO.- En el motivo de censura jurídica, la demandante denuncia infracción del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, en particular de sus apartados 2.f) y 3, pues considera que ha desplegado prueba suficiente (que el recurso examina) como para que opere en este caso la presunción prevista en esos artículos para que los procesos de incapacidad temporal de abril de 2020 se consideren derivados de accidente de trabajo, planteando que es irrelevante que la actora padeciera previamente la escoliosis, cuando la misma se agravó como consecuencia del accidente de trabajo, y no han transcurrido más de seis meses entre la finalización de la primera baja médica, por contingencia profesional, las bajas médicas que se tramitaron por enfermedad común y que la demandante reclama que se consideren de origen profesional.

OCTAVO.- El artículo 156 del actual texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena; y tras concretar una serie de supuestos y situaciones que se consideran accidente de trabajo, establece en su apartado 3 una presunción general: "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo". Esta presunción de laboralidad alcanza a la lesión surgida en tiempo y lugar de trabajo, y no se desvirtúa porque se hubieran presentado síntomas anteriores al inicio del trabajo, ni porque con anterioridad al trabajo se padeciera la enfermedad - Sentencias de Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1996 o 12 de julio de 1999, ya que lo determinante para que se aplique la presunción es que la situación crítica se desencadene en el tiempo y lugar de trabajo - Sentencia de 14 de julio de 1997-.

NOVENO.- El trabajador tiene, así, la carga de probar que el accidente ha ocurrido en el tiempo y en el lugar de trabajo, y la lesión que deriva del mismo. Acreditados estos extremos, la presunción de laboralidad alcanza a la lesión surgida en tiempo y lugar de trabajo, y no se desvirtúa porque se hubieran presentado síntomas anteriores al inicio del trabajo, ni porque con anterioridad al trabajo se padeciera la enfermedad - Sentencias de Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1996 o 12 de julio de 1999, ya que lo determinante para que se aplique la presunción es que la situación crítica se desencadene en el tiempo y lugar de trabajo - Sentencia de 14 de julio de 1997-. Aunque es cierto que el hecho de que una enfermedad de etiología común se revele exteriormente con ocasión del ejercicio de una ocupación laboral no dota a la misma sin más de la característica jurídica de accidente de trabajo, debe tenerse en cuenta que, a los efectos del artículo 156.2.f) de la Ley General de la Seguridad Social (antiguo 115.2.f) la jurisprudencia, sintetizada en Sentencias como la del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 u 8 de marzo de 2005, estima que el precepto establece una presunción de mayor intensidad incluso que la del artículo 156.3; dice tal sentencia que "en el número tercero del artículo 115 que nos ocupa, se establece con carácter de "iuris tantum", salvo prueba en contrario, dicha relación de causalidad cuando el efecto dañoso se exterioriza en el tiempo y lugar del trabajo; mientras que por el contrario esa relación se establece con mayor intensidad: tendrán la consideración de accidente de trabajo, dice el precepto, los que sufra el las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven a consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Ello produce una inversión en los principios de la carga de la prueba, puesto que en los supuestos de aparición súbita de la dolencia en el tiempo y lugar de trabajo, el lesionado o sus causahabientes únicamente han de justificar esa ubicación en el tiempo y en el espacio, recayendo sobre el patrono o las correspondientes entidades subrogadas la carga de justificar que la lesión, trauma o defecto no se produjo a consecuencia de la realización de la tarea". Señalando la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2007, recurso 853/2006, que lo que se valora a estos efectos no es la acción del trabajo como causa de la patología de base (que en ese supuesto admitía que sería en principio común), sino "la acción del trabajo en el marco del artículo 115.2.f) LGSS como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida; y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción legal del art. 115.3 y no puede quedar excluida solo por la prueba de que la enfermedad se padecía ya antes; pues, aunque así fuera, es la crisis y no la dolencia previa la que hay que tener en cuenta a efectos de protección".

DÉCIMO.- La sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2007, recurso para unificación de doctrina 35/2005, señala no obstante que, en casos de enfermedades que presentan distintos episodios o crisis a lo largo del tiempo, dando lugar a períodos diferentes de incapacidad temporal, y en los que una o varias de las situaciones de crisis o agudización primeramente producidas han aparecido "durante el tiempo y en el lugar del trabajo", dando lugar a la aplicación presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, la existencia de episodios o crisis posteriores no manifestados en tiempo y lugar de trabajo, que dan lugar a procesos de incapacidad temporal nuevos e independientes -por no ser recaída del proceso anterior de incapacidad temporal, al haber mediado más de seis meses entre el alta y la nueva baja-, no implica que esos posteriores procesos de baja deban en todo caso calificarse de contingencia profesional, sino que "debe mantenerse, como regla general derivada del mandato establecido por el art. 115-3 de la LGSS, que la presunción que el mismo estatuye, sólo se aplica a cada concreto período de IT en que se cumplen las exigencias ordenadas por él, ésto es el período concreto de IT en que la dolencia haya aparecido o se haya manifestado "durante el tiempo y en el lugar del trabajo". Todo ello sin perjuicio de que tal regla general -no aplicación de la presunción de laboralidad si la crisis no se desencadena en tiempo y lugar de trabajo, pese la existencia de antecedentes de incapacidad temporal en la que sí se aplicó esa presunción- pueda enervarse si se acreditan datos o circunstancias que permitan concluir una relación de causalidad entre el trabajo y el nuevo proceso de incapacidad temporal. Y en particular, esa relación de causalidad entre el trabajo y el nuevo proceso de incapacidad temporal se presume cuando la nueva incapacidad temporal ha de considerarse, en lo que sería aplicación del actual artículo 169.2 de la Ley General de la Seguridad Social, recaída del proceso anterior, es decir "cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior" y es el criterio que, con una normativa distinta (por aquél entonces de rango puramente reglamentario, el artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1967) aplican tanto esa sentencia citada de 22 de enero de 2007 como las sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2000, recurso 4415/1999, o 3 de julio de 2013, recurso 1899/2012.

UNDÉCIMO.- Expuesto lo anterior, aunque en este caso los hechos probados de la sentencia de instancia muestran una técnica reprensible, pues no dejan claro si reflejan la convicción del juzgador sobre los hechos controvertidos (que es en lo que deben consistir los hechos probados de la sentencia), o si el juzgador se está limitando a reproducir el contenido de diversos medios de prueba; eso no autoriza a la parte recurrente a construir su censura jurídica contra la sentencia de instancia prescindiendo del relato de hechos probados y acudiendo en su lugar a una nueva valoración de la prueba, pues la suplicación no abre una segunda instancia y en ella es, por tanto, inviable intentar que el Tribunal reexamine el conjunto del material probatorio.

DUODÉCIMO.- Aplicando la doctrina que se ha expuesto en los Fundamentos de Derecho 8º a 10º al caso de autos, resulta de los hechos probados que ni la incapacidad temporal de 7 de abril de 2020, ni la de 23 de abril de 2020 derivaron de algún acontecimiento súbito ocurrido en tiempo y lugar de trabajo producido en ese mismo mes de abril, justo antes de comenzar las nuevas bajas. En realidad, ni siquiera la demandante plantea la existencia de esos nuevos accidentes de trabajo, sino que pretende que se declaren los dos procesos de incapacidad temporal derivados del accidente sufrido el 13 de marzo de 2020, como recaída del mismo.

DECIMOTERCERO.- Aunque es evidente que el juzgador, en realidad, no parece que se haya creído que el citado accidente se hubiera producido, o por lo menos se hubiera producido como dice la demandante (probablemente por eso recoge lo que recoge en los hechos probados 11º y 12º), lo cierto es que no se cuestiona que la primera incapacidad temporal, que se extendió del 16 al 20 de marzo de 2020, se tramitó por accidente de trabajo (hecho probado 4º); y el juzgador no llega a tener el valor de afirmar de manera incuestionable que la caída desde el camión jamás tuvo lugar, sino que, es más, recoge su existencia como hecho probado (3º).

DECIMOCUARTO.- La recurrente intenta fundamentar la pretendida laboralidad de los procesos de incapacidad temporal de abril de 2020 planteando por un lado que aunque se tratara de patologías degenerativas previas, las mismas pudieron agravarse y se agravaron como consecuencia del accidente sufrido el 13 de marzo de 2020. La sentencia de instancia, sin embargo, no ha considerado positivamente acreditada una relación de causalidad desde el punto de vista estrictamente médico entre el accidente y las patologías determinantes de los procesos de incapacidad temporal de abril de 2020, pues considera acreditado (aunque la declaración la hace más bien en fundamentación jurídica) que lo único que se detectaron a la demandante, a partir de abril de 2020, eran patologías degenerativas que ni siquiera estaban en fase aguda o descompensada (Fundamento de Derecho 3º, al final). Como ni el 7 ni el 23 de abril de 2020, o en los días inmediatamente anteriores, consta que la demandante sufriera un nuevo accidente en tiempo y lugar de trabajo, no es posible aplicar directamente a esos dos procesos de incapacidad temporal la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, conforme a la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2007.

DECIMOQUINTO.- La única forma en la que podría aplicarse a los procesos de incapacidad temporal de abril de 2020 la presunción de laboralidad, dado que en instancia se ha considerado probado que lo que tenía la demandante desde abril de 2020 eran patologías degenerativas previas que no estaban en fase aguda o descompensadas, sería por medio de la doctrina de las recaídas, escuetamente mencionada por la recurrente cuando señala que entre la finalización de la incapacidad temporal por accidente laboral, y el inicio de las bajas médicas litigiosas, no han transcurrido dos meses. Para poder aplicar la doctrina de las recaídas, la incapacidad temporal posterior debe ser por la misma o similar patología que la que determinó la incapacidad por accidente laboral, y esto ha de determinarse partiendo de lo que consta en hechos probados.

DECIMOSEXTO.- El relato de hechos probados no parece preocuparse especialmente por concretar cual era el diagnóstico determinante de cada uno de los tres procesos de incapacidad temporal, pese a que ese dato es trascendente para resolver. No se recoge el diagnóstico en los hechos probados (3º, 5º) que indican la existencia de los dos primeros procesos de incapacidad temporal, y solo respecto al proceso de incapacidad temporal de 23 de abril de 2020 se precisa específicamente en el hecho probado 7º que el diagnóstico fue el de "dolor región torácica y columna vertebral y omalgia". De manera indirecta, por lo que se recoge en el hecho probado 10º, resultaría que el diagnóstico de la incapacidad temporal de 16 de marzo de 2020 fue el de "lumbalgia y cervicalgia", y el de la incapacidad temporal de 7 de abril de 2020 "dolor de espalda no especificado".

DECIMOSÉPTIMO.- De la comparación de los diagnósticos de los tres procesos de incapacidad temporal se concluye sin dificultad que en los tres la demandante refería dolor en la zona de la columna vertebral, y que era ese dolor de espalda lo que motivó la baja médica en los tres casos. Se trata por tanto de tres procesos por la misma o similar patología, y, por ello, aplicando la doctrina jurisprudencial recogida en el Fundamento de Derecho 10º, si el primer proceso de incapacidad temporal se consideró derivado de accidente de trabajo, también han de presumirse derivados de accidente de trabajo los iniciados el 7 y 23 de abril de 2020, pues comenzaron antes de transcurrir seis meses desde el alta del primer proceso de incapacidad temporal. La contingencia de esos dos procesos de incapacidad temporal ha de presumirse, en consecuencia, que es la misma que la que motivó el primero de ellos, y si el primer proceso lo fue por accidente de trabajo, esa contingencia ha de arrastrar la de los dos posteriores, pues no es relevante que se trate de patologías degenerativas previas al accidente de marzo de 2020, ya que eso no enerva la aplicación de la presunción del 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que fue determinante del carácter profesional de la primera incapacidad temporal, mientras que, para los procesos de 7 y 23 de abril, no se ha acreditado la existencia de posteriores eventos traumáticos ajenos al trabajo que permitieran romper la presunción de laboralidad que afectaría a esos dos procesos de incapacidad temporal como recaída del de marzo de 2020. Y es, por otro lado, cuestión ajena a este procedimiento si los procesos de incapacidad temporal de abril de 2020 estaban o no plenamente justificados en su inicio o duración.

DECIMOCTAVO.- En consecuencia, la sentencia de instancia, al desestimar la demanda, habría incurrido en las infracciones jurídicas planteadas en el recurso, que ha de ser estimado, debiendo revocarse la sentencia recurrida y en su lugar resolverse la estimación de la demanda, aunque solo en el punto relativo a la contingencia de los procesos de incapacidad temporal de abril y no en lo que se refiere o a la contingencia del proceso de incapacidad temporal de marzo de 2020 (que ni siquiera se discutía), ni a la concreta cuantía de las prestaciones que se pide en el farragoso, rayano en lo ininteligible, suplico de la demanda, porque el relato de hechos probados es completamente insuficiente para poder calcular las eventuales diferencias. La condena se ha de extender al Cabildo demandado, en su condición de empleador, y a los efectos que puedan corresponder, pues aunque el mismo no sea responsable del pago de las prestaciones de incapacidad temporal, el cambio de contingencia puede afectarle a otros efectos; por ello es jurisprudencia reiterada ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2004, recurso para unificación de doctrina 4165/2003, o 30 de enero de 2012, recurso para unificación de doctrina 2720/2010) que el empleador ha de ser siempre parte en los litigios de Seguridad Social derivados de accidente de trabajo, y el erróneo pronunciamiento de absolución que hace la sentencia de instancia no puede mantenerse, aunque no haya sido expresamente combatido en el recurso, en la medida en que la correcta constitución de la relación jurídico procesal es materia de orden público apreciable de oficio.

DECIMONOVENO.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse el recurso no habría parte vencida y en consecuencia no procede hacer especial imposición de costas.