Sentencia Social 769/2024 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 601/2024 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La empresa demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia en la que se desestima su demanda mediante la que pretende que se deje sin efecto el recargo que se le ha impuesto en las prestaciones de Seguridad a las que ha accedido una trabajadora que sufrió accidente de trabajo cuando le prestaba servicios, formulando la recurrente un primer motivo en el que pretende añadir un nuevo hechos probado a la sentencia recurrida y en el que constaría que "La empresa dispone de organización preventiva de riesgos laborales, dispone de la evaluación de riesgos y planificación preventiva; a la trabajadora se le proporcionó formación e información en materia de prevención, y se le hizo entrega de los EPIS correspondientes. En el manual de seguridad entregado a la trabajadora (de Quirón Prevención) se advierte no acercar las manos a los rodillos de tracción de las cintas transportadoras (página 16)".

No puede accederse a la adición propuesta porque, respecto a la revisión de hechos probados nos dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, en doctrina para el recurso de casación, pero aplicable al de suplicación, también de carácter extraordinario:

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En aplicación de esa doctrina general, como señaló esta Sala en sentencia de 25 de septiembre de 2008, rec. 222/08, no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, 6 de mayo de 1985 y 5 de junio de 1995), en la de 7 de abril de 2005, rec. 98/2005, que en el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero) y, en fin, en la del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, rec. 2/2012, que si existe en tales hechos constancia suficiente de las especificaciones que se pretenden adicionar, aunque sea por remisión, tal circunstancia permite a la Sala contar con ellas sin necesidad de introducirlas en la narración histórica de la sentencia y en este caso, los documentos en los que se apoya la adición que pretende la recurrente han sido ya valorados adecuadamente por el juzgador de instancia que, incluso los reproduce o se refiere expresamente a ellos y, como también se alega en la impugnación, refiriéndose la recurrente a la declaración de un testigo, la revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental y la pericial ( artículo 193.b) y 196 de la LRJS) , tal y como ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febrero y 6 de noviembre de 1990, en relación a la prueba testifical, respecto a la que la STS de 14 de marzo de 2012, rec. 494/2011 nos dice que es ineficaz a efectos revisorios en suplicación y la de 21 de abril de 2015, rec. 296/2014, que ha de rechazarse la modificación fáctica amparada en la prueba testifical.

SEGUNDO.-El otro motivo del recurso se dedica a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, alegando la recurrente en un primer apartado que "Se denuncia la norma reguladora de la sentencia establecida en el art. 218.2 de la LEC sobre la falta de motivación de la sentencia, y como integrante del Derecho a la tutela judicial efectiva, amparado por el art. 24 de la Constitución Española; y ellos en relación con el art. 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social", pero, además de que, como se alega en la impugnación, la infracción de tales normas en la sentencia no daría lugar sino a que se anulara y no a que se revocara para estimar la demanda y dejar sin efecto el recargo impuesto a la recurrente, esta Sala no acierta a ver defecto alguno en ella respecto a su motivación tanto fáctica como jurídica, debiéndose tener en cuenta que, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2000, de 27 de marzo, "Constituye doctrina reiterada de este Tribunal que el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su «ratio decidendi» ( SSTC 122/1991, de 3 de junio, F. 2; 5/1995, de 10 de enero, F. 3; 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos, como aquí sucede con este recurso de amparo (por todas, STC 25/1990, de 19 de febrero)" y esos requisitos, como se ha dicho, se cumplen de manera sobrada en la sentencia recurrida, bastando con acudir a sus fundamentos para mantenerlo.

Otra cosa es que la respuesta que se haya dado en la sentencia a las pretensiones las pretensiones de la recurrente no sea ajustada a derecho o no haya sido satisfactoria para la parte, pero, como se señala en la STC 245/1993, de 19 julio, "el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas [ SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991]" y en el mismo sentido puede verse la STC 226/2000, de 2 de octubre o la 107/1994, de 11 de abril, que nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas". En fin, como se razona en la STS de 27 de octubre de 1987 "al actor no se le privó del libre acceso al órgano judicial competente y a los recursos correspondientes, que el proceso se ha desarrollado con sujeción a la normativa procesal, se ha oído a las partes y se han practicado las pruebas propuestas...; otra cosa es que la resolución le haya sido adversa; el actor pretende identificar la tutela judicial efectiva con el hecho de que se resuelva el litigio a su favor, lo que es absurdo".

TERCERO.-En un segundo apartado del motivo se denuncia "la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 386 de la misma norma legal", alegación que tampoco puede prosperar porque, en cuanto al primero de tales artículos, como se mantiene en la sentencia de esta Sala de 4 de agosto de 2014, rec. 345/14: [como señalara para el derogado art. 1.214 del Código Civil la STS de 4 de febrero de 1998, "es reiterada la doctrina de esta Sala (Sentencias de 11 junio 1986 y 21 de septiembre de 1987, entre otras muchas) en el sentido de que dicho precepto, regulador del «"onus probandi"» no es susceptible de invocarse con éxito en casación, dado su carácter general, salvo que el órgano judicial de instancia hubiere acudido expresamente al mismo para sentar sus conclusiones fácticas, haciendo pesar la carga de la prueba sobre quien no estaba obligado a soportarla", doctrina que, siendo igualmente aplicable al recurso de suplicación, de similar naturaleza al de casación, y a las reglas que ahora se establecen en el art 217 LEC, lleva a rechazar tal alegación porque en este caso tampoco se ha efectuado por el juzgador de instancia una atribución indebida de la carga de la prueba] y eso sucede aquí; es más, el art. 96.2 LRJS nos dice que "En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira" y eso es lo que se hace en la sentencia; acreditado el accidente y el daño con él causado, el juzgador de instancia ha considerado que la empresa para la que prestaba servicios la trabajadora no adoptó todas las medidas se seguridad que hubieran evitado el accidente o el daño sin que la exonere la posible imprudencia no temeraria en que pudo incurrir la accidentada.

Por lo que se refiere al art. 386 LEC, trata de las presunciones judiciales, pero no puede apreciarse que el juzgador haya aplicado ninguna en la sentencia. Si la recurrente se refiere a la presunción de inocencia, que cita en algún pasaje del motivo, se razona en la sentencia de esta Sala de 29 de junio de 2006, rec. 283/2006 que tal principio por su propia naturaleza y significación, es presunción iuris tantum, y puede quedar desvirtuado por prueba en contrario, cuya apreciación debe hacerse respetando el principio de libre valoración de la prueba, siempre que exista una mínima actividad probatoria con las suficientes garantías procesales a observar por el Juez de instancia, pues como refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1983, de 11 mayo, entre otras, cuando en la instancia judicial se produce una actividad probatoria y el resultado de tal actividad es apreciado por el órgano judicial, en uso de su libertad de valoración, como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente inocente, no puede entenderse vulnerado tal derecho, pues la presunción, que lo es "iuris tantum", queda destruida por la prueba apreciada libremente por el juzgador como ha sucedido en esta caso según se deduce de lo expuesto antes.

CUARTO.-Por último, se alega en el motivo "la infracción del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el art. 96.2 de la LRJS, en relación con la jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo respecto de la imprudencia temeraria, así como la normativa de Prevención de Riesgos laborales, en concreto: Art. 14.2, 14. 4 y 17.1 y 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y salud, así como la jurisprudencia que mencionaremos, y ello porque hemos de entender que el accidente de 911 trabajo se comete por la IMPRUDENCIA TEMERARIA DE LA TRABAJADORA", citando la recurrente varias sentencias del Tribunal Supremo y de esta Sala.

Como alega la recurrente y se razona en la sentencia de esta Sala de 15 de noviembre de 2021, rec. 594/2021:

[la jurisprudencia ( SSTS de 12 de julio de 2007, rec. 938/2006 y 26 de mayo de 2009, rec. 2.304/2008, entre otras) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes:

a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador.

b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador.

c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado].

Pero es que en el caso que nos ocupa se dan todas esas circunstancias que determinan la posibilidad del recargo. Así, no se discute que el accidente haya causado un daño a la trabajadora accidentada y como enseguida se verá, la empresa incumplió normas que le imponían la adopción de medidas de seguridad y ello determinó el daño infligido a la trabajadora sin que ésta, por su parte, incurriera en imprudencia que rompiera ese nexo causal.

Cita la recurrente el RD 1215/97, pero no nos dice cual de sus múltiples disposiciones pueda haberse infringido en la sentencia recurrida y, como nos dice la STS de 30 de junio de 2010, rec. 4123/2008, su alegación no puede prosperar "por no hacerse indicación del precepto de las mismas que se considera vulnerado y no ser válida la cita o mención genérica de un precepto extenso y complejo, que contenga en su seno disposiciones diversas, pues en tal caso es obligado identificar el extremo o extremos específicos del mismo que se consideren conculcados", no debiendo olvidarse que, como se dijo antes, el art. 96.2 LRJS a la empresa se le impone acreditar que adoptó todas las medidas conducentes a evitar el accidente, entre las que están varias incluidas en esa norma pues entre las "Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo" se incluye, entre otras aplicable a la maquinaria donde el accidente se produjo, que "8. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas" y, dado lo que en ella ocurrió, no fue equipada con todos los dispositivos que evitaran eventos como el que contemplamos.

Alega la recurrente que el accidente se produjo por la imprudencia de la afectada pero, al respecto, ya vimos que el art. 96.2 LRJS establece que "En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales...No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira" y en ese sentido viene pronunciándose la jurisprudencia como puede verse en la STS de 25 de octubre de 2016, rec. 2943/2014 en la que se mantiene que "la infracción de normas de seguridad no se contrarresta por la imprudencia profesional no temeraria del trabajador, lo que permite entender que en accidente laboral acaecido no es cierto que se haya roto el nexo causal entre infracción y daño por la conducta imprudente del trabajador".

La recurrente mantiene que la trabajadora incurrió en esa imprudencia temeraria que puede romper el nexo causal y, por tanto, excluir la responsabilidad empresarial, pero, aunque en efecto, pudo haber cierta imprudencia en su actuación al introducir la mano salvando las insuficientes protecciones que la máquina tenía, no puede considerarse que sea temeraria, sobre la que la STS de 16 de julio de 1985 nos dice que "es aquella conducta del trabajador en que excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, conscientemente», o cuando el trabajador consciente y voluntariamente, contraría las órdenes recibidas del patrono, o las más elementales normas de precaución, prudencia y cautela exigibles a toda persona normal, y respecto a la que STS de 10 de mayo de 198 nos dice que "Pese a la identidad de denominación, no es totalmente equivalente el concepto de imprudencia temeraria sancionada en el Código Penal y la prevista en el accidente laboral, ya que la primera tiene por objeto proteger al colectivo social de los riesgos causados por conductas imprudentes, y la segunda sancionar con la pérdida de protección un riesgo específicamente cubierto, y esta diversidad de fines se traduce en que en este último supuesto, según constante doctrina, para que concurra la imprudencia temeraria, es preciso que se observe una conducta que asuma riesgos manifiestos innecesarios y especialmente graves ajenos a la conducta usual de las gentes", circunstancias que no concurren en el actuar de la trabajadora accidentada que lo hizo en la confianza de que la máquina no se iba a poner en funcionamiento mientras ella procedía a la limpieza del mecanismo.

Nos encontramos, por tanto, en una situación como la contemplada en la STS de 22 de julio de 2010, rec. 1241/2009, en la que se mantiene que "Es claro que, en singulares ocasiones, la conducta del trabajador accidentado, puede, determinar no sólo la graduación de la responsabilidad del empleador, sino también, incluso, su exoneración ( STS 20 de marzo de 1983, 21 de abril de 1988, 6 de mayo de 1998, 30 de junio de 2003 y 16 de enero de 2006). Pero como antes se ha expuesto, en el caso que examinamos la conducta del trabajador no reúne el carácter temerario, que de concurrir afectaría a la misma existencia del accidente de trabajo, configurado en el artículo 115.4.b) LGSS y por lo tanto, al recargo de prestaciones. La imprudencia profesional o exceso de confianza en la ejecución del trabajo no tiene, en el supuesto que nos ocupa, entidad suficiente para excluir totalmente o alterar la imputación de la infracción a la empresa, que es la que está obligada a garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo; siendo de resaltar que incluso la propia LPRL dispone que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever la distracción o imprudencia temerarias que pudiera cometer el trabajador".

Mantiene también el Alto Tribunal en la Senencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000) que del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4 y 17.1 L.P.R.L. "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".

En fin, para agotar la cuestión, se mantiene en la STS de 4 de mayo de 2015, rec. 1281/2014, citada en la de esta Sala de 14 de febrero de 2017, rec. 692/16, que "En cuanto a los supuestos de exención de responsabilidad del deudor de seguridad y la carga de la prueba de los hechos en que se fundamente, se interpreta que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario (argumentando los arts. 1.105 CC y 15.4 LPRL) , pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente, sin que lo anterior comporte la aplicación en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado" y aquí, firme el relato fáctico de la sentencia recurrida, no ha acreditado la empresa demandante que haya concurrido en el accidente ninguna de esas causas que determinan la exención de su responsabilidad respecto a las consecuencias del evento, bastando añadir que, pudiéndose entender que concurrió también cierta imprudencia por parte de la trabajadora accidentada, el recargo se ha impuesto casi en el mínimo legalmente previsto.

Por todo lo expuesto, no cabe sino desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,