Sentencia Social 5697/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Social, Rec. 5124/2024 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO.- Interpone recurso la representación procesal de la parte actora contra la sentencia de instancia, que desestimó la pretensión deducida en demanda, en la que se solicitaba la incapacidad permanente parcial, construyéndolo al amparo del apartado b) y c) del art. 193 de la L.R.J.S. , solicitando revisión fáctica y alegando infracción normativa, siendo el recurso impugnado por la Mutua codemandada.

SEGUNDO. -En cuanto al error de hecho,solicita la modificación del HDP 1º a fin de ser redactado de la siguiente manera: "D. Landelino, nacido el NUM000 de 1978, con D.N.I. Nº NUM001, está afiliado al Régimen general, siendo su profesión habitual la de operario y técnico gestor de parques eólicos por cuenta de la empresa "Enel Green Power España, SL", en la unidad de Operación y Mantenimiento, ocupando el puesto de trabajo NUM002.

Las principales funciones de la profesión habitual del demandante (Técnico Gestor Renovables NUM002) son las siguientes:

?Coordinar, realizar y supervisar las actividades propias de operación y mantenimiento, de su ámbito de actuación de Renovables (eólica), de acuerdo a los procedimientos y a la legislación vigentes, para que las mismas se realicen en las condiciones más idóneas, y conseguir el correcto funcionamiento de los equipos. Dentro de las actividades englobadas en el departamento de Operación y Mantenimiento, realiza, entre otras, las siguientes:

?Garantizar la óptima operación y maximizar la producción de las plantas.

?Realizar el seguimiento diario de las actividades realizadas por el personal que opere en la planta.

?Garantizar el cumplimiento de los parámetros definidos por la Dirección de Operación y Mantenimiento en relación con la operación, mantenimiento, disponibilidad, ...

?Vigilancia presencial del estado de las Instalaciones.

?Pequeñas tareas tales como Instalación de equipos informáticos, conexión de contadores, instalación de enchufes, luminarias, cableado de cuadros de BT, instalación de carteles y señalización, así como tareas varias de Bricolaje (sustitución de cerraduras, ventanas, etc.) que exijan el uso de las herramientas a su disposición, tales como taladro, tijeras, pelacables, destornilladores, martillo, etc.

?Uso de Herramientas de movimiento de cargas: Cabrestantes y Gatos hidráulicos, como por ejemplo para sacar vehículos atrapados en zonas de barro o en carreteras en mal estado. Cambio de ruedas.

?Supervisar la ejecución de las tareas de mantenimiento por parte de los diversos agentes que intervienen en la planta a partir de las planificaciones establecidas.

?Velar por el cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.

?Reportar periódicamente y de forma puntual cualquier incidencia que pueda surgir.

?Establecer las relaciones existentes entre los datos observados por el Despacho de Operación y los acontecimientos que tienen lugar en la planta.

?Pequeñas reparaciones de anemómetros, veletas, sensores, bombas (a veces, sustituir un retén)

?Uso de herramientas manuales para desbroce, corte, soldadura, pintura, lijado, limpieza, carga y descarga, transporte de cargas, movimiento de tierras, como por ejemplo para realizar desbroces puntuales, retirada de árboles caídos en viales para poder pasar (tras un temporal), Saneamiento y pequeñas reparaciones de albañilería en las subestaciones, apertura de pequeñas zanjas para encontrar fugas (apoyo puntual a la contrata si es necesario).

?Uso de Puentes Grúa

?Espacios cerrados

?Manipulación de productos químicos (grasas, aceites, disolventes, pastillas de cloro, etc.)

?Realizar cualquier otro cometido que, dentro del ámbito de sus aptitudes profesionales, especialidades y Puesto de Trabajo y de acuerdo con la normativa de aplicación, le sea indicado por sus superiores por necesidades del servicio.

El demandante inició un proceso de IT por contingencia común en fecha 28/08/2019, con diagnóstico inicial de "K.76.9 - Enfermedad hepática, no especificada".

A los 365 días del proceso de IT se reconoció la situación de prórroga expresa hasta el próximo reconocimiento médico.

Se inició a instancia del INSS, tras el reconocimiento médico de evaluación de su incapacidad laboral para revisión de su situación de prórroga de IT, expediente de incapacidad permanente, siendo examinado por el Equipo de Valoración de Incapacidades, que emitió su dictamen el día 24 de febrero de 2021. Por resolución de fecha 4 de marzo de 2021, se denegó la prestación de incapacidad permanente, por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente según lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social . Resolución frente a la que interpuso reclamación administrativa previa que fue desestimada mediante resolución de fecha 30 de abril de 2021."

Asimismo, solicita la modificación del HDP 3º en el sentido siguiente: "El informe médico de evaluación de la incapacidad laboral de fecha 22 de febrero de 2021 recoge como datos de la exploración realizada "mínimo líquido perihepático con mínima ectasia ductal de canalículos del segmento superior del VIII, inmodificado. No se evidencian otras lesiones focales en hígado ni dilatación de VB principal. No otras alteraciones rx significativas en el estudio abdominal. No evidencia de líquido libre". Y como evaluación clínico laboral: "limitado para trabajos que precisen elevada prensa abdominal".

El informe de reconocimiento médico del servicio de prevención externo de la empresa, QUIRÓN PREVENCIÓN, de fecha 15/03/2021, destaca como trastornos del tono muscular sufridos por el trabajador: Molestias/dolor en hemiabdomen derecho con la movilización (cambio de postura, extensión de tronco, lateralización izquierda y rotación). Molestias con la elevación del brazo derecho.

El informe de aptitud médica de fecha 24/03/2021, de acuerdo con la valoración de riesgos del puesto de trabajo del demandante, concluye: apto con limitaciones: no puede realizar trabajos en altura, restringido a trabajar a nivel de suelo, no subir escaleras de gato. Evitar la manipulación de cargas.

El informe de evaluación de riesgos laborales que pueden influir negativamente en la salud del trabajador y medidas preventivas complementarias, realizado por la Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Prevención Mancomunado de Endesa en fecha 14/04/2021, afirma que el trabajador "no podrá realizar ningún trabajo con riesgo de caída en altura", por lo que deberá evitar acceder por escalas verticales (por desplazamiento en aerogeneradores, transformadores, fosos, etc.). "Evitará igualmente los accesos a aquellos lugares que conlleven el uso de arnés de protección anticaídas, así como hacer uso de líneas de vida".

El mismo informe concluye que el trabajador "no podrá realizar ningún trabajo con exposición de sobreesfuerzos". Deberá evitar la manipulación manual de cargas (particularmente asociadas a la recepción/expedición de materiales o manipulación de materiales en el almacén para su colocación en estanterías, etc.) o el uso de equipos mecánicos para manipulación de cargas que puedan conllevar un esfuerzo (uso de traspaletas o similar)

Fundamenta las modificaciones en prueba documental.

Se desestiman. Conviene recordar que el carácter extraordinario del recurso de suplicación impide a las partes, no sólo alegar o probar hechos nuevos, sino tan siquiera modificar los hechos declarados probados por el Juez a quo, lo que deriva del hecho de que hay una sola instancia y, por consiguiente, el único juez competente para valorar en su plenitud la prueba es el que celebró el juicio ( Sentencia Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999). El Tribunal Superior no puede hacer una valoración nueva y conjunta de la prueba, sino que tan sólo tiene atribuida la posibilidad de revisar la valoración hecha por el juez si de algún documento público o privado o pericia, se deriva la equivocación del juzgador. Por tanto, el/la Juzgador/a ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional y, como dice la STS 23-07-2020, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011 ; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018 , con cita de otras muchas).

Así, por lo que se refiere a la primera modificación, pretende la especificación de su profesión habitual y las funciones en su puesto de trabajo, pero no resulta errónea la elección de la Magistrada de instancia cuando deduce la profesión de lo que se constata en el dictamen propuesta del EVI "instalador/reparador de líneas eléctricas", que parece ser una designación más genérica que la deducida de los documentos invocados por el recurrente, donde se constata la de especialista en planta eólica, técnico-gestor de operaciones, y no va a resultar trascendente puesto que, incluso, de un análisis complementario de las actuaciones, si tenemos en cuenta el informe médico de síntesis, el propio EVI indica que la ocupación es la de instalador de aerogeneradores, por lo que no existe obstáculo para valorar esta profesión, como realiza el EVI, y determinar si sus secuelas le hacen acreedor de la IPP.

Indicar, por lo demás, que no es necesario constatar las especificas funciones del concreto puesto de trabajo ya que hemos declarado ( STSJ Galicia 7-2-2020) en cuanto al estudio del puesto de trabajo concreto de la parte actora, lo que debe valorarse a los efectos de la incapacidad permanente controvertida es la profesión habitual, y en lo que se refiere al concepto de profesión habitual, como ya ha señalado esta Sala en sentencia de 28-12-2011, rec. 5156/2009, la profesión habitual no es ni la categoría profesional, ni el grupo profesional, ni el nivel salarial, ni la agrupación de funciones u otras expresiones, similares; lo que se quiere atender no es la específica incidencia que van a tener las secuelas en el concreto empleo que tiene el trabajador sino algo de mayor significado en la su vida laboral; por ello a la hora de valorar la relación existente entre las secuelas y el grado de incapacidad permanente a reconocer, no admite un reduccionismo conceptual que implique el estudio de las concretas tareas que el interesado realice en un concreto puesto de trabajo, sino que tal relación se completa con el cúmulo de funciones propias de su profesión habitual -plasmándose en la relación profesión/secuelas/capacidad-, sin que pueda admitirse una ampliación de ese concepto mediante el método de identificar profesión habitual con la pertenencia de ella a un determinado grupo profesional, nivel o agrupación ( STSJ Galicia 6-2-2020). La STS de 26-10-2016 indica, en efecto, que: "La jurisprudencia ha señalado, no obstante, que la delimitación de la profesión habitual no debía identificarse con la categoría profesional, sino con aquellos cometidos que «el trabajador está cualificado para realizar y a lo que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica o de pertenencia a un grupo profesional» ( STS/4ª de 17 enero 1989 , 23 febrero 2006 -rcud. 5135/2004 - y 27 abril 2005 -rcud. 998/2004 -). Este rechazo a la equiparación entre "profesión habitual" y categoría profesional se acentúa en la actualidad al haber desaparecido la segunda del texto del art. 22 del Estatuto de los Trabajadores , en donde además se ha incrementado la flexibilidad funcional interna. En definitiva, la profesión habitual se concretará en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional( STS/4ª de 10 octubre 2011 -rcud. 4611/2010 -). Llegados al punto de aplicar los anteriores razonamientos al supuesto aquí enjuiciado nos encontramos con que el trabajador posee una categoría profesional para la que las dolencias no parecen ofrecer otra limitación que la que resulta del concretísimo supuesto en que sus funciones se realicen en contacto con el corcho. Sin embargo, su profesión de peón de almacén no exige una especialización necesariamente vinculada al tratamiento, manipulación o elaboración de productos de ese material, pues estamos ante un profesiograma amplio para el que es irrelevante la calidad de los materiales sobres los que actúa. El desempeño de las tareas del trabajador no requiere ningún conocimiento, aptitud o habilidad relacionados con el citado material, tratándose de cometidos comunes a las funciones propias de almacenaje en una enorme variedad de industrias y actividades.

En cuanto a la segunda modificación propuesta, la valoración de la juzgadora de instancia deriva de la valoración conjunta de la prueba practicada en juicio (FJ 1º), dando primacía al informe médico del EVI (HDP 2º y 3º), por lo que el cuadro de dolencias queda inalterado puesto que la revisión de hechos, como hemos ya indicado anteriormente, no faculta al Tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental o pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho, bien entendido que su apreciación no puede entrañar denegación de las facultades valorativas de la prueba atribuídas al Juzgador "a quo", a quien corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la L.R.J.S. apreciar todos los elementos de convicción aportados al proceso y declarar, en función de éstos, los que estime probados, y no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( Sª TS de 2 de mayo de 1985 ) y, en el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( STC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero ). También hemos dicho ( STSJG 5-7-18) que los Equipos de Valoración de Incapacidades, cuya formación y práctica constante en la función del reconocimiento a los citados efectos incapacitantes, unida a la objetividad que es pareja a su carácter oficial, les atribuye una cualificación que no puede desconocerse sino tan solo cuando el dictamen de parte ofrezca particular autoridad y garantía de acierto, de forma que prescindir de aquel criterio en otros supuestos creemos no resulta acorde a las obligadas reglas de la sana crítica ( artículo 348 LEC) ;

TERCERO.- En cuanto a la infracción de normas sustantivaso de la jurisprudencia, alega inaplicación e interpretación indebida del artículo 193 y 194.1.a) y 194.4 LGSS(Disposición Transitoria 26?) y de la jurisprudencia que los interpreta.

Las incapacidades permanentes protegidas por la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, son profesionales, y preciso se hace para su declaración realizar un riguroso análisis comparativo de dos términos fácticos: el de las limitaciones funcionales y orgánicas que producen al trabajador las lesiones que padece, y el de los requerimientos físico-psíquicos de su profesión habitual (incapacidades permanentes parcial y total) o de cualquier otra de las que pueda ofrecer el mercado laboral (incapacidad permanente absoluta). La censura jurídica, inalterada la relación fáctica, no puede admitirse, ya que, tal y como hemos reiterado con anterioridad -sólo entre las más recientes, SSTSJ Galicia 13/04/18 R. 245/18, 09/03/18 R. 5254/17, 28/02/18 R. 4522/17, 16/01/18 R. 3968/171 13/12/17 R 3252/17, etc.-, la decisión debe acomodarse a un necesario proceso de individualización, en atención a cuáles sean las concretas «particularidades del caso a enjuiciar» ( SSTS 02/04/92 Ar. 2587 y 29/01/93 Ar, 379), que lo diferenciarán de las situaciones de otros distintos afectados, tanto por la incidencia de otras lesiones, como por la concreta actividad desempeñada por el mismo, que es la determinante, a efectos de esa valoración ( STS 23/11/00 Ar. 10300). En consecuencia, la Sala ha de hacer dicho proceso valorativo y de subsunción normativa en atención a qué «hechos singulares» concurren en el caso ( SSTS 17/03/89 Ar. 1878; 27/11/91 Ar. 8421, y 09/04/92 Ar. 261), ya que lesiones supuestamente iguales pueden diferenciarse en su gradación, en el modo en que afectan a cada trabajador, o en su repercusión funcional ( STS 25/01/00 Ar. 1068).

Así, las secuelas contenidas en el inmodificado hecho probado 3º, en esencia, quiste hidatídico con obstrucción de la vía biliar con dilatación distal entre el hilo hepático que produce como consecuencia molestias subcostales en relación a la cirugía abdominal e hipotonía muscular abdominal, no integra la minoración en el rendimiento -treinta y tres por ciento - previsto en el art. 194 LGSS, entendido tal porcentaje en forma meramente indicativa y equiparable a la «disminución sensible» en lo cuantitativo y a la mayor «penosidad o peligrosidad» en lo cualitativo (así, siguiendo criterio ya marcado por tradicional criterio del extinguido Tribunal Central de Trabajo, lo hemos entendido -entre otras muchas precedentes ocasiones- en las sentencias de 29/06/99 R. 2324/99, 29/06/02 R. 2310/99, 13/06/02 R. 2558/99, 10/01/01 R. 840/98, 10/01/01 R. 1023/98, 26/01/01 R. 5443/99, 20/04/-01 R. 2850/98, 20/04/-01 R. 3016/98, 20/04/-01 R. 3041/98, 19/07/01 R. 412/99, 19/04/01 R.3636/00, 07/12/01 R. 365/01 y 20/12/01 R. 3713/99), por considerar que esa «penosidad» o «disminución sensible» no concurren en el supuesto de autos, puesto que, como hemos dicho también en anteriores ocasiones ( STSJ Galicia 15-12-2022, rec nº 655/2022), la tarea de definir o concretar porcentajes exactos resulta complicada, por lo que también debe de atenderse a criterios como el riesgo que supone el ejercicio de la actividad en estas condiciones o la presencia del dolor, considerando que la limitación en este grado es tanto la que impide realizar tal porcentaje de tareas, como la que provoca un aumento de penosidad de este porcentaje. Hemos concluido en las S.S.T.S.J. Galicia de fecha 23-7-2001 y 3-5-2006, siguiendo el tradicional criterio del TCT que, tratándose de trabajadores de oficio, se rechaza la IP Parcial en supuestos de movilidad de la articulación rectora de que se trate limitada en menos de un 50%, (salvo que se constate falta de potencia, dolor o limitación de otras articulaciones u otras patologías que influyan en el desarrollo de su actividad), por entender que el juego normofuncionante de las restantes articulaciones del miembro afectado consienten el ejercicio aceptable y eficaz de su oficio, y los supuestos en los que ha sido reconocido jurisprudencialmente el referido grado son de gravedad y trascendencia funcionales notablemente superiores al caso de autos puesto que, en esencia, se encontraría limitado el recurrente para trabajos que precisen elevada prensa abdominal, lo qe ocasionalmente se puede precisar en su profesión pero no de modo continuado, por tanto, y al haberlo declarado así la juzgadora de instancia, su resolución no es merecedora del reproche jurídico que en el recurso se le dirige, por lo que procede, previa desestimación de éste, dictar un pronunciamiento confirmatorio del recurrido.