Sentencia Social 61/2026 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Social, Rec. 417/2025 de 10 de febrero del 2026

PRIMERO: Sentencia que confirma el recargo de prestaciones por infracción de medidas de seguridad y recurso de la mercantil demandante.

El juzgado de lo social nº Tres de Navarra ha dictado la sentencia nº 283/2025, con fecha 1 de septiembre de 2025, en el procedimiento de seguridad social nº 787/2023, desestimando la demanda en la que la mercantil impugnaba la resolución del INSS que había declarado su responsabilidad exclusiva en el recargo de prestaciones por infracción de las medidas de seguridad con ocasión del accidente de trabajo.

Disconforme con la sentencia formaliza recurso de suplicación la mercantil NEUMATICOS PACHECO SL, invocando tres motivos de revisión fáctica y dos motivos de censura jurídica, al amparo de las letras b) y c) del artículo 193 de la LRJS.

Han presentado escritos impugnando el recurso la codemandada AUTOBUSES LA ESTELLESA SL y don Ovidio. No han impugnado el recurso el INSS, la TGSS ni RODI METRO SL.

SEGUNDO: Revisión de los hechos declarados probados.

1.Se articula tres motivos al amparo de lo dispuesto en la letra b) del artículo 193 de la LRJS, a fin de revisar los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.

2.En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS -que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL-, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09).

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10).

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia -siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica-, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo.

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

3.Debemos insistir en estas exigencias y requisitos de la revisión de los hechos probados atendida la naturaleza extraordinaria de la suplicación. El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el Juzgador «a quo». Además, no pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.

Por tanto, a través de este recurso no puede pretenderse que el Tribunal Superior entre a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto de la prueba practicada, sino que la revisión de los hechos probados debe efectuarse mediante documentos o pericias idóneas que patenticen fehacientemente el error de hecho cometido y que por tanto no sea necesario acudir a operaciones deductivas o razonamientos lógicos para descalificar los hechos probados sentados por el Juzgador. Igualmente, el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal «a quo», puesto que así le viene atribuido por Ley.

4.En caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el Juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio recurso que impide la valoración «ex novo» por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba practicada.

5.En el mismo sentido, es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el art. 97.2.º de la LRJS. De manera tal que en el recurso de suplicación, dado su carácter extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, sino realizar un control de la legalidad de la sentencia recurrida en la medida que le sea pedido y, sólo de excepcional manera, puede hacer uso de la facultad de revisar las conclusiones fácticas, facultad reservada, como se ha indicado anteriormente, para cuando los documentos o pericias citados por el recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en que el juzgador «a quo» hubiera podido incurrir, o cuando los razonamientos que le han llevado a éste a su conclusión fáctica, a los que debe referirse en los fundamentos de derecho - artículo 97.2.º de la LRJS- carezcan de la más elemental lógica.

6.En conclusión, sólo excepcionalmente han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juez de lo Social, facultad que les es atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten claramente el error de hecho sufrido por el juzgador en la apreciación de la prueba y siempre que el error denunciado tenga trascendencia en el fallo, pues de lo contrario no merecen ser acogidos en revisión, pues a nada práctico conduciría, como reiteradamente ha venido señalando esta Sala, en sus sentencias cuya notoriedad excusa su cita pormenorizada.

En concreto, cualquier modificación o alteración en el relato de los hechos consignados como probados en la resolución recurrida no sólo ha de devenir trascendente a los efectos de la solución del litigio, sino que en todo caso, ha de basarse en concreto documento auténtico o prueba pericial que obrante en autos patentice, sin necesidad de conjeturas, hipótesis ni razonamientos, el error de aquel Juzgador cuya facultad de apreciación conjunta que respecto de las pruebas practicadas en juicio le otorga la Ley no puede verse afectada o desvirtuada por conclusiones diversas o valoraciones distintas de parte interesada, porque ello supondría tanto como un desplazamiento de la función de enjuiciar que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 117.3 de la Constitución Española otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales. Téngase, además, en cuenta que el error judicial no puede confundirse con cualquier equivocación o discrepancia en el establecimiento de los hechos y por ende en la interpretación del derecho, y así el Tribunal Supremo define el error judicial como aquel que es craso y palmario, de acuerdo con los criterios establecidos en sus Sentencias de 13 de julio de 1993, 23 de marzo de 1994, 18 de marzo de 1996, 13 de noviembre de 1997 y 29 de noviembre de 1999.

No aceptar estas reglas clásicas implica que el decisionismo o discrecionalidad judicial que siempre ha de existir en alguna medida, puede desbordarse y extralimitarse hasta el punto de transformar y alterar las propias reglas imperativas de orden público que rigen el proceso y los recursos y convertir en la práctica un recurso excepcional como es el de suplicación en un recurso de apelación.

7.En el primer motivose solicita la adición al hecho probado primero del siguiente apartado:

"El trabajador accidentado D. Ovidio ha dedicado toda su vida profesional a trabajar en el sector del recambio de neumáticos, reconociéndose una experiencia de más de cuarenta años".

Funda la revisión en el documento nº 7 de la prueba documental presentada por la parte actora, que contiene el Informe de Vida Laboral (VILE) del trabajador accidentado, donde constan todas las empresas en las que ha trabajado, con un periodo cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social durante más de cuarenta años, señalando en el recurso que la circunstancia de la dilatada experiencia y cualificación profesional del trabajador accidentado fue reconocida por él en su interrogatorio de parte demandada.

El motivo se desestimaporque el documento ya ha sido valorado en instancia, no es literosuficiente y en todo caso no sirve para extraer las conclusiones pretendidas lo que haya sido declarado en la prueba de interrogatorio. Al mismo tiempo, el hecho que se pretende introducir carece de relevancia para modificar el fallo, no cuestionándose que el trabajador accidentado tuviera experiencia y formación adecuadas para realizar las tareas encomendadas, fundándose el recargo de prestaciones en otras circunstancias para las que nada aporta la modificación que se solicita.

8.Como segundo motivo de revisión fácticase propone la siguiente redacción del hecho probado segundo, con apoyo en el "Atestado levantado por la Policía foral y la propia declaración judicial del trabajador accidentado":

El citado día, el trabajador Ovidio, acudió a las instalaciones en su furgoneta con todos los equipos de trabajo necesarios para realizar la tarea. Los operarios de la empresa cliente "Autobuses La Estellesa SL" en el centro de trabajo de Autobuses La Estellesa SL, le prestaron las herramientas necesarias, utilizando estas. Retirada la rueda delantera izquierda del autobús el Sr. Ovidio la trasladó hasta su furgoneta para llevarla a la empresa Neumáticos Pacheco SL. Cuando regresó al autobús los operarios de "La Estellesa", presentes en el lugar y participando en los hechos, le indican que ya habían calzado el autobús con un caballete colocado en el lado izquierdo (del que se había retirado la rueda delantera izquierda). El trabajador se introdujo debajo del autobús por la parte delantera izquierda para colocar el gato que le habían entregado, en el punto de anclaje de la rueda derecha, sin comprobar que el caballete que habían colocado los trabajadores de La Estellesa se encontraba mal colocado, al estar situado sobre el disco de freno. Realizado el anclaje del gato y cuando va a retirarse comprueba que el caballete lo habían colocado sobre el disco de freno y en ese momento se produce la caída del autobús sobre el Sr. Ovidio.

Por la Policía Foral se confeccionó un Atestado, que se da por reproducido, y en el que consta que el accidente se produce cuando había soltado la rueda delantera izquierda del autobús y la depositó junto a la furgoneta de Neumáticos Pacheco para ser reparada posteriormente. Los operarios de La Estellesa indican al trabajador que ya habían calzado con un caballete la rueda delantera izquierda, por lo que se introduce debajo del autobús para levantar la rueda delantera derecha, momento en el que el caballete se desplaza ligeramente, al ser colocado defectuosamente sobre el disco de freno, cayendo el autobús sobre el trabajador.

El Informe Técnico del ISPLN (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra) de fecha 29/06/2020 (páginas 5 a 10 del Expediente Administrativo) establece entre sus conclusiones la siguiente "Que existieron interferencias o falta de coordinación entre el accidentado y los trabajadores de la Estellesa que realizaron la tarea de manera conjunta".

La recurrente funda la revisión en el "Atestado levantado por la Policía foral y la propia declaración judicial del trabajador accidentado",así como en el informe del ISPLN, señalando que "resulta sorprendente que el correlativo probado de la Sentencia no refiere ni la intervención ni mucho menos la presencia de los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo en el lugar en que se produce el accidente. Y cuando la empresa demandante reclama la responsabilidad exclusiva del empresario titular de las instalaciones donde se produce el accidente o subsidiariamente la responsabilidad solidaria de ambas empresas, como ocurre en el presente caso, entendemos que es fundamental la máxima precisión en el relato de los hechos declarados probados recogiendo las circunstancias en las que se produce el accidente de trabajo.

Con ello entiende la recurrente que queda probado que el Sr. Cirilo, mecánico de La Estellesa, "estuvo presente en todo momento junto con otro mecánico de la empresa y participó activamente colocando el caballete que debía sujetar el autobús al que se había quitado una rueda, siendo la causa del accidente la defectuosa colocación del caballete cuyo desplazamiento provocó el accidente,siendo trascedente la modificación porque así se "acredita la participación y la responsabilidad de Autobuses La Estellesa, infracción que permitirá identificarla como "empresario infractor", cuando la defectuosa colocación del caballete fue la causa directa del accidente".

El motivo se desestimaporque los documentos en que se funda ya han sido valorados por la magistrada de instancia y en todo caso el atestado no constituye prueba válida para alterar los hechos declarados probados, y menos aún la declaración judicial del trabajador accidentado, teniendo en cuenta al mismo tiempo que en la sentencia se llega a las conclusiones fácticas valorando el conjunto de la prueba practicada, que incluyen tales medios de prueba, pero también las declaraciones testificales y el acta o informe sobre el accidente de la ITSS, medios que ponen de manifiesto discrepancias en las versiones dadas sobre la interferencia de los trabajadores de La Estellesa en la producción del accidente, como destaca especialmente la ITSS al señalar que el trabajador lesionado ofreció la versión sobre la participación de los trabajadores de aquella empresa, mientras que el mecánico de La Estellesa, presente en el momento del accidente, declaró que "en ningún momento le ofrecieron sus herramientas ni colocaron el caballete".Este es el motivo por el que la ITSS señala que "esta discrepancia de versiones se recoge ya en los informes de investigación elaborados por Autobuses La Estellesa (tanto en el informe de investigación del accidente como en el informe Pericial que elabora después, en fecha 06-08-20), y también en el informe del Técnico del ISPLN, Roman". Acordando iniciar el procedimiento sancionador con propuesta de recargo porque "el accidente ocurrió cuando una vez que el Sr. Ovidio desmontó la rueda delantera izquierda de un autobús y quedó apoyado en un caballete, se introdujo debajo del vehículo para colocar un gato con el que elevar el lado derecho, quedando atrapado por el autobús cuando cayó". Añadiendo "Esta circunstancia se produjo porque la "Instrucción de Seguridad colocación de rueda" es claramente incompleta ya que en ningún momento menciona que el trabajador no debe introducirse debajo del vehículo; tampoco recoge dónde deben colocarse los gatos y tampoco recoge que sólo se utilizarán los equipos de trabajo proporcionados por la empresa. Ante la disparidad de versiones,debería recoger también que no se aceptará ningún tipo de ayuda que puedan prestar los trabajadores de un cliente".

Con la valoración del conjunto probatorio, como facultad que incumbe a la magistrada de instancia, declara cómo se produjo el accidente, sin dar por probado los extremos que se quieren ahora introducir por la recurrente, limitándose a señalar la sentencia que el trabajador acudió las instalaciones en su furgoneta con todos los equipos de trabajo necesarios para realizar la tarea, "Si bien, en el centro de trabajo de la Estellesa S.L., le prestaron las herramientas necesarias, utilizando éstas, ocurriendo el siniestro cuando el trabajador desmontó la rueda delantera izquierda del autobús y quedó apoyado en un caballete, introduciéndose debajo del vehículo para colocar un gato con el que elevar el lado derecho, quedando atrapado por el autobús cuando cayó".

No cabe en suplicación una nueva valoración de toda la prueba practicada y en el presente caso no cabe considerar que exista un error valorativo evidente que pueda corregirse con los medios probatorios que invoca la recurrente, que carecen de la necesaria literosuficiencia, máxime cuando la sentencia al confirmar el recargo de prestaciones de la mercantil que recurre da por probados los incumplimientos que dieron lugar a dicho recargo de prestaciones -también a la sanción LISOS que adquirió firmeza-, atendiendo a lo que resulta de "el expediente de administrativo que consta como documento número 30 del índice electrónico, concretamente de los folios 62 y siguientes del citado expediente, así como del informe (folio 141) y de la declaración testifical de Don Cirilo y el interrogatorio de Don Ovidio", así como al contenido del atestado de la Policía Foral.

9.El tercer motivo de revisión fácticasolicita que se añada el siguiente párrafo al hecho probado cuarto: "Se inició por la Inspección Provincial de Trabajo procedimiento sancionador por la falta de coordinación, a la empresa Autobuses La Estellesa SA".

Señala el recurso que la adición se basa en el propio informe de la ITSS (doc. 5 de la prueba documental de la parte actora), el cual vendría a acreditar que para la Inspección de Trabajo la empresa Autobuses La Estellesa SL ha cometido al menos una infracción por la falta de coordinación en el accidente.

El motivo se desestimaporque el hecho que se pretende introducir resulta intranscendente para modificar el fallo de la sentencia al resultar indiferente que la ITSS tuviera esa inicial intención a efectos de incoar un procedimiento sancionador conforme a la LISOS al no constar si dicho procedimiento concluyó o no con resolución sancionadora y porque, en todo caso, la sentencia de instancia ya ha concretado los incumplimientos que han dado lugar a la causación del accidente y todos ellos se imputan a la recurrente, sin hecho alguno que refleje incumplimientos de La Estellesa.

TERCERO: Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia.

1.Se formalizan dos motivos de censura jurídica en los que se solicita, con carácter principal, la declaración del recargo de prestaciones por infracción de las medidas de seguridad con responsabilidad exclusiva de la empresa principal Autobuses La Estellesa y, de forma subsidiaria, la declaración de la responsabilidad solidaria de dicha empresa y de la recurrente.

Así, en el primer motivo de censura jurídicase invoca la infracción de la siguiente normativa y doctrina:

- " Artículo 164 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , por el que se establece el Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo.

- Artículo 24 de la Ley nº 31/1995 , de prevención de riesgos laborales en materia de Coordinación de actividades empresariales.

- Real decreto nº 171/2004, que desarrolla lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 31/1995 , especialmente en sus artículos 3, 6, 7, 8, 10 y concordantes.

- Doctrina Legal Unificada dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre el "empresario infractor" identificado con el empresario principal y o empresario titular del centro en el que se produce el accidente, aunque no se trate de la "propia actividad". Sentencia nº 842/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018 (RJ 2018/4577); Sentencia de fecha 7 de octubre de 2008 (RJ 2008/6969); Y Sentencia de fecha 20 de marzo de 2012 (RJ 2012/4189).

- Doctrina de Suplicación de la Sala de lo Social de Navarra del Tribunal Superior de Justicia, en su Sentencia nº 396/2015, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 25 de septiembre de 2015; y Sentencia nº 173/2015 , de fecha 17 de abril de 2015, sobre la responsabilidad exclusiva del empresario infractor concretado en el empresario principal, y empresario titular del centro de trabajo donde se produce el accidente".

En el desarrollo la recurrente identifica lo que considera son hechos probados y parte de que "los operarios de La Estellesa le indicaron [con referencia al trabajador accidentado] que ya habían calzado el autobús con un caballete, y teniendo en cuenta la condición de mecánico de estos trabajadores, el Sr. Ovidio se confió y se introdujo debajo del autobús para colocar el gato que le habían entregado en el punto de anclaje de la rueda derecha. Y como el caballete estaba mal colocadoen el disco de freno, se desplazó provocando la caída del autobús,según el Atestado de la Policía Foral", añadiendo "Que existieron interferencias o falta de coordinación entre el accidentado y los trabajadores de La Estellesa que realizaron la tarea de manera conjunta".

En el recurso se indica que el motivo de infracción sustantiva se desdobla en un doble motivo: "(...) el primero de los cuales interesa la declaración como empresa infractora a la codemandada Autobuses La Estellesa SL como responsable única y exclusiva en el accidente de trabajo de referencia. El siguiente y ultimo motivo del recurso fundamentará, con carácter alternativo y para el supuesto de que no se estime el presente, la petición de que Autobuses La Estellesa es empresario infractor causante del accidente de trabajo, junto con la ahora recurrente, a fin de declarar la responsabilidad solidaria de las dos empresas".

Partiendo de que la segunda causa del accidente fue "la defectuosa colocación del caballete por parte de los dos mecánicos de la empresa Autobuses La Estellesa SL, quienes colocaron dicha medida de seguridad sobre el disco de freno, infracción que provocó el desplazamiento del autobús y la caída causante del accidente",considera la empresa recurrente que (...) esta infracción de los empleados de Autobuses La Estellesa debe motivar, siguiendo la doctrina legal del Tribunal Supremo, la declaración de Autobuses La Estellesa SL como auténtico "empresario infractor", único responsable de ese recargo de prestaciones en el que ya se ha compensado la imprudencia profesional del trabajador accidentado (concausa del accidente de trabajo).

Con cita de la normativa señalada y de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad en el recargo de prestaciones de la empresa principal se desarrolla la argumentación en estos términos: "La recurrente no pudo evitar el accidente de trabajo de su Encargado ya que no se encontraba presenteen el lugar del accidente y no pudo evitarlo. Ni pudo impedir que su encargado se metiese debajo del autobús de La Estellesa sin comprobar que el caballete estaba bien colocado, ni tampoco pudo comprobar que dicho caballete lo habían colocado seguro los mecánicos de La Estellesa que le ayudaban en el trabajo. El accidente pudo haberlo evitado los mecánicos de La Estellesa(Empresa en cuyas instalaciones acaeció), ya que se encontraban presentesen ese momento y colaboraban con el Encargado accidentado. Debieron colocar bien seguro el caballetecuando quitaron el gato y pudieron haber impedido que el accidentado se introdujese debajo del vehículo con el riesgo que supuso la defectuosa colocación de dicho caballete". Añade que "El Empresario Titular del Centro de Trabajo donde se produce el accidente puede ser el "Empresario Infractor", si el accidente de trabajo se ha producido dentro de su esfera de responsabilidad, y por una infracción imputable a la empresa titular (...) aunque no se trate de la "misma actividad"-cita expresamente en este sentido la doctrina de la STS 842/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, y las que en ella se citan a su vez, así como doctrina de suplicación de esta misma Sala del TSJ de Navarra, y la Sentencia nº 241/2022, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona de fecha 13/06/2022-.

En el segundo motivo de censura jurídica se alegan las mismas infraccionesy se solicita la declaración de la responsabilidad solidaria en el recargo de prestaciones para el caso de que no se admita la responsabilidad exclusiva de la codemandada en su condición de empresa principal. Señala al respecto que "Los preceptos infringidos por la sentencia recurrida son los mismos denunciados en el motivo precedente a fin del reconocimiento de las responsabilidades del empresario titular de las instalaciones donde se produjo el accidente de trabajo, en este caso de forma alternativa. En concreto la Sentencia recurrida al exonerar completamente a la empresa titular del centro de trabajo Autobuses La Estellesa SL infringe lo dispuesto en los artículos que acabamos de citar, concretamente el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad social regulador del Recargo de prestaciones derivada de accidente de trabajo; el artículo 24 de la Ley 31/1995 ; el Real Decreto 171/2024 que desarrolla la norma anterior; la doctrina unificada del Tribunal Supremo sobre el empresario infractor aunque no se trate de la propia actividad y la doctrina de Suplicación de la Sala señaladas en el motivo precedente. Reiteramos que la exoneración del auténtico responsable del accidente de trabajo de referencia, Autobuses La Estellesa SL, negándose a declararla como el auténtico empresario infractor del accidente de trabajo que se produjo dentro de la esfera de su responsabilidad, vulnera lo previsto en las normas citadas tanto para la petición principal expuesta en el motivo anterior (la responsabilidad exclusiva de La Estellesa) como para la petición subsidiaria que se contiene en el presente (la responsabilidad solidaria de la misma)",todo ello reconociendo la recurrente que se debe partir de los "hechos declarados probados con la revisión propuesta en los tres motivos precedentes".

2.La resolución del INSS que se impugnaba en la demanda funda la responsabilidad empresarial de la recurrente en el artículo 164 de la LGSS. , precepto que establece que "todas las prestaciones económicas que tengan causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos, o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".

La aplicación de dicho precepto requiere, conforme a una reiterada y tradicional jurisprudencia, la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) Que exista una adecuada relación de causalidad entre el siniestro productor del resultado lesivo para la vida o la integridad física del trabajador, generador de prestaciones económicas de la Seguridad social, y la conducta del empleador.

2º) Que tal conducta consista en la omisión de las medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo, ya consista tal omisión en la falta de medidas preventivas o ya sea su inutilización o deficiente funcionamiento, pudiendo afectar la omisión tanto a las medidas generales como a las particulares de seguridad e higiene exigibles, atendidas las características específicas de cada actividad laboral en concreto, puesta en relación con la edad, sexo y demás condiciones del trabajador, aun cuando aquellas medidas de seguridad e higiene no consten detalladas en las normas de policía administrativa, teniendo en cuenta que la omisión relevante es de las medidas de seguridad que, aun no estando específicamente detalladas en las normas de policía administrativa aplicables a la empresa, sean adecuadas atendidas las circunstancias concurrentes y a la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordinarios o de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud de los trabajadores.

3º) Se requiere un elemento de voluntariedad a título de dolo, culpa o negligencia imputable al empleador, teniendo el artículo 164 de la LGSS un carácter mixto, más próximo a lo indemnizatorio que a lo punitivo, conforme a la más actual jurisprudencia.

Precisando más la naturaleza del recargo de prestaciones la jurisprudencia tradicionalmente vino destacando que no se establece un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva que permita en todo caso imputar a la empresa la responsabilidad por la mera causación del accidente, sino que su naturaleza es propia de una responsabilidad subjetiva que implica que se impute a la empresa la omisión de medidas de seguridad por la vía de la culpabilidad. También destacaba que por su aspecto sancionador el recargo de prestaciones se interpreta de un modo restrictivo, aunque no sea estrictamente una sanción ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1985 y 11 de julio de 1987 o de 23 octubre de 2000, o de la Sala de lo Social de la Comunidad de Valencia de 31 de enero de 1990, 23 de octubre de 1995 y de 12 de noviembre de 2004, entre otras).

Sin embargo, la actual jurisprudencia sí que ha establecido algunas precisiones sobre el alcance del recargo de prestaciones, y su aproximación al régimen de la responsabilidad empresarial por los daños y perjuicios causados por accidentes de trabajo. En este sentido la STS de 23 de marzo de 2015 hace hincapié en la plural o compleja naturaleza del recargo y a su triple finalidad preventiva, sancionadora y resarcitoria, en la que la gestión y reconocimiento, además, se articula en forma prestacional. Y llama la atención, tras hacer un recorrido histórico de su regulación legal, que tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( y especialmente a la vista de los arts. 15.5 y 42.3 de la Ley) bien pudiera considerarse que estamos ante una verdadera indemnización punitiva, manteniéndose en todo caso su naturaleza plural resarcitoria y preventiva/punitiva. Y sobre esta base, y dando preponderancia al carácter indemnizatorio, es por lo que la STS cambia de doctrina y declara que la responsabilidad empresarial por el recargo de prestaciones es transmisible en caso de sucesión de empresa.

En este mismo sentido, y haciendo especial énfasis en las diferencias del recargo con la naturaleza sancionadora de las infracciones penales o administrativas, el propio Voto Particular de la misma sentencia del TS citada, destaca que la presunción de inocencia no se aplica en el recargo de prestaciones porque según reiterada jurisprudencia el empresario como deudor de seguridad es el que debe probar ex art. 1104 del Código Civil que actuó con la diligencia debida. Se insiste en que es el empresario el que debe probar que el suceso ocurrió sin mediar culpa o negligencia por su parte, y añade que la imposición del recargo tampoco requiere la especial tipificación como falta de la medida de seguridad omitida, y es suficiente con infringir normas generales de prevención. Destaca al mismo tiempo que el carácter indemnizatorio también es apreciable en la previsión del art. 42.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Este actual criterio interpretativo en el que se da mayor preponderancia a la naturaleza indemnizatoria del recargo de prestaciones exige a su vez atender al cambio de doctrina del TS en la determinación de la responsabilidad empresarial por los daños y perjuicios sufridos por los trabajadores como consecuencia de los accidentes de trabajo. Se ha pasado de un régimen de responsabilidad subjetivista o por culpa a un régimen jurídico de responsabilidad cuasi objetiva, de naturaleza contractual, y que enlaza con la deuda de seguridad que asume el empleador, que debe garantizar al trabajador su integridad física ( art. 4.2 d del ET), y una protección eficaz en materia de seguridad e higiene ( art. 19.1 ET) . Obligación de seguridad que asume con más rotundidad aún la LPRL, cuyos rotundos mandatos ( arts. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL) determinaron que el propio TS afirmase que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado, y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que fuesen ( STS 8-10-2001 y 30-6-2010). Y en este régimen el empleador debe agotar toda la diligencia exigible, más allá incluso de la meramente reglamentaria, incumbiendo a él la carga de la prueba, y con la presunción indiciaria en su contra de que el suceso ocurrió por su incumplimiento y no por caso fortuito ( art. 1183 del Código Civil) .

La misma STS de 30 de junio de 2010 -dictada en Sala General-destaca que, en realidad, a la vista de las previsiones de los arts. 14.2, 15 y 16 de la LPRL, la obligación que incumbe al empresario en materia de seguridad en el trabajo es más que una obligación de medios una obligación de resultado. Además, la propia existencia del accidente implica el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado. Y, por último, en esta nueva configuración de la responsabilidad empresarial, sólo queda exonerado el empresario cuando el resultado se ha producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario ( art. 1105 del Código Civil y art. 15.4 LPRL) , y en todos estos casos es al empresario al que corresponde probar la concurrencia de la causa de exoneración en tanto que es él el titular de la deuda de seguridad habida cuenta de los términos cuasi objetivos en que la misma está concebida legalmente (reitera esta doctrina la STS de 24-1-2012).

En este mismo sentido cabe citar lo dispuesto en el art. 96.2 de la LRJS que establece que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. Añade que no podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

3.Ahora bien, en el presente recurso de suplicación no se cuestiona la concurrencia de los requisitos del recargo de prestaciones, sino que la parte recurrente solicita que se declare la responsabilidad exclusiva en el recargo de prestaciones de la empresa principal -Autobuses La Estellesa- o, de forma alternativa -más bien subsidiaria- la responsabilidad solidaria al considerar que la empresa principal sí incumplió obligaciones en materia preventiva y fue la intervención de sus propios trabajadores los que provocaron el accidente de trabajo -en los términos ya indicados-.

4.Al respecto, el artículo 24.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece lo siguiente: "3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales".

Y el artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/200, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, dispone: "3. La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal."

5.Debemos destacar con carácter previo que es cierta la doctrina jurisprudencial que cita la Letrada de la mercantil recurrente, que resumen de forma adecuada respecto de la normativa aplicable para los supuestos de coordinación de las actividades empresariales. Al respecto, debe afirmarse que cabe imponer el recargo a una empresa titular del centro de trabajo en el que se produce el accidente cuando se producen hechos determinantes de su propia responsabilidad por los incumplimientos en que hubiera incurrido, al margen de que la actividad contratada o subcontratada forme parte o no de su "propia actividad".

En efecto, la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo cuando se presten servicios en régimen de subcontratación (aplicando e interpretando los artículos 24.3 y 42.1 de la LPRL) es clara al declarar que es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral sufrido por éste. Es el hecho de la producción del accidente dentro de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión a aquel de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata, sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo que se encuentra bajo su control. Por ello, el empresario principal sí puede ser el empresario infractor a los efectos del recargo de prestaciones en materia de Seguridad Social cuando la infracción es imputable a la misma y el accidente se produjo dentro de su esfera de responsabilidad.

La obligación específica de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones del empleador de la empresa principal se da en dos casos: a) cuando se trate de la misma actividad ( apartado 3 del art. 24 LPRL) y b) cuando las labores se realicen en su centro de trabajo sobre el que la principal extiende su esfera de control ( apartados 1 y 2 del art. 24 LPRL) .

Esta es la doctrina que ha mantenido el Tribunal Supremo desde la Sentencia de 18 de abril de 1992, seguidas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997, recurso 136/1997, 14 de mayo de 2008, recurso 4016/2006 o 20 de marzo de 2012, recurso 1470/2011. La misma doctrina mantiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2018, recurso 144/2017, que resume la doctrina jurisprudencial en los siguientes términos a modo de recapitulación:

- La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.

- La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.

- La empresa principal puede resultar responsable de recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.

- En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.

6.Sin embargo, en el presente caso, el planteamiento del recurso aboca a su fracaso al fundarse en una revisión fáctica no lograday partir, en definitiva, de unos incumplimientos imputables a la actuación de los trabajadores de la empresa principal como causa del accidente que no se dan por probados, con lo cual los motivos de censura jurídica hacen supuesto de la cuestión,careciendo de soporte fáctico alguno que permita considerar vulnerada la normativa y la jurisprudencia sobre la que descansa ambos motivos.

Frente a lo que afirma la recurrente, lo cierto es que el recargo de prestaciones se impone a la empleadora del trabajador accidentado porque se objetivan varios incumplimientos de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales como causa del accidente de trabajo, lo que apreció la ITSS y la resolución del INSS, con criterios de imputación de la responsabilidad que la sentencia de instancia confirma.

La sentencia recurrida no desconoce la jurisprudencia sobre los supuestos en que cabe declarar la responsabilidad de la empresa principal, sino que la aplica a los hechos declarados probados, excluyendo que concurra incumplimientos que resulten imputables a la empresa principal.

Razona en este sentido que "la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2018 , prevé la extensión de la responsabilidad, aunque las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad, siempre que haya incumplimientos determinantes del accidente". Añade que "A la vista de la prueba practicada, tal y como se recoge en el informe de inspección de trabajo y en la correspondiente acta de infracción descrita en los hechos probados, en el caso objeto de autos, no existe una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, imputable a la empresa Autobuses La Estellesa S.L., siendo exclusivamente Neumáticos Pacheco S.L. la empresa infractora, acogiendo lo dispuesto en el expediente administrativo que concluye que: "la instrucción de seguridad colocación de rueda es claramente incompletaya que en ningún momento menciona que el trabajador no debe introducirse debajo del vehículo, tampoco recoge donde deben colocarse los gatos y tampoco recoge que solo se utilizarán los equipos de trabajo proporcionados por la empresa. Ante la disparidad de versiones, debería recoger también que no se aceptará ningún tipo de ayuda que puedan prestar los trabajadores de un cliente".Lo que le permite concluir que "Por tanto, es la empresa demandante quien omite las medidas de seguridad que ocasionaron el accidente( artículos 15 , 16 y 17 en relación con los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales )".

En definitiva, no habiendo incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, no cabe sino desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

CUARTO:Conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS procede imponer a la recurrente el pago de las costas del recurso, condenando a abonar en concepto de honorarios de los abogados de las partes recurridas que han impugnado el recurso el importe de 1000 euros a cada de ellos.

QUINTO: Contra la presente sentencia cabe recurso de casación para unificación de doctrina.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.