Sentencia Social 284/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 1063/2023 de 10 de abril del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante, nacida en 1977, trabajaba como auxiliar de enfermería para el Servicio Canario de Salud, hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció en agosto de 2021 una incapacidad permanente total, por un cuadro de patologías lumbares intervenidas quirúrgicamente, que se consideraban limitantes para sobrecargas lumbares mantenidas y la bipedestación o deambulación prolongadas. Presenta demanda pidiendo el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, alegando que la patología lumbar la incapacita para todo trabajo, y que además padece migrañas muy incapacitantes. La sentencia de instancia estima la demanda al considerar probado que la demandante, además de las limitaciones recogidas por el Equipo de Valoración de Incapacidades (y que coinciden con las del informe médico forense), está limitada para la sedestación, recogiendo también en hechos probados la existencia de migrañas que alternan entre "poco y muy frecuentes", pero sin concretar más su frecuencia. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que desestime en su totalidad la demanda, para lo cual plantea un motivo para la revisión de los hechos probados, por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y otro para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Solicita la entidad gestora recurrente que se modifique el hecho probado 3º, para suprimir de él la referencia a la limitación a la sedestación, porque eso lo dice solo un informe de abril de 2022 (según el motivo, obrante al folio 55 de los autos, pero en realidad está al folio 77) emitido poco después de que la demandante fuera operada y que por tanto recogería limitaciones no permanentes. En base a esa alegación, y usando el informe médico forense y el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, pretende que el tercer párrafo del hecho probado 3º pase a decir: "Está limitada para actividades de sobrecarga lumbar, bipedestación, deambulación prolongada, sin agotamiento de todas las posibilidades terapéuticas (Informe EVI- folio 34. Conclusión Tercera del Informe Médico forense- folio 82)".

SEXTO.- El informe médico del cual ha partido la juzgadora para considerar probada una limitación a la sedestación, y que consta al folio 77 de los autos, habla efectivamente de limitación a la sedestación incluyéndolas dentro de "posturas incómodas persistentes en el tiempo" que no puede realizar la demandante. Se trata, como alega la entidad gestora, de un informe emitido algo más de un mes después de cirugía realizada a mediados de marzo de 2022, y esto podría indicar que esa concreta limitación no es previsiblemente permanente. Pero el informe médico de evaluación de capacidad laboral de 19 de julio de 2021, que es otro de los tenidos en cuenta por la juzgadora, ya hablaba de "elevada repercusión clínica limitante", y la demandante tiene pautada analgesia de tercer escalón, lo que implica el uso de opioides potentes, que normalmente solo se prescriben en casos de dolor grave. Con lo cual no se puede considerar manifiestamente erróneo concluir que la limitación para sedestaciones prolongadas no era algo meramente transitorio y consecuencia de una cirugía reciente, sino que se trataba de una limitación que se ha venido manteniendo durante varios meses y por tanto era previsiblemente definitiva, pues la documentación indica una importante repercusión funcional de la patología lumbar desde hacía más de un año, y que varios meses después del reconocimiento de la incapacidad permanente total se seguía manteniendo. En consecuencia, no cabe estimar el motivo, porque la valoración global de la prueba efectuada por la juzgadora no es manifiestamente absurda o contraria a las más elementales reglas de la sana crítica.

SÉPTIMO.- En censura jurídica la entidad gestora invoca los artículos 193 y 194 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al considerar que la demandante no es tributaria de la incapacidad permanente absoluta porque solo está impedida para la realización de actividades de sobrecarga lumbar, bipedestación y deambulación prolongada, pero podría realizar actividades más livianas y sedentarias, porque la limitación a la sedestación tenida en cuenta por la juzgadora no se objetivó por el Equipo de Valoración de Incapacidades ni el médico forense, y porque la presencia de migrañas, según la propia sentencia, es meramente puntual.

OCTAVO.- Como mantiene la jurisprudencia, en interpretación del artículo de la Ley General de la Seguridad Social que define la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo como aquella "que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio" (actualmente, el 194.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción aplicable conforme a su Disposición transitoria 26ª), deberá declararse en situación de invalidez absoluta a quien no puede realizar la mayor parte de las profesiones u oficios, matizando que ello implica no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada y efectuar allí la prestación de un trabajo que, siquiera sea liviana, requiera un cierto grado de atención y se ha de llevar a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias, de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en relación con los quehaceres de otros compañeros de trabajo ( SSTS de 3 de marzo y 12 de junio de 1986), por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista alguna en la que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención que son indispensables en el más simple de los oficios y en la mas baja de las categorías profesionales ( STS de 9 de marzo de 1989). Esta Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife también ha señalado ( sentencia de 4 de abril de 2017, recurso 519/2016) que no obsta al reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta el hecho de que el beneficiario pueda presentar una capacidad laboral absolutamente marginal y limitada a puestos especialmente adaptados a su discapacidad, pues tal circunstancia precisamente evidencia que el beneficiario, por las limitaciones que presenta, no puede concurrir en condiciones de igualdad al mercado de trabajo y necesita unas condiciones muy particulares que no reúnen la mayor parte de las profesiones u oficios, debiéndose calificar estos puestos especialmente adaptados como actividades compatibles con el estado del inválido, a efectos del artículo 198.2 de la Ley General de la Seguridad Social, y en parecido sentido puede citarse la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2023, recurso para unificación de doctrina 4748/2019, aunque más recientemente la Sala IV del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina para pasar a interpretar que el artículo 198.2 de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a trabajos "de carácter marginal y de poca importancia que no requieran darse de alta, ni cotizar por ellos a la Seguridad Social; es decir los residuales, mínimos y limitados y, en manera alguna, los que constituyen la propios que se venían realizando habitualmente ni cualesquiera otros que permitan la obtención regular de rentas y que, como se ha precisado, den lugar a su inclusión en un régimen de la Seguridad Social" ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2024, recurso para unificación de doctrina 197/2023).

NOVENO.- La valoración de la capacidad laboral, en cualquier caso, se realiza solamente en atención a la capacidad física e intelectual residual que pueda quedar delimitada por las limitaciones orgánicas y funcionales objetivadas y acreditadas, limitaciones éstas que se establecen según criterios médicos, con abstracción de otros como edad, nivel formativo, etc. O, como señala la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1986 (ECLI:ES:TS:1986:13470), aunque en materia de grados de invalidez han de apreciarse casuísticamente las secuelas, para tal valoración "sólo cabe tener en cuenta las secuelas clínicas prescindiendo de las personales - edad, falta de cultura- y ambientales y sociológicas" (en análogo sentido, la sentencia de 20 de octubre de 1989, ECLI:ES:TS:1989:5580), y ello porque, como vienen a señalar otras sentencias del Alto Tribunal (5 de noviembre de 1980, ECLI:ES:TS:1980:1287; 24 de septiembre de 1981, ECLI:ES:TS:1981:3095; 11 de octubre de 1988, ECLI:ES:TS:1988:16141) en la legislación aplicable, desde 1972, la eventual influencia de esas circunstancias ya se tiene en cuenta por la propia norma legal (en forma del complemento de un 20% o "incapacidad permanente cualificada", regulado en el artículo 196.2 de la Ley General de la Seguridad Social y 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, y que se ha establecido en atención a la "edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia") y no pueden ser objeto de valoración diferente.

DÉCIMO.- La censura jurídica se ha construido fatalmente partiendo de que se hubiera admitido la revisión de hechos probados planteada por la entidad gestora. Pero, rechazado el motivo deducido por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Sala, para resolver si en este caso se ha aplicado correcta o incorrectamente la normativa que define y regula la incapacidad permanente absoluta, ha de sujetarse a lo que consta en los hechos probados de la sentencia de instancia. La juzgadora, en el hecho probado 3º de la sentencia recurrida, concluye que la demandante presenta lumbociática crónica de predominio izquierdo, derivada de espondilolistesis y hernia a nivel L5-S1, intervenida en dos ocasiones y que precisa analgesia de tercer escalón; así como migraña con y sin aura episódica que alterna entre poco y muy frecuente, en cuyas crisis aparece sonofotofobia y cinetofobia muy intensa, con mucha sensibilidad a cualquier estímulo. Las limitaciones que considera probadas, de todas las patologías anteriores, lo son actividades de sobrecarga de columna lumbar, bipedestación, deambulación prolongada y sedestación.

UNDÉCIMO.- Con relación a las migrañas, aunque los hechos probados de la sentencia de instancia recojan que los síntomas, en los periodos de crisis, son especialmente incapacitantes, la juzgadora sin embargo deja de manera muy inconcreta la frecuencia y duración de esas crisis, dato esencial para valorar el carácter incapacitante de esa patología, pues el criterio de esta Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife es que la presencia de cefaleas o migrañas de intensidad importante es una situación tributaria de la incapacidad permanente absoluta cuando la frecuencia de su aparición es de más de 15 días al mes ( sentencias de 4 de octubre de 2023, recurso 649/2022; 2 de junio de 2021, recurso 44/2021; 18 de mayo de 2020, recurso 718/2019; 7 de octubre de 2015, recurso 114/2015; 9 junio 2014, recurso 781/2013).

DUODÉCIMO.- Pero, aparte de las posibles y un tanto indefinidas limitaciones derivadas de la migraña, la juzgadora ha considerado probada una limitación no solo para las sobrecargas físicas de la columna lumbar y para la bipedestación o deambulación prolongada, sino también para la sedestación. Y esto no solo implica una limitación para el desempeño de trabajos de esfuerzo físico, sino también para las tareas de carácter sedentario, pues aunque en esos trabajos no sea preciso manipular pesos más allá de leves, ni realizar esfuerzos físicos que excedan de leves o moderados puntuales, sí que es necesario mantener la sedestación durante la mayor parte de la jornada de trabajo, no necesariamente de forma continuada toda la jornada, pero sí al menos en periodos usualmente de una hora o superiores. Con el tipo de limitación que la sentencia de instancia ha considerado probada, por tanto, la demandante no estaría en condiciones de realizar ni siquiera trabajos de carácter sedentario y liviano y, en consecuencia, la sentencia de instancia, al reconocerle la incapacidad permanente absoluta, no habría infringido la normativa invocada en el recurso, el cual ha de ser desestimado.

DECIMOTERCERO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser entidad gestora de la seguridad social ( artículo 2.b de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.