Sentencia Social 634/2024 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 836/2023 de 10 de julio del 2024

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la pretensión ejercitada por el actor, D. Jesús, trabajador que ha venido prestando servicios para la empresa "ARTURO MARTÍNEZ SERRA, SL" con la categoría profesional de Oficial de Primera de la Construcción desde el día 18 de enero de 2017, que solicitaba que se declarara la improcedencia del despido disciplinario del que fuera objeto el día 11 de noviembre de 2022, con los efectos inherentes a dicha declaración, por entender que, aunque habían quedado acreditados los incumplimientos contractuales reflejados en la comunicación escrita de despido y su gravedad intrínseca, no se habían respetado las formalidades que para el despido disciplinario están previstas legalmente.

Frente a la misma se alza la empresa demandada mediante recurso de suplicación articulado a través de un motivo de nulidad y otro de censura jurídica a fin de que, anulada la sentencia de instancia, se repongan las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquél en que se ha producido la infracción de normas y garantías del procedimiento causante de indefensión que denuncia o, en caso de no ser estimada dicha petición que, revocada la misma, se desestimen en su integridad las pretensiones ejercitadas por el trabajador demandante y se declare la procedencia de su despido disciplinario.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado a) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social viene a denunciar la empresa demandada en su motivo de nulidad la infracción del artículo 97 párrafo 2º del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del artículo 24 de la Constitución Española y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que la sentencia es incongruente, pues el actor ni en su demanda ni en el juicio oral planteó el incumplimiento de los requisitos formales en la comunicación del despido por parte de la empresa y, a pesar de ello, la sentencia declara la improcedencia del despido precisamente por esa causa, generándole con ello indefensión, razón por la cual solicita que se dicte nueva sentencia que corrija dicha deficiencia.

Primeramente hemos de manifestar que para que pueda estimarse el recurso de suplicación por quebrantamiento de forma y se declare la nulidad de actuaciones han de concurrir los siguientes requisitos:

. infracción de normas o garantías del procedimiento;

. existencia de indefensión; y

. protesta previa en el momento procesal oportuno.

Por tanto, no toda infracción de norma procesal dará lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma, siendo preciso que la misma haya provocado a la parte consecuencias negativas, limitando sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, siendo la indefensión el alma de la nulidad ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30 de julio de 1991). La indefensión no ha de ser meramente formal, sino también material, incumbiendo al recurrente demostrar que el error judicial anuló o limitó sustancialmente los derechos inherentes a su calidad de parte en el proceso ( sentencias del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 1985, 5 de octubre de 1989 y 25 de abril de 1994 y del Tribunal Central de Trabajo de 3 de junio de 1974 y 23 de enero de 1987).

Además, para que el quebrantamiento de forma se pueda alegar en suplicación es necesario que el recurrente haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en el momento procesal oportuno, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o haber consignado la protesta previa, también en tiempo y forma, con el fin de que aquella no pudiera estimarse consentida por la parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 191 párrafo 3º letra d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 87 párrafo 2º y 89 apartado b) del mismo cuerpo legal ( sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 3 de junio de 1974 y 23 de enero de 1987). La infracción procedimental que no haya sido oportunamente protestada ni recurrida, aunque produzca indefensión, no puede ser revisada en suplicación, salvo que la misma, por su gravedad, se constate de oficio o se haya producido en un momento en que la parte carece de la oportunidad de protestar.

La sentencia, como respuesta que proporciona el Juez en la solución de un conflicto, debe ser congruente con las peticiones de las partes ( artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Que la sentencia tenga que ser congruente supone la concordancia entre la decisión judicial y lo pedido en la demanda y demás peticiones oportunamente articuladas en el juicio. Puede por ello la sentencia incurrir en defecto de incongruencia, que a su vez puede ser:

omisiva, si no resuelve acerca de todo lo pedido;

infra petita, si concede menos de lo pedido por las partes;

ultra petita, si concede más de lo pedido por las partes;

extra petita, si se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo solicitado por las partes;

por error o mixta, si se produce una combinación de la incongruencia omisiva y de la incongruencia extra petita y no se decide sobre lo que se ha pedido y se concede lo que no se había reclamado.

La incongruencia excesiva o extra petitum, como hemos apuntado, se produce cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un tema que no está incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción ( sentencias del Tribunal Constitucional 154/191, 172/1994, 116/1995, 60/96 y 98/1996, entre otras).

La congruencia supone por tanto la concordancia entre la resolución judicial y lo pedido en la demanda y demás pretensiones articuladas oportunamente en el juicio. Pero debe ser entendida en sus justos términos, pues no significa una adaptación literal a los pedimentos, y mucho menos a las palabras, bastando para cumplir el referido principio de congruencia con que la parte dispositiva guarde acatamiento a lo sustancial de los solicitado, que sus declaraciones tengan la eficacia jurídica necesaria para que queden resueltos todos los puntos objeto de debate. Por ello, siempre que lo recogido en el fallo de la sentencia esté dentro de los límites cuantitativos y cualitativos de la petición, la misma es congruente.

Como mantiene el Tribunal Supremo en auto de fecha 21 de mayo de 1998:

".el Tribunal Constitucional ha declarado en sentencias de fechas 10 de diciembre de 1984 y 10 de junio de 1987, que no es incongruente que el Juez aplique por derivación las consecuencias legales de una petición, aunque no hayan sido solicitadas expresamente por las partes, si vienen impuestas en normas de derecho necesario, o que se concedan efectos no pedidos por las partes siempre que se ajusten al objeto material del proceso ( sentencia de 1 de febrero de 1985), resultando esta tendencia interpretativa alejada de una rigidez formalista que debe operar si cabe con mayor laxitud en el proceso laboral, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1969 y 6 de mayo de 1988, y este criterio se debe mantener pues, estando inspirado el proceso laboral en el principio dispositivo, su aplicación tiene menos rigor que en el proceso civil ,es decir, en esta rama ese principio está matizado por varios preceptos procesales que tienen su raíz en el principio de impulso de oficio, como es la posibilidad de iniciar procesos a instancia de la Autoridad Laboral, la facultad del juez de no aprobar la conciliación aunque las partes se avengan, la advertencia de defectos en la demanda, el otorgamiento de la palabra a las partes a discreción del juez, la posibilidad de que ordene continuar una prueba aunque esté renunciada por la parte, preguntar libremente a partes y a testigos o limitar el número de éstos cuando esté instruido. Por otra parte, el principio iura novit curia aplicado al juez tiene en este proceso mayor intensidad pues la demanda no requiere tener fundamentos de derecho, ni es precisa la intervención de técnico en derecho en los procesos de instancia, lo que obliga en ocasiones al juez a corregir determinados enfoques jurídicos inadecuados o a suplir omisiones producidas por error de las partes, sin que con eso abandone su imparcialidad. Además de lo anterior, en el proceso laboral se ventilan derechos que en gran parte son irrenunciables por virtud de lo dispuesto en el artículo 3 párrafo 5º del Estatuto de los Trabajadores y 69 del TR de la Ley General de la Seguridad Social y si por virtud de la congruencia el juez aceptara peticiones inferiores a los mínimos reconocidos en normas de derecho necesario, podría estar consagrando una renuncia de derechos que sería inválida ?según los artículos indicados y que nunca podría ser subsanada por efecto de la cosa juzgada (en esta línea se pronunciaron las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1953, 14 de febrero y 4 de abril de 1961, 23 de junio de 1972, 3 de junio de 1988, 3 de abril de 1982 y 10 de septiembre de 1986). Estas particularidades del proceso laboral aconsejan tener una concepción más relajada de la congruencia que la apropiada al proceso civil, pero cualquier flexibilidad en esta materia tiene que tener el límite de saber que la congruencia es una garantía del principio de contradicción, es decir, que las partes han de tener siempre la oportunidad de ser oídas respecto de las cuestiones sobre las que pueden ser condenadas".

En el supuesto de autos la parte actora solicitó en la demanda que da inicio al presente procedimiento que se dictara sentencia declarando la improcedencia de su despido disciplinario por cuanto que los incumplimientos contractuales que se le imputan (desobediencia grave a órdenes empresariales regulares) no han quedado acreditados, al entender que no tenía obligación de prestar servicios fuera de la isla (en Mauritania) en las condiciones que le proponía la empleadora, sin hacer mención alguna al incumplimiento por la empresa demandada de los requisitos formales de la comunicación escrita del despido.

En el acto de la vista oral, a la hora de ratificar la demanda, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando el recibimiento y práctica de prueba (grabación en sistema ATALNTE).

La sentencia recurrida estima íntegramente la demanda y declara la improcedencia del despido disciplinario del actor porque ".si examinamos la carta de despido dirigida al actor y la fecha de efectos del despido, se observa que la empresa materializó el cese y extinción de la relación laboral un día antes a la notificación del mismo al trabajador" (sic).

Así nos encontramos con que en su demanda la actora no alegó ningún incumplimiento de requisitos formales en la comunicación del despido, no hizo ninguna alusión al hecho de la antedatación de la carta de despido, ni a ningún otro defecto formal y en el acto de la vista su Representación Letrada se ratificó en la misma.

Hemos de concluir por tanto que la condena no se ajusta al objeto material del proceso y queda fuera de la pretensión que se ejercita, pues la ratio decidendi del fallo de la sentencia condenatoria es una cuestión introducida de oficio por la Magistrada de instancia y no suscitada por las partes, por lo que la parte dispositiva de la sentencia combatida no guarda acatamiento con lo solicitado. Por ello, no estando lo recogido en el fallo de la sentencia dentro de los límites cuantitativos y cualitativos de la petición, hemos de concluir que el contenido del fallo de la sentencia recurrida es incongruente con lo oportunamente solicitado por las partes al órgano judicial.

Habiéndose producido la infracción procesal denunciada por la empresa recurrente, procede la estimación del primer motivo de nulidad.

Pero la estimación de la existencia de la referida incongruencia omisiva no conduce, como es la norma general para todos los demás motivos de impugnación procesal, a la nulidad de actuaciones, sino a resolver por esta Sala lo que corresponda dentro de los términos en que

aparezca planteado el debate, siempre que el relato de hechos probados de la sentencia recurrida fuere suficiente para ello ( artículo 202 párrafo 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social), y en el presente caso lo es, como veremos seguidamente.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la empresa recurrente la infracción del artículo 55 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que la empresa demandada ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en la ley para materializar el despido disciplinario del actor, por cuanto se le entregó carta de despido que contenía una descripción suficiente de los incumplimientos contractuales que se le imputaban y la fecha de efectividad del cese, sin que el retraso en un día en su notificación pueda determinar la declaración de improcedencia de éste.

Aunque esta cuestión ha quedado indirectamente resuelta en el motivo anterior, pues la declaración de improcedencia del despido disciplinario del actor por motivos formales incurre en el defecto de incongruencia extra petitum, al no ajustarse al objeto material del proceso, quedar fuera de la pretensión ejercitada y ser una cuestión introducida de motu proprio e indebidamente por la Magistrada de instancia, esta Sala se ve en la obligación de hacer algunas precisiones.

El párrafo 1º del artículo 55 del estatuto de los trabajadores establece literalmente que:

"Forma y efectos del despido disciplinario.

1.- El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical procederá la apertura de expediente contradictorio, en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciere, si los hubiese.

Si el trabajador estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constare, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato".

Como bien dice la Magistrada de instancia, en la carta de despido ha de figurar la fecha en que éste tenga efecto, de forma que debe señalarse el momento en el que cesan las prestaciones mutuas del contrato de trabajo, dado que el despido tiene carácter constitutivo y extingue en todo caso la relación laboral, con independencia de su posterior calificación como procedente, improcedente o nulo. La ley no obliga, por tanto, a que la carta de despido esté fechada, sino a que especifique la fecha de efectos del despido. Obviamente, esa fecha de efectos no puede ser anterior a la notificación de la carta de despido al trabajador. Es importante para la empresa acreditar la fecha en la que esa notificación se ha producido, y de esta forma, cuando se entrega personalmente al trabajador, debe hacerse constar la fecha de la entrega en el momento de firmar el recibí.

Pero cuando la carta se recibe con posterioridad a la fecha de efectos del despido ello no implica un defecto formal determinante de la improcedencia del despido, sino la prevalencia de la fecha en que el trabajador recibe la carta. Por lo tanto, no obsta a la declaración de procedencia de un despido el hecho de que la comunicación de éste se hubiera recibido con posterioridad a la fecha de efectos prevista para el cese, siendo la única consecuencia que el despido se entienda producido en el momento en que efectivamente se recibe la notificación, a efectos del inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de despido y de la reclamación de los salarios devengados, no la improcedencia por defectos formales.

Así lo ha declarado nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de marzo de 2014, en la que textualmente viene a decir lo siguiente:

"Entrando ya en el fondo del asunto, es claro que las sentencias de referencia no han cometido el error que se les imputa: no haber declarado la improcedencia de un despido comunicado mediante la entrega de una carta el día 15 de febrero pero en la que se decía que la relación laboral se extinguía con efectos del 14 de febrero, lo que, según el demandante, suponía "que se realizó dicho despido con unos efectos retroactivos no previstos en el ordenamiento jurídico". Concretamente, ese presunto error ya se pretendió hacer valer en el recurso de suplicación. Pero la sentencia de suplicación respondió a dicha pretensión diciendo que en la sentencia de instancia figura como hecho probado 2°, que la extinción se comunicó el día 15 de febrero y, añade el TSJ, "habiéndose producido la extinción el 15 de febrero". Por lo tanto, no se cometió error alguno: el error hubiera sido considerar que el despido se produjo el día 14 de febrero. Esto, que efectivamente se decía en la carta, puede deberse a un error en la propia carta o quizás porque se pretendió entregar la carta el día 14 y no se pudo hacer hasta el 15 por cualquier circunstancia, seguramente derivada del hecho de hallarse la empresa en situación concursal, habida cuenta de que simultáneamente a la entrega de la carta hay que poner a disposición del trabajador la indemnización legal correspondiente. Pero ello es totalmente irrelevante: el ordenamiento jurídico establece que el despido tiene efectos a partir de la notificación del mismo al trabajador salvo que, para cumplir el deber de preaviso, la comunicación tenga lugar antes de la fecha de efectos del despido. Pero carece de efecto jurídico alguno que la carta señale que los efectos se producen con anterioridad a su notificación. Entenderlo así no es un error sino un acierto de los órganos juzgadores. Quizá hubiera sido conveniente que lo hubieran explicado con algo más de detalle pero, no haberlo hecho así, no constituye en modo alguno el error judicial que se les imputa por el demandante. Este afirma que el empresario le dio de baja en la Seguridad Social el día 14, algo que no figura entre los hechos probados de la sentencia de instancia ni se pretendió incluir como hecho probado en suplicación. En cualquier caso, de ser así, ello constituiría una infracción a las normas de la Seguridad Social por haber dado de baja a un trabajador cuyo contrato de trabajo estaba en vigor, y nada más. Lleva razón el demandante al afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico no está previsto el despido con efectos retroactivos. Efectivamente, así es: y por ello los órganos juzgadores han estimado que no se ha producido tal cosa -que es jurídicamente imposible- y que la mención de la carta al día 14 de febrero no se puede interpretar más que como se ha hecho en sus sentencias: algo que carece de trascendencia jurídica alguna y

que, desde luego, no hace que el despido deba ser declarado improcedente por esa sola circunstancia.".

La Magistrada de instancia considera en su sentencia que la antedatación en un solo día de la carta de despido (está fechada el día 10 de noviembre de 2022 y se le notifica al día siguiente) conlleva inexorablemente la declaración de improcedencia del despido del trabajador por incumplimiento de requisitos formales esenciales. No puede estar de acuerdo esta Sala con tan radical consideración pues el hecho de que la carta se recibiera un solo día después de la fecha de efectos del despido no puede ser considerado un defecto formal determinante de la improcedencia del despido sino únicamante conllevar la prevalencia de la fecha en que el trabajador recibe la carta.

Por ello han de darse por cumplidos los requisitos de forma establecidos en el artículo 55 párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores.

CUARTO.- Llegados a este punto, esta Sala advierte que, de manera inexplicable, la empresa "ARTURO MARTÍNEZ SERRA, SL" no articula ningún motivo más de censura jurídica a fin de constatar la realidad y la gravedad de los incumplimiento contractuales imputados al trabajador en la carta de despido y que fueron reiterados en la fase declarativa del procedimiento de instancia en el trámite de contestación a la demanda, lo que determinaría la procedencia del despido.

Pero en el acto de la vista oral la empresa demandada, en fase de alegaciones y a la hora de contestar la demanda, se opuso a la misma argumentando que habiendo quedado acreditada la realidad de los incumplimientos contractuales imputados al Sr. Jesús en la carta de despido, hay motivos que justifican su despido disciplinario.

Por otra parte, la Magistrada de instancia da por probado:

que en el contrato de trabajo del actor "se pactó, entre otras cláusulas adicionales, la siguiente: (.) se acuerda que el trabajador podrá prestar servicios en centros de trabajo móviles, itinerantes o distintos centros que pueda tener la empresa por razón de su actual actividad o futura, previa comunicación en tiempo y forma (hecho probado segundo)";

que "En el mes de octubre de 2022, la empresa comunicó al trabajador la posibilidad de prestar servicios en Mauritania (África), durante, aproximadamente, 15 días a fin de realizar unas obras de montaje de muebles y tabiquería para un cliente de la empresa" (hecho probado quinto);

que "En fecha de 31 de octubre de 2022, don Jesús aceptó la oferta junto a tres trabajadores más, residentes en la isla de Gran Canaria (hecho probado quinto);

que "El vuelo para el viaje de ida, estaba programado para el 9 de noviembre de 2022, a las 23 horas y de regreso, para el 24 de noviembre de 2022, a las 02:00 horas de la mañana" (hecho probado quinto);

que "El día 9 de noviembre de 2022, el trabajador, don Jesús decidió no coger el vuelo, no presentándose en el aeropuerto; tampoco, dio explicación a la empresa (hecho probado sexto);

que "Como consecuencia de la actitud del trabajador, la empresa se vio obligada a contratar a dos trabajadores más con la finalidad de realizar el trabajo en Mauritania, los cuales, acudieron la segunda semana del tiempo de estancia estipulada para la ejecución del trabajo" (hecho probado séptimo)

Además, en el fundamento de derecho cuarto hace constar lo siguiente:

"La traslación de dicha doctrina al caso de autos comporta que la conducta descrita en la carta de despido y que ha quedado acreditada, constituya una desobediencia grave suscptible de ser calificada con la máxima sanción disciplinaria como es el despido".

Es decir, la Magistrada de instancia no solo recoge en hechos probados de manera minuciosa el incumplimiento contractual del trabajador sino que además lo califica como una falta una muy grave de desobediencia a órdenes empresariales del artículo 54 párrafo 2º letra b) del Estatuto de los Trabajadores. que justifica su despido disciplinario, no incurriendo en incongruencia omisiva, pero declara la improcedencia del mismo exclusivamente por un incumplimiento formal que esta Sala entiende que no ha existido (como razonamos en el fundamento de derecho anterior). Por último, hemos de tener en cuenta que el trabajador demandante ha impugnado el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la sentencia de instancia, exclusivamente en referencia a los hipotéticos defectos formales acaecidos en el cese del actor, no cuestionando la tipificación de la falta del trabajador llevada a cabo por la Magistrada de instancia en el fundamento de derecho cuarto.

Por ello, partiendo de la valoración realizada por la Magistrada de instancia, la actuación del trabajador despedido es constitutiva de un incumplimiento de sus obligaciones contractuales calificable como falta de indisciplina o desobediencia en el trabajo del artículo 54 párrafo 2 letra b) del Estatuto de los Trabajadores, sancionable con el despido.

Por lo tanto, el despido de que fuera objeto el actor el día 11 de noviembre de 2022 ha de ser calificado como procedente, por haber quedado probados los incumplimientos contractuales imputados al mismo en la carta de despido así como su culpabilidad y gravedad.

No habiéndolo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, procede estimar el recurso de suplicación interpuesto por la empresa "ARTURO MARTÍNEZ SERRA, SL" y, con revocación de la sentencia de instancia, desestimamos la demanda interpuesta por D. Jesús contra la empresa "ARTURO MARTÍNEZ SERRA, SL" y contra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), a los que se absuelve de cuantos pedimentos han sido ejercitados en su contra en la demanda rectora de autos.

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procede hacer los pronunciamientos pertinentes respecto del depósito efectuado para recurrir y el aseguramiento de la cantidad objeto de condena.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,