Sentencia Social 130/2026 Tribunal Superior de Justicia de Extremadura . Sala de lo Social, Rec. 791/2025 de 11 de febrero del 2026

PRIMERO. -La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por Don Florencio frente al INSS, la TGSS, la Mutua Asepeyo y la empresa gestión de Obras de Extremadura, S.L., absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones que contra ellos se ejercitan en la demanda.

En la sentencia recurrida se argumenta que de los informes de los especialistas del Servicio Público de Salud no se deduce que la recurrente tenga otras secuelas que las que se hacen constar en el quinto hecho probado de la sentencia: síntomas de dolor y rigidez e hipotonía de musculatura glútea izquierda, aunque no usa analgesia de manera habitual y presenta movilidad y balance muscular conservados, las cuales concluye que no le impiden llevar a cabo, ni total ni parcialmente, las tareas de su profesión habitual, para la que la Guía de Valoración Profesional (CNO 11: 7121) establece unos requerimientos respecto a la carga física, manejo de cargas y carga biomecánica sobre las articulaciones afectadas de grado 3 sobre 4. Es decir, una media- alta intensidad o exigencia. Añade a lo expuesto, con remisión al contenido del informe del Servicio de Rehabilitación, de fecha 21 de mayo de 2025, que a pesar de que sus secuelas pudieran mejorar con la intervención quirúrgica programada, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión.

Frente a dicha decisión se alza la vencida en la instancia interponiendo recurso de suplicación, habiéndose formulado impugnación por la representación procesal de la Mutua Asepeyo.

SEGUNDO. -El primer motivo del recurso se articula con sustento en lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, peticionando la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

En concreto, la parte recurrente solicita la modificación del hecho probado quinto de la sentencia, que interesa que quede redactado de la manera que sigue:

«D. Florencio padece principalmente las siguientes dolencias: coxalgia y gonalgia izquierda (secuela de intervención). Estas patologías le producen las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: osteoarticulares por secuelas de fractura de fémur izquierdo. Persiste dolor refractario con limitación funcional relevante para cuclillas y arrodillamiento, claudicación al esfuerzo e hipotonía glútea izquierda. Desde al menos 12/02/2024 el actor presenta dolor mecánico con dificultad para realizar cuclillas completas pese a rehabilitación; el 13/03/2025 el Servicio de Rehabilitación del SES objetiva dolor a la palpación en la zona del material con sospecha de movilización y dolor refractario; el 21/05/2025 el Servicio de Traumatología del SES indica cirugía de retirada del material e incluye al actor en lista de espera quirúrgica.»

La revisión fáctica que se interesa se justifica en el contenido de los últimos informes emitidos por el SES de 13/03/2025 (presentado por la parte demandante a la vista como documento número 2); Traumatología/LEQ 21/05/2025 (aportado a la vista como documento número 3); y la pericial de parte Dr. Valentín (presentado como documento número 5).

Por otra parte, se interesa la adición de un nuevo hecho probado séptimo, que interesa quede redactado de la siguiente manera:

"SÉPTIMO.- Del análisis del informe de vida laboral obrante en autos se desprende que el actor, actualmente de 65 años de edad, permanece en situación de inactividad laboral desde la fecha del accidente de trabajo. Asimismo, se constata que ha desarrollado la práctica totalidad de su trayectoria profesional en el sector de la construcción, desempeñando funciones propias del oficio de oficial de 1.ª de albañilería. Según la Guía de Valoración Profesional del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lo manifestado por el perito Dr. Valentín, se establece que dicha actividad implica una elevada carga biomecánica (grado 3/4), que requiere bipedestación dinámica prolongada, desplazamiento por terrenos irregulares, trepas y uso de andamios, posturas mantenidas en cuclillas o arrodillado, así como manipulación repetida de cargas. En la situación funcional actual, y atendiendo a los informes clínicos y pericial obrantes, el actor no puede ejecutar estas tareas fundamentales con el rendimiento exigible en condiciones de normalidad laboral."

Interesa el recurrente la adición del citado hecho probado con sustento en que no se ha valorado la trayectoria laboral del actor, que consta en autos como documento n º 1 aportado al acto de la vista y con remisión a lo que se desprende del informe pericial de parte.

Así las cosas, procede citar la sentencia del Tribunal Supremo más reciente en la materia, en lo que atañe a la revisión fáctica aplicable al recurso de suplicación, con el que comparte su naturaleza extraordinaria. Así, con la única diferencia de que no es hábil en casación la cita de la prueba pericial, nos enseña la STS de 11 de diciembre de 2024, Rec. 272/2022:

" 1.- Antes de entrar en el análisis de los motivos de revisión fáctica, parece conveniente -a la vista de los innumerables recursos que prescinden de nuestra doctrina- reiterar, una vez más, la jurisprudencia que esta Sala ha ido configurando sobre la correcta interpretación del artículo 207.d) LRJS y sobre el alcance y la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en nuestra sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en muchísimas sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas.

b) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

c) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

d) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002).

e) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

Así las cosas, el primer motivo de recurso no puede prosperar, por considerar que lo que pretende la parte recurrente es la valoración total de las pruebas practicadas otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación. Así, la documentación en que la parte recurrente sustenta su pretensión no evidencia una errónea apreciación derivada de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. El juzgador de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales han sido valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como se desprende de su fundamento de derecho segundo. No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error del Juzgador al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto el juzgador de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación. En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada. En definitiva, tratándose de documentos que han sido valorados por el Magistrado a quo, no acreditada la existencia de error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso, apreciando la Sala la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

Por último, en cuanto a la adición del hecho probado séptimo, se acogen los argumentos expuestos por la Mutua en el trámite de impugnación. La introducción en el relato de hechos probados de la sentencia de la edad del trabajador no resulta necesario, al constar la fecha de nacimiento en el hecho probado primero de la misma. En cuanto a la situación de inactividad laboral debe concluirse que ninguna trascendencia tiene para el fallo de la sentencia, habida cuenta que, como argumenta la parte impugnante, ello puede derivar de hechos que no guarden relación con su capacidad laboral. En cuanto a la trayectoria laboral debemos de pronunciarnos de igual manera, teniendo presente que lo relevante es la profesión desarrollada por el actor, que consta en el hecho primero. En último término, tampoco procede contemplar en el relato de hechos probados la Guía de Valoración Profesional del INSS pues se trata de un criterio médico orientativo que debe contemplarse en la fundamentación jurídica de la sentencia.

TERCERO. -El siguiente motivo del recurso se formula, conforme se desprende de su argumentación, con sujeción a lo previsto en el apartado a) del artículo 193 LRJS, con sustento en que la sentencia adolece de incongruencia omisiva, al no emitir pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial; lo que estima que vulnera el artículo 218.1 LEC y artículo 24 CE.

Así las cosas, como viene declarando reiteradamente esta Sala, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 de la LRJS pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; b) que esa infracción haya producido indefensión STC.158/89 -; y c) que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla. También el Tribunal Supremo en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990, 30 mayo 1991 y 22 junio 1992, entre otras, seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada en recurso extraordinario y que son las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (recurso 63/2003) que "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada"; b) ha de constar previa protesta en el juicio oral; c) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones; d) ha de justificarse la infracción denunciada; e) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante, f) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones, g) no debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad. Dicha posición jurisprudencial se ve reforzada por el texto del apartado 2 del artículo 202 de la LRJS, que declara, en relación con los vicios denunciados por la recurrente, que si la infracción cometidas versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Asimismo, al respecto de la incongruencia omisiva, se ha pronunciado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de febrero de 2024 (recurso de casación n º 206/2023), en la que concluye: "Conviene poner de relieve algunas consideraciones que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 , con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal (por todas, STC 136/1998, de 29 de junio )" (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005 ). Igualmente, hay que tener presente que la Sala viene manteniendo con reiteración que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta"(por todas, STS de 30 de mayo de 2002, Rec. 1230/2001 ). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que "...hemos afirmado reiteradamente, partiendo de la distinción entre las respuestas a las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, y entre las respuestas a estas dos cuestiones y la motivación de dichas respuestas ( STC 1/1999, de 25 de enero ), que el artículo 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( SSTC 68/1999, de 26 de abril y 171/2002, de 30 de septiembre )".

Con arreglo a ello el motivo no puede prosperar, habida cuenta que la sentencia da cumplida respuesta a las argumentaciones en que la parte recurrente sustenta la impugnación formulada. Así, si bien la parte recurrente aducía que la sentencia no contenía pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial, dicha afirmación no tiene fiel reflejo en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, donde el Juzgador explica las razones que le conducen a concluir que el actor, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión habitual.

Lo expuesto evidencia que ninguna infracción de las que permite denunciar el art. 193.a) LRJS se ha cometido en la instancia, y, como se dice en las sentencias de esta Sala de 4 de agosto de 2014 y 31 de enero de 2017, otra cosa es que esa conclusión y la solución que se ha dado en la sentencia no satisfagan el recurrente o que no sea la adecuada, pero eso no determina la nulidad porque, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio, "el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas ( SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991)" y en el mismo sentido puede verse la STC 226/2000, de 2 de octubre. En el mismo sentido, la STC 107/1994, de 11 de abril nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y, en fin, la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas".

CUARTO. -El último motivo de recurso se articula al amparo del apartado c) del artículo 193 LRJS, que se sustenta en la infracción del artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y jurisprudencia. Ello se sustenta en que, según se defiende, la sentencia recurrida ha incurrido en error en la valoración de la prueba, al evidenciarse de ella que el porcentaje de reducción de las capacidades del trabajador es constitutivo de Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual, ya que no podrá realizar las funciones laborales que desarrolla un oficial de 1ª del sector de la construcción, o, con carácter subsidiario, de una incapacidad permanente parcial.

Así, afirma la parte que la sentencia impugnada basa su fallo exclusivamente en el informe médico forense, prescindiendo de una valoración conjunta de la totalidad de la prueba documental y médica obrante en autos. Se defiende que el juzgador transforma el reconocimiento de limitaciones que contempla el informe emitido por el Médico Forense en argumento de capacidad, interpretando de modo contrario al contenido objetivo del informe y sin razonar la exclusión de los informes médicos de seguimiento aportados por la parte recurrente.

Hemos de partir de la base de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que prospere el motivo dedicado a la revisión jurídica sustantiva. decíamos en la sentencia de esta Sala de 28 de abril de 2023, Rec. 30/2023:

"Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016)".

A la vista de lo anterior, viene a resultar que la sentencia recurrida desestima la demanda presentada con remisión a la prueba practicada; ante ello, únicamente podemos afirmar que lo que realmente plantea la parte recurrente es la nueva valoración de la prueba. En definitiva, la parte recurrente cuestiona el razonamiento jurídico sobre la base de una nueva valoración de la prueba, exponiendo su particular, subjetiva e interesada valoración de la misma, prueba en la que se apoya el Magistrado a quo para llegar a la conclusión impugnada olvidando que, como es doctrina jurisprudencial, "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si, como ocurre en el presente caso, ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

En consecuencia, teniendo en cuenta el antedicho inalterado relato fáctico de la sentencia recurrida, hemos de confirmarla, previa la desestimación del recurso interpuesto. Sin que proceda la imposición de costas a la parte recurrente "ex" artículo 235.1 de la LRJS y conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al gozar los trabajadores de tal beneficio.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO. -La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por Don Florencio frente al INSS, la TGSS, la Mutua Asepeyo y la empresa gestión de Obras de Extremadura, S.L., absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones que contra ellos se ejercitan en la demanda.

En la sentencia recurrida se argumenta que de los informes de los especialistas del Servicio Público de Salud no se deduce que la recurrente tenga otras secuelas que las que se hacen constar en el quinto hecho probado de la sentencia: síntomas de dolor y rigidez e hipotonía de musculatura glútea izquierda, aunque no usa analgesia de manera habitual y presenta movilidad y balance muscular conservados, las cuales concluye que no le impiden llevar a cabo, ni total ni parcialmente, las tareas de su profesión habitual, para la que la Guía de Valoración Profesional (CNO 11: 7121) establece unos requerimientos respecto a la carga física, manejo de cargas y carga biomecánica sobre las articulaciones afectadas de grado 3 sobre 4. Es decir, una media- alta intensidad o exigencia. Añade a lo expuesto, con remisión al contenido del informe del Servicio de Rehabilitación, de fecha 21 de mayo de 2025, que a pesar de que sus secuelas pudieran mejorar con la intervención quirúrgica programada, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión.

Frente a dicha decisión se alza la vencida en la instancia interponiendo recurso de suplicación, habiéndose formulado impugnación por la representación procesal de la Mutua Asepeyo.

SEGUNDO. -El primer motivo del recurso se articula con sustento en lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, peticionando la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

En concreto, la parte recurrente solicita la modificación del hecho probado quinto de la sentencia, que interesa que quede redactado de la manera que sigue:

«D. Florencio padece principalmente las siguientes dolencias: coxalgia y gonalgia izquierda (secuela de intervención). Estas patologías le producen las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: osteoarticulares por secuelas de fractura de fémur izquierdo. Persiste dolor refractario con limitación funcional relevante para cuclillas y arrodillamiento, claudicación al esfuerzo e hipotonía glútea izquierda. Desde al menos 12/02/2024 el actor presenta dolor mecánico con dificultad para realizar cuclillas completas pese a rehabilitación; el 13/03/2025 el Servicio de Rehabilitación del SES objetiva dolor a la palpación en la zona del material con sospecha de movilización y dolor refractario; el 21/05/2025 el Servicio de Traumatología del SES indica cirugía de retirada del material e incluye al actor en lista de espera quirúrgica.»

La revisión fáctica que se interesa se justifica en el contenido de los últimos informes emitidos por el SES de 13/03/2025 (presentado por la parte demandante a la vista como documento número 2); Traumatología/LEQ 21/05/2025 (aportado a la vista como documento número 3); y la pericial de parte Dr. Valentín (presentado como documento número 5).

Por otra parte, se interesa la adición de un nuevo hecho probado séptimo, que interesa quede redactado de la siguiente manera:

"SÉPTIMO.- Del análisis del informe de vida laboral obrante en autos se desprende que el actor, actualmente de 65 años de edad, permanece en situación de inactividad laboral desde la fecha del accidente de trabajo. Asimismo, se constata que ha desarrollado la práctica totalidad de su trayectoria profesional en el sector de la construcción, desempeñando funciones propias del oficio de oficial de 1.ª de albañilería. Según la Guía de Valoración Profesional del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lo manifestado por el perito Dr. Valentín, se establece que dicha actividad implica una elevada carga biomecánica (grado 3/4), que requiere bipedestación dinámica prolongada, desplazamiento por terrenos irregulares, trepas y uso de andamios, posturas mantenidas en cuclillas o arrodillado, así como manipulación repetida de cargas. En la situación funcional actual, y atendiendo a los informes clínicos y pericial obrantes, el actor no puede ejecutar estas tareas fundamentales con el rendimiento exigible en condiciones de normalidad laboral."

Interesa el recurrente la adición del citado hecho probado con sustento en que no se ha valorado la trayectoria laboral del actor, que consta en autos como documento n º 1 aportado al acto de la vista y con remisión a lo que se desprende del informe pericial de parte.

Así las cosas, procede citar la sentencia del Tribunal Supremo más reciente en la materia, en lo que atañe a la revisión fáctica aplicable al recurso de suplicación, con el que comparte su naturaleza extraordinaria. Así, con la única diferencia de que no es hábil en casación la cita de la prueba pericial, nos enseña la STS de 11 de diciembre de 2024, Rec. 272/2022:

" 1.- Antes de entrar en el análisis de los motivos de revisión fáctica, parece conveniente -a la vista de los innumerables recursos que prescinden de nuestra doctrina- reiterar, una vez más, la jurisprudencia que esta Sala ha ido configurando sobre la correcta interpretación del artículo 207.d) LRJS y sobre el alcance y la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en nuestra sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en muchísimas sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas.

b) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

c) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

d) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002).

e) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

Así las cosas, el primer motivo de recurso no puede prosperar, por considerar que lo que pretende la parte recurrente es la valoración total de las pruebas practicadas otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación. Así, la documentación en que la parte recurrente sustenta su pretensión no evidencia una errónea apreciación derivada de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. El juzgador de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales han sido valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como se desprende de su fundamento de derecho segundo. No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error del Juzgador al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto el juzgador de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación. En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada. En definitiva, tratándose de documentos que han sido valorados por el Magistrado a quo, no acreditada la existencia de error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso, apreciando la Sala la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

Por último, en cuanto a la adición del hecho probado séptimo, se acogen los argumentos expuestos por la Mutua en el trámite de impugnación. La introducción en el relato de hechos probados de la sentencia de la edad del trabajador no resulta necesario, al constar la fecha de nacimiento en el hecho probado primero de la misma. En cuanto a la situación de inactividad laboral debe concluirse que ninguna trascendencia tiene para el fallo de la sentencia, habida cuenta que, como argumenta la parte impugnante, ello puede derivar de hechos que no guarden relación con su capacidad laboral. En cuanto a la trayectoria laboral debemos de pronunciarnos de igual manera, teniendo presente que lo relevante es la profesión desarrollada por el actor, que consta en el hecho primero. En último término, tampoco procede contemplar en el relato de hechos probados la Guía de Valoración Profesional del INSS pues se trata de un criterio médico orientativo que debe contemplarse en la fundamentación jurídica de la sentencia.

TERCERO. -El siguiente motivo del recurso se formula, conforme se desprende de su argumentación, con sujeción a lo previsto en el apartado a) del artículo 193 LRJS, con sustento en que la sentencia adolece de incongruencia omisiva, al no emitir pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial; lo que estima que vulnera el artículo 218.1 LEC y artículo 24 CE.

Así las cosas, como viene declarando reiteradamente esta Sala, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 de la LRJS pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; b) que esa infracción haya producido indefensión STC.158/89 -; y c) que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla. También el Tribunal Supremo en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990, 30 mayo 1991 y 22 junio 1992, entre otras, seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada en recurso extraordinario y que son las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (recurso 63/2003) que "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada"; b) ha de constar previa protesta en el juicio oral; c) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones; d) ha de justificarse la infracción denunciada; e) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante, f) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones, g) no debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad. Dicha posición jurisprudencial se ve reforzada por el texto del apartado 2 del artículo 202 de la LRJS, que declara, en relación con los vicios denunciados por la recurrente, que si la infracción cometidas versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Asimismo, al respecto de la incongruencia omisiva, se ha pronunciado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de febrero de 2024 (recurso de casación n º 206/2023), en la que concluye: "Conviene poner de relieve algunas consideraciones que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 , con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal (por todas, STC 136/1998, de 29 de junio )" (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005 ). Igualmente, hay que tener presente que la Sala viene manteniendo con reiteración que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta"(por todas, STS de 30 de mayo de 2002, Rec. 1230/2001 ). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que "...hemos afirmado reiteradamente, partiendo de la distinción entre las respuestas a las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, y entre las respuestas a estas dos cuestiones y la motivación de dichas respuestas ( STC 1/1999, de 25 de enero ), que el artículo 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( SSTC 68/1999, de 26 de abril y 171/2002, de 30 de septiembre )".

Con arreglo a ello el motivo no puede prosperar, habida cuenta que la sentencia da cumplida respuesta a las argumentaciones en que la parte recurrente sustenta la impugnación formulada. Así, si bien la parte recurrente aducía que la sentencia no contenía pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial, dicha afirmación no tiene fiel reflejo en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, donde el Juzgador explica las razones que le conducen a concluir que el actor, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión habitual.

Lo expuesto evidencia que ninguna infracción de las que permite denunciar el art. 193.a) LRJS se ha cometido en la instancia, y, como se dice en las sentencias de esta Sala de 4 de agosto de 2014 y 31 de enero de 2017, otra cosa es que esa conclusión y la solución que se ha dado en la sentencia no satisfagan el recurrente o que no sea la adecuada, pero eso no determina la nulidad porque, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio, "el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas ( SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991)" y en el mismo sentido puede verse la STC 226/2000, de 2 de octubre. En el mismo sentido, la STC 107/1994, de 11 de abril nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y, en fin, la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas".

CUARTO. -El último motivo de recurso se articula al amparo del apartado c) del artículo 193 LRJS, que se sustenta en la infracción del artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y jurisprudencia. Ello se sustenta en que, según se defiende, la sentencia recurrida ha incurrido en error en la valoración de la prueba, al evidenciarse de ella que el porcentaje de reducción de las capacidades del trabajador es constitutivo de Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual, ya que no podrá realizar las funciones laborales que desarrolla un oficial de 1ª del sector de la construcción, o, con carácter subsidiario, de una incapacidad permanente parcial.

Así, afirma la parte que la sentencia impugnada basa su fallo exclusivamente en el informe médico forense, prescindiendo de una valoración conjunta de la totalidad de la prueba documental y médica obrante en autos. Se defiende que el juzgador transforma el reconocimiento de limitaciones que contempla el informe emitido por el Médico Forense en argumento de capacidad, interpretando de modo contrario al contenido objetivo del informe y sin razonar la exclusión de los informes médicos de seguimiento aportados por la parte recurrente.

Hemos de partir de la base de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que prospere el motivo dedicado a la revisión jurídica sustantiva. decíamos en la sentencia de esta Sala de 28 de abril de 2023, Rec. 30/2023:

"Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016)".

A la vista de lo anterior, viene a resultar que la sentencia recurrida desestima la demanda presentada con remisión a la prueba practicada; ante ello, únicamente podemos afirmar que lo que realmente plantea la parte recurrente es la nueva valoración de la prueba. En definitiva, la parte recurrente cuestiona el razonamiento jurídico sobre la base de una nueva valoración de la prueba, exponiendo su particular, subjetiva e interesada valoración de la misma, prueba en la que se apoya el Magistrado a quo para llegar a la conclusión impugnada olvidando que, como es doctrina jurisprudencial, "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si, como ocurre en el presente caso, ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

En consecuencia, teniendo en cuenta el antedicho inalterado relato fáctico de la sentencia recurrida, hemos de confirmarla, previa la desestimación del recurso interpuesto. Sin que proceda la imposición de costas a la parte recurrente "ex" artículo 235.1 de la LRJS y conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al gozar los trabajadores de tal beneficio.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

PRIMERO. -La sentencia objeto de recurso desestima la demanda interpuesta por Don Florencio frente al INSS, la TGSS, la Mutua Asepeyo y la empresa gestión de Obras de Extremadura, S.L., absolviendo a las demandadas de todas las pretensiones que contra ellos se ejercitan en la demanda.

En la sentencia recurrida se argumenta que de los informes de los especialistas del Servicio Público de Salud no se deduce que la recurrente tenga otras secuelas que las que se hacen constar en el quinto hecho probado de la sentencia: síntomas de dolor y rigidez e hipotonía de musculatura glútea izquierda, aunque no usa analgesia de manera habitual y presenta movilidad y balance muscular conservados, las cuales concluye que no le impiden llevar a cabo, ni total ni parcialmente, las tareas de su profesión habitual, para la que la Guía de Valoración Profesional (CNO 11: 7121) establece unos requerimientos respecto a la carga física, manejo de cargas y carga biomecánica sobre las articulaciones afectadas de grado 3 sobre 4. Es decir, una media- alta intensidad o exigencia. Añade a lo expuesto, con remisión al contenido del informe del Servicio de Rehabilitación, de fecha 21 de mayo de 2025, que a pesar de que sus secuelas pudieran mejorar con la intervención quirúrgica programada, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión.

Frente a dicha decisión se alza la vencida en la instancia interponiendo recurso de suplicación, habiéndose formulado impugnación por la representación procesal de la Mutua Asepeyo.

SEGUNDO. -El primer motivo del recurso se articula con sustento en lo dispuesto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, peticionando la revisión de los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

En concreto, la parte recurrente solicita la modificación del hecho probado quinto de la sentencia, que interesa que quede redactado de la manera que sigue:

«D. Florencio padece principalmente las siguientes dolencias: coxalgia y gonalgia izquierda (secuela de intervención). Estas patologías le producen las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: osteoarticulares por secuelas de fractura de fémur izquierdo. Persiste dolor refractario con limitación funcional relevante para cuclillas y arrodillamiento, claudicación al esfuerzo e hipotonía glútea izquierda. Desde al menos 12/02/2024 el actor presenta dolor mecánico con dificultad para realizar cuclillas completas pese a rehabilitación; el 13/03/2025 el Servicio de Rehabilitación del SES objetiva dolor a la palpación en la zona del material con sospecha de movilización y dolor refractario; el 21/05/2025 el Servicio de Traumatología del SES indica cirugía de retirada del material e incluye al actor en lista de espera quirúrgica.»

La revisión fáctica que se interesa se justifica en el contenido de los últimos informes emitidos por el SES de 13/03/2025 (presentado por la parte demandante a la vista como documento número 2); Traumatología/LEQ 21/05/2025 (aportado a la vista como documento número 3); y la pericial de parte Dr. Valentín (presentado como documento número 5).

Por otra parte, se interesa la adición de un nuevo hecho probado séptimo, que interesa quede redactado de la siguiente manera:

"SÉPTIMO.- Del análisis del informe de vida laboral obrante en autos se desprende que el actor, actualmente de 65 años de edad, permanece en situación de inactividad laboral desde la fecha del accidente de trabajo. Asimismo, se constata que ha desarrollado la práctica totalidad de su trayectoria profesional en el sector de la construcción, desempeñando funciones propias del oficio de oficial de 1.ª de albañilería. Según la Guía de Valoración Profesional del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y lo manifestado por el perito Dr. Valentín, se establece que dicha actividad implica una elevada carga biomecánica (grado 3/4), que requiere bipedestación dinámica prolongada, desplazamiento por terrenos irregulares, trepas y uso de andamios, posturas mantenidas en cuclillas o arrodillado, así como manipulación repetida de cargas. En la situación funcional actual, y atendiendo a los informes clínicos y pericial obrantes, el actor no puede ejecutar estas tareas fundamentales con el rendimiento exigible en condiciones de normalidad laboral."

Interesa el recurrente la adición del citado hecho probado con sustento en que no se ha valorado la trayectoria laboral del actor, que consta en autos como documento n º 1 aportado al acto de la vista y con remisión a lo que se desprende del informe pericial de parte.

Así las cosas, procede citar la sentencia del Tribunal Supremo más reciente en la materia, en lo que atañe a la revisión fáctica aplicable al recurso de suplicación, con el que comparte su naturaleza extraordinaria. Así, con la única diferencia de que no es hábil en casación la cita de la prueba pericial, nos enseña la STS de 11 de diciembre de 2024, Rec. 272/2022:

" 1.- Antes de entrar en el análisis de los motivos de revisión fáctica, parece conveniente -a la vista de los innumerables recursos que prescinden de nuestra doctrina- reiterar, una vez más, la jurisprudencia que esta Sala ha ido configurando sobre la correcta interpretación del artículo 207.d ) LRJS y sobre el alcance y la revisión de los hechos declarados probados que se contiene, entre otras, en nuestra sentencia 447/2016, de 18 de mayo, (Rec. 108/2015) donde se sientan criterios doctrinales que, recogiendo jurisprudencia anterior, se han reiterado en muchísimas sentencias posteriores, como las STS 885/2016, de 25 de octubre (Rec. 129/2015), 934/2016, de 8 de noviembre (Rec. 259/2015) y 36/2017, de 17 de enero (Rec. 2/2016) -entre muchas otras-. Tales criterios pueden resumirse de la siguiente forma:

a) El proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS )únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes. El peligro de que el acudimiento al Tribunal Supremo se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas.

b) Reiterada jurisprudencia como la reseñada en SSTS 28 mayo 2013 (Rec. 5/20112), 3 julio 2013 (Rec. 88/2012) o 25 marzo 2014 (Rec. 161/2013) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

1. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse).

2. Bajo esta delimitación conceptual fáctica no pueden incluirse normas de Derecho o su exégesis. La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica.

3. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué discrepa.

4. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

5. Que no se base la modificación fáctica en prueba testifical ni pericial. La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador.

6. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

7. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

8. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

9. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

c) De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene "una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas" ( STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

d) La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, Rec. 1042/90, o 26 de mayo de 1992, Rec. 1244/1991). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar "de manera directa y evidente la equivocación del juzgador" pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha "por otros elementos probatorios unidos al proceso" (por ejemplo, STS de 24 de octubre de 2002, Rec. 19/2002).

e) No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador "a quo" ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario... en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" ( STS de 6 de junio de 2012, Rec. 166/2011, con cita de otras muchas)".

Así las cosas, el primer motivo de recurso no puede prosperar, por considerar que lo que pretende la parte recurrente es la valoración total de las pruebas practicadas otorgando una mayor credibilidad e importancia a las exposiciones que realiza, con interpretación de forma particular por la propia recurrente, lo que supone pretender que se modifique la valoración de la prueba del juez de instancia por la de la parte y que sea la misma acogida por la Sala; solicitud que excede los términos del recurso de suplicación. Así, la documentación en que la parte recurrente sustenta su pretensión no evidencia una errónea apreciación derivada de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos, sin necesidad de argumentaciones o conjeturas. El juzgador de instancia ha realizado un examen de todas las pruebas practicadas, las cuales han sido valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como se desprende de su fundamento de derecho segundo. No se determina más allá de conjeturas o de una interesada valoración de la prueba, la existencia de error del Juzgador al determinar los hechos probados con el carácter de suficiente para resolver la cuestión litigiosa. No siendo factible pretender que sea más aceptable debido a la valoración de la parte u otros documentos que existen en autos, discrepando de la valoración de la prueba que lleva a efecto el juzgador de instancia, pues ello como hemos expuesto supone sustraer la competencia al juzgador de instancia y transformar el recurso de suplicación en un recurso de apelación. En definitiva, la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación, y no puede valorar de nuevo toda la prueba practicada. En definitiva, tratándose de documentos que han sido valorados por el Magistrado a quo, no acreditada la existencia de error de forma excluyente, contundente e incuestionable, más allá de la discrepancia de la parte recurrente con el resultado de la sentencia, no procede acceder a la estimación del motivo de recurso, apreciando la Sala la suficiencia de hechos probados y la valoración de la documental aportada con el resto de materiales de convicción, valoración conjunta de la prueba que se refleja en la fundamentación a todos los efectos.

Por último, en cuanto a la adición del hecho probado séptimo, se acogen los argumentos expuestos por la Mutua en el trámite de impugnación. La introducción en el relato de hechos probados de la sentencia de la edad del trabajador no resulta necesario, al constar la fecha de nacimiento en el hecho probado primero de la misma. En cuanto a la situación de inactividad laboral debe concluirse que ninguna trascendencia tiene para el fallo de la sentencia, habida cuenta que, como argumenta la parte impugnante, ello puede derivar de hechos que no guarden relación con su capacidad laboral. En cuanto a la trayectoria laboral debemos de pronunciarnos de igual manera, teniendo presente que lo relevante es la profesión desarrollada por el actor, que consta en el hecho primero. En último término, tampoco procede contemplar en el relato de hechos probados la Guía de Valoración Profesional del INSS pues se trata de un criterio médico orientativo que debe contemplarse en la fundamentación jurídica de la sentencia.

TERCERO. -El siguiente motivo del recurso se formula, conforme se desprende de su argumentación, con sujeción a lo previsto en el apartado a) del artículo 193 LRJS, con sustento en que la sentencia adolece de incongruencia omisiva, al no emitir pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial; lo que estima que vulnera el artículo 218.1 LEC y artículo 24 CE.

Así las cosas, como viene declarando reiteradamente esta Sala, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 de la LRJS pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; b) que esa infracción haya producido indefensión STC.158/89 -; y c) que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla. También el Tribunal Supremo en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990, 30 mayo 1991 y 22 junio 1992, entre otras, seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada en recurso extraordinario y que son las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (recurso 63/2003) que "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada"; b) ha de constar previa protesta en el juicio oral; c) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones; d) ha de justificarse la infracción denunciada; e) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante, f) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones, g) no debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad. Dicha posición jurisprudencial se ve reforzada por el texto del apartado 2 del artículo 202 de la LRJS, que declara, en relación con los vicios denunciados por la recurrente, que si la infracción cometidas versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, con la excepción única de que no se pudiera hacer "por ser insuficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, y no poderse completar por el trámite procesal correspondiente...".

Asimismo, al respecto de la incongruencia omisiva, se ha pronunciado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de febrero de 2024 (recurso de casación n º 206/2023), en la que concluye: "Conviene poner de relieve algunas consideraciones que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han venido reiterando sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, reconocida positivamente, con carácter general en el artículo 218 LEC cuando dispone que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito...". La congruencia puede definirse como un ajuste "sustancial" entre lo pedido y lo resuelto que, por tanto, no exige del fallo "una conformidad literal y rígida con las peticiones de las partes, sino racional y flexible" ( STS de 16 de febrero de 1993, Rec. 1203/1992 , con cita de otras muchas). La congruencia se plantea, pues, como una necesidad de correlación entre determinada actividad procesal de las partes, por un lado, y la actividad decisoria o resolutoria que el juez plasma en la sentencia, por otro. Los términos que es preciso comparar para averiguar si existe o no congruencia comprenden, esencialmente, desde el punto de vista de la actividad de las partes, la pretensión procesal, compuesta, a su vez, por la petición y la causa de pedir. De ahí que la Sala haya reiterado, recogiendo la doctrina constitucional, que "el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la Sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y "petitum"-, y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo "iura novit curia" los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal (por todas, STC 136/1998, de 29 de junio )" (entre otras, SSTS de 5 de octubre de 1999, Rec. 4773/1998 y de 8 de noviembre de 2006, Rec. 135/2005 ). Igualmente, hay que tener presente que la Sala viene manteniendo con reiteración que "hay que distinguir entre las alegaciones o argumentos aducidos por la parte para fundamentar sus peticiones (...) y las auténticas pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto a las primeras no cabe hablar de incongruencia, pues no es necesario dar una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas para satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva. La obligación de congruencia se impone sólo respecto de las auténticas pretensiones en razón a que cada una de ellas se convierte en una "causa petendi" que exige una respuesta concreta"(por todas, STS de 30 de mayo de 2002, Rec. 1230/2001 ). Esta distinción encuentra también su apoyo en la doctrina constitucional sobre la congruencia, ya que el Tribunal Constitucional tiene declarado que "...hemos afirmado reiteradamente, partiendo de la distinción entre las respuestas a las alegaciones deducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, y entre las respuestas a estas dos cuestiones y la motivación de dichas respuestas ( STC 1/1999, de 25 de enero ), que el artículo 24.1 de la CE no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que "si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva" ( SSTC 68/1999, de 26 de abril y 171/2002, de 30 de septiembre )".

Con arreglo a ello el motivo no puede prosperar, habida cuenta que la sentencia da cumplida respuesta a las argumentaciones en que la parte recurrente sustenta la impugnación formulada. Así, si bien la parte recurrente aducía que la sentencia no contenía pronunciamiento alguno sobre la pretensión subsidiaria de Incapacidad Permanente Parcial, dicha afirmación no tiene fiel reflejo en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, donde el Juzgador explica las razones que le conducen a concluir que el actor, en el estado actual en el que se encuentra no está impedido, total ni parcialmente, para llevar a cabo su profesión habitual.

Lo expuesto evidencia que ninguna infracción de las que permite denunciar el art. 193.a ) LRJS se ha cometido en la instancia, y, como se dice en las sentencias de esta Sala de 4 de agosto de 2014 y 31 de enero de 2017, otra cosa es que esa conclusión y la solución que se ha dado en la sentencia no satisfagan el recurrente o que no sea la adecuada, pero eso no determina la nulidad porque, como nos dice la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 245/1993, de 19 julio, "el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no comprende la reparación o rectificación de equivocaciones, incorrecciones jurídicas o incluso injusticias producidas en la interpretación o aplicación de las normas ( SSTC 27/1984, 50/1988, 256/1988 y 210/1991)" y en el mismo sentido puede verse la STC 226/2000, de 2 de octubre. En el mismo sentido, la STC 107/1994, de 11 de abril nos dice que "el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto ( SSTC 50/1988 y 210/1991, por todas)" y, en fin, la STC 230/1992, de 14 de diciembre mantiene que "el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no comprende la obtención de pronunciamientos conformes con las peticiones o intereses de las partes, ni cuya corrección o acierto sea compartida por éstas, sino razonados judicialmente y que ofrezcan una respuesta motivada a las cuestiones planteadas".

CUARTO. -El último motivo de recurso se articula al amparo del apartado c) del artículo 193 LRJS, que se sustenta en la infracción del artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y jurisprudencia. Ello se sustenta en que, según se defiende, la sentencia recurrida ha incurrido en error en la valoración de la prueba, al evidenciarse de ella que el porcentaje de reducción de las capacidades del trabajador es constitutivo de Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual, ya que no podrá realizar las funciones laborales que desarrolla un oficial de 1ª del sector de la construcción, o, con carácter subsidiario, de una incapacidad permanente parcial.

Así, afirma la parte que la sentencia impugnada basa su fallo exclusivamente en el informe médico forense, prescindiendo de una valoración conjunta de la totalidad de la prueba documental y médica obrante en autos. Se defiende que el juzgador transforma el reconocimiento de limitaciones que contempla el informe emitido por el Médico Forense en argumento de capacidad, interpretando de modo contrario al contenido objetivo del informe y sin razonar la exclusión de los informes médicos de seguimiento aportados por la parte recurrente.

Hemos de partir de la base de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que prospere el motivo dedicado a la revisión jurídica sustantiva. decíamos en la sentencia de esta Sala de 28 de abril de 2023, Rec. 30/2023:

"Para que prospere el motivo de censura jurídica son requisitos necesarios:

1º.- Denunciar la infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia con cita concreta de la norma, o del apartado de aquella, o de las sentencias que contienen la jurisprudencia cuya infracción se denuncia.

2º.- Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos, esto es, explicitar por qué la resolución recurrida ha vulnerado el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, porque no aplica una norma o una determinada jurisprudencia, porque las aplica pero de forma incorrecta, precisando el sentido de la norma si no es clara y admite diversas opciones interpretativas ( SSTS de 5 de octubre de 2016, rec. 79/2016 y de 15 de junio de 2020. Rec. 72/2019)

3º.- Sustentar el motivo de censura jurídica en el relato fáctico de la resolución recurrida modificado, en su caso, tras el éxito del motivo de revisión fáctica. No cabe fundamentar fácticamente el razonamiento jurídico partiendo de la prueba sino de la definitiva versión judicial de los hechos. En caso contrario, cuando se parte de hechos distintos de los reseñados en la sentencia de instancia se incurre en el vicio procesal de la llamada "petición de principio" o "hacer supuesto de la cuestión" que se produce cuando se parte de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida ( SSTS de 23 de noviembre de 2016, recurso 94/2016 y de 16 de diciembre de 2016, recurso 65/2016)".

A la vista de lo anterior, viene a resultar que la sentencia recurrida desestima la demanda presentada con remisión a la prueba practicada; ante ello, únicamente podemos afirmar que lo que realmente plantea la parte recurrente es la nueva valoración de la prueba. En definitiva, la parte recurrente cuestiona el razonamiento jurídico sobre la base de una nueva valoración de la prueba, exponiendo su particular, subjetiva e interesada valoración de la misma, prueba en la que se apoya el Magistrado a quo para llegar a la conclusión impugnada olvidando que, como es doctrina jurisprudencial, "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si, como ocurre en el presente caso, ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

En consecuencia, teniendo en cuenta el antedicho inalterado relato fáctico de la sentencia recurrida, hemos de confirmarla, previa la desestimación del recurso interpuesto. Sin que proceda la imposición de costas a la parte recurrente "ex" artículo 235.1 de la LRJS y conforme al artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al gozar los trabajadores de tal beneficio.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,