Sentencia Social 3301/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6811/2024 de 11 de junio del 2025

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Lleida ha dictado sentencia de fecha 13-2-2024, en el procedimiento de incapacidad permanente, derivado de accidente de trabajo, (Autos 366/2023 ), seguidos a instancia de D. Luis Manuel, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Intercomarcal y la empresa Berga, S.A., en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, o, subsidiariamente parcial, derivada de accidente de trabajo.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que exponen motivos amparados en los apartados a ), b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando, en el Suplico que se dicte sentencia en la que se acuerde reponer los autos al momento del dictado de la sentencia, y se revoque la misma, reconociendo al actor el derecho a percibir una prestación por incapacidad permanente en grado de total para la profesión habitual de conductor mecánico, derivada de accidente de trabajo, con una base reguladora de 23.404,58 euros, porcentaje del 55% y fecha de efectos 29-11-2022, o, subsidiariamente, incapacidad permanente parcial.

La demandada Grues Berga, S.L., ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia y la condena a la recurrente al pago de las costas.

La demandada Mutual Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 39 ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, viene amparado en el apartado a) del articulo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías de procedimiento que haya producido indefensión. Se alega la infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a los artículos 9, 14, 15 y 24 de la Constitución Española.

En resumen, la parte recurrente alega la falta de motivación de la sentencia de instancia, en relación a los elementos de convicción que han llevado a la Magistrada de instancia a establecer sus conclusiones, señalando que ha omitido la valoración de una prueba, en concreto, el estudio biomecánico realizado por el Dr. Feliciano, perito propuesto por la parte actora, y que consta incorporado dentro del propio informe pericial, y que dicha omisión ha causado indefensión a dicha parte, pues es el único estudio biomecánico realizado al actor.

Las impugnantes se oponen a este motivo alegando que no ha existido la omisión denunciada por la parte recurrente, sino que la Magistrada ha realizado una valoración conjunta de la prueba practicada, sin que se haya producido indefensión alguna.

CUARTO.- Ha de desestimarse este primer motivo del recurso por las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer lugar, se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la LOPJ para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por otra parte, y en cuanto a las normas que regulan las sentencias, el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo."

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia no adolece de la falta de motivación que alega la parte recurrente. Por el contrario, existe una extensa motivación, con la exposición de las distintas pruebas de las que se ha obtenido el relato fáctico, un análisis pormenorizado de los distintos informes, dictámenes médicos, y pruebas periciales practicadas, incluido el estudio biomecánico contenido en el informe pericial propuesto por la parte recurrente; así como las conclusiones alcanzadas. Debe señalarse que corresponde a la Juzgadora de instancia la valoración del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica; y en el caso de considerarse que ha incurrido en un error en dicha valoración, ello no produce la nulidad, sino que la parte recurrente ha de solicitar su rectificación a través del motivo de revisión fáctica previsto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

QUINTO.- El segundo motivo de recurso, se encauza, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la revisión del relato fáctico.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SEXTO.- Desde la perspectiva expuesta hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Se solicita la modificación del Hecho Probado Séptimo, cuya redacción es la siguiente: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón tensor y secuela de pérdida de movilidad."

Como texto alternativo se propone: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor, síndrome residual postalgodistrofia (Südeck), mano y 4-5º dedos izquierdos, con limitación funcional consistente en una pérdida de fuerza y movilidad de la mano izquierda que se traduce en una capacidad funcional residual a consecuencia de las lesiones en la que la muñeca izquierda del 60% y en la mano izquierda-función prensora del 59%."

Como fundamento de esta modificación se citan los documentos siguientes: informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 30-11-2022 (Folio 45), el informe pericial del Dr. Feliciano (Folios 149-227), incluido el estudio biomecánico contenido dentro del citado informe pericial (Folios 154-156).

Las impugnantes de oponen a la modificación aduciendo, en sustancia, que la recurrente efectúa una valoración de la prueba con alegaciones subjetivas y parciales, que no corresponden con la realidad, y que existen otros informes, como el dictamen del ICAM, que han descartado las secuelas que se pretenden introducir.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos que invoca, que sustituya la realizada por la Magistrada de instancia, obviando que existen otros informes como el dictamen de ICAM de fecha 8-8-2022, la exploración física contenida en el mismo, así como el dictamen pericial de la Mutua demandada que visitó al actor en enero de 2024. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia la valoración de los mismos, aplicando las reglas de la sana crítica, como así ha realizado la Magistrada de instancia en este caso, en el Fundamento de Derecho Cuarto hace un análisis pormenorizado de toda la prueba, exponiendo los motivos por los que da mayor valor probatorio o trascendencia a unos informes sobre otros, y las conclusiones fácticas alcanzadas, y en concreto de la pericial médica propuesta por la parte actora, sin que en la valoración de la Juzgadora se evidencie un error palmario, ni tampoco pueda apreciarse que la misma sea arbitraria, irrazonable o injustificada.

SÉPTIMO.- El tercer motivo de recurso, encauzado a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. La parte recurrente denuncia la infracción del artículo 194, en sus apartados 4 y 5 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Disposición Transitoria Vigésima Sexta.

Argumenta la parte recurrente, en síntesis, con fundamento en las dolencias y secuelas que propone en el motivo de revisión fáctica, el actor no puede desempeñar las tareas de su profesión de conductor mecánico, en el que se incluye la conducción de cualquier tipo de vehículo, con remolque, semirremolque o quipos especiales, o sin ellos, la realización de conexiones y enganches correspondientes o colocación de soportes en su caso, con apartados de elevación, carga, descarga y manipulación, responsable del correcto estado del vehículo y de la carga efectuada durante el servicio, así como de controlar y gestionar la documentación administrativa y operativa del camión, y efectuar las operaciones según las indicaciones de las rutas preparadas; y por ello considera que el actor deber ser declarado en situación de incapacidad permanente total.

Las impugnantes se oponen alegando, en esencia, que las secuelas que presenta el actor en la mano izquierda, no revisten entidad suficiente para hacerlo tributario de una incapacidad permanente total.

OCTAVO.- Para resolver el segundo motivo recurso ha de tenerse presente la normativa y jurisprudencia aplicables.

Debe precisarse que, si bien el actor como infringido cita, también el apartado 5 del artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a la incapacidad permanente absoluta, los argumentos desarrollados en este motivo se refieren a la incapacidad permanente total, y en el suplico de la demanda se solicita el reconocimiento del grado de total, o subsidiariamente, parcial; por lo que, la cita del apartado 5 es un evidente error y hemos de examinar el motivo referido al reconocimiento de incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial, extremos éstos sobre los que se pronunció la sentencia de instancia.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto, la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194, en su apartado 4: "Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."; en su apartado 3: "Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Para la debida calificación como incapacidad permanente total, hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Se trata de decidir sobre la gravedad de las reducciones litigiosas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" la capacidad para el trabajo del afectado en función de su profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la invalidez, al resultar intrascendente una lesión que, por grave que sea, no incida en aquélla. Se trata de poner en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión; en el bien entendido que aunque la actividad laboral habitual de un trabajador, implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una "continua situación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano, Debiendo tenerse en cuenta conforme a STS 17-1-89, que "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica"; por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por otra parte, procede la declaración en incapacidad permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

También es reiterada la jurisprudencia que ha señalado que "la profesión habitual no se define en función del concreto puesto de trabajo que se desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional" , y que "este criterio profesional no significa que las decisiones en materia de calificación de la incapacidad deban depender de las que, en función del estado del trabajador, puedan haberse adoptado en la relación de empleo: el sistema de calificación es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa relación" [ SSTS Sala 4ª Sala de 25-3-2009 Recurso 3402/2007), de 11-3-2020 ( Recurso 3777/2017).]

NOVENO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta resolución, y se da, aquí, por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Tercero.

De los mismos resulta que el actor, cuya profesión habitual es la de conductor mecánico, en fecha 1-3-2021 sufrió un accidente de trabajo al quedarle atrapado el cuarto dedo de la mano izquierda en las poleas de una máquina, quedándole como cuadro residual "atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor y secuela de pérdida de movilidad."

En el Fundamento de Derecho Tercero, se indica, con fundamento en la exploración física contenida en el dictamen del ICAM de 8-8-2011: "Realiza el puño con la mano izquierda dejando el 4º dedo cierta semi extensión; realiza la pinza con todos los dedos de ambas manos. No llega a contacto digito palmar con los dedos 2º y 4º de la mano izquierda. No se observan signos inflamatorios de DSR en la mano izquierda.".Exploración física que, señala, es prácticamente coincidente con la realizada por la Mutua en el informe valorado por el ICAM, en el que se indica: "conserva movilidad activa interfalángica mediana y de la MCF, sin molestias a la presión del blando ni distrofia. Movilidad de la mano no pinza con 4º dedo con la palma de la mano. Sin pérdida de fuerza, no distrofia, no alodinia severa. Rigidez arco interfalángico distal, flexión incompleta del 4º dedo IZQ faltan 5 cm para soporte palmar, no oposición con pulgar, no puede realizar puño ni gancho. Pulgar puede hacer pinza con 2º y 3º dedos".

Con fundamento en la situación patológica descrita, la Magistrada de instancia argumenta: "La limitación funcional se circunscribe a la mano izquierda (que además no es la rectora sino la auxiliar puesto que el demandante es diestro), afecta solo a dos dedos y la consiguiente capacidad para hacer el puño y pinza con los mismos (siendo funcional el resto de la extremidad superior), y no le impide el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión (no se aporta profesiograma pero es evidente que se trata de una actividad laboral donde la función principal consiste en la conducción de vehículos, habiendo manifestado el propio Dr. Feliciano que el demandante puede conducir ya que conserva la funcionalidad en la mano para coger y manejar el volante, no consta qué otras tareas debe realizar, mi en todo caso comporten requerimientos de especial destreza y fuerza bimanual incompatibles son su déficit funcional)." Y concluye "que las secuelas que presenta el actor se traducen en una lógica torpeza o penosidad a la hora de realizar ciertos movimientos con la extremidad afectada (que no es la dominante), pero no le impiden el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión, ni le ocasionan tampoco una disminución no inferior al 33% en el rendimiento de su trabajo."

La Sala comparte los argumentos y conclusión de la Magistrada de instancia; teniendo en cuenta que la limitación funcional afecta a los dedos 4º y 2º de la mano izquierda (no dominante), y que ello no le impide para conducir, siendo dicha tarea la fundamental que desempeña el actor como conductor mecánico; y si bien la parte recurrente alega el desempeño de otras tareas, ello no consta en el relato fáctico, ni se ha solicitado en el motivo de revisión fáctica su introducción.

En consecuencia, debe desestimarse el motivo de censura jurídico sustantiva, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada.

DÉCIMO.-Razones que llevan a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

UNDÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Lleida ha dictado sentencia de fecha 13-2-2024, en el procedimiento de incapacidad permanente, derivado de accidente de trabajo, (Autos 366/2023 ), seguidos a instancia de D. Luis Manuel, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Intercomarcal y la empresa Berga, S.A., en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, o, subsidiariamente parcial, derivada de accidente de trabajo.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que exponen motivos amparados en los apartados a ), b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando, en el Suplico que se dicte sentencia en la que se acuerde reponer los autos al momento del dictado de la sentencia, y se revoque la misma, reconociendo al actor el derecho a percibir una prestación por incapacidad permanente en grado de total para la profesión habitual de conductor mecánico, derivada de accidente de trabajo, con una base reguladora de 23.404,58 euros, porcentaje del 55% y fecha de efectos 29-11-2022, o, subsidiariamente, incapacidad permanente parcial.

La demandada Grues Berga, S.L., ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia y la condena a la recurrente al pago de las costas.

La demandada Mutual Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 39 ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, viene amparado en el apartado a) del articulo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías de procedimiento que haya producido indefensión. Se alega la infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a los artículos 9, 14, 15 y 24 de la Constitución Española.

En resumen, la parte recurrente alega la falta de motivación de la sentencia de instancia, en relación a los elementos de convicción que han llevado a la Magistrada de instancia a establecer sus conclusiones, señalando que ha omitido la valoración de una prueba, en concreto, el estudio biomecánico realizado por el Dr. Feliciano, perito propuesto por la parte actora, y que consta incorporado dentro del propio informe pericial, y que dicha omisión ha causado indefensión a dicha parte, pues es el único estudio biomecánico realizado al actor.

Las impugnantes se oponen a este motivo alegando que no ha existido la omisión denunciada por la parte recurrente, sino que la Magistrada ha realizado una valoración conjunta de la prueba practicada, sin que se haya producido indefensión alguna.

CUARTO.- Ha de desestimarse este primer motivo del recurso por las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer lugar, se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la LOPJ para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por otra parte, y en cuanto a las normas que regulan las sentencias, el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo."

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia no adolece de la falta de motivación que alega la parte recurrente. Por el contrario, existe una extensa motivación, con la exposición de las distintas pruebas de las que se ha obtenido el relato fáctico, un análisis pormenorizado de los distintos informes, dictámenes médicos, y pruebas periciales practicadas, incluido el estudio biomecánico contenido en el informe pericial propuesto por la parte recurrente; así como las conclusiones alcanzadas. Debe señalarse que corresponde a la Juzgadora de instancia la valoración del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica; y en el caso de considerarse que ha incurrido en un error en dicha valoración, ello no produce la nulidad, sino que la parte recurrente ha de solicitar su rectificación a través del motivo de revisión fáctica previsto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

QUINTO.- El segundo motivo de recurso, se encauza, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la revisión del relato fáctico.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SEXTO.- Desde la perspectiva expuesta hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Se solicita la modificación del Hecho Probado Séptimo, cuya redacción es la siguiente: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón tensor y secuela de pérdida de movilidad."

Como texto alternativo se propone: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor, síndrome residual postalgodistrofia (Südeck), mano y 4-5º dedos izquierdos, con limitación funcional consistente en una pérdida de fuerza y movilidad de la mano izquierda que se traduce en una capacidad funcional residual a consecuencia de las lesiones en la que la muñeca izquierda del 60% y en la mano izquierda-función prensora del 59%."

Como fundamento de esta modificación se citan los documentos siguientes: informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 30-11-2022 (Folio 45), el informe pericial del Dr. Feliciano (Folios 149-227), incluido el estudio biomecánico contenido dentro del citado informe pericial (Folios 154-156).

Las impugnantes de oponen a la modificación aduciendo, en sustancia, que la recurrente efectúa una valoración de la prueba con alegaciones subjetivas y parciales, que no corresponden con la realidad, y que existen otros informes, como el dictamen del ICAM, que han descartado las secuelas que se pretenden introducir.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos que invoca, que sustituya la realizada por la Magistrada de instancia, obviando que existen otros informes como el dictamen de ICAM de fecha 8-8-2022, la exploración física contenida en el mismo, así como el dictamen pericial de la Mutua demandada que visitó al actor en enero de 2024. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia la valoración de los mismos, aplicando las reglas de la sana crítica, como así ha realizado la Magistrada de instancia en este caso, en el Fundamento de Derecho Cuarto hace un análisis pormenorizado de toda la prueba, exponiendo los motivos por los que da mayor valor probatorio o trascendencia a unos informes sobre otros, y las conclusiones fácticas alcanzadas, y en concreto de la pericial médica propuesta por la parte actora, sin que en la valoración de la Juzgadora se evidencie un error palmario, ni tampoco pueda apreciarse que la misma sea arbitraria, irrazonable o injustificada.

SÉPTIMO.- El tercer motivo de recurso, encauzado a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. La parte recurrente denuncia la infracción del artículo 194, en sus apartados 4 y 5 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Disposición Transitoria Vigésima Sexta.

Argumenta la parte recurrente, en síntesis, con fundamento en las dolencias y secuelas que propone en el motivo de revisión fáctica, el actor no puede desempeñar las tareas de su profesión de conductor mecánico, en el que se incluye la conducción de cualquier tipo de vehículo, con remolque, semirremolque o quipos especiales, o sin ellos, la realización de conexiones y enganches correspondientes o colocación de soportes en su caso, con apartados de elevación, carga, descarga y manipulación, responsable del correcto estado del vehículo y de la carga efectuada durante el servicio, así como de controlar y gestionar la documentación administrativa y operativa del camión, y efectuar las operaciones según las indicaciones de las rutas preparadas; y por ello considera que el actor deber ser declarado en situación de incapacidad permanente total.

Las impugnantes se oponen alegando, en esencia, que las secuelas que presenta el actor en la mano izquierda, no revisten entidad suficiente para hacerlo tributario de una incapacidad permanente total.

OCTAVO.- Para resolver el segundo motivo recurso ha de tenerse presente la normativa y jurisprudencia aplicables.

Debe precisarse que, si bien el actor como infringido cita, también el apartado 5 del artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a la incapacidad permanente absoluta, los argumentos desarrollados en este motivo se refieren a la incapacidad permanente total, y en el suplico de la demanda se solicita el reconocimiento del grado de total, o subsidiariamente, parcial; por lo que, la cita del apartado 5 es un evidente error y hemos de examinar el motivo referido al reconocimiento de incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial, extremos éstos sobre los que se pronunció la sentencia de instancia.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto, la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194, en su apartado 4: "Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."; en su apartado 3: "Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Para la debida calificación como incapacidad permanente total, hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Se trata de decidir sobre la gravedad de las reducciones litigiosas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" la capacidad para el trabajo del afectado en función de su profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la invalidez, al resultar intrascendente una lesión que, por grave que sea, no incida en aquélla. Se trata de poner en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión; en el bien entendido que aunque la actividad laboral habitual de un trabajador, implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una "continua situación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano, Debiendo tenerse en cuenta conforme a STS 17-1-89, que "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica"; por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por otra parte, procede la declaración en incapacidad permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

También es reiterada la jurisprudencia que ha señalado que "la profesión habitual no se define en función del concreto puesto de trabajo que se desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional" , y que "este criterio profesional no significa que las decisiones en materia de calificación de la incapacidad deban depender de las que, en función del estado del trabajador, puedan haberse adoptado en la relación de empleo: el sistema de calificación es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa relación" [ SSTS Sala 4ª Sala de 25-3-2009 Recurso 3402/2007), de 11-3-2020 ( Recurso 3777/2017).]

NOVENO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta resolución, y se da, aquí, por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Tercero.

De los mismos resulta que el actor, cuya profesión habitual es la de conductor mecánico, en fecha 1-3-2021 sufrió un accidente de trabajo al quedarle atrapado el cuarto dedo de la mano izquierda en las poleas de una máquina, quedándole como cuadro residual "atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor y secuela de pérdida de movilidad."

En el Fundamento de Derecho Tercero, se indica, con fundamento en la exploración física contenida en el dictamen del ICAM de 8-8-2011: "Realiza el puño con la mano izquierda dejando el 4º dedo cierta semi extensión; realiza la pinza con todos los dedos de ambas manos. No llega a contacto digito palmar con los dedos 2º y 4º de la mano izquierda. No se observan signos inflamatorios de DSR en la mano izquierda.".Exploración física que, señala, es prácticamente coincidente con la realizada por la Mutua en el informe valorado por el ICAM, en el que se indica: "conserva movilidad activa interfalángica mediana y de la MCF, sin molestias a la presión del blando ni distrofia. Movilidad de la mano no pinza con 4º dedo con la palma de la mano. Sin pérdida de fuerza, no distrofia, no alodinia severa. Rigidez arco interfalángico distal, flexión incompleta del 4º dedo IZQ faltan 5 cm para soporte palmar, no oposición con pulgar, no puede realizar puño ni gancho. Pulgar puede hacer pinza con 2º y 3º dedos".

Con fundamento en la situación patológica descrita, la Magistrada de instancia argumenta: "La limitación funcional se circunscribe a la mano izquierda (que además no es la rectora sino la auxiliar puesto que el demandante es diestro), afecta solo a dos dedos y la consiguiente capacidad para hacer el puño y pinza con los mismos (siendo funcional el resto de la extremidad superior), y no le impide el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión (no se aporta profesiograma pero es evidente que se trata de una actividad laboral donde la función principal consiste en la conducción de vehículos, habiendo manifestado el propio Dr. Feliciano que el demandante puede conducir ya que conserva la funcionalidad en la mano para coger y manejar el volante, no consta qué otras tareas debe realizar, mi en todo caso comporten requerimientos de especial destreza y fuerza bimanual incompatibles son su déficit funcional)." Y concluye "que las secuelas que presenta el actor se traducen en una lógica torpeza o penosidad a la hora de realizar ciertos movimientos con la extremidad afectada (que no es la dominante), pero no le impiden el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión, ni le ocasionan tampoco una disminución no inferior al 33% en el rendimiento de su trabajo."

La Sala comparte los argumentos y conclusión de la Magistrada de instancia; teniendo en cuenta que la limitación funcional afecta a los dedos 4º y 2º de la mano izquierda (no dominante), y que ello no le impide para conducir, siendo dicha tarea la fundamental que desempeña el actor como conductor mecánico; y si bien la parte recurrente alega el desempeño de otras tareas, ello no consta en el relato fáctico, ni se ha solicitado en el motivo de revisión fáctica su introducción.

En consecuencia, debe desestimarse el motivo de censura jurídico sustantiva, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada.

DÉCIMO.-Razones que llevan a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

UNDÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Lleida ha dictado sentencia de fecha 13-2-2024, en el procedimiento de incapacidad permanente, derivado de accidente de trabajo, (Autos 366/2023 ), seguidos a instancia de D. Luis Manuel, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Intercomarcal y la empresa Berga, S.A., en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente en grado de total, o, subsidiariamente parcial, derivada de accidente de trabajo.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, formula la parte actora el presente recurso de suplicación, en el que exponen motivos amparados en los apartados a ), b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando, en el Suplico que se dicte sentencia en la que se acuerde reponer los autos al momento del dictado de la sentencia, y se revoque la misma, reconociendo al actor el derecho a percibir una prestación por incapacidad permanente en grado de total para la profesión habitual de conductor mecánico, derivada de accidente de trabajo, con una base reguladora de 23.404,58 euros, porcentaje del 55% y fecha de efectos 29-11-2022, o, subsidiariamente, incapacidad permanente parcial.

La demandada Grues Berga, S.L., ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos esgrimidos, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia y la condena a la recurrente al pago de las costas.

La demandada Mutual Intercomarcal, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 39 ha presentado escrito de impugnación del recurso, en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, viene amparado en el apartado a) del articulo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías de procedimiento que haya producido indefensión. Se alega la infracción del artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a los artículos 9, 14, 15 y 24 de la Constitución Española.

En resumen, la parte recurrente alega la falta de motivación de la sentencia de instancia, en relación a los elementos de convicción que han llevado a la Magistrada de instancia a establecer sus conclusiones, señalando que ha omitido la valoración de una prueba, en concreto, el estudio biomecánico realizado por el Dr. Feliciano, perito propuesto por la parte actora, y que consta incorporado dentro del propio informe pericial, y que dicha omisión ha causado indefensión a dicha parte, pues es el único estudio biomecánico realizado al actor.

Las impugnantes se oponen a este motivo alegando que no ha existido la omisión denunciada por la parte recurrente, sino que la Magistrada ha realizado una valoración conjunta de la prueba practicada, sin que se haya producido indefensión alguna.

CUARTO.- Ha de desestimarse este primer motivo del recurso por las consideraciones que se exponen a continuación.

En primer lugar, se hace preciso destacar los requisitos que exige el artículo 238 de la LOPJ para que pueda declararse la nulidad de los actos judiciales y que son los siguientes: 1) haberse producido defectos de normas esenciales del procedimiento, y 2) que la infracción procedimental haya causado indefensión no imputable a la parte que la aduce.

Por otra parte esta Sala ha resuelto en numerosas sentencias acerca del carácter extraordinario de la nulidad de actuaciones, entre ellas la sentencia núm. 7460/2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, en que hace referencia a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional , cuando expresa: "Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: a) que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de cerelidad y economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos que han de ser analizados en el caso concreto y no de forma general, sin que la no concurrencia de alguno de ellos, de carácter formal en todo caso, sea constitutivo de indefensión , por cuanto la indefensión constitucionalmente prohibida es la material y no la formal"; b) que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estiman pertinente, pueden hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos" ( Ss. TC 156/85 ; 64/86 ; 89/86 ; 12/87 ; 171/9 y ATC 190/83 ); c) que "el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE , cuando por circunstancia del caso pueda deducirse que el afectado tuvo oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos" ( Ss TC 215/89 y 15.2.93 ) y que "para que exista vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, ni basta cualquier infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales sino que de las mismas ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos la eliminación o discriminación sustancial de derecho que corresponden a las partes en el proceso" ( STC 124/94 ). Como dice el Auto del TC 3/1996, de 15 de enero (RTC 1996, 3 AUTO) "Para que las irregularidades procesales produzcan el radical efecto de nulidad de actuaciones es preciso que...... la indefensión que produzcan ha de ser material y efectiva y no simplemente posible", es decir, que el citado defecto haya causado un perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa [ STC 43/1989 (RTC 1989, 43)], pues el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos con cualquier infracción de normas procesales".

Por otra parte, y en cuanto a las normas que regulan las sentencias, el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece: "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo."

En cuanto al defecto en la motivación imputado, hemos de recordar que en materia de motivación de las resoluciones judiciales, la doctrina constitucional ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución incluye "...el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el artículo 120.3 de la Constitución, es una exigencia derivada del artículo 24.1 de la Constitución, que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos.. " (la STC 182/2011, de 21 de noviembre que reitera doctrina anterior en SSTC 61/1983, de 11 de julio , 13/1987, de 5 de febrero , y 248/2006, de 24 de julio , con cita de las SSTC 163/2000, de 12 de junio , 187/2000, de 10 de julio , y 214/2000, de 18 de septiembre ). Y continúa señalando que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que "...no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva" , si bien ha de conllevar la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en error patente ( SSTC 256/2000, de 30 de octubre ; 82/2001, de 26 de marzo ; 221/2001, de 31 de octubre ; 55/2003, de 24 de marzo , y 213/2003, de 1 de diciembre ). Lo que es exigible por tanto a los órganos judiciales es que la resolución sea fundada en Derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad, sin que pueda considerarse cumplida con la mera emisión de voluntad en un sentido u otro ( SSTC 61/1983, de 11 de julio; 116/1986, de 8 de octubre o 182/2011, de 21 de noviembre entre otras).

En este caso, la sentencia de instancia no adolece de la falta de motivación que alega la parte recurrente. Por el contrario, existe una extensa motivación, con la exposición de las distintas pruebas de las que se ha obtenido el relato fáctico, un análisis pormenorizado de los distintos informes, dictámenes médicos, y pruebas periciales practicadas, incluido el estudio biomecánico contenido en el informe pericial propuesto por la parte recurrente; así como las conclusiones alcanzadas. Debe señalarse que corresponde a la Juzgadora de instancia la valoración del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica; y en el caso de considerarse que ha incurrido en un error en dicha valoración, ello no produce la nulidad, sino que la parte recurrente ha de solicitar su rectificación a través del motivo de revisión fáctica previsto en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

QUINTO.- El segundo motivo de recurso, se encauza, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la revisión del relato fáctico.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero, 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

SEXTO.- Desde la perspectiva expuesta hemos de examinar la revisión fáctica planteada.

Se solicita la modificación del Hecho Probado Séptimo, cuya redacción es la siguiente: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón tensor y secuela de pérdida de movilidad."

Como texto alternativo se propone: "El demandante es diestro y presenta el siguiente cuadro residual derivado del accidente de trabajo: atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor, síndrome residual postalgodistrofia (Südeck), mano y 4-5º dedos izquierdos, con limitación funcional consistente en una pérdida de fuerza y movilidad de la mano izquierda que se traduce en una capacidad funcional residual a consecuencia de las lesiones en la que la muñeca izquierda del 60% y en la mano izquierda-función prensora del 59%."

Como fundamento de esta modificación se citan los documentos siguientes: informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 30-11-2022 (Folio 45), el informe pericial del Dr. Feliciano (Folios 149-227), incluido el estudio biomecánico contenido dentro del citado informe pericial (Folios 154-156).

Las impugnantes de oponen a la modificación aduciendo, en sustancia, que la recurrente efectúa una valoración de la prueba con alegaciones subjetivas y parciales, que no corresponden con la realidad, y que existen otros informes, como el dictamen del ICAM, que han descartado las secuelas que se pretenden introducir.

Se desestima la modificación solicitada.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos que invoca, que sustituya la realizada por la Magistrada de instancia, obviando que existen otros informes como el dictamen de ICAM de fecha 8-8-2022, la exploración física contenida en el mismo, así como el dictamen pericial de la Mutua demandada que visitó al actor en enero de 2024. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia la valoración de los mismos, aplicando las reglas de la sana crítica, como así ha realizado la Magistrada de instancia en este caso, en el Fundamento de Derecho Cuarto hace un análisis pormenorizado de toda la prueba, exponiendo los motivos por los que da mayor valor probatorio o trascendencia a unos informes sobre otros, y las conclusiones fácticas alcanzadas, y en concreto de la pericial médica propuesta por la parte actora, sin que en la valoración de la Juzgadora se evidencie un error palmario, ni tampoco pueda apreciarse que la misma sea arbitraria, irrazonable o injustificada.

SÉPTIMO.- El tercer motivo de recurso, encauzado a través del artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. La parte recurrente denuncia la infracción del artículo 194, en sus apartados 4 y 5 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Disposición Transitoria Vigésima Sexta.

Argumenta la parte recurrente, en síntesis, con fundamento en las dolencias y secuelas que propone en el motivo de revisión fáctica, el actor no puede desempeñar las tareas de su profesión de conductor mecánico, en el que se incluye la conducción de cualquier tipo de vehículo, con remolque, semirremolque o quipos especiales, o sin ellos, la realización de conexiones y enganches correspondientes o colocación de soportes en su caso, con apartados de elevación, carga, descarga y manipulación, responsable del correcto estado del vehículo y de la carga efectuada durante el servicio, así como de controlar y gestionar la documentación administrativa y operativa del camión, y efectuar las operaciones según las indicaciones de las rutas preparadas; y por ello considera que el actor deber ser declarado en situación de incapacidad permanente total.

Las impugnantes se oponen alegando, en esencia, que las secuelas que presenta el actor en la mano izquierda, no revisten entidad suficiente para hacerlo tributario de una incapacidad permanente total.

OCTAVO.- Para resolver el segundo motivo recurso ha de tenerse presente la normativa y jurisprudencia aplicables.

Debe precisarse que, si bien el actor como infringido cita, también el apartado 5 del artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a la incapacidad permanente absoluta, los argumentos desarrollados en este motivo se refieren a la incapacidad permanente total, y en el suplico de la demanda se solicita el reconocimiento del grado de total, o subsidiariamente, parcial; por lo que, la cita del apartado 5 es un evidente error y hemos de examinar el motivo referido al reconocimiento de incapacidad permanente total o subsidiariamente parcial, extremos éstos sobre los que se pronunció la sentencia de instancia.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2.016 establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto, la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez.

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citato Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194, en su apartado 4: "Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta."; en su apartado 3: "Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Para la debida calificación como incapacidad permanente total, hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Se trata de decidir sobre la gravedad de las reducciones litigiosas, desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de "que disminuyan o anulen" la capacidad para el trabajo del afectado en función de su profesión habitual o del grado de incapacidad que se postule; constituyéndose éste en el requisito central de la invalidez, al resultar intrascendente una lesión que, por grave que sea, no incida en aquélla. Se trata de poner en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión; en el bien entendido que aunque la actividad laboral habitual de un trabajador, implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere "riesgos adicionales o superpuestos" a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a una "continua situación de sufrimiento" en el trabajo cotidiano, Debiendo tenerse en cuenta conforme a STS 17-1-89, que "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica"; por lo que la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Por otra parte, procede la declaración en incapacidad permanente parcial cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

También es reiterada la jurisprudencia que ha señalado que "la profesión habitual no se define en función del concreto puesto de trabajo que se desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional" , y que "este criterio profesional no significa que las decisiones en materia de calificación de la incapacidad deban depender de las que, en función del estado del trabajador, puedan haberse adoptado en la relación de empleo: el sistema de calificación es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa relación" [ SSTS Sala 4ª Sala de 25-3-2009 Recurso 3402/2007), de 11-3-2020 ( Recurso 3777/2017).]

NOVENO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, hemos de analizar el caso enjuiciado.

Hemos de partir del inalterado relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, al no haber prosperado la revisión solicitada, que se recoge en los antecedentes de hecho de esta resolución, y se da, aquí, por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Tercero.

De los mismos resulta que el actor, cuya profesión habitual es la de conductor mecánico, en fecha 1-3-2021 sufrió un accidente de trabajo al quedarle atrapado el cuarto dedo de la mano izquierda en las poleas de una máquina, quedándole como cuadro residual "atrapamiento del cuarto dedo de la mano izquierda con lesión del tendón extensor y secuela de pérdida de movilidad."

En el Fundamento de Derecho Tercero, se indica, con fundamento en la exploración física contenida en el dictamen del ICAM de 8-8-2011: "Realiza el puño con la mano izquierda dejando el 4º dedo cierta semi extensión; realiza la pinza con todos los dedos de ambas manos. No llega a contacto digito palmar con los dedos 2º y 4º de la mano izquierda. No se observan signos inflamatorios de DSR en la mano izquierda.".Exploración física que, señala, es prácticamente coincidente con la realizada por la Mutua en el informe valorado por el ICAM, en el que se indica: "conserva movilidad activa interfalángica mediana y de la MCF, sin molestias a la presión del blando ni distrofia. Movilidad de la mano no pinza con 4º dedo con la palma de la mano. Sin pérdida de fuerza, no distrofia, no alodinia severa. Rigidez arco interfalángico distal, flexión incompleta del 4º dedo IZQ faltan 5 cm para soporte palmar, no oposición con pulgar, no puede realizar puño ni gancho. Pulgar puede hacer pinza con 2º y 3º dedos".

Con fundamento en la situación patológica descrita, la Magistrada de instancia argumenta: "La limitación funcional se circunscribe a la mano izquierda (que además no es la rectora sino la auxiliar puesto que el demandante es diestro), afecta solo a dos dedos y la consiguiente capacidad para hacer el puño y pinza con los mismos (siendo funcional el resto de la extremidad superior), y no le impide el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión (no se aporta profesiograma pero es evidente que se trata de una actividad laboral donde la función principal consiste en la conducción de vehículos, habiendo manifestado el propio Dr. Feliciano que el demandante puede conducir ya que conserva la funcionalidad en la mano para coger y manejar el volante, no consta qué otras tareas debe realizar, mi en todo caso comporten requerimientos de especial destreza y fuerza bimanual incompatibles son su déficit funcional)." Y concluye "que las secuelas que presenta el actor se traducen en una lógica torpeza o penosidad a la hora de realizar ciertos movimientos con la extremidad afectada (que no es la dominante), pero no le impiden el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión, ni le ocasionan tampoco una disminución no inferior al 33% en el rendimiento de su trabajo."

La Sala comparte los argumentos y conclusión de la Magistrada de instancia; teniendo en cuenta que la limitación funcional afecta a los dedos 4º y 2º de la mano izquierda (no dominante), y que ello no le impide para conducir, siendo dicha tarea la fundamental que desempeña el actor como conductor mecánico; y si bien la parte recurrente alega el desempeño de otras tareas, ello no consta en el relato fáctico, ni se ha solicitado en el motivo de revisión fáctica su introducción.

En consecuencia, debe desestimarse el motivo de censura jurídico sustantiva, al no apreciarse la infracción de la normativa denunciada.

DÉCIMO.-Razones que llevan a desestimar el recurso de suplicación interpuesto, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

UNDÉCIMO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación