Sentencia Social 1113/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Social, Rec. 650/2026 de 12 de mayo del 2026

PRIMERO.-La resolución judicial de instancia ha desestimado la pretensión de la trabajadora demandante, que con categoría profesional de Administrativa de citación y antigüedad de 2 de mayo de 2022, solicita la declaración y existencia de un despido nulo o subsidiariamente improcedente, que tiene lugar mediante notificación de 31 de marzo de 2025 con efectos de 14 de abril del mismo año mediante carta de despido objetivo con preaviso y puesta a disposición, existiendo una baja médica a partir del 1 de abril del 2025, un diagnóstico de ansiedad que durará una semana hasta el inicio de un nuevo trabajo para un cliente de la mercantil demandada. La juzgadora de instancia advierte de la realidad de la extinción, productiva organizativa objetiva por la fusión comprobada, y desbarata los indicios de la posible nulidad por situación de IT o salud, al iniciarse precisamente al día siguiente de conocer el anuncio del despido objetivo y durar, simplemente, una semana por ansiedad, sin que conste tratamiento o patologías, máxime cuando la información testificada se contradice con otras proposiciones. Se concluye que la consideración y causa real del cese objetivo por causa organizativa por fusión empresarial, constata un sobredimensionamiento de la plantilla, sin acreditación de vacantes ni obligación de recolocación, siendo suficiente una sola persona para las citaciones gestionadas, sin perjuicio de otros centros de trabajo.

Disconforme con tal resolución de instancia, la trabajadora plantea recurso de suplicación articulando un primer motivo de revisión fáctica al amparo del párrafo b) del art. 123 de la LRJS, al que se suman dos motivaciones jurídicas según el párrafo c) del del mismo artículo, y finalmente, una motivación anulatoria que invoca en su cuarta proposición siguiendo el párrafo a) del citado art. 193 de la LRJS.

Existe impugnación de la empresa demandada.

SEGUNDO.-El motivo de reposición de autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión tiene por finalidad genérica denunciar irregularidades en la tramitación del procedimiento especialmente cualificadas por el efecto de que su apreciación conlleva la declaración de nulidad de las actuaciones viciadas. Tal es así que resulta necesario en la configuración legal y jurisprudencial del motivo la denuncia de la infracción o garantía de carácter procedimental entendida en un sentido amplio que alcance incluso los principios constitucionales. pero además esa denuncia ha de referirse no a la infracción de cualquier norma procesal sino aquélla que cualificadamente implica la efectiva indefensión de la parte como concurrencia de un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios argumentos. En todo caso es necesario que la parte recurrente haya intentado la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno o haya formulado correspondiente protesta en tiempo y forma, y todo ello salvo supuestos de anulación de oficio si son defectos propios del orden jurídico público procesal. Esas exigencias de invocación de preceptos infringidos tratándose de infracciones de normas procesales como normas vulneradas de carácter esencial, que hayan producido indefensión y que quien invoca tal transgresión de la norma procesal no lo haya provocado o propiciado con su conducta formulando la oportuna protesta en tiempo y forma. Y es que resulta evidente que la parte que articula esta motivación está sujeta a cargo de precisar las específicas reglas procesales infringidas y su razonamiento ya que no corresponde al Tribunal Superior examinarlo por su cuenta al estar ante un recurso extraordinario, máxime cuando la consecuencia de una infracción de estas características no es resolver el litigio en la forma pedida por el recurrente, sino retrotraer el curso del proceso al momento en que aquélla se cometió a fin de que se desarrolle en forma correcta y sin perjuicio para los litigantes. Sin embargo este especial efecto que es contrario a cualquier principio de economía y rapidez procesal determina que únicamente deba decretarse la nulidad cuando la infracción sea de tal calado que haya producido verdadera indefensión máxime tras los dictados orgánicos tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003 de 23 de diciembre. Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1ª) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, ( STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución ( STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción ( STC 89/1986 de 1 de julio).

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, ( SS del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1988 y 6 de junio de 1990).

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, ( sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Como en el supuesto de autos, la trabajadora recurrente articula su última motivación alegando un defecto esencial con incidencia en la tutela judicial efectiva, citando los arts 24 de la CE en relación al 97 de la LRJS y el 218 y la LEC, insistiendo en que la sentencia incurre en una motivación insuficiente aparente, y que no razona los elementos esenciales que suponen una falta con relevancia constitucional, a criterio de la Sala no podrá tener éxito.

Y es que, aún cuando, ni siquiera la impugnante lleva a cabo un comentario de este último motivo residual y no fundamentado, lo cierto es, que la Sala debe preconizar una realidad evidente, que deviene demostrada por la simple lectura de la resolución de instancia, que contiene no solo una motivación suficiente y detallada, sino una consideración que explaya los elementos esenciales, no solo de los requerimientos documentales para con la causa objetiva, sino también para con las circunstancias e indicios de una posible nulidad por situación de incapacidad temporal o salud que, como veremos, no acontece.

Se rechaza la revisión anulatoria, al no darse su infracción denunciada.

TERCERO.-Los motivos de revisión fáctica esgrimidos al amparo del artículo 193 b) de la LRJS exigen recordar que el proceso laboral delimita, desde la Ley de Bases 7/89, la exigencia de un Recurso de Suplicación como medio de impugnación extraordinario propio de una única instancia con cierta naturaleza casacional que solo puede interponerse por motivos tasados, expresos y circunstanciados sin que el Tribunal pueda acceder al examen, con modificación de la resolución de instancia, más que cuando exista un error en la apreciación de los medios de prueba que consten en el procedimiento, ya sea positivamente, por recoger hechos contrarios a los que se desprenden de la actividad probatoria, o negativamente, por omisión de tales que del mismo modo se desprenden de dichas pruebas. Además, el padecimiento del error debe ser palpable y evidente, con trascendencia en el Fallo y variación del procedimiento, y por lo mismo con independencia de su certeza o veracidad.

Es reiterada la doctrina de esta Sala del TSJPV que recoge la doctrina de la Sala IV del TS, recordada entre otras en las recientes SSTS de 6 de noviembre de 2020 (R-7/2019), 25 de enero de 2021 (R-125/2020) y 2 de noviembre de 2021 (R-90/2021), los requisitos para que prospere la revisión fáctica los establece la Sala IV del TS señalando:

"En STS 13 julio 2010 (R-17/2009 ), 21 octubre 2010 (R-198/2009 ), 5 junio 2011 (R-158/2010 ), 23 setiembre 2014 (R-66/2014 ), 18 noviembre 2015 (R-19/2015 ) y otras muchas, hemos advertido que "el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud ( art. 97.2 LRJS ) únicamente al juzgador de instancia (en este caso a la Sala "a quo") por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de suplicación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquel por el subjetivo de las partes".

El peligro de que el acudimiento a los Tribunales Superiores se convierta en una nueva instancia jurisdiccional, contra lo deseado por el legislador y la propia ontología del recurso explican estas limitaciones. La previsión legal permite solicitar la corrección de las eventuales contradicciones entre los hechos que se dan como probados y los que se deduzcan de las pruebas documentales practicadas. Reiterada jurisprudencia como la reseñada en STS 28 mayo 2013 (R-5/2012 ), 3 julio 2013 (R-88/2012 ) o 25 marzo 2014 (R-161/2013 ) viene exigiendo, para que el motivo prospere:

. Que se señale con claridad y precisión el hecho cuestionado (lo que ha de adicionarse, rectificarse o suprimirse), sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de Derecho o su exégesis.

. Que la parte no se limite a manifestar su discrepancia con la sentencia recurrida o el conjunto de los hechos probados, sino que se delimite con exactitud en qué se discrepa.

. Que su errónea apreciación derive de forma clara, directa y patente de documentos obrantes en autos (indicándose cuál o cuáles de ellos así lo evidencian), sin necesidad de argumentaciones o conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada].

. Que no se base la modificación fáctica) en prueba testifical ni pericial, Excepcionalmente la prueba testifical puede ofrecer un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

. Que se ofrezca el texto concreto conteniendo la narración fáctica en los términos que se consideren acertados, enmendando la que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos.

. Que se trate de elementos fácticos trascendentes para modificar el fallo de Instancia, aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

. Que quien invoque el motivo precise los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

. Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente Para el fallo, Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

La variación del relato de hechos únicamente puede basarse en prueba documental obrante en autos y que demuestre la equivocación del juzgador. Desde luego, la modificación no puede ampararse en la prueba testifical, ni en la pericial, por expreso mandato de la LRJS. En algunos supuestos sí cabe que ese tipo de prueba se examine si ofrece un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte" encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.

La modificación o adición que se pretende no debe comportar valoraciones jurídicas. Las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada ubicación en la fundamentación jurídica.»."

En lo que respecta al caso concreto de la presente pretensión de la trabajadora recurrente, que induce a la modificación fáctica de lo que considera adicionar un hecho probado octavo o donde proceda, y que concuerda con un cúmulo desorbitado de manifestaciones, que la misma impugnante advierte denota un uso incorrecto de la proposición remisoria fáctica en este motivo de recurso extraordinario, lo cierto es, que la Sala no puede apreciar en la proposición descriptiva la constatación, no ya de la redacción alternativa, sino de la relevancia o trascendencia que se exija respecto de las pruebas mencionadas del expediente electrónico para con las causas organizativas, su proporcionalidad y la documentación aportada por la empresa, puesto que la amalgama de afirmaciones voluntaristas que realiza la recurrente pretenden, tan solo, combatir el despido objetivo con sus exigencias y razonabilidad, más allá de manifestaciones genéricas, valorativas y estrictamente jurídicas que no fácticas.

Por lo mencionado, se rechaza el supuesto motivo de revisión fáctica.

CUARTO.-En lo que se refiere a la revisión jurídica, al amparo del artículo 193 c) de la LRJS, motivando la interposición del recurso extraordinario en el examen de la infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia, debe recordarse que el término norma recoge un ámbito amplio jurídico y general que incluye las disposiciones legislativas, la costumbre acreditada, las normas convencionales y hasta los Tratados Internacionales ratificados y publicados. Pero además la remisión a la idea de normas sustantivas no impide igualmente que las normas procesales que determinen el fallo de la resolución deban ser también esgrimidas y alegadas como infracción que se viene a producir en supuestos adjetivos, cuales son entre otros los propios de excepciones de cosa juzgada incongruencia u otros. Y es que la infracción jurídica denunciada debe atenerse al contenido del fallo de la resolución, por lo que en modo alguno la argumentación de la suplicación se produce frente a las Fundamentaciones Jurídicas, sino solo contra la parte dispositiva, con cita de las normas infringidas y sin que pueda admitirse una alegación genérica de normas sin concretar el precepto vulnerado u omisión de la conculcación referida, que impediría en todo caso a la Sala entrar en el examen salvo error evidente iura novit curiao vulneración de derecho fundamental, y en todo caso según el estudio y resolución del tema planteado.

Como la trabajadora recurrente denuncia, inicialmente, la infracción del art. 14 de la CE en relación al 555 del ET, y cita la ley 15/2022 para solicitar la nulidad del despido por la circunstancia e indicio que se corresponde con la situación de incapacidad temporal, citando algunos precedentes judiciales, todo ello exigirá una valoración de temática estrictamente jurídica, por cuanto no hay relato fáctico alterado.

Y es que en el supuesto de autos, una vez mantenido el relato fáctico incólume, y no habiendo alterado las situaciones que se corresponden con las circunstancias laborales, o los indicios que estudiaremos como garantía de indemnidad discriminatoria bajo parámetros de IT-Salud, respecto de la posición de la trabajadora, que es tenido por extinto tras una comunicación de despido objetivo, que tiene actividad probatoria suficiente en lo que concierne a la causalidad organizativa (fusión empresas), como afirmaciones de hecho y de derecho, que contiene la resolución judicial, hacen que las circunstancias de discriminación conocidas respecto del proceso de incapacidad temporal-discapacidad mantenido por la trabajadora, supongan, que la conducta empresarial de realidad de prueba y motivación de la extinción contractual objetiva, descubra, que su negativa al mantenimiento del empleo queda correspondida y probada en autos, a criterio de la juzgadora de instancia, que esta Sala debe confirmar.

Creemos que existe una voluntad empresarial clara e inequívoca extintiva de romper el vínculo, que no solo no puede calificarse de improcedencia, sino que tampoco al criterio de declarar constatado el indicio y comprobada la circunstancia contextual del proceso de incapacidad temporal compaginado, y coetáneo con la comunicación extintiva objetiva, que se prueban convenientemente. (al día siguiente de la notificación con preaviso)

Esta Sala debe atender a los postulados de la doctrina jurisprudencial que representa la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de marzo de 2018, recurso 2766/2016, que reitera la de 21 de septiembre de 2017, recurso 782/16 y 30 de mayo del 16, recurso 3348/14, cerciorándonos también de la doctrina comunitaria en referencia a la sentencias del TJUE desde la de 11 de junio de 2006 asunto Chacón Navas C13/05, asunto Ring y acumulados de 13 de abril de 2013 C335/11 y 337/11; 1 de diciembre de 2010 asunto Dauidi C345/15, o los novedosos referidos a la sentencia de 18 de enero de 2018 asunto Ruiz Conejero C270/16 reitera los criterios interpretativos previos.

En el mismo sentido véanse las últimas sentencias del TS con respecto a la discriminación por discapacidad, por ejemplo 15/09/2020 R-3387/17 recordando la sentencia TJUE 1/12/2016 C-395/17 que advierte de la exigencia de la constatación de las circunstancias o causalidades de la baja médica, sin que sea posible deducir la discapacidad duradera con arreglo a definiciones que atienden a la Directiva 2000/78 interpretada a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad.

Sin perjuicio también de nuestros propios postulados en STJPV 19-12-2017 R. 2345/17 y 26-9-17 R.1734/17 que declara vulneración; u otras que no, STJPV 9-10-18 R.1748/18, similares en los recursos 1821/18, 1300/19, 1903/22, 379/23, 1733/23, y 867/24, y 399/26.

Y es que, en nuestro supuesto de autos, recordando que hemos mantenido el relato fáctico sin alterar, cree esta Sala que no hay situaciones o indicios discriminatorios respecto de las conjeturas del proceso de incapacidad temporal que presenta la trabajadora, a expensas de una consideración de larga data o discapacidad, o siquiera haciendo mención a la Ley 15/2022. Esta Sala no puede advertir la irregularidad de las simples informaciones respecto de la duración del proceso de IT o de las circunstancias de la enfermedad, puesto que no observamos una situación discriminatoria que provoque un requerimiento y contestación empresarial de forma advertida que aparentemente cerciora un componente de respuesta odiosa, por cuanto de las circunstancias esgrimidas se comprueba una realidad de información de fusión de empresas, que se relaciona con el puesto de trabajo del demandante y, sin que sea posible estudiar políticas de empresa sobre la recolocación.

Por ello, la alusión que realiza la demandante al alegato genérico a su situación de enfermedad e incapacidad temporal no puede ser una fuente de discriminación, a pesar de que la Ley 15/22 del 22 de julio ha introducido una reforma en el punto de conexión discriminatorio para con el tratamiento de la enfermedad, discapacidad, condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, añadiendo que la enfermedad no podrá deparar diferencias de trato distintas de las que vienen en el propio proceso de tratamiento de la misma, puesto que el criterio de esta Sala pretende distinguir los actos empresariales que conlleven y consideren una circunstancia discriminatoria y deban ser declarados nulos de aquellos que sin acreditación del móvil discriminatorio no pueden ser objetiva genérica o puntualmente considerados supuestos de nulidad, ya que debemos analizar en el supuesto concreto si existen indicios fundados suficientes que tras la alegación de discriminación aporten una justificación necesaria objetiva y razonable y también proporcional de las medidas o respuestas empresariales. Por ello, en el supuesto de autos no encontramos evidentemente un comportamiento, más allá de la carta de despido objetivo que deviene procedente, respecto de unos indicios o actividades probatorias por vulneración de tal derecho fundamental a la salud o discriminación.

En resumidas cuentas, debemos desestimar íntegramente el recurso de suplicación de la trabajadora recurrente, al no darse las infracciones anulatorias o de nulidad de despido.

QUINTO.-Queda por abordar la tercera motivación jurídica, que denuncia, subsidiariamente, la improcedencia del despido objetivo por causas organizativas citando los art. 52 e) y 511 del ET, advirtiendo de una insuficiencia probatoria o de una defectuosa aplicación del control de razonabilidad, proporcionalidad, y que insiste en la necesidad de la prestación de servicios de la trabajadora tras el cese por existir refuerzos, sustituciones e incluso incongruencia de la juzgadora en la valoración de las pruebas, máxime cuando los requerimientos documentales, entiende no se han producido convenientemente, y existiría un desplazamiento de la carga de la prueba.

Sin embargo, ya adelantamos que dichas advertencias o proposiciones jurídicas de la recurrente, no acontecen en el supuesto de autos, máxime cuando no hay revisión fáctica alguna, y observamos la realidad probada y evidente de la causa organizativa, objetiva, real y suficiente, donde hay una aportación apropiada de la estructura, cargas y alternativas, e igualmente, de la inexistencia de vacantes y del juicio de proporcionalidad, además de la razonabilidad esbozada.

Comenzaremos por manifestar que respecto a las causas económicas, su finalidad normalmente era contribuir a la superación de esas situaciones materialmente negativas que actúan sobre el equilibrio de ingresos y gastos y se identifican como una situación perniciosa económicamente hablando. Era habitual ver que los tribunales disentían por el entendimiento jurídico de tal situación equiparándolo algunos a pérdidas o entendiendo que simplemente estamos ante una disminución de beneficios ( S.T.S. de J. de Cantabria 5-12-94, Aranzadi 4881 y S.T.S.J. de Granada 5-7-95, Aranzadi 2976). Otros, en cambio, entendían que no se requiere la existencia de pérdidas bastando con una reducción de los beneficios ( S.T.S.J. de Cataluña 4-9-96, Aranzadi 3639 y S.T.S.J. de Castilla y León 13-2-96, Aranzadi 361).

Lo evidente es que la causa económica había de ser acreditada por el empresario para amortizar ese puesto de trabajo de manera objetiva (S.T.J. de Cataluña de 15-6-95, Aranzadi 2398) y debía probarse plenamente pues esa situación económica, que debe de ser negativa, implica la existencia de una verdadera situación de crisis actual (S.T.S.J. de Castilla y León 21-3-95, Aranzadi 934) real (S.T.S.J. de Andalucía de 18-11-95, Aranzadi 4233) y con entidad suficiente para justificar la amortización del puesto de trabajo (S.T.S.J. de Andalucía 19-10-95, Aranzadi 3848).

Pues no debía tratarse ni debía apoyarse en razonamientos en supuestos hipotéticos o de futuro, lo que no significa, por contrario, que debía tratarse de una crisis eminentemente irreversible, total y continua ( S.T.S. 24-10-96 y S.T.s.J. de Murcia 20-11-95, Aranzadi 4398), ya que en verdad lo que se buscaba, y la finalidad de la norma previa no era otra que evitar que se produzcan las crisis empresariales definitivas, siendo siempre la búsqueda de la provisionalidad y la superación del conflicto económico la intención de todos los operadores jurídicos ( S.T.S.J. de Cataluña 26-5-97, Aranzadi 1965). Es por ello que el empresario debía probar de forma razonada que la medida tomada intentaba contribuir a superar esa situación económica deficitaria o negativa ( S.T.S.J. de Cataluña de 23-10-95, Aranzadi 4012), sin que la situación negativa fuera concepto comparable con la situación necesariamente positiva, pues podían establecerse otras menos negativas que también deben tener amparo ( S.T.S.J. del País Vasco de 28-5-96).

Por lo tanto, no exigíamos una prueba plena sobre la conexión entre la medida tomada y la superación de la situación económica negativa, tampoco la presentación de un plan de viabilidad ( S.T.S.J. de Cataluña de 15-6-95, Aranzadi 2198), ni siquiera la adopción de otras medidas excepcionales ( S.T.S. del País Vasco 28-5-96). Puesto que la antigua expresión "contribuye a superar" equivalía a ayudar y concurrir con otras circunstancias al logro de algún fin, no siendo preciso que el despido

adoptado fuese por sí solo una medida suficiente e ineludible para superar la crisis, pues bastaba tal fin que la recisión contractual pudiera contribuir a mejorar a la empresa, es decir, que ayudara a favorecer la consecuencia de esa mejoría y que fuera una pauta acertada en el diagnóstico económico negativo, adecuada al objeto de perseguir de manera contributiva y no meramente ocasional, tangencial o remota la pretendida superación del conflicto económico ( S.T.S. 24-4-96, Aranzadi 5297).

Con todo ello hay que afirmar que cuando la medida afectaba a la totalidad de los trabajadores y, podía suponer de hecho el cierre de la empresa, tampoco estaba obligado el empresario a acreditar que la medida tendía a hacer viable su continuidad económica y empresarial, sino que el mismo hecho del cierre, por causas económicas, es lo que debía de probarse y justificarse al objeto de causalizar la extinción contractual ( S.T.S. de Asturias 4-7-97, Aranzadi 2415). Es por ello que sería procedente la extinción por causas económicas en los casos en los que se acreditase una existencia sostenida constante de pérdidas que justificaban la amortización de puesto de trabajo ( S.T.S.J. de Murcia de 20-11-95, Aranzadi 4398) o, siguiendo otros criterios y otras medidas, cuando se haya instrumentado ya expedientes de suspensión de contratos, sin que se haya conseguido la reducción de las pérdidas, o cuando ante crisis estructurales y sobredimensionales de plantilla se buscan las novaciones de contratos ( S.T.S.J. de Galicia 2-12-95, Aranzadi 4584 y S.T.S.J. de Baleares 27-12-95, Aranzadi 4703). Por lo tanto, son pautas jurídicas de acreditación de pérdidas suficientes mediante comportamientos razonables que pretendan superar, supervisar una reducción de las pérdidas, mediante una disminución de costes o cualesquiera otras soluciones que con anterioridad, por imperativo jurídico y económico no pudieran haber sido llevadas a cabo ( S.T.S.J. de Cataluña 29-12-95, Aranzadi 4933).

De tal forma que devenía improcedente la extinción contractual por tales causas económicas si no se acreditaban unas pérdidas, sino que sólo se demuestran, de forma exclusiva, una disminución de beneficios ( S.T.S.J. de Andalucía de 5-7-95, Aranzadi 2976) o una disminución de ingresos y beneficios netos ( S.T.S.J. de Murcia 13-6-95, Aranzadi 2698). Por cuanto lo que se trataba de acreditar es la relación causal entre la situación económica negativa y la amortización del puesto de trabajo afectado ( S.T.S.J. de Navarra 26-9-95, Aranzadi 3932), no bastando simples criterios de conveniencia, oportunidad, discrecionalidad, sino requiriendo la acreditación de la amortización del puesto de trabajo a modo y manera de contribución a superar esa situación económica negativa no bastando, por tanto, que la medida fuera inocua ( S.T.S.J. del País Vasco de 10-10-95, Aranzadi 3707 y 12-12-95 Aranzadi 4759). Ya que no basta, aunque se acrediten pérdidas por diferentes causas, si no se enmarcaban éstas en las medidas de nuevo contexto de decisiones orientadas a la superación de la situación de la empresa (S.T.S.J. de Castilla y León de 13-2-96, Aranzadi 360).

Todo lo manifestado, en la actualidad viene superándose con la redacción y doctrina judicial que aplicaba el Real Decreto 10/10 y la Ley 35/10, y nos lleva a una nueva vigencia y redacción de la Ley 3/12, superando ya el Real Decreto Ley 3/12 y hasta la reforma última de la ley 3/12 (por cuanto nuestro despido objetivo viene fechado el 14-04-25). Por ello debemos analizar la nueva redacción de las causas del despido por razones objetivas, intentando solventar algunas deficiencias que se han querido superar mediante la atribución de una mayor certeza en el refuerzo de la causalidad, con una flexibilidad que nos advierte de que la situación económica negativa se desprende de la existencia de unas pérdidas actuales, o previstas, que afectan a la viabilidad o a la capacidad de mantener el volumen de empleo, bastando con acreditar los resultados alegados (pérdidas), justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva, que viene basándose en una disminución persistente de su nivel de ingresos ("ordinarios" llegará a decir la Ley 3/12) o ventas, entendiéndose en todo caso que las disminuciones persistentes si se producen durante tres trimestres consecutivos (la Ley 3/12 llegará a matizar, "en comparación al trimestre del año anterior"), siendo diferente de los trimestres que se recogen para la suspensión o el descuelgue (que son dos según el artículo 82.3 de E.T.). Con ello se sigue manteniendo una causalidad finalista y mínima, pero se pretende dar mayor objetividad al juicio de racionalidad.

Del mismo modo eran causas técnicas las que podían producir alteración o modificación del proceso de producción, introduciendo nuevos métodos que conllevaban reestructuraciones de servicios o especialidades propias. Eran causas organizativas las decisiones del empresario de reajuste, de organización productiva y de plantilla, aun cuando ésta no se fundamente en una previa inversión empresarial para renovación de los bienes de equipos. Y serán causas de producción, finalmente, las dificultades que el entorno ocasiona a la capacidad productiva de la organización empresarial y que impone la transformación o reducción de la producción.

Lo evidente es que estas tres últimas causas, al no exigirse venir predeterminadas de situaciones negativas de la empresa, exponen una causalidad de desvinculación de la existencia de pérdidas o resultados económicos desfavorables ( S.T.S.J. de Murcia de 17-7-95, Aranzadi 2827), pero que deben de tener un carácter real y actual y no futurible, y pueden matizarse en relación no ya sólo a la globalidad de la empresa sino que exigen un estudio del centro de trabajo en un ámbito de apreciación en que no resulta necesaria atender a la totalidad de la empresa sino que podría exclusivamente basarse en el espacio laboral o centro de trabajo, sin atender al conjunto de la entidad empresarial (basta con analizar la situación de los concretos centros de trabajo sin necesidad de observar la situación de la empresa en su conjunto).

Con todo, la reforma habida por Real Decreto Ley 3/12, que será secundada por la Ley 3/12, viene a manifestar que se entiende que concurren causas técnicas cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se producen cambios, entre otros en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal, matizando también que lo es en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Por lo tanto la exigibilidad legislativa de aplicación hace superar la antigua Ley 35/10 y su Real Decreto Ley 10/10, con una reforma en flexibilidad de la causalidad y diferenciación de supuestos que aborda el vigente artículo 51.1 del E.T., que ya es aplicable al supuesto de autos en el momento de la extinción contractual.

Tal es así, que en el supuesto de autos, en lo concerniente a las motivaciones esbozadas por la trabajadora recurrente, y dando por suficiente la formalidad y requisitos de la carta de despido objetivo, esta Sala debe manifestar que la realidad irreprochable de la existencia de una fusión de empresas, demuestra, a todas luces, la causa organizativa esbozada cuando atendiendo a la carga de trabajo demostrada existe el sobredimensionamiento que evidencia la exigencia de una sola persona para realizar las citaciones suficientes, sin que se haya acreditado una realidad constatada de vacantes en el área de citaciones, y no existiendo la obligación empresarial de ningún tipo de recolocación, más allá de aquella cobertura a través de clientes que tuvo la trabajadora en un tiempo cercano.

Observamos la evidencia acreditada de la existencia real y suficiente de la causa organizativa, que se constata, no solo por la información documentada, sino, también, por la testificada que advierte de la reorganización empresarial por la integración de los dos centros de trabajo antes independientes en una fusión empresarial, conformando una realidad de ausencia de contratación de nuevos trabajadores acreditando la innecesaridad de cobertura de cualquier vacante que no exige recolocación, por cuanto se advierte y constata ese sobredimensionamiento real en el área de citaciones en el centro de Bilbao.

Creemos que la empresa ha aportado la documentación suficiente y que las afirmaciones de la recurrente sobre su insuficiencia devienen inexigibles, ya que se advierte la estructura de los centros de trabajo, la descripción del puesto de trabajo, el volumen y los estudios de acreditación de inexistencia de vacantes o de recolocación, manifestando que, única y exclusivamente, podemos atender a causas organizativas y no las advertencias productivas que parece sonsacar la recurrente.

Por todo lo manifestado, procede la íntegra desestimación del recurso de suplicación de la trabajadora de recurrente, al no darse las infracciones jurídicas denunciadas.

SEXTO.-Como quiera que la trabajadora recurrente goza del beneficio de Justicia gratuita, en atención al artículo 235.1 de la LRJS, no habrá condena en costas.

Fallo