Sentencia Social 4548/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 780/2025 de 12 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Tomasa, dirigida contra FUNDACIÓ INSTITUT FORMACIÓ CONTINUA IL3-UB (en adelante, IL3), FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA, UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), AJUNTAMENT DE BADALONA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido por causas objetivas llevado a cabo por IL3 frente a la demandante con efectos del 28.9.2023, condenando a dicha demandada a que, en plazo legal, opte entre la readmisión de la demandante en el mismo puesto de trabajo y condiciones que tenía en el momento del despido, con abono de los salarios de tramitación, o le abone la indemnización que establece el fallo de la sentencia. Todo ello, con absolución de las restantes demandadas por considerar que no forman grupo de empresas laboral con IL3 ni existe cesión ilegal de trabajadores.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, la demandante prestaba servicios para IL3 con la categoría profesional de oficial de primera en el centro de trabajo sito en el edificio El Carme, propiedad del ayuntamiento demandado, el cual había cedido su uso a la UB a fin de que esta realizara actividades formativas en el mismo. A su vez, IL3 realizaba en dicho edificio las actividades encomendadas por la UB en virtud del correspondiente encargo de gestión.

En la carta de despido, transcrita en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, IL3, en síntesis, basa la amortización del puesto de trabajo de la demandante en causas organizativas y de producción derivadas de la decisión del ayuntamiento demandado de extinguir la concesión demanial directa del uso privativo de parte del edificio El Carme en favor de la UB, lo que, según la carta, ha comportado modificación del encargo de gestión a IL3 y que el puesto de trabajo de la demandante haya devenido innecesario.

La sentencia de instancia declara la improcedencia del despido porque si bien declara probada la extinción parcial de la concesión del uso del edificio El Carme, considera que las causas invocadas por IL3 en la comunicación extintiva para justificar la amortización del puesto de trabajo de la demandante no se ajustan a la realidad. En este sentido, según declara probado la sentencia, desde el despido de la demandante, dos trabajadores de la empresa SERVICIOS SECURITAS S.A., contratada por la UB, realizan en el edificio El Carme las funciones que estuvo realizando la demandante hasta su despido.

Frente a la sentencia de instancia, IL3 interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y la declaración de procedencia del despido. Articula el recurso con arreglo a cuatro motivos de revisión fáctica, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la demandante, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas en cuantía de 1.000 euros, correspondientes a honorarios de abogado.

Debe señalarse, por otra parte, que la recurrente, con carácter previo a la exposición de los motivos concretos del recurso, formula una serie de "cuestiones previas"que la Sala no puede examinar, precisamente porque, como alega la recurrida en el escrito de impugnación del recurso, no están articuladas mediante ningún motivo de suplicación.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, los cuatro motivos del recurso que tienen por objeto la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, en los que la recurrente solicita nueva redacción para los hechos probados primero, segundo, tercero y cuarto de dicha sentencia.

Cada uno de dichos motivos de suplicación debe ser examinado con carácter individual. Sin embargo, con carácter previo y común a todos ellos, es preciso empezar recordando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, la revisión de los hechos declarados probados solo puede intentarse con base en pruebas documentales y periciales.

Del mismo modo, también es necesario recordar que, respecto de la articulación formal de los motivos de revisión fáctica en el recurso de suplicación, el artículo 196.3 LRJS dispone:

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Finalmente, debemos recordar que, para la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Primer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado primero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en la primera parte del párrafo segundo de este hecho probado, describe las funciones que realizaba la demandante, hoy recurrida, en los términos siguientes:

<>

En el presente motivo, la recurrente, tras reprochar al magistrado de instancia que utilice la expresión "etc"y advertir de que no cabe comparar las funciones que desempeñaba la recurrida con las que actualmente desempeñan los trabajadores de la empresa de seguridad, alega, en síntesis, que la recurrida no solamente desempeñaba las funciones que expresa el hecho probado primero de la sentencia de instancia sino todas las que constan en el documento 8 de su ramo de pruebas, obrante al folio 167 de los autos (la recurrente cita erróneamente el folio 219 de los autos, correspondiente al documento 8 de UB), documento que, según dice, posee pleno valor probatorio porque no fue impugnado en el acto de juicio e incluso el magistrado denegó la prueba testifical dirigida a su ratificación. Además, la recurrente considera que deben añadirse las funciones comerciales a que se refiere el documento obrante al folio 107, aportado por la propia recurrente, lo que, por otra parte, es coherente, según la recurrente, con que, a pesar de ostentar la categoría profesional de auxiliar administrativa, para lo que invoca el contrato de trabajo obrante a los folios 159 y 160 de los autos, pasara a ser oficial de primera y percibiera la "mejora voluntaria",antes "plus de coordinación",por importe de 994,14 euros mensuales, citando, al efecto, las nóminas obrantes a los folios 165 y 166. Finalmente, la recurrente reprocha al magistrado de instancia que no haya tenido en cuenta las alegaciones que, según dice, formuló sobre estas cuestiones en la contestación a la demanda, señala que dicha demanda tiene por objeto aparentar que la recurrida solo realizaba las funciones que luego realizarían los trabajadores de la empresa de seguridad, alega que, desde septiembre de 2023, la mayor parte de funciones que se realizaban en el edificio El Carme pasaron a realizarse a distancia desde la sede de IL3, de manera que únicamente se siguen realizando las de la Universidad de la Experiencia, y expone que la contratación de la empresa de seguridad obedeció simplemente a las quejas de los alumnos respecto de las funciones concretas que cita. Por todo ello, solicita la "adición"del texto siguiente al hecho probado primero:

<

La treballadora responsable de l'edifici "El Carme" de Badalona mentre va estar vigent l'encàrrec de gestió era la Sra. Tomasa qui duia a terme, a més de les tasques comercials del Àrea de Formació Complementària de la UB (AFC), les funcions següents:

Gestió de l'edifici:

Ser l'enllaç i proporcionar tota la informació del Centre a les unitats transversals de l'AFC

Organitzar i coordinar els projectes de l'edifici, així com a l'equip de treball.

Garantir la cobertura del punt d'informació en horari d'atenció al públic determinada o consensuada amb la resta d'unitats

Vetllar pel correcte funcionament de l'edifici: el correcte funcionament de les aules i el manteniment general, inventari del mobiliari, correcte funcionament del material audiovisual i comanda de material per a la realització de classes.

Vetllar pel correcte funcionament del punt d'informació del centre i de tots els projectes que es duen a terme al centre de dilluns a divendres en període lectiu.

Formar al nou personal del seu centre. Supervisar la formació de les noves incorporacions, en cas de que es delegui

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre la gestió de l'edifici.

Introduir al GRAD (eina de gestió d'aules UB) les reserves dels cursos que es fan a l'Edifici El Carme. Modificar els canvis i fer seguiment de les reserves tant internes (UB) com externes (altres entitats).

Gestionar la reserva i comptabilitzar hores de les aules llogades a d'altres institucions per procedir a la seva facturació.

Gestió i seguiment de les màquines de vending

Donar suport a la direcció amb les relacions institucionals amb l'Ajuntament de Badalona.

Gestió administrativa i acadèmica:

Reportar al Cap de Promoció i informació en els aspectes que necessiti, sobre temes de personal dels punts d'informació, així com aspectes informatius a altres seus.

Reportar a la Cap de Secretaria els aspectes que necessiti, sobre les tasques administratives relacionades amb l'oficina de la secretaria.

Reportar a la Cap d'Afers Generals en els aspectes que necessiti, sobre els lloguers de la seu i la gestió de l'edifici.

Atenció i informació al públic presencial i telefònica.

Gestió de carteria: enviament i rebuda documentació i paqueteria.

Suport a l'estudiant, gestió de tràmits del Campus Virtual, expedient acadèmic, suport tècnic connexió WIFI alumnat UB.

Matrícules de les diferents activitats UB a GIGA (eina de gestió acadèmica UB)

Lliurament de certificats i diplomes a l'alumnat.

Registre de documents

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre l'activitat al centre.

Gestionar incidències informàtiques generals del centre i de les aules.

Gestionar incidències logístiques generals del centre i de les aules.

Venda de productes de marxandatge de la UB.

Reportar a la Unitat d'Imatge Corporativa i Màrqueting el stock i els aspectes que necessiti sobre els productes de marxandatge de la UB.>>

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente solo transcribe el texto que pretende adicionar, pero no la redacción resultante del hecho probado primero, lo que dice causarle indefensión, y que el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está elaborado por ella misma, por lo que carece de valor revisorio en suplicación, con independencia de que no fuera impugnado. Además, alega que la nueva redacción que propone la recurrente es irrelevante en relación con el fallo de la sentencia porque dicha parte no ha solicitado supresión del párrafo del hecho probado primero en el que constan las funciones que realizaba en la empresa.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico anterior de esta sentencia, lo que impide su acogimiento.

Al respecto, debemos señalar, de entrada, que tiene razón la recurrida cuando advierte de que la recurrente no precisa con suficiente claridad cuál es el texto que propone para el hecho probado primero de la sentencia de instancia, más allá de reproducir uno de sus párrafos y exponer el texto que pretende adicionar al mismo, proceder que vulnera las exigencias de claridad y precisión que derivan de lo dispuesto en el artículo 196.3 LRJS y la indicada doctrina de esta Sala.

Por otra parte, como también alega la recurrida, el profesiograma obrante en el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está redactado unilateralmente por ella, por lo que, desde luego, el hecho de que su contenido no se ajuste al del hecho probado primero de la sentencia de instancia, no revela error alguno del magistrado de instancia a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la doctrina indicada. Todo ello, con independencia de la cuestión referida a su impugnación, que no afecta a la valoración libre del documento por parte del órgano judicial, aparte de que el magistrado de instancia no basa el hecho probado únicamente en prueba documental sino también testifical, que no es revisable en suplicación. Además, la recurrente, a lo largo del motivo, invoca otros documentos para que la Sala los valore, proceder que supone olvidar que este recurso extraordinario, a diferencia del de apelación civil, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, por ello, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas aportadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos.

Finalmente, debemos señalar que la recurrente, en el presente motivo, mezcla, sin rigor alguno, cuestiones de naturaleza fáctica y normativa, lo que es impropio de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

CUARTO.- Segundo motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado segundo

En el presente motivo, la recurrente solicita adicionar un nuevo párrafo al último del indicado hecho probado, en el que, como hemos visto, se relata la comunicación de la UB a la recurrente, el 2.9.2023, de la extinción parcial de la concesión demanial directa del edificio El Carme, acordada por el ayuntamiento el día anterior.

El nuevo párrafo que la recurrente solicita incorporar al hecho probado es del siguiente tenor:

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La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 9 de su ramo de pruebas (folio 168 de los autos), consistente en la comunicación de 2.9.2023. Además, invoca un párrafo del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio formulado por la hoy recurrida (folios 90 y 91 de los autos).

En síntesis, la recurrente considera que la adición es relevante para justificar las causas que motivaron el despido de la recurrida y el traslado de otro trabajador del edificio El Carme al edificio Jeroni Granell.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito en virtud de lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC).

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado segundo, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el documento que invoca no se corresponde literalmente con el texto que pretende incorporar al relato fáctico, además de que dicho documento ya ha sido valorado expresamente por el magistrado de instancia, que lo cita en el hecho probado segundo de la sentencia, sin que observemos error alguno en dicha valoración, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina de esta Sala. Por otra parte, como alega la recurrida, la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Tercer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado tercero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en este hecho probado, transcribe íntegramente la carta de despido notificada a la recurrida.

Frente a la redacción actual del hecho probado, la recurrente solicita adicionar el siguiente párrafo:

<>

La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 10 de su ramo de pruebas (folios 169 y 170 de los autos), que reproduce en gran parte y que consiste en la comunicación de traslado del trabajador a que hace referencia en el texto.

En síntesis, la recurrente alega que dicha adición es relevante porque prueba que, con motivo del cese en la actividad de gestión que llevaba a cabo en el edificio El Carme, a excepción de la Universidad de la Experiencia, adoptó otras medidas organizativas y de producción, aparte del despido de la recurrida.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la adición que propone es irrelevante, dado que se refiere a otro trabajador.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo, al igual que en el motivo anterior, permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado tercero, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el mero hecho de que la recurrente haya podido acordar el traslado de otro trabajador, no prueba, desde luego, la realidad de las causas invocadas en la carta de despido de la recurrida, pues se trata de una actuación unilateral de la empresa, lo que implica que, como aduce aquella, el nuevo texto es intrascendente en relación con el sentido del fallo de la sentencia de instancia.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SEXTO.- Cuarto motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado cuarto

En el presente motivo, la recurrente solicita nueva redacción para el último párrafo del indicado hecho probado, que, recordemos, es del siguiente tenor:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente propone la siguiente:

<>

La recurrente fundamenta dicha nueva redacción en los documentos 8, 5, 7 y 13 de su ramo de pruebas (folios 168, 163, 165/166 y 186/187 de los autos), 3 del de la recurrida (folio 197) y 1 y 3 del de la UB (folios 189/190 y 201 a 206), además del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio solicitado por la recurrida. A lo largo del motivo, la recurrente analiza extensamente cada uno de dichos documentos, lo que le lleva, en síntesis, a justificar las diferencias que, según dice, había entre las tareas llevadas a cabo por la recurrida y las que desempeñan los trabajadores de las empresas de seguridad contratadas con posterioridad.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que ninguno de los documentos invocados revela error del magistrado de instancia al valorar las pruebas.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, la recurrente, lejos de justificar que alguno de los documentos invocados evidencie error del magistrado de instancia a la hora de valorar las pruebas, en términos que permitan la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina, basa la nueva redacción que solicita para el último párrafo del hecho probado cuarto en una pluralidad de documentos, que valora detalladamente y de los que extrae la indicada nueva redacción, proceder que, como hemos indicado al examinar el primer motivo de revisión fáctica, supone olvidar que la Sala, en este recurso extraordinario, no puede efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, más allá de los supuestos de error a que se refiere la doctrina expuesta en el indicado fundamento jurídico segundo. Además, al igual que en el segundo motivo de revisión fáctica, la recurrente invoca la prueba de interrogatorio, no revisable en suplicación, a lo que debemos añadir que el magistrado de instancia no basa el hecho probado solamente en prueba documental sino también testifical, que tampoco es revisable en suplicación.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SÉPTIMO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso), en el que la recurrente denuncia que dicha sentencia infringe los artículos 51.1 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores ( ET), en relación con los artículos 122.1 LRJS y 218.2 LEC, y doctrina jurisprudencial sobre la materia.

En síntesis, la recurrente, en el presente motivo, alega que, a diferencia de lo que sostiene la sentencia de instancia, el despido de la recurrida obedece a las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva, por lo que dicho despido debe ser declarado procedente en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 122.1 LRJS. En este sentido, siempre según la recurrente, la pérdida de la concesión demanial del edificio El Carme por parte del ayuntamiento de Badalona frente a la UB dio lugar a que dejasen de realizarse la mayor parte de actividades que se llevaban a cabo en dicho edificio, manteniéndose únicamente la Universidad de la Experiencia. Dichas circunstancias, unidas a que la mayoría de funciones que desempeñaba la recurrida pasaron a realizarse a distancia o bien en el edificio Jeroni Granell, justificó la amortización de su puesto de trabajo, al igual que el traslado del otro trabajador, lo que, en opinión de la recurrente, se ajusta a las causas organizativas y de producción que justifican legalmente el despido por causas objetivas, según los artículos 51.1 y 52.c) ET y doctrina jurisprudencial que cita, sin que, frente a ello, pueda oponerse la contratación de la empresa de seguridad, motivada por las quejas de los alumnos y cuyos trabajadores realizan meras funciones de vigilancia y auxiliares, no equiparables a las que desempeñaba la recurrida.

Finalmente, la recurrente, "a mayor abundamiento",alega que, en cualquier caso, la decisión de la UB de contratar a la empresa de seguridad no puede serle imputable, teniendo en cuenta que la propia sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal de trabajadores, por lo que dicha sentencia, en este punto, incurre en una contradicción lógica que comporta vulneración del artículo 218.2 LEC, además de que se trata de hechos posteriores al despido y, en consecuencia, no valorables a efectos de justificar el mismo.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente parte de la estimación de los motivos de revisión fáctica y que, con arreglo a los hechos que la sentencia declara probados, no concurren las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva porque las funciones que realizaba en el edificio El Carme siguen realizándose por la empresa de seguridad contratada inmediatamente después del despido, lo que implica que el puesto de trabajo no quedó vacío de contenido. Por otra parte, en cuanto a las alegaciones de la recurrente sobre que la decisión de contratar a la empresa de seguridad no le es imputable, la recurrida opone que la recurrente y la UB forman un grupo mercantil y que, en cualquier caso, es contradictorio fundamentar el despido en una decisión de la UB y, al mismo tiempo, pretender desvincularse de la decisión de la misma de contratar a la empresa de seguridad.

OCTAVO.-Para resolver el presente motivo del recurso, hay que empezar recordando que el artículo 52.c) ET prevé que el contrato de trabajo pueda extinguirse en el supuesto siguiente:

< artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.>>

Por su parte, el artículo 51.1 ET, en relación a las causas, dispone:

<

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.>>

También es necesario tener en cuenta que, respecto de la calificación del acto extintivo, el artículo 122.1 LRJS dispone:

<>

La aplicación de dichos preceptos legales al presente caso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, inalterados en esta fase de recurso, dado que los motivos de revision fáctica no han sido estimados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada sujeción de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo del recurso, que parten de la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica y, en consecuencia, de que la pérdida parcial de la concesión demanial del edificio El Carme comportó una disminución drástica de la actividad que llevaba a cabo la recurrente en el mismo, lo que, a su vez, justificó la amortización del puesto de trabajo que ocupaba la recurrida, cuyas funciones eran totalmente distintas de las que luego pasó a desempeñar la empresa de seguridad. Por el contrario, ninguno de los hechos que la sentencia de instancia declara probados permite afirmar que el puesto de trabajo de la recurrida quedara vacío de contenido. Es más, consta probado que, a partir de septiembre de 2023, es decir, inmediatamente después del despido, las funciones que realizaba la recurrida pasaron a ser desempeñadas por los trabajadores de la empresa de seguridad contratada por la UB. En coherencia con todo ello, la sentencia de instancia, en la fundamentación jurídica, tras exponer la doctrina aplicable, dice:

<

Tanmateix, de la prova practicada s?acredita que en el citat local es van continuar realitzant activitats a través de cursos de formació entre la data d?acomiadament de la treballadora i el mes de juny de 2024, fins i tot, la Universitat de Barcelona va va contractar una tercera empresa, Securitas, per realitzar les mateixes funcions que l?actora, el que evidencia la manca de justificació de l?amortització del seu lloc de treball en no haver desparegut, a la data de la notificació extintiva, ni la cessió de l?ús del local consistorial ni la necessitat de les activitats despelegades per la treballadora, el que comporta titlar d?improcedent l'acomiadament.>>

Frente a estas consideraciones, carece de fundamento pretender obviar la decisión de la UB de contratar a una empresa de seguridad arguyendo que la sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal, imputando a la sentencia de instancia que es contradictoria y vulnera lo dispuesto en el artículo 218.2 LEC, al igual que la alegación de que se trata de hechos posteriores al despido, pues dicha contratación es inmediatamente posterior al despido y su única relevancia radica en que impide acoger las causas que invoca la recurrente en la carta de despido, cosa que no tiene nada que ver con que la empresa de seguridad haya sido contratada por la UB y no directamente por la recurrente. Por ello, no observamos contradicción alguna en el razonamiento judicial.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al declarar improcedente el despido de la recurrida, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del recurso y la confirmación de dicha sentencia en todos sus pronunciamientos.

NOVENO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados por la recurrente, a los que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204 LRJS, apartados 1 y 4).

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado de la demandante, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Tomasa, dirigida contra FUNDACIÓ INSTITUT FORMACIÓ CONTINUA IL3-UB (en adelante, IL3), FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA, UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), AJUNTAMENT DE BADALONA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido por causas objetivas llevado a cabo por IL3 frente a la demandante con efectos del 28.9.2023, condenando a dicha demandada a que, en plazo legal, opte entre la readmisión de la demandante en el mismo puesto de trabajo y condiciones que tenía en el momento del despido, con abono de los salarios de tramitación, o le abone la indemnización que establece el fallo de la sentencia. Todo ello, con absolución de las restantes demandadas por considerar que no forman grupo de empresas laboral con IL3 ni existe cesión ilegal de trabajadores.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, la demandante prestaba servicios para IL3 con la categoría profesional de oficial de primera en el centro de trabajo sito en el edificio El Carme, propiedad del ayuntamiento demandado, el cual había cedido su uso a la UB a fin de que esta realizara actividades formativas en el mismo. A su vez, IL3 realizaba en dicho edificio las actividades encomendadas por la UB en virtud del correspondiente encargo de gestión.

En la carta de despido, transcrita en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, IL3, en síntesis, basa la amortización del puesto de trabajo de la demandante en causas organizativas y de producción derivadas de la decisión del ayuntamiento demandado de extinguir la concesión demanial directa del uso privativo de parte del edificio El Carme en favor de la UB, lo que, según la carta, ha comportado modificación del encargo de gestión a IL3 y que el puesto de trabajo de la demandante haya devenido innecesario.

La sentencia de instancia declara la improcedencia del despido porque si bien declara probada la extinción parcial de la concesión del uso del edificio El Carme, considera que las causas invocadas por IL3 en la comunicación extintiva para justificar la amortización del puesto de trabajo de la demandante no se ajustan a la realidad. En este sentido, según declara probado la sentencia, desde el despido de la demandante, dos trabajadores de la empresa SERVICIOS SECURITAS S.A., contratada por la UB, realizan en el edificio El Carme las funciones que estuvo realizando la demandante hasta su despido.

Frente a la sentencia de instancia, IL3 interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y la declaración de procedencia del despido. Articula el recurso con arreglo a cuatro motivos de revisión fáctica, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la demandante, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas en cuantía de 1.000 euros, correspondientes a honorarios de abogado.

Debe señalarse, por otra parte, que la recurrente, con carácter previo a la exposición de los motivos concretos del recurso, formula una serie de "cuestiones previas"que la Sala no puede examinar, precisamente porque, como alega la recurrida en el escrito de impugnación del recurso, no están articuladas mediante ningún motivo de suplicación.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, los cuatro motivos del recurso que tienen por objeto la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, en los que la recurrente solicita nueva redacción para los hechos probados primero, segundo, tercero y cuarto de dicha sentencia.

Cada uno de dichos motivos de suplicación debe ser examinado con carácter individual. Sin embargo, con carácter previo y común a todos ellos, es preciso empezar recordando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, la revisión de los hechos declarados probados solo puede intentarse con base en pruebas documentales y periciales.

Del mismo modo, también es necesario recordar que, respecto de la articulación formal de los motivos de revisión fáctica en el recurso de suplicación, el artículo 196.3 LRJS dispone:

<>

Finalmente, debemos recordar que, para la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Primer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado primero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en la primera parte del párrafo segundo de este hecho probado, describe las funciones que realizaba la demandante, hoy recurrida, en los términos siguientes:

<>

En el presente motivo, la recurrente, tras reprochar al magistrado de instancia que utilice la expresión "etc"y advertir de que no cabe comparar las funciones que desempeñaba la recurrida con las que actualmente desempeñan los trabajadores de la empresa de seguridad, alega, en síntesis, que la recurrida no solamente desempeñaba las funciones que expresa el hecho probado primero de la sentencia de instancia sino todas las que constan en el documento 8 de su ramo de pruebas, obrante al folio 167 de los autos (la recurrente cita erróneamente el folio 219 de los autos, correspondiente al documento 8 de UB), documento que, según dice, posee pleno valor probatorio porque no fue impugnado en el acto de juicio e incluso el magistrado denegó la prueba testifical dirigida a su ratificación. Además, la recurrente considera que deben añadirse las funciones comerciales a que se refiere el documento obrante al folio 107, aportado por la propia recurrente, lo que, por otra parte, es coherente, según la recurrente, con que, a pesar de ostentar la categoría profesional de auxiliar administrativa, para lo que invoca el contrato de trabajo obrante a los folios 159 y 160 de los autos, pasara a ser oficial de primera y percibiera la "mejora voluntaria",antes "plus de coordinación",por importe de 994,14 euros mensuales, citando, al efecto, las nóminas obrantes a los folios 165 y 166. Finalmente, la recurrente reprocha al magistrado de instancia que no haya tenido en cuenta las alegaciones que, según dice, formuló sobre estas cuestiones en la contestación a la demanda, señala que dicha demanda tiene por objeto aparentar que la recurrida solo realizaba las funciones que luego realizarían los trabajadores de la empresa de seguridad, alega que, desde septiembre de 2023, la mayor parte de funciones que se realizaban en el edificio El Carme pasaron a realizarse a distancia desde la sede de IL3, de manera que únicamente se siguen realizando las de la Universidad de la Experiencia, y expone que la contratación de la empresa de seguridad obedeció simplemente a las quejas de los alumnos respecto de las funciones concretas que cita. Por todo ello, solicita la "adición"del texto siguiente al hecho probado primero:

<

La treballadora responsable de l'edifici "El Carme" de Badalona mentre va estar vigent l'encàrrec de gestió era la Sra. Tomasa qui duia a terme, a més de les tasques comercials del Àrea de Formació Complementària de la UB (AFC), les funcions següents:

Gestió de l'edifici:

Ser l'enllaç i proporcionar tota la informació del Centre a les unitats transversals de l'AFC

Organitzar i coordinar els projectes de l'edifici, així com a l'equip de treball.

Garantir la cobertura del punt d'informació en horari d'atenció al públic determinada o consensuada amb la resta d'unitats

Vetllar pel correcte funcionament de l'edifici: el correcte funcionament de les aules i el manteniment general, inventari del mobiliari, correcte funcionament del material audiovisual i comanda de material per a la realització de classes.

Vetllar pel correcte funcionament del punt d'informació del centre i de tots els projectes que es duen a terme al centre de dilluns a divendres en període lectiu.

Formar al nou personal del seu centre. Supervisar la formació de les noves incorporacions, en cas de que es delegui

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre la gestió de l'edifici.

Introduir al GRAD (eina de gestió d'aules UB) les reserves dels cursos que es fan a l'Edifici El Carme. Modificar els canvis i fer seguiment de les reserves tant internes (UB) com externes (altres entitats).

Gestionar la reserva i comptabilitzar hores de les aules llogades a d'altres institucions per procedir a la seva facturació.

Gestió i seguiment de les màquines de vending

Donar suport a la direcció amb les relacions institucionals amb l'Ajuntament de Badalona.

Gestió administrativa i acadèmica:

Reportar al Cap de Promoció i informació en els aspectes que necessiti, sobre temes de personal dels punts d'informació, així com aspectes informatius a altres seus.

Reportar a la Cap de Secretaria els aspectes que necessiti, sobre les tasques administratives relacionades amb l'oficina de la secretaria.

Reportar a la Cap d'Afers Generals en els aspectes que necessiti, sobre els lloguers de la seu i la gestió de l'edifici.

Atenció i informació al públic presencial i telefònica.

Gestió de carteria: enviament i rebuda documentació i paqueteria.

Suport a l'estudiant, gestió de tràmits del Campus Virtual, expedient acadèmic, suport tècnic connexió WIFI alumnat UB.

Matrícules de les diferents activitats UB a GIGA (eina de gestió acadèmica UB)

Lliurament de certificats i diplomes a l'alumnat.

Registre de documents

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre l'activitat al centre.

Gestionar incidències informàtiques generals del centre i de les aules.

Gestionar incidències logístiques generals del centre i de les aules.

Venda de productes de marxandatge de la UB.

Reportar a la Unitat d'Imatge Corporativa i Màrqueting el stock i els aspectes que necessiti sobre els productes de marxandatge de la UB.>>

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente solo transcribe el texto que pretende adicionar, pero no la redacción resultante del hecho probado primero, lo que dice causarle indefensión, y que el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está elaborado por ella misma, por lo que carece de valor revisorio en suplicación, con independencia de que no fuera impugnado. Además, alega que la nueva redacción que propone la recurrente es irrelevante en relación con el fallo de la sentencia porque dicha parte no ha solicitado supresión del párrafo del hecho probado primero en el que constan las funciones que realizaba en la empresa.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico anterior de esta sentencia, lo que impide su acogimiento.

Al respecto, debemos señalar, de entrada, que tiene razón la recurrida cuando advierte de que la recurrente no precisa con suficiente claridad cuál es el texto que propone para el hecho probado primero de la sentencia de instancia, más allá de reproducir uno de sus párrafos y exponer el texto que pretende adicionar al mismo, proceder que vulnera las exigencias de claridad y precisión que derivan de lo dispuesto en el artículo 196.3 LRJS y la indicada doctrina de esta Sala.

Por otra parte, como también alega la recurrida, el profesiograma obrante en el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está redactado unilateralmente por ella, por lo que, desde luego, el hecho de que su contenido no se ajuste al del hecho probado primero de la sentencia de instancia, no revela error alguno del magistrado de instancia a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la doctrina indicada. Todo ello, con independencia de la cuestión referida a su impugnación, que no afecta a la valoración libre del documento por parte del órgano judicial, aparte de que el magistrado de instancia no basa el hecho probado únicamente en prueba documental sino también testifical, que no es revisable en suplicación. Además, la recurrente, a lo largo del motivo, invoca otros documentos para que la Sala los valore, proceder que supone olvidar que este recurso extraordinario, a diferencia del de apelación civil, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, por ello, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas aportadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos.

Finalmente, debemos señalar que la recurrente, en el presente motivo, mezcla, sin rigor alguno, cuestiones de naturaleza fáctica y normativa, lo que es impropio de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

CUARTO.- Segundo motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado segundo

En el presente motivo, la recurrente solicita adicionar un nuevo párrafo al último del indicado hecho probado, en el que, como hemos visto, se relata la comunicación de la UB a la recurrente, el 2.9.2023, de la extinción parcial de la concesión demanial directa del edificio El Carme, acordada por el ayuntamiento el día anterior.

El nuevo párrafo que la recurrente solicita incorporar al hecho probado es del siguiente tenor:

<>

La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 9 de su ramo de pruebas (folio 168 de los autos), consistente en la comunicación de 2.9.2023. Además, invoca un párrafo del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio formulado por la hoy recurrida (folios 90 y 91 de los autos).

En síntesis, la recurrente considera que la adición es relevante para justificar las causas que motivaron el despido de la recurrida y el traslado de otro trabajador del edificio El Carme al edificio Jeroni Granell.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito en virtud de lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC).

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado segundo, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el documento que invoca no se corresponde literalmente con el texto que pretende incorporar al relato fáctico, además de que dicho documento ya ha sido valorado expresamente por el magistrado de instancia, que lo cita en el hecho probado segundo de la sentencia, sin que observemos error alguno en dicha valoración, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina de esta Sala. Por otra parte, como alega la recurrida, la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Tercer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado tercero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en este hecho probado, transcribe íntegramente la carta de despido notificada a la recurrida.

Frente a la redacción actual del hecho probado, la recurrente solicita adicionar el siguiente párrafo:

<>

La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 10 de su ramo de pruebas (folios 169 y 170 de los autos), que reproduce en gran parte y que consiste en la comunicación de traslado del trabajador a que hace referencia en el texto.

En síntesis, la recurrente alega que dicha adición es relevante porque prueba que, con motivo del cese en la actividad de gestión que llevaba a cabo en el edificio El Carme, a excepción de la Universidad de la Experiencia, adoptó otras medidas organizativas y de producción, aparte del despido de la recurrida.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la adición que propone es irrelevante, dado que se refiere a otro trabajador.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo, al igual que en el motivo anterior, permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado tercero, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el mero hecho de que la recurrente haya podido acordar el traslado de otro trabajador, no prueba, desde luego, la realidad de las causas invocadas en la carta de despido de la recurrida, pues se trata de una actuación unilateral de la empresa, lo que implica que, como aduce aquella, el nuevo texto es intrascendente en relación con el sentido del fallo de la sentencia de instancia.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SEXTO.- Cuarto motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado cuarto

En el presente motivo, la recurrente solicita nueva redacción para el último párrafo del indicado hecho probado, que, recordemos, es del siguiente tenor:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente propone la siguiente:

<>

La recurrente fundamenta dicha nueva redacción en los documentos 8, 5, 7 y 13 de su ramo de pruebas (folios 168, 163, 165/166 y 186/187 de los autos), 3 del de la recurrida (folio 197) y 1 y 3 del de la UB (folios 189/190 y 201 a 206), además del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio solicitado por la recurrida. A lo largo del motivo, la recurrente analiza extensamente cada uno de dichos documentos, lo que le lleva, en síntesis, a justificar las diferencias que, según dice, había entre las tareas llevadas a cabo por la recurrida y las que desempeñan los trabajadores de las empresas de seguridad contratadas con posterioridad.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que ninguno de los documentos invocados revela error del magistrado de instancia al valorar las pruebas.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, la recurrente, lejos de justificar que alguno de los documentos invocados evidencie error del magistrado de instancia a la hora de valorar las pruebas, en términos que permitan la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina, basa la nueva redacción que solicita para el último párrafo del hecho probado cuarto en una pluralidad de documentos, que valora detalladamente y de los que extrae la indicada nueva redacción, proceder que, como hemos indicado al examinar el primer motivo de revisión fáctica, supone olvidar que la Sala, en este recurso extraordinario, no puede efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, más allá de los supuestos de error a que se refiere la doctrina expuesta en el indicado fundamento jurídico segundo. Además, al igual que en el segundo motivo de revisión fáctica, la recurrente invoca la prueba de interrogatorio, no revisable en suplicación, a lo que debemos añadir que el magistrado de instancia no basa el hecho probado solamente en prueba documental sino también testifical, que tampoco es revisable en suplicación.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SÉPTIMO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso), en el que la recurrente denuncia que dicha sentencia infringe los artículos 51.1 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores ( ET), en relación con los artículos 122.1 LRJS y 218.2 LEC, y doctrina jurisprudencial sobre la materia.

En síntesis, la recurrente, en el presente motivo, alega que, a diferencia de lo que sostiene la sentencia de instancia, el despido de la recurrida obedece a las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva, por lo que dicho despido debe ser declarado procedente en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 122.1 LRJS. En este sentido, siempre según la recurrente, la pérdida de la concesión demanial del edificio El Carme por parte del ayuntamiento de Badalona frente a la UB dio lugar a que dejasen de realizarse la mayor parte de actividades que se llevaban a cabo en dicho edificio, manteniéndose únicamente la Universidad de la Experiencia. Dichas circunstancias, unidas a que la mayoría de funciones que desempeñaba la recurrida pasaron a realizarse a distancia o bien en el edificio Jeroni Granell, justificó la amortización de su puesto de trabajo, al igual que el traslado del otro trabajador, lo que, en opinión de la recurrente, se ajusta a las causas organizativas y de producción que justifican legalmente el despido por causas objetivas, según los artículos 51.1 y 52.c) ET y doctrina jurisprudencial que cita, sin que, frente a ello, pueda oponerse la contratación de la empresa de seguridad, motivada por las quejas de los alumnos y cuyos trabajadores realizan meras funciones de vigilancia y auxiliares, no equiparables a las que desempeñaba la recurrida.

Finalmente, la recurrente, "a mayor abundamiento",alega que, en cualquier caso, la decisión de la UB de contratar a la empresa de seguridad no puede serle imputable, teniendo en cuenta que la propia sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal de trabajadores, por lo que dicha sentencia, en este punto, incurre en una contradicción lógica que comporta vulneración del artículo 218.2 LEC, además de que se trata de hechos posteriores al despido y, en consecuencia, no valorables a efectos de justificar el mismo.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente parte de la estimación de los motivos de revisión fáctica y que, con arreglo a los hechos que la sentencia declara probados, no concurren las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva porque las funciones que realizaba en el edificio El Carme siguen realizándose por la empresa de seguridad contratada inmediatamente después del despido, lo que implica que el puesto de trabajo no quedó vacío de contenido. Por otra parte, en cuanto a las alegaciones de la recurrente sobre que la decisión de contratar a la empresa de seguridad no le es imputable, la recurrida opone que la recurrente y la UB forman un grupo mercantil y que, en cualquier caso, es contradictorio fundamentar el despido en una decisión de la UB y, al mismo tiempo, pretender desvincularse de la decisión de la misma de contratar a la empresa de seguridad.

OCTAVO.-Para resolver el presente motivo del recurso, hay que empezar recordando que el artículo 52.c) ET prevé que el contrato de trabajo pueda extinguirse en el supuesto siguiente:

< artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.>>

Por su parte, el artículo 51.1 ET, en relación a las causas, dispone:

<

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.>>

También es necesario tener en cuenta que, respecto de la calificación del acto extintivo, el artículo 122.1 LRJS dispone:

<>

La aplicación de dichos preceptos legales al presente caso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, inalterados en esta fase de recurso, dado que los motivos de revision fáctica no han sido estimados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada sujeción de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo del recurso, que parten de la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica y, en consecuencia, de que la pérdida parcial de la concesión demanial del edificio El Carme comportó una disminución drástica de la actividad que llevaba a cabo la recurrente en el mismo, lo que, a su vez, justificó la amortización del puesto de trabajo que ocupaba la recurrida, cuyas funciones eran totalmente distintas de las que luego pasó a desempeñar la empresa de seguridad. Por el contrario, ninguno de los hechos que la sentencia de instancia declara probados permite afirmar que el puesto de trabajo de la recurrida quedara vacío de contenido. Es más, consta probado que, a partir de septiembre de 2023, es decir, inmediatamente después del despido, las funciones que realizaba la recurrida pasaron a ser desempeñadas por los trabajadores de la empresa de seguridad contratada por la UB. En coherencia con todo ello, la sentencia de instancia, en la fundamentación jurídica, tras exponer la doctrina aplicable, dice:

<

Tanmateix, de la prova practicada s?acredita que en el citat local es van continuar realitzant activitats a través de cursos de formació entre la data d?acomiadament de la treballadora i el mes de juny de 2024, fins i tot, la Universitat de Barcelona va va contractar una tercera empresa, Securitas, per realitzar les mateixes funcions que l?actora, el que evidencia la manca de justificació de l?amortització del seu lloc de treball en no haver desparegut, a la data de la notificació extintiva, ni la cessió de l?ús del local consistorial ni la necessitat de les activitats despelegades per la treballadora, el que comporta titlar d?improcedent l'acomiadament.>>

Frente a estas consideraciones, carece de fundamento pretender obviar la decisión de la UB de contratar a una empresa de seguridad arguyendo que la sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal, imputando a la sentencia de instancia que es contradictoria y vulnera lo dispuesto en el artículo 218.2 LEC, al igual que la alegación de que se trata de hechos posteriores al despido, pues dicha contratación es inmediatamente posterior al despido y su única relevancia radica en que impide acoger las causas que invoca la recurrente en la carta de despido, cosa que no tiene nada que ver con que la empresa de seguridad haya sido contratada por la UB y no directamente por la recurrente. Por ello, no observamos contradicción alguna en el razonamiento judicial.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al declarar improcedente el despido de la recurrida, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del recurso y la confirmación de dicha sentencia en todos sus pronunciamientos.

NOVENO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados por la recurrente, a los que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204 LRJS, apartados 1 y 4).

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado de la demandante, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Como hemos visto, la sentencia de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta por Tomasa, dirigida contra FUNDACIÓ INSTITUT FORMACIÓ CONTINUA IL3-UB (en adelante, IL3), FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA, UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), AJUNTAMENT DE BADALONA y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y declara improcedente el despido por causas objetivas llevado a cabo por IL3 frente a la demandante con efectos del 28.9.2023, condenando a dicha demandada a que, en plazo legal, opte entre la readmisión de la demandante en el mismo puesto de trabajo y condiciones que tenía en el momento del despido, con abono de los salarios de tramitación, o le abone la indemnización que establece el fallo de la sentencia. Todo ello, con absolución de las restantes demandadas por considerar que no forman grupo de empresas laboral con IL3 ni existe cesión ilegal de trabajadores.

A tenor del relato fáctico de la sentencia de instancia, la demandante prestaba servicios para IL3 con la categoría profesional de oficial de primera en el centro de trabajo sito en el edificio El Carme, propiedad del ayuntamiento demandado, el cual había cedido su uso a la UB a fin de que esta realizara actividades formativas en el mismo. A su vez, IL3 realizaba en dicho edificio las actividades encomendadas por la UB en virtud del correspondiente encargo de gestión.

En la carta de despido, transcrita en el hecho probado tercero de la sentencia de instancia, IL3, en síntesis, basa la amortización del puesto de trabajo de la demandante en causas organizativas y de producción derivadas de la decisión del ayuntamiento demandado de extinguir la concesión demanial directa del uso privativo de parte del edificio El Carme en favor de la UB, lo que, según la carta, ha comportado modificación del encargo de gestión a IL3 y que el puesto de trabajo de la demandante haya devenido innecesario.

La sentencia de instancia declara la improcedencia del despido porque si bien declara probada la extinción parcial de la concesión del uso del edificio El Carme, considera que las causas invocadas por IL3 en la comunicación extintiva para justificar la amortización del puesto de trabajo de la demandante no se ajustan a la realidad. En este sentido, según declara probado la sentencia, desde el despido de la demandante, dos trabajadores de la empresa SERVICIOS SECURITAS S.A., contratada por la UB, realizan en el edificio El Carme las funciones que estuvo realizando la demandante hasta su despido.

Frente a la sentencia de instancia, IL3 interpone el presente recurso de suplicación, en el que solicita la revocación de la misma y la declaración de procedencia del despido. Articula el recurso con arreglo a cuatro motivos de revisión fáctica, formulados al amparo de lo dispuesto en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y un motivo de censura jurídica, formulado al amparo de lo dispuesto en la letra c) de dicho precepto.

El recurso ha sido impugnado por la demandante, que solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas en cuantía de 1.000 euros, correspondientes a honorarios de abogado.

Debe señalarse, por otra parte, que la recurrente, con carácter previo a la exposición de los motivos concretos del recurso, formula una serie de "cuestiones previas"que la Sala no puede examinar, precisamente porque, como alega la recurrida en el escrito de impugnación del recurso, no están articuladas mediante ningún motivo de suplicación.

SEGUNDO.-Debemos examinar, en primer lugar, los cuatro motivos del recurso que tienen por objeto la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, en los que la recurrente solicita nueva redacción para los hechos probados primero, segundo, tercero y cuarto de dicha sentencia.

Cada uno de dichos motivos de suplicación debe ser examinado con carácter individual. Sin embargo, con carácter previo y común a todos ellos, es preciso empezar recordando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS, la revisión de los hechos declarados probados solo puede intentarse con base en pruebas documentales y periciales.

Del mismo modo, también es necesario recordar que, respecto de la articulación formal de los motivos de revisión fáctica en el recurso de suplicación, el artículo 196.3 LRJS dispone:

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Finalmente, debemos recordar que, para la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica, la doctrina de esta Sala, de la que es muestra la sentencia de 28.2.2020 (RS 4672/2019), viene exigiendo, de forma reiterada, que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que solo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de esta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

TERCERO.- Primer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado primero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en la primera parte del párrafo segundo de este hecho probado, describe las funciones que realizaba la demandante, hoy recurrida, en los términos siguientes:

<>

En el presente motivo, la recurrente, tras reprochar al magistrado de instancia que utilice la expresión "etc"y advertir de que no cabe comparar las funciones que desempeñaba la recurrida con las que actualmente desempeñan los trabajadores de la empresa de seguridad, alega, en síntesis, que la recurrida no solamente desempeñaba las funciones que expresa el hecho probado primero de la sentencia de instancia sino todas las que constan en el documento 8 de su ramo de pruebas, obrante al folio 167 de los autos (la recurrente cita erróneamente el folio 219 de los autos, correspondiente al documento 8 de UB), documento que, según dice, posee pleno valor probatorio porque no fue impugnado en el acto de juicio e incluso el magistrado denegó la prueba testifical dirigida a su ratificación. Además, la recurrente considera que deben añadirse las funciones comerciales a que se refiere el documento obrante al folio 107, aportado por la propia recurrente, lo que, por otra parte, es coherente, según la recurrente, con que, a pesar de ostentar la categoría profesional de auxiliar administrativa, para lo que invoca el contrato de trabajo obrante a los folios 159 y 160 de los autos, pasara a ser oficial de primera y percibiera la "mejora voluntaria",antes "plus de coordinación",por importe de 994,14 euros mensuales, citando, al efecto, las nóminas obrantes a los folios 165 y 166. Finalmente, la recurrente reprocha al magistrado de instancia que no haya tenido en cuenta las alegaciones que, según dice, formuló sobre estas cuestiones en la contestación a la demanda, señala que dicha demanda tiene por objeto aparentar que la recurrida solo realizaba las funciones que luego realizarían los trabajadores de la empresa de seguridad, alega que, desde septiembre de 2023, la mayor parte de funciones que se realizaban en el edificio El Carme pasaron a realizarse a distancia desde la sede de IL3, de manera que únicamente se siguen realizando las de la Universidad de la Experiencia, y expone que la contratación de la empresa de seguridad obedeció simplemente a las quejas de los alumnos respecto de las funciones concretas que cita. Por todo ello, solicita la "adición"del texto siguiente al hecho probado primero:

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La treballadora responsable de l'edifici "El Carme" de Badalona mentre va estar vigent l'encàrrec de gestió era la Sra. Tomasa qui duia a terme, a més de les tasques comercials del Àrea de Formació Complementària de la UB (AFC), les funcions següents:

Gestió de l'edifici:

Ser l'enllaç i proporcionar tota la informació del Centre a les unitats transversals de l'AFC

Organitzar i coordinar els projectes de l'edifici, així com a l'equip de treball.

Garantir la cobertura del punt d'informació en horari d'atenció al públic determinada o consensuada amb la resta d'unitats

Vetllar pel correcte funcionament de l'edifici: el correcte funcionament de les aules i el manteniment general, inventari del mobiliari, correcte funcionament del material audiovisual i comanda de material per a la realització de classes.

Vetllar pel correcte funcionament del punt d'informació del centre i de tots els projectes que es duen a terme al centre de dilluns a divendres en període lectiu.

Formar al nou personal del seu centre. Supervisar la formació de les noves incorporacions, en cas de que es delegui

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre la gestió de l'edifici.

Introduir al GRAD (eina de gestió d'aules UB) les reserves dels cursos que es fan a l'Edifici El Carme. Modificar els canvis i fer seguiment de les reserves tant internes (UB) com externes (altres entitats).

Gestionar la reserva i comptabilitzar hores de les aules llogades a d'altres institucions per procedir a la seva facturació.

Gestió i seguiment de les màquines de vending

Donar suport a la direcció amb les relacions institucionals amb l'Ajuntament de Badalona.

Gestió administrativa i acadèmica:

Reportar al Cap de Promoció i informació en els aspectes que necessiti, sobre temes de personal dels punts d'informació, així com aspectes informatius a altres seus.

Reportar a la Cap de Secretaria els aspectes que necessiti, sobre les tasques administratives relacionades amb l'oficina de la secretaria.

Reportar a la Cap d'Afers Generals en els aspectes que necessiti, sobre els lloguers de la seu i la gestió de l'edifici.

Atenció i informació al públic presencial i telefònica.

Gestió de carteria: enviament i rebuda documentació i paqueteria.

Suport a l'estudiant, gestió de tràmits del Campus Virtual, expedient acadèmic, suport tècnic connexió WIFI alumnat UB.

Matrícules de les diferents activitats UB a GIGA (eina de gestió acadèmica UB)

Lliurament de certificats i diplomes a l'alumnat.

Registre de documents

Dur a terme l'elaboració d'informes i document sobre l'activitat al centre.

Gestionar incidències informàtiques generals del centre i de les aules.

Gestionar incidències logístiques generals del centre i de les aules.

Venda de productes de marxandatge de la UB.

Reportar a la Unitat d'Imatge Corporativa i Màrqueting el stock i els aspectes que necessiti sobre els productes de marxandatge de la UB.>>

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente solo transcribe el texto que pretende adicionar, pero no la redacción resultante del hecho probado primero, lo que dice causarle indefensión, y que el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está elaborado por ella misma, por lo que carece de valor revisorio en suplicación, con independencia de que no fuera impugnado. Además, alega que la nueva redacción que propone la recurrente es irrelevante en relación con el fallo de la sentencia porque dicha parte no ha solicitado supresión del párrafo del hecho probado primero en el que constan las funciones que realizaba en la empresa.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico anterior de esta sentencia, lo que impide su acogimiento.

Al respecto, debemos señalar, de entrada, que tiene razón la recurrida cuando advierte de que la recurrente no precisa con suficiente claridad cuál es el texto que propone para el hecho probado primero de la sentencia de instancia, más allá de reproducir uno de sus párrafos y exponer el texto que pretende adicionar al mismo, proceder que vulnera las exigencias de claridad y precisión que derivan de lo dispuesto en el artículo 196.3 LRJS y la indicada doctrina de esta Sala.

Por otra parte, como también alega la recurrida, el profesiograma obrante en el documento 8 del ramo de pruebas de la recurrente está redactado unilateralmente por ella, por lo que, desde luego, el hecho de que su contenido no se ajuste al del hecho probado primero de la sentencia de instancia, no revela error alguno del magistrado de instancia a la hora de valorar conjuntamente todas las pruebas, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la doctrina indicada. Todo ello, con independencia de la cuestión referida a su impugnación, que no afecta a la valoración libre del documento por parte del órgano judicial, aparte de que el magistrado de instancia no basa el hecho probado únicamente en prueba documental sino también testifical, que no es revisable en suplicación. Además, la recurrente, a lo largo del motivo, invoca otros documentos para que la Sala los valore, proceder que supone olvidar que este recurso extraordinario, a diferencia del de apelación civil, de carácter ordinario, no abre una segunda instancia jurisdiccional y, por ello, no permite a la Sala efectuar una nueva valoración de las pruebas aportadas, a excepción de los supuestos de error ya vistos.

Finalmente, debemos señalar que la recurrente, en el presente motivo, mezcla, sin rigor alguno, cuestiones de naturaleza fáctica y normativa, lo que es impropio de los motivos de suplicación dirigidos a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

CUARTO.- Segundo motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado segundo

En el presente motivo, la recurrente solicita adicionar un nuevo párrafo al último del indicado hecho probado, en el que, como hemos visto, se relata la comunicación de la UB a la recurrente, el 2.9.2023, de la extinción parcial de la concesión demanial directa del edificio El Carme, acordada por el ayuntamiento el día anterior.

El nuevo párrafo que la recurrente solicita incorporar al hecho probado es del siguiente tenor:

<>

La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 9 de su ramo de pruebas (folio 168 de los autos), consistente en la comunicación de 2.9.2023. Además, invoca un párrafo del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio formulado por la hoy recurrida (folios 90 y 91 de los autos).

En síntesis, la recurrente considera que la adición es relevante para justificar las causas que motivaron el despido de la recurrida y el traslado de otro trabajador del edificio El Carme al edificio Jeroni Granell.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito en virtud de lo dispuesto en el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC).

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado segundo, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el documento que invoca no se corresponde literalmente con el texto que pretende incorporar al relato fáctico, además de que dicho documento ya ha sido valorado expresamente por el magistrado de instancia, que lo cita en el hecho probado segundo de la sentencia, sin que observemos error alguno en dicha valoración, en términos que puedan justificar la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina de esta Sala. Por otra parte, como alega la recurrida, la prueba de interrogatorio no es revisable en suplicación, con independencia de que, en este caso, se haya evacuado por escrito.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

QUINTO.- Tercer motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado tercero

Como hemos visto, la sentencia de instancia, en este hecho probado, transcribe íntegramente la carta de despido notificada a la recurrida.

Frente a la redacción actual del hecho probado, la recurrente solicita adicionar el siguiente párrafo:

<>

La recurrente fundamenta dicha adición en el documento 10 de su ramo de pruebas (folios 169 y 170 de los autos), que reproduce en gran parte y que consiste en la comunicación de traslado del trabajador a que hace referencia en el texto.

En síntesis, la recurrente alega que dicha adición es relevante porque prueba que, con motivo del cese en la actividad de gestión que llevaba a cabo en el edificio El Carme, a excepción de la Universidad de la Experiencia, adoptó otras medidas organizativas y de producción, aparte del despido de la recurrida.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente no formula la redacción resultante del hecho probado y que la adición que propone es irrelevante, dado que se refiere a otro trabajador.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, si bien, a diferencia de lo que alega la recurrida, la formulación del motivo, al igual que en el motivo anterior, permite establecer claramente la nueva redacción que la recurrente propone para el hecho probado tercero, consistente en añadir el párrafo que indica, debemos señalar que el mero hecho de que la recurrente haya podido acordar el traslado de otro trabajador, no prueba, desde luego, la realidad de las causas invocadas en la carta de despido de la recurrida, pues se trata de una actuación unilateral de la empresa, lo que implica que, como aduce aquella, el nuevo texto es intrascendente en relación con el sentido del fallo de la sentencia de instancia.

Lo expuesto, como hemos anticipado, comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SEXTO.- Cuarto motivo de revisión fáctica: modificación del hecho probado cuarto

En el presente motivo, la recurrente solicita nueva redacción para el último párrafo del indicado hecho probado, que, recordemos, es del siguiente tenor:

<>

Frente a dicha redacción, la recurrente propone la siguiente:

<>

La recurrente fundamenta dicha nueva redacción en los documentos 8, 5, 7 y 13 de su ramo de pruebas (folios 168, 163, 165/166 y 186/187 de los autos), 3 del de la recurrida (folio 197) y 1 y 3 del de la UB (folios 189/190 y 201 a 206), además del informe emitido por la UB en respuesta al interrogatorio solicitado por la recurrida. A lo largo del motivo, la recurrente analiza extensamente cada uno de dichos documentos, lo que le lleva, en síntesis, a justificar las diferencias que, según dice, había entre las tareas llevadas a cabo por la recurrida y las que desempeñan los trabajadores de las empresas de seguridad contratadas con posterioridad.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que ninguno de los documentos invocados revela error del magistrado de instancia al valorar las pruebas.

El presente motivo del recurso no se ajusta a los requisitos expuestos en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, lo que impide su acogimiento. En este sentido, la recurrente, lejos de justificar que alguno de los documentos invocados evidencie error del magistrado de instancia a la hora de valorar las pruebas, en términos que permitan la revisión fáctica con arreglo a la indicada doctrina, basa la nueva redacción que solicita para el último párrafo del hecho probado cuarto en una pluralidad de documentos, que valora detalladamente y de los que extrae la indicada nueva redacción, proceder que, como hemos indicado al examinar el primer motivo de revisión fáctica, supone olvidar que la Sala, en este recurso extraordinario, no puede efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, más allá de los supuestos de error a que se refiere la doctrina expuesta en el indicado fundamento jurídico segundo. Además, al igual que en el segundo motivo de revisión fáctica, la recurrente invoca la prueba de interrogatorio, no revisable en suplicación, a lo que debemos añadir que el magistrado de instancia no basa el hecho probado solamente en prueba documental sino también testifical, que tampoco es revisable en suplicación.

Lo expuesto comporta la desestimación del presente motivo del recurso.

SÉPTIMO.-Debemos examinar ahora el motivo del recurso dirigido a la censura jurídica de la sentencia de instancia (motivo quinto en el orden general del escrito de interposición del recurso), en el que la recurrente denuncia que dicha sentencia infringe los artículos 51.1 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores ( ET), en relación con los artículos 122.1 LRJS y 218.2 LEC, y doctrina jurisprudencial sobre la materia.

En síntesis, la recurrente, en el presente motivo, alega que, a diferencia de lo que sostiene la sentencia de instancia, el despido de la recurrida obedece a las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva, por lo que dicho despido debe ser declarado procedente en virtud de lo dispuesto en el citado artículo 122.1 LRJS. En este sentido, siempre según la recurrente, la pérdida de la concesión demanial del edificio El Carme por parte del ayuntamiento de Badalona frente a la UB dio lugar a que dejasen de realizarse la mayor parte de actividades que se llevaban a cabo en dicho edificio, manteniéndose únicamente la Universidad de la Experiencia. Dichas circunstancias, unidas a que la mayoría de funciones que desempeñaba la recurrida pasaron a realizarse a distancia o bien en el edificio Jeroni Granell, justificó la amortización de su puesto de trabajo, al igual que el traslado del otro trabajador, lo que, en opinión de la recurrente, se ajusta a las causas organizativas y de producción que justifican legalmente el despido por causas objetivas, según los artículos 51.1 y 52.c) ET y doctrina jurisprudencial que cita, sin que, frente a ello, pueda oponerse la contratación de la empresa de seguridad, motivada por las quejas de los alumnos y cuyos trabajadores realizan meras funciones de vigilancia y auxiliares, no equiparables a las que desempeñaba la recurrida.

Finalmente, la recurrente, "a mayor abundamiento",alega que, en cualquier caso, la decisión de la UB de contratar a la empresa de seguridad no puede serle imputable, teniendo en cuenta que la propia sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal de trabajadores, por lo que dicha sentencia, en este punto, incurre en una contradicción lógica que comporta vulneración del artículo 218.2 LEC, además de que se trata de hechos posteriores al despido y, en consecuencia, no valorables a efectos de justificar el mismo.

Por su parte, la recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, se opone a la estimación del motivo alegando, en síntesis, que la recurrente parte de la estimación de los motivos de revisión fáctica y que, con arreglo a los hechos que la sentencia declara probados, no concurren las causas organizativas y de producción aducidas en la comunicación extintiva porque las funciones que realizaba en el edificio El Carme siguen realizándose por la empresa de seguridad contratada inmediatamente después del despido, lo que implica que el puesto de trabajo no quedó vacío de contenido. Por otra parte, en cuanto a las alegaciones de la recurrente sobre que la decisión de contratar a la empresa de seguridad no le es imputable, la recurrida opone que la recurrente y la UB forman un grupo mercantil y que, en cualquier caso, es contradictorio fundamentar el despido en una decisión de la UB y, al mismo tiempo, pretender desvincularse de la decisión de la misma de contratar a la empresa de seguridad.

OCTAVO.-Para resolver el presente motivo del recurso, hay que empezar recordando que el artículo 52.c) ET prevé que el contrato de trabajo pueda extinguirse en el supuesto siguiente:

< artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.>>

Por su parte, el artículo 51.1 ET, en relación a las causas, dispone:

<

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.>>

También es necesario tener en cuenta que, respecto de la calificación del acto extintivo, el artículo 122.1 LRJS dispone:

<>

La aplicación de dichos preceptos legales al presente caso debe llevarse a cabo partiendo de los hechos que la sentencia de instancia declara probados, inalterados en esta fase de recurso, dado que los motivos de revision fáctica no han sido estimados y la recurrida no ha formulado ninguna solicitud de rectificación fáctica al amparo de lo dispuesto en el artículo 197.1 LRJS.

La indicada sujeción de la Sala al relato fáctico de la sentencia de instancia impide acoger las alegaciones que formula la recurrente en el presente motivo del recurso, que parten de la estimación de los indicados motivos de revisión fáctica y, en consecuencia, de que la pérdida parcial de la concesión demanial del edificio El Carme comportó una disminución drástica de la actividad que llevaba a cabo la recurrente en el mismo, lo que, a su vez, justificó la amortización del puesto de trabajo que ocupaba la recurrida, cuyas funciones eran totalmente distintas de las que luego pasó a desempeñar la empresa de seguridad. Por el contrario, ninguno de los hechos que la sentencia de instancia declara probados permite afirmar que el puesto de trabajo de la recurrida quedara vacío de contenido. Es más, consta probado que, a partir de septiembre de 2023, es decir, inmediatamente después del despido, las funciones que realizaba la recurrida pasaron a ser desempeñadas por los trabajadores de la empresa de seguridad contratada por la UB. En coherencia con todo ello, la sentencia de instancia, en la fundamentación jurídica, tras exponer la doctrina aplicable, dice:

<

Tanmateix, de la prova practicada s?acredita que en el citat local es van continuar realitzant activitats a través de cursos de formació entre la data d?acomiadament de la treballadora i el mes de juny de 2024, fins i tot, la Universitat de Barcelona va va contractar una tercera empresa, Securitas, per realitzar les mateixes funcions que l?actora, el que evidencia la manca de justificació de l?amortització del seu lloc de treball en no haver desparegut, a la data de la notificació extintiva, ni la cessió de l?ús del local consistorial ni la necessitat de les activitats despelegades per la treballadora, el que comporta titlar d?improcedent l'acomiadament.>>

Frente a estas consideraciones, carece de fundamento pretender obviar la decisión de la UB de contratar a una empresa de seguridad arguyendo que la sentencia de instancia descarta la existencia de grupo de empresas laboral y cesión ilegal, imputando a la sentencia de instancia que es contradictoria y vulnera lo dispuesto en el artículo 218.2 LEC, al igual que la alegación de que se trata de hechos posteriores al despido, pues dicha contratación es inmediatamente posterior al despido y su única relevancia radica en que impide acoger las causas que invoca la recurrente en la carta de despido, cosa que no tiene nada que ver con que la empresa de seguridad haya sido contratada por la UB y no directamente por la recurrente. Por ello, no observamos contradicción alguna en el razonamiento judicial.

Por todo lo expuesto, la sentencia de instancia, al declarar improcedente el despido de la recurrida, no ha cometido las infracciones legales que le imputa la recurrente. Ello comporta la desestimación del recurso y la confirmación de dicha sentencia en todos sus pronunciamientos.

NOVENO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la pérdida de la consignación y el depósito efectuados por la recurrente, a los que se dará el destino legal cuando la presente sentencia, en su caso, alcance firmeza ( artículo 204 LRJS, apartados 1 y 4).

DÉCIMO.-La desestimación del recurso de suplicación comporta la imposición de las costas del mismo a la recurrente, dado que no es titular del beneficio de justicia gratuita. Dichas costas comprenden los honorarios del abogado de la demandante, que ha impugnado el recurso, y su importe se establece en la cantidad de 700 euros ( artículo 235.1 LRJS) .

Y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,