Sentencia Social 379/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 362/2024 de 13 de febrero del 2025

PRIMERO.-En la sentencia dictada en la instancia se efectúa el siguiente pronunciamiento: "Que ESTIMANDO TOTALMENTE la demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo interpuesta por Porfirio frente a la empresa Carpintería Fernando Contreras, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al trabajador la suma de 195.103,37 euros, en concepto de daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo sufrido con fecha 24 de abril de 2018, incrementada con los intereses del artículo 576 LEC desde la fecha de la presente sentencia".

En dicha sentencia, como decimos, se estima en su totalidad la demanda interpuesta por el trabajador reclamando la indemnización de los daños y perjuicios sufridos con ocasión del accidente de trabajo que el mismo padeció en la fecha indicada, desestimándose por la juzgadora a quo las distintas excepciones planteadas por la empresa demandada, en concreto, la de falta de acción, la de prescripción y variación sustancial de la demanda, estando a efectos de fijar la cuantía indemnizatoria al informe emitido por el médico forense y a los criterios contenidos en la ley 35/2015 de 22 de septiembre.

Contra dicha sentencia se formula recurso de suplicación por la parte demandada, al amparo de los apartados b) y c) del artículo 193 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con el objeto, recíprocamente, de que por esta Sala se proceda a revisar los hechos probados de aquélla y se apruebe la censura jurídica formulada en el meritado recurso contra la misma.

Concluye este recurso con la súplica de que "se dicte en su día, sentencia por la que estimando este recurso, por el que se revoque la sentencia hoy recurrida, en primer lugar se absuelva a mi patrocinada por falta de acción, subsidiariamente se condene a la cantidad de 65.061,00 €, que establezca que han sido compensada por la asegurados cuando abono 91.000,00 € o en su defecto de ambas se establezca que las diferencia y en base al error aritmético debió ser condenada a la cantidad de 164.151,54 €".

El demandante ha impugnado el recurso, interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.-En cuanto a la modificación del relato de hechos probados con amparo en el apartado b) del art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte recurrente solicita en concreto:

1.-Que se adicione al hecho probado tercero el siguiente texto: "Determinado el cuadro clínico residual:

FRACTURA ABIERTA DE CODO DERECHO Y FRACTURA EXTREMIDAD DISTAL DE RADIO IZQUIERDO".

Lo funda en los folios 26 y 140 de autos, Resolución del INSS de 30/01/2022.

2.-Que se adicione un nuevo hecho probado, que sería el ordinal octavo, para el que propone la siguiente redacción: "OCTAVO.- INFORME MÉDICO FORENSE

En Almería, a 9 de febrero de dos mil veintitrés.

D/DÑA. María Teresa, Médico Forense del IMLCF de Almería, en virtud del juramento que tiene prestado, en cumplimiento a lo requerido por S.l. MANIFIESTA:

Se ratifica en informe forense de fecha 13/Diciembre/21, relativo a D. Porfirio.

La documentación médica estudiada ha sido la siguiente:

- Informes varios del Hospital Torrecardenas, de fecha 24/04/2018

- Informes varios (clínicos, urgencias, consultas externas, pruebas diagnósticas) del H. Virgen del Mar de 12/05/2018; 23/05/2018; 23/07/2018; 16/11/2018; 17/09/2018; 25/02/2019; 23/05/2019; 20/06/2019; 15/07/2019; 02/09/2019; 05/09/2019; 26/09/2019".

Lo funda en el documento 241 de autos, Ratificación del Informe del Médico Forense.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no configura el recurso de suplicación como un remedio para que el Tribunal pueda examinar, con libertad de criterio, el modo en que el Magistrado de instancia, con base en los medios de prueba obrantes en el proceso, ha obtenido su convicción sobre los hechos controvertidos entre los litigantes. Y es que dada la naturaleza extraordinaria de este recurso ha de prevalecer el criterio del Magistrado de lo social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron. La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

Dichas pruebas en base a las cuales es posible la revisión fáctica de la sentencia impugnada no pueden ser las mismas que le sirvieron de fundamento al juzgador en la instancia. Esto es, la revisión fáctica no se puede fundar en el mismo documento o pericia, -salvo supuestos de error palmario- en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, ya que como la valoración de la prueba corresponde al juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal del recurrente.

En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia.

La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico.

Pues bien, en este caso ambos motivos han de decaer, dado que no revelan la comisión de un error por la juzgadora a quo en la valoración de la prueba, ante la falta de interés del contenido de los datos que se pretenden adicionar al relato fáctico de la sentencia de instancia. Por la magistrada en la instancia se recogen en su sentencia, en los ordinales tercero y quinto de la misma, el contenido del dictamen del EVI de enero del año 2020 en base al cual el INSS reconoce al demandante una incapacidad permanente total para su profesión habitual, en el primero, y el contenido del informe del médico forense emitido en diciembre de 2021, siendo la juzgadora de instancia, como más arriba hemos expuesto, soberana para determinar aquellas pruebas a las que otorga prioridad probatoria cuando se trata de pruebas de igual valor. En este caso, como se analizará al resolver la censura jurídica planteada en el recurso, aquella parte del contenido del informe emitido por la médico forense a efectos de determinar los distintos aspectos a tener en cuenta para cuantificar la indemnización reclamada en este proceso, sin que en ningún caso pueda atribuírsele un error claro y evidente al realizar la elección a favor del meritado informe médico.

Por otro lado, en relación con el segundo de los motivos planteados, el hecho de que la médico forense se ha ratificado en un informe anterior, así como las fechas de los informes emitidos por la Sanidad Pública que la misma tenido en cuenta para la emisión del suyo propio, carece de trascendencia a efectos de determinar cuál debe ser la resolución de este asunto.

TERCERO.-Se interpone recurso de suplicación así mismo al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, formulándose varios motivos de censura jurídica, el primero de los cuales consiste en la alegación por parte de la sentencia de instancia de infracción de los artículos 1.809; 1.815; 1.816 y 1.887 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en los arts. 1.254; 1.255; 1.256 del mismo cuerpo legal; y del art. 20 de la LECiv. Además, se invocan los arts. 3.1; 1.281 a 1.289 del Código Civil, en cuanto a la interpretación de los contratos.

En síntesis se alega que la firma del acuerdo entre el trabajador y la aseguradora del riesgo por el que renunciaba con el percibo de la cantidad de 91.000,00 € a las acciones derivadas del accidente objeto de esta litis, supone una expresa renuncia a todas las acciones y reclamaciones futuras de toda índole derivadas del mismo, no sólo respecto de aquella, sino también respecto de la mercantil recurrente, por lo que el actor carecería de acción.

Pues bien, partiendo de la normativa invocada en el recurso sobre interpretación de los contratos esta Sala concluye que se ha de confirmar la sentencia recurrida en el sentido de entender que el actor renuncia a reclamar ninguna otra cantidad a la meritada aseguradora por los daños y perjuicios derivados del accidente trabajo que su día sufrió, pero sin que se haga referencia alguna en ese acuerdo o pacto a la empresa empleadora. De hecho, consta igualmente en la sentencia de instancia que interpuesta demanda por el actor en septiembre del año 2020 tanto frente a la empresa, con respecto de la compañía aseguradora, alcanzado en febrero del año 2021 dicho acuerdo transaccional con esta última, el trabajador procede a desistir en noviembre de dicho año de la acción que había interpuesto frente a la misma, no así contra la empresa, respecto de la que además interesó la adopción de medida cautelar en diciembre de dicho mismo año. Por lo tanto, ni de los términos literales del propio contrato o acuerdo transaccional, ni de los actos posteriores llevados a cabo por el trabajador se infiere la voluntad del mismo de renunciar respecto de la empresa de los derechos que pudiera ostentar. Además, la cantidad que se compromete a entregar la aseguradora es la que constituye el límite concertado por la empresa con la misma en concepto de seguro por responsabilidad civil, lo que sirve igualmente para formar dicha convicción de que el pacto entre la aseguradora y el trabajador sólo libera a aquella.

CUARTO.-El segundo motivo de censura jurídica contenido en el recurso se refiere a la valoración realizada en la sentencia de instancia de la prueba practicada en relación con la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios reclamados. Se alega en concreto que aquélla habría incurrido en infracción de los artículos 317 y 319 de la LEC, así como de los arts. 169 y 193 de la LGSS, y de la doctrina jurisprudencial (por todas, sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1.991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1.993 y 10 de marzo de 1.994) que indica que en los supuestos de documentos contradictorios y en la medida en que de ellos pueda extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juez de instancia, que es el órgano soberano para la apreciación de la prueba, salvo que su apreciación sea irrazonable, desproporcionado o incorrecta. A continuación, en el recurso se predica la prioridad probatoria de la resolución del INSS sobre el emitido por el médico forense, el que se suspenda la juzgadora a quo para concretar cuáles son los aspectos a valorar para fijar la indemnización de daños y perjuicios reclamada por el actor.

Pues bien, dicha pretensión ha de fracasar, dado que, como ya hemos expuesto al resolver la revisión fáctica planteada en el recurso, la valoración de la prueba es facultad del juez de instancia, la cual ha de prevalecer, siendo solo revisable en suplicación si ha existido error o arbitrariedad en la misma ( art. 97.2 de la LRJS) . En materia de informes médicos y dictámenes periciales, aquel puede optar por el que estime conveniente y le ofrezca mayor credibilidad, rectificándose su criterio sólo por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida, circunstancia que no concurre en el caso de autos. El hecho de que el INSS pueda considerar, en base al dictamen propuesta del EVI y al previo informe médico de síntesis, que en una determinada fecha las lesiones sufridas por el trabajador han devenido en secuelas a efectos de reconocerle una incapacidad permanente no es óbice para que el médico forense que analiza las consecuencias del accidente litigioso fije otra fecha como de curación o estabilización lesional. Y es el juzgador en la instancia, repetimos, quién determinará al dictamen médico (el informe médico de síntesis o el dictamen del médico forense) otorga mayor valor probatorio sobre dicho particular.

QUINTO.-El tercer motivo del recurso formulado al amparo del art. 193 c) de la LRJS, relativo al quantum indemnizatorio, se fundamenta en que la cuantía fijada en la instancia sería incorrecta y muy desproporcionada, por lo que se habrían vulnerado por la sentencia recurrida los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil, los Anexos de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, así como la jurisprudencia recogida en las Sentencias del Tribunal Supremo STS 3546/2014, Recud. 1257/2013 de 23 de junio de 2014, en Pleno de Sala y la STS 1 7/07/2007 Recud, 4367/2005.

Por la juzgadora a quo se ha aplicado la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que, de forma reiterada, el TS ha indicado que puede aplicarse en sus estricto términos o de forma orientativa, siempre que se motive la resolución.

Así en la STS de 09/12/2024, Nº de Recurso: 391/2023, que se pronuncia sobre una acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente laboral, se dice que: "La normativa a considerar debe partir de lo recogido en el art. 33 del LRCSCVM , titulado como principios fundamentales del sistema de valoración, en el que se dispone lo siguiente: "1. La reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración.

2. El principio de la reparación íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias...".

El art. 34 del citado texto legal, sobre los daños objeto de valoración, establece que "Dan lugar a indemnización la muerte, las secuelas y las lesiones temporales de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes y con lo reflejado, respectivamente, en las tablas 1, 2 y 3 contenidas en el Anexo de esta Ley ".

El art. 40, en relación con el momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias, dispone que "1. La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial", destinándose el art. 43 a la revisión de la indemnización ya fijadas."

Dicho esto, en primer lugar, se argumenta en el recurso que los días que transcurren entre el hecho causante y la fecha de la resolución del INSS, momento en el que el recurso fija la estabilización de las lesiones en base al reconocimiento a favor del trabajador de una incapacidad permanente total, es la de 636 (9 graves y 627 moderados), no de 673 como recoge la sentencia.

Pues bien, en el informe forense emitido en diciembre de 2021, ratificado por la médico que lo emite en febrero de 2023, se concluye que el actor tardó en curar un total de 679 días, de los cuales 6 estuvo en situación de ingreso hospitalario. Como ya hemos señalado anteriormente al resolver la revisión fáctica impetrada en el recurso, la magistrada es soberana para elegir la prueba que considera más fidedigna, imparcial y clara para fijar sus hechos probados, siempre que no incurra en una valoración de la prueba irracional o ilógica, lo que en este caso, repetimos, no ha ocurrido desde luego, pues la opción por el informe médico forense, en vez de estar al emitido en el seno del procedimiento administrativo ante el INSS en materia de reconocimiento de la incapacidad permanente, se considera absolutamente razonable. Por lo tanto, no se habría desvirtuado que al actor le corresponde en concepto de perjuicio particular por tiempo de curación 37.341,06 €, y no los 34.347,06 €, tal y como postula la parte recurrente.

SEXTO.-A continuación, partiendo de las propias cantidades fijadas en la sentencia de instancia por cada uno de los conceptos que considera indemnizarles, se invoca la existencia de un error aritmético. Se trataría de las cantidades siguientes:

-37.341,06 euros Perjuicio Particular.

-54.577,28 euros Perjuicio Patrimonial del lucro cesante. (compartido entre 23.61 9,62 e tareas del hogar y 30.657,66 €)

-1 21.227,20 euros puntos de secuela para la edad de 41 años.

-45.000 euros perjuicio moderado por pérdida calidad de vida.

La suma de estas cantidades arroja un total de 258.145,54 € que, si se le descuenta la cantidad ya percibida de la Mutua de 91.000,00 €, el resultado sería de 167.145,54 €, tal y como indica en el recurso, y no la cantidad de 195.103,37€ fijada en la sentencia combatida.

El recurso continúa en relación con el concepto del lucro cesante, asegurando que, respecto de incapacidad temporal, el mismo ha de cifrarse en la diferencia entre el salario real que se hubiera percibido de permanecer el trabajador en activo y las cantidades satisfechas por la prestación y, partiendo de los importes fijados por estos conceptos en la propia sentencia de instancia, 45,59 euros/día por el primer concepto, y 38,27 €, por el segundo, la cantidad debería minorarse, según el recurso, sobre la base del mismo argumento anteriormente expuesto y ya resuelto de que los días de curación fueron 636 y no 673 días. Pero este argumento ya ha sido rechazado anteriormente, remitiéndonos a lo ya dicho.

SÉPTIMO.-En cuanto a la cantidad de 23.619,12 €, que se otorga en concepto de lucro cesante en relación con las tareas del hogar, en el recurso se pretende que no se compute, señalando que no se ha "aprobado, ni se ha realizado intento alguno sobre este parámetro",remitiéndose a la STS Rcud. 1257/2013 de Pleno de Sala.

Pues bien, el recurso es realmente el parco sobre este extremo, remitiéndose exclusivamente a una sentencia del Tribunal Supremo que es anterior a la ley 35/2015 de 20 de septiembre, dictada el día 23/06/2014, siendo la cuestión que debatía en dichas actuaciones la relativa a la incidencia que las prestaciones reconocidas por incapacidad permanente han de tener en la responsabilidad adicional que pueda exigirse al empresario cuando el daño causado por el accidente de trabajo se vincula con una conducta de aquél ajena al contenido obligacional del contrato laboral; y más en concreto, en la forma que tales prestaciones han de tenerse en cuenta respecto del importe indemnizatorio que corresponda percibir por el factor de corrección de incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima. En esta sentencia el TS rectifica su doctrina existente hasta la fecha sobre esta cuestión.

No obstante, este Tribunal dará respuesta a la cuestión planteada y aplicando la citada Ley 35/2015, entendemos que procede la estimación del motivo en este aspecto dado que, respecto del lucro cesante durante el periodo de los días en que las lesiones sufridas por el accidentado son aún temporales, se distingue en el artículo 143 de dicha norma dos clases de lesionados. Por un lado los que perciben ingresos provenientes del trabajo personal, y por otra, los que se dedican exclusivamente las tareas del hogar. De dicha norma se desprende que si el trabajador esta percibiendo ingresos por su trabajo no puede incluirse entre aquellos que se dedican exclusivamente a tareas del hogar, salvo que se trate de un trabajador con dedicación parcial por reducción de jornada o de trabajo a tiempo parcial, en cuyo caso habrá que estar a unas reglas específicas para la cuantificación de la indemnización por este concepto. Pero, no constando que la jornada del trabajador lo fuera a tiempo parcial, la conclusión debe ser la no posibilidad de acumular ambos conceptos indemnizatorios por lucro cesante, de forma que hemos de restar a la cantidad fijada en sentencia los 23.619,62 € fijados por este concepto en la sentencia recurrida.

OCTAVO.-También se ataca la cantidad fijada en la sentencia en concepto de secuelas por 54 puntos, en 121.227,20 euros, asegurándose que los puntos a tener en cuenta deberían ser 10, conforme a la prueba pericial que vendría constituida por la resolución del INSS, fijándose en el recurso la cantidad por este concepto en 11.058,42 €, según baremo.

Rechazamos el recurso en este aspecto, por cuanto ya hemos resuelto de forma reiterada en esta sentencia que nos remitimos al informe forense por habérsele otorgado al mismo valor probatorio sobre este particular, sin que por otro lado efectivamente pueda atribuirse a la resolución del INSS la condición de prueba pericial que se alude en el recurso.

Subsidiariamente, se añade en el recurso que, en base a lo dispuesto en el art. 98 de la 35/2015, la formula a aplicar sería [[(100-M) x m)/100] +M], y en esto debemos mostrar nuestra conformidad con el recurso, dado que en la sentencia de instancia se suman sin más los distintos puntos adjudicados en el informe forense a cada una de las secuelas. Conforme a dicha fórmula, las secuelas se fijarían en 35 puntos, y la indemnización en 62.084, 09 €.

NOVENO.-Finalmente, en cuanto a la cantidad de 45.000,00 €, en concepto de Perjuicio Moderado por pérdida de calidad de vida, se asegura en el recurso que sería desmesurada y caprichosa, no encontrándose justificada dicha cantidad, concretándose como razonable en el recurso en la cantidad de 15.000,00 €.

Pues bien, en este aspecto el recurso no puede prosperar, dado que consideramos proporcionada la cantidad reconocida por este concepto en la sentencia recurrida, atendiendo a la edad del demandante y al hecho de haber perdido de forma permanente la posibilidad de realizar una parte relevante de sus actividades específicas, de hecho, se le ha concedido una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

DÉCIMO.-Como consecuencia de todo lo anterior, la cantidad que le corresponde al trabajador en concepto de daños y perjuicios sería la de 175.382,81 euros, frente a la de 65.061,00 €, que se fija en el recurso. Y de aquella cantidad habría que descontar lo abonado por la Mutua (91.000 euros), siendo la cantidad, por lo tanto, aún no abonada y a cargo de la recurrente de 84.382,81 euros.

Todo ello, dada la estimación parcial del recurso, conforme al artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin costas.

Estimado en parte el recurso de suplicación, procede, conforme al artículo 203 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la devolución parcial de las consignaciones realizadas y así como total del depósito constituido una vez esta sentencia sea firme.