Sentencia Social 232/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 182/2024 de 13 de febrero del 2025

PRIMERO.- Síntesis de la litis

La sentencia de instancia desestimaba la demanda interpuesta por la parte actora, en la que se solicitaba una revisión del grado de incapacidad permanente total (IPT) otorgada, pretendiendo su elevación a incapacidad permanente absoluta (IPA) por haber ocurrido un empeoramiento de sus dolencias. El pronunciamiento impugnado consideró probado que, aunque el cuadro clínico de la demandante incluía diferentes patologías, como la hernia discal cervical, cervicoartrosis, fibromialgia y gonartrosis bilateral, no se había demostrado una agravación significativa respecto a lo que había sido diagnosticado previamente en la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, en 2018.

La resolución combatida valoró la prueba practicada, incluidos los informes médicos del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) y la prueba documental relacionada, indicando que la parte actora mantenía la capacidad para desempeñar trabajos de menor exigencia física que su profesión habitual de limpiadora. En este sentido, se entendió que la limitación funcional no había progresado hasta un punto que le impidiera toda actividad laboral. En particular, se mencionó la existencia de movilidad conservada, pese a las dolencias referidas, y que no se contemplaba intervención quirúrgica en las rodillas más allá de infiltraciones puntuales.

La sentencia de instancia consideró que el conjunto de síntomas derivados de patologías previas no mostraba una evolución que incrementara sustancialmente la incapacidad ya reconocida como permanente total. Se puso especial énfasis en que los informes médicos no acreditaban una imposibilidad para la realización de cualquier actividad laboral, sino que las dolencias continuaban dentro de las limitaciones evaluadas anteriormente. A su vez, el tribunal señaló que las documentaciones aportadas por la pericia de la actora no ofrecían pruebas concluyentes de una incapacidad absoluta, sino más bien un agravamiento dentro de los límites funcionales ya anteriormente considerados.

Disconforme la parte actuante, Elisabeth, interpone el presente recurso de suplicación articulando un motivo de revisión fáctica y un motivo de censura jurídica, pretendiendo la revocación de la Sentencia. El recurso fue impugnado por la representación letrada de INSS.

SEGUNDO.- Revisión de hechos probados

La parte recurrente interesa la revisión fáctica de la sentencia, al amparo del art. 193.b) LRJS.

En primer lugar, debe razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el tribunal ad quem está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones. De otra forma, carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) LRJS.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que la parte recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; la ley señala que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Estos criterios han sido reafirmados, entre otras, por la reciente Sentencia 90/2022 del Tribunal Supremo, de 1 de febrero (rec. 2429/2019).

Sentado lo anterior, pasamos a analizar las pretensiones concretas.

Como único motivo de revisión fáctica, la parte recurrente, interesa la adición de un nuevo Hecho Probado sexto, cuya redacción sería la siguiente:

"Que las patologías que padece la actora, descritas en el hecho probado cuarto, desencadena el siguiente cuadro de limitaciones funcionales:

En relación con la Columba cervical, hombro y manos:

- Elevación, manipulación, transporte y desplazamiento de cargas de cualquier

entidad, así como movimientos repetitivos con participación del raquis cervical.

- Manejo de herramientas.

- Posturas mantenidas sobre todo lo que ocasiona pérdida de la alineación del

cuello.

- Trabajo en altura, aunque sea de mínima entidad.

- Tareas ofimáticas.

En relación con la Columna dorsal, lumbar y rodilla:

- Manejo de cargas o esfuerzos que requieran la participación de dichos segmentos.

- Movimientos repetitivos predominantemente flexo extensión, rotación,

lateralización.

- Agacharse y levantarse.

- Bipedestación y sedestación prolongada, así como marcha.

En relación con su cuadro de fibromialgia:

- Limitaciones derivadas del dolor continuo y del síndrome de fatiga crónica.

- La realización de cualquier tipo de actividad, aunque esta sea ligera, ocasiona en la paciente un cuadro de incapacidad funcional global que le obliga a permanecer

en reposo en las horas e incluso los días siguientes de la misma."

Para ello, el recurrente se apoya en el informe pericial (Doc. Folios 152 a 154), que concluye considerando que la paciente sufre una significativa pérdida de bienestar físico lo que genera una pérdida de su calidad de vida, así como limitación para sus actividades de la vida diaria.

La recurrente pretende reproducir el informe pericial de la propia parte, obviando el HP 4º que relata las patologías que padece actualmente la recurrente y que se basan en los informes médicos de los folios 18 a 20 del expediente administrativo.

En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, establece que ante dictámenes médicos contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el juzgador de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS, 218.2 LEC y 120.3 CE.

En los citados pronunciamientos subyace un principio de respeto de la valoración probatoria de instancia, salvo que se acredite cumplidamente (evidentemente) la existencia de error, de forma que cuando existen dos medios de prueba contradictorios con un valor probatorio semejante, si el juez de instancia ha otorgado credibilidad a uno de ellos y la parte que recurre invoca el otro, el TSJ tiende a respetar la valoración probatoria de instancia.

Expuesto lo que antecede, no procede la estimación de la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente.

TERCERO.- Infracción de normas sustantivas y de la jurisprudencia

La parte recurrente interesa la revocación de la sentencia, al amparo del art. 193.c) LRJS, alegando la infracción de los arts. art. 194.1.c) LGSS, art. 200 LGSS.

Con carácter previo debemos indicar - por lo que respecta a las normas citadas por la parte recurrente en su recurso como infringidas - que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.

Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:

a) Citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de preceptos que guarden unidad temática.

b) Razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( art. 196.2 LRJS) lo cual exige argumentar la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.

Dicha doctrina jurisprudencial, así mismo señala que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el específico precepto que se entiende vulnerado, y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de ellos se reputa infringido.

Como único motivo de censura jurídica, la parte recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia al considerar que se ha producido la infracción de los artículos 194.1.c) y 200 de la LGSS, a saber, el recurso impugna la decisión judicial alegando que las dolencias primitivas de la actora han empeorado y que han surgido nuevas afecciones tras el otorgamiento de la incapacidad permanente total. Sostiene que estas nuevas condiciones de salud, que afectan a las rodillas, el hombro y la fibromialgia, son más graves que las tenidas en cuenta en el reconocimiento previo de su incapacidad. La recurrente destaca que sus limitaciones funcionales han aumentado, anulando cualquier capacidad residual de trabajo y descartando la posibilidad de desempeñar incluso tareas sedentarias. Argumenta que el informe pericial, que detalla estas limitaciones, no fue contradicho por la parte demandada. La demandante recalca que la fibromialgia, junto a otras patologías, anula su capacidad laboral y le impide la realización de actividades cotidianas. Considera que la resolución judicial no ha valorado adecuadamente estas circunstancias, solicitando que se reconozca su incapacidad permanente absoluta.

La documentación clínica emitida en el momento en que se reconoció la incapacidad permanente total a la actora en el año 2018 (HP 2º) indicaba un cuadro de polidiscopatías cervicales y lumbares con radiculopatías, sumado a la intervención quirúrgica a nivel cervical y a las limitaciones funcionales derivadas de dicha patología. Entonces se concluyó que no podía efectuar tareas que requirieran posturas forzadas de la columna, movimientos repetitivos de flexo-extensión, acarreo de cargas de cierta entidad o trabajos por encima del plano horizontal, concediéndose la incapacidad permanente total al apreciarse que la afectación impedía, de manera sustancial, el desempeño de sus tareas habituales.

Ahora, transcurridos varios años, los informes médicos aportados con la pericial y en el expediente administrativo, analizados por la juzgadora de instancia en el FJ 3º y recogidos en el HP 4º recogen una descripción más amplia de su estado de salud, señalando la presencia de fibromialgia, lesiones de hombro con síndrome subacromial, rotura de tendón del supraespinoso y gonartrosis bilateral, patologías que aparentemente podrían sugerir un agravamiento.

Sin embargo, el objeto central de la revisión de una Incapacidad Permanente no es solo si existen diagnósticos añadidos, sino si esos nuevos hallazgos clínicos provocan una pérdida más severa de la capacidad laboral, de tal manera que la interesada no solo siguiera sin poder ejercer la profesión habitual -lo ya reconocido en 2018-, sino que además se viera imposibilitada para cualquier actividad remunerada o para aquellas labores que no conlleven gran exigencia física.

Resulta fundamental analizar si en la actualidad concurren deficiencias motoras, neurológicas o funcionales que superen las limitaciones que ya se habían tenido en cuenta. Aun cuando se detectan dolencias adicionales de naturaleza degenerativa o reumatológica, la valoración oficial del Equipo de Valoración de Incapacidades (HP 3º) insiste en que la fuerza global de la paciente se mantiene conservada, que no se registran déficits motores significativos ni signos de amiotrofia y que los rangos de movilidad, si bien se encuentran limitados en los últimos grados en hombros y rodillas, no impiden realizar con suficiencia ciertas labores compatibles con un esfuerzo moderado o muy liviano.

Se habla de poliartralgias y de un dolor crónico que, si bien pueden condicionar de manera relevante actividades que exijan tensión postural, movimientos repetitivos, uso continuado de la musculatura cervical y lumbar o cargas pesadas, no se traducen en un deterioro generalizado tan intenso como para suprimir toda capacidad productiva, pues no se aprecia la imposibilidad de mantenerse en una actividad sedentaria o de menor demanda física. Conviene recordar que la revisión de la incapacidad permanente ha de valorarse conforme a la perspectiva global de la capacidad laboral, de modo que no basta con la sola comprobación de nuevas patologías diagnosticadas si la afectación real de estas no anula por completo la aptitud para profesiones u oficios de menor exigencia. En este sentido, lo cierto es que ni la fibromialgia, ni la gonartrosis bilateral, ni el déficit en los tendones del manguito rotador han sido descritos en términos de gravedad que imposibiliten cualquier gesto o movimiento sostenible a lo largo de una jornada, y además se han adoptado tratamientos de infiltración y de rehabilitación con resultados parciales que no representan el colapso de la capacidad funcional. Como bien señala la sentencia de instancia "el dolor contínuo ya concurría (cuando la Sentencia del Juzgado nº 4 reconoció la Incapacidad Permanente Total), no existiendo prueba documentada de la necesidad de descanso en la cama durante horas o días tras la realización de cualquier actividad".

Si bien es innegable que la actora presenta un cuadro clínico crónico y polifragmentado, no se desprende del conjunto de la narración fáctica una pérdida de autonomía añadida respecto de la que ya motivó la declaración de incapacidad permanente total. La sentencia de instancia es muy clara en este sentido:

«Recordar que la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 4 resolvió en favor de una IPT a partir de las siguientes limitaciones funcionales: "el conjunto de síntomas, derivado de la patología cervical y lumbar determinan una pérdida de la capacidad funcional del paciente, que afecta a aquellas labores que tienen relación directa con realizar posturas forzada de la columna, movimientos repetitivos de flexo-extensión de la columna cervical y lumbar, bipedestación prolongada, deambulación prolongada, movimientos forzados de los miembros superiores, especialmente por encima del plano horizontal y trabajos que requieren acarreo de medianas y grandes cargas·. Sobre las mismas, las que el perito de la parte actora añade ya constan reconocidas [.]»

Es decir, que la conclusión pericial se orienta a la persistencia de unas limitaciones similares a las que dieron origen a la anterior calificación. Resulta imposible sostener, a la luz de dicha la narración fáctica y de la argumentación jurídica de la instancia, que ahora exista una inhabilidad total para toda clase de trabajo, o la necesidad de asistencia de otra persona en los actos más esenciales de la vida, toda vez que no se objetiva una pérdida absoluta de la capacidad funcional, sino una continuidad y estabilización de la problemática dolorosa y degenerativa que, aun con la incorporación de diagnósticos diversos, no comporta por sí misma la exclusión de toda posibilidad laboral, persistiendo la conclusión de que puede desempeñar labores de carácter ligero o más bien sedentario, sin cargas pesadas ni movimientos forzados de la columna o de los miembros superiores por encima de la horizontal, lo que, en definitiva, ratifica la misma ratio decidendi de la sentencia de instancia.

Expuesto lo que antecede, se desestima este motivo de censura jurídica y por ende se confirma la sentencia de instancia.

CUARTO.- Costas, depósitos y consignaciones

La desestimación del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 LRJS, no implica en el presente caso la expresa imposición de condena en las costas del recurso a la parte vencida en el mismo, al ser beneficiario de justicia gratuita, ex artículo 2.d) Ley 1/1996.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.