Sentencia Social 1347/2025 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Social, Rec. 468/2025 de 15 de julio del 2025

PRIMERO.-En desacuerdo con la sentencia del Juzgado de lo Social, el demandante recurre en suplicación al amparo de los motivos previstos en los apartado apartados a) y c) del artículo 193 de la Ley 3672011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), para reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión y examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia.

Denuncia la infracción de los artículos 90.1, 2, y 3 de la LJS, puesto en relación con el 24.1 y 2 de la Constitución Española (CE); de los artículos 164.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), de los artículos 4.3º y 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y del artículo 39.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Solicita de la Sala sentencia que anule la de instancia y retrotraiga las actuaciones al momento anterior a la celebración del juicio, para que pueda hacer valer la testifical que en su momento propuso y vio inadmitida. Como petición subsidiaria, solicita revocación de la sentencia dictada y estimación de la demanda en los mismos términos planteados en la instancia.

La empresa demandada impugna el recurso y defiende el acierto de la sentencia del Juzgado de lo Social.

Según explica la Magistrada de instancia en el primero de los Fundamentos de Derecho de su sentencia, el demandante impugna la resolución del INSS denegatoria del recargo de prestaciones vinculadas al accidente que según dice el trabajador sucedió cuando bajaba por una escalera confeccionada de manera rudimentaria, que no tenía barandilla en la que apoyarse, pisó mal y sufrió un pinchazo, que dio lugar a un proceso de incapacidad temporal calificado de accidente de trabajo.

Inalterado el relato de hechos probados, la realidad de la que hay que partir para dar respuesta al recurso se resume como sigue:

-El demandante prestando servicios de oficial de 1ª calderero por cuenta de Daorje SL, al amparo de un contrato de trabajo de duración determinada, que había iniciado el 16 de junio de 2021, el 10 de agosto de ese año inició un proceso de incapacidad temporal, que por resolución dictada en enero de 2022 el INSS declaró derivado de accidente de trabajo, a la vista del informe médico de síntesis de 26 de noviembre de 2021 que contempla una rotura de menisco interno de rodilla derecha y del relato que hacía el trabajador en el expediente administrativo, esto es, que el 6 de agosto de ese año trabajaba en el taller de la empresa, bajaba por una escalera metálica auxiliar y portátil, tipo taburete, en el penúltimo peldaño piso mal, de ese modo torció la rodilla y sintió un pinchazo.

-La empresa evaluando riesgos y planificando la labor preventiva para el puesto de calderero, había identificado el riesgo de caída a diferente nivel y la utilización de escaleras de mano.

-La empleadora había dado formación al trabajador en materia de prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo, y le había proporcionado equipo individual de protección que incluía botas de seguridad antideslizantes.

-La Inspección de Trabajo emitió informe en torno al accidente que refería el trabajador y que nadie había presenciado. En el taller los trabajadores ocasionalmente suben a la mesa de trabajo, para ello utilizan una escalera que colocan a pie de mesa. Se trata de una gradilla o taburete metálico, fabricado en el propio taller, de 60 cm de alto, dotado de tres peldaños, cada uno de 20 cm de huella y otros tantos de contrahuella. El taburete está excluido de la normativa sobre escaleras de mano y escaleras de servicio, está regulado en la normativa UNE 14183 de taburetes de peldaño. La Inspección no apreció incumplimiento normativo por parte de la empresa y no propuso recargo.

La Magistrada de instancia desestima la demanda porque (i) no hay testigos del accidente que corroboren lo referido por el trabajador, esto es, que tuvo un tropiezo al descender por una escalera tipo taburete; (ii) no hay prueba, pues el demandante no la aporta, de que la empresa incumpliera la normativa de prevención de riesgos laborales, previsto como estaba el riesgo de caída a diferente nivel en el puesto de trabajo del demandante; (iii) falta la culpa y la relación de causalidad exigible para poder estimar la responsabilidad empresarial.

SEGUNDO.-El recurrente fundamenta la petición de nulidad de la sentencia en la indefensión causada con la inadmisión de la prueba testifical que propuso en juicio, a cargo de JLPE, presidente del comité de la demandada en la factoría de Veriña de ArcelorMittal, y ver desestimada la demanda por falta de prueba, cuando el propuesto como testigo, conocedor del equipo que formaban mesa de trabajo y taburete de acceso, podía haber aportado elementos de juicio acerca del defecto del taburete como medio para subir y bajar a la mesa que dista del suelo más de 80 centímetros, de modo que el primer escalón en vacío a salvar al bajar de mesa a escalera o al subir de escalera a mesa rompe la homogeneidad de la altura de los tres peldaños de escalera, de ahí la necesidad de corregir la situación siquiera dotando al taburete de barandillas de apoyo.

Argumenta que en el acto del juicio alegó la misma indefensión que trae al recurso y formuló la oportuna protesta.

La empresa demandada opone que la testifical propuesta no es útil ni necesaria, por lo que ninguna indefensión causa su inadmisión.

La sentencia de instancia guarda silencio sobre cuanto aconteciera en torno a la prueba. Para conocer de la infracción procesal denunciada es preciso acudir al procedimiento y constatar cómo se ha desarrollado el juicio.

En el acto de juicio la parte actora ratificaba la demanda. En la misma el trabajador denunciaba que la escalera que utilizaba al sufrir el accidente de trabajo no cumplía la normativa vigente: no llevaba barandilla, estaba pintada con pintura verde natural que facilita el deslizamiento, la habían elaborado con chapa fina lisa y no lagrimada; aludía a la obligación de la empresa de evaluar y controlar los riesgos. En el momento de proponer prueba solicitó la admisión de la declaración testifical a cargo del testigo al que se refiere en el recurso; explicaba que el testigo sabía de las circunstancias del accidente porque aunque no lo había presenciado cuenta con delegados en el taller y, además, había visitado el lugar, de manera que conocía las características, altura incluida, de la mesa de trabajo y del taburete.

El Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que defendía los intereses del INSS, se opuso a la admisión de esa prueba testifical, que corría a cargo de alguien que no había presenciado el accidente y que no siendo perito ninguna aportación técnica podía realizar. A ello se adhería la defensa letrada de la empresa., que también proponía testifical para aclarar aspectos técnicos.

La Magistrada no admitió ninguna de las dos testificales propuestas. La parte actora formuló recurso y la Magistrada inadmitió la testifical bajo los argumentos de que la prueba documental aportada resultaba más que suficiente y útil, de los testigos no se puede pretender valoraciones y el propuesto por la demandante no presenció el accidente.

Demandante y empresa protestaron la inadmisión de la propia prueba testifical a efectos de recurso. La primera, admitía que no era idóneo un testigo de referencia para declarar sobre el accidente, pero argumentaba que del testigo no pretendía obtener valoraciones sino declaración sobre apreciación personal acerca de cómo era la mesa y a qué altura estaba, porque de la distancia de la mesa al taburete resultaba que éste no era un medio seguro de trabajo.

En la fase de conclusiones la actora insistía en la imposibilidad encontrada de probar los hechos relativos a la inadecuación del taburete para una mesa de trabajo como la utilizada, pues la mesa rompía la homogeneidad del taburete tal y como estaba confeccionado, ello como consecuencia de la inadmisión de la prueba testifical que había propuesto con ese propósito probatorio.

El artículo 90 de la LJS (Preparación y admisibilidad de los medios de prueba)señala:

"1. Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos.

2. No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. Esta cuestión podrá ser suscitada por cualquiera de las partes o de oficio por el tribunal en el momento de la proposición de la prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la práctica de la prueba una vez admitida.

A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las diligencias que se puedan practicar en el acto sobre este concreto extremo, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuestión aparezca suficientemente fundada. Contra la resolución que se dicte sobre la pertinencia de la práctica de la prueba y en su caso de la unión a los autos de su resultado o del elemento material que incorpore la misma, sólo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, se dará traslado a las demás partes y se resolverá oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que, en su caso, procediera contra la sentencia.

3. Podrán asimismo solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha del juicio diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio".

Como consecuencia de la redacción dada por el apartado nueve del artículo 24 de la L.O. 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, desde el 3.4.2025 el apartado 3 de ese artículo señala que las partes podrán solicitar al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días.

Los apartados 2 y 3 de ese precepto, que el recurrente incluye en la denuncia de infracción de normas de procedimiento, no guardan relación con lo argumentado en el recurso.

El derecho de defensa, que la tutela judicial efectiva debe garantizar, tiene uno de sus máximos exponentes en la facultad de los litigantes de proponer y practicar la prueba que les permita cumplir la carga prevista legalmente y en abstracto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), ahí donde indica que :

"2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Sin perjuicio de que "6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes".

Sin perjuicio, también, de que "7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Pero esa facultad está supeditada a que concurran razones de licitud (se rechazará la actividad prohibida por la ley), de utilidad (no se admitirá lo que según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos), de necesidad (están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, y no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general), y de pertinencia (se rechazará lo que no tenga relación con el objeto del proceso, lo propuesto ha de tener que ver con la tutela judicial que se pretende obtener) [ artículos 281 y 283 LEC, 90.1 LJS].

La sentencia del TC 88/2004, de 10 de mayo, en un supuesto en que el órgano judicial había denegado el recibimiento del juicio a prueba bajo el argumento de que con los elementos obrantes en autos había formado ya su convicción, y posteriormente dicta sentencia desestimatoria por falta de acreditación concluyente y categórica de la necesidad de obtener la prestación que era objeto del pleito, recuerda que:

-El contenido esencial del derecho a utilizar los medios de prueba pertinente, que está conectado al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensas, se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto de litigio.

-Ese es un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional.

-No tiene, en todo caso, carácter absoluto, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

-El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho en caso de denegación o inejecución -imputables al órgano judicial-, cuando se inadmiten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

-No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en que la prueba es decisiva en términos de defensa, de modo que de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta.

-La decisión de inadmitir o no practicar la prueba puede producir consecuencias directas en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, pues este derecho se satisface, en esencia, con una respuesta jurídicamente fundada, motivada y razonable de los órganos jurisdiccionales a las pretensiones de quien acude ante ellos para la defensa de sus intereses, por lo que cabe, en consecuencia, constatar la vulneración de este derecho fundamental cuando obteniendo respuesta, ésta carece de fundamento jurídico o dicho fundamento resulta arbitrario.

La Magistrada de instancia no consideró útil la testifical propuesta por el demandante, pues el testigo no conocía del accidente, es una afirmación reiterada a lo largo de la sentencia que nadie presenció el accidente que refiere el demandante, y las apreciaciones que pudiera hacer acerca del equipo de trabajo no dejarían de ser valoraciones, impropias de un testigo; además, no resultaba necesario añadir datos sobre ese particular cuando la documental aportada resultaba suficiente.

Acerca de la prueba testifical, las partes podrán solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio, sobre cuestiones que puedan resultar conducentes a la averiguación de hechos y circunstancias controvertidos y sobre las que el testigo tenga conocimientos propios, pero de la prueba testifical no se admitirán valoraciones ni calificaciones, aunque si el testigo posee conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos, se admitirán sus manifestaciones sobre el particular ( artículos 360, 368, 370.4 de la LEC) .

La parte actora pretendía del testigo declaración sobre el accidente mismo, pero el testigo propuesto no tenía conocimiento propio del suceso. la misma parte proponente le otorgaba conocimiento por referencias, pero sucede que nadie lo había presenciado, así lo había dicho el demandante en su momento. Pretendía, también, del testigo declaración sobre detalles del equipo de trabajo (mesa y taburete), porque lo había visto con motivo de alguna visita que había hecho al taller y contaba con delegados en dicho lugar. Una vez más asoma el conocimiento de referencia, y no podemos suponer que el testigo tenga conocimientos técnicos o prácticos sobre la materia, la parte que propuso la declaración testifical nada matizó al respecto.

Acerca de aquella apreciada y pronunciada "suficiencia", que encontramos en la respuesta que dio la Magistrada en el acto de juicio para inadmitir la prueba, en la sentencia de instancia queda patente que el informe emitido por la Inspección de Trabajo acredita las características del taburete; en la misma leemos "es esencial añadir que las dimensiones del taburete han quedado ya suficientemente acreditadas por el informe elaborado tras oficio a la Inspección de Trabajo (...)"[FD 5º párrafo 1º). Sobre lo actuado (visita inspectora de 25.4.2022) e informado (informe de 24.5.2022) por la Inspección de Trabajo, la Magistrada elaboró el Hecho Probado 4º. Un alegado accidente de trabajo está en la base de la pretensión de la demanda y cuando de procesos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se trata el artículo 95.4 de la LJS deja en manos del órgano judicial la posibilidad de acudir a informe de expertos "En procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el órgano judicial, si lo estima procedente, podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos públicos competentes en materia de prevención y salud laboral, así como de las entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto".

En la respuesta judicial dada a la propuesta de prueba testifical encontramos razones jurídicas que no vulneran el derecho de defensa de la parte actora ni comprometen la conformidad a derecho de la sentencia dictada.

TERCERO.-En el motivo de recurso basado en censura jurídica el recurrente argumenta que se dan los presupuestos de hecho y jurídicos para considerar que procede el recargo de prestaciones: Para ejecutar el trabajo el demandante había de utilizar un taburete que por la altura a superar para subir/bajar de una mesa que dista del suelo al menos 85 cm, no reunía condiciones mínimas de seguridad, y ese fue el motivo del accidente de trabajo; la empresa no llevó a cabo la labor de evaluación de riesgos, en el informe de la Inspección de Trabajo se la requiere para que evalué y planifique la prevención necesaria en torno al uso de la escalera tipo taburete.

La empresa denuncia que el recurrente introduce en el recurso hechos nuevos acerca del equipo de trabajo, que la Sala no debe tener en cuenta. Secunda los argumentos de la sentencia de instancia para insistir en que no medió por su parte responsabilidad alguna en el accidente que relata el trabajador y se apoya en el informe de la Inspección de Trabajo.

Hemos identificado el planteamiento de la parte actora, sucintamente lo que relata en la demanda y lo que argüía en juicio acerca del equipo de trabajo. En el recurso no se desvía del debate desarrollado en la instancia.

No puede prosperar la revisión en derecho de la sentencia de instancia, cuando no se han alterado los presupuestos de hecho constatados en la misma, y entre una y otra dimensión de la sentencia existe una íntima correlación.

El hecho capital de la desestimación de la demandada reside en la falta de prueba del accidente de trabajo. La Magistrada del Juzgado de lo Social deja constancia reiterada de que solo existe el accidente en la versión del demandante y echa en falta prueba del acontecimiento en sí mismo considerado, que otros corroboren que el suceso tuvo lugar. A partir de esa falta de prueba también descarta relación de causalidad, infracción de normas se seguridad en el trabajo y responsabilidad empresarial. El recurrente obvia ese motivo explícito de desestimación de la demanda, y en materia de recargo de prestaciones, a que se refiere el artículo 164.1 de la LGSS, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se erige en presupuesto inexcusable.

VISTOlo expuesto, los preceptos citados y los demás de general aplicación