Sentencia Social 1596/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 6348/2025 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Figueres (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Figueres Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 11-7-2025, en procedimiento de incapacidad permanente (Autos 113/2025 ), seguidos a instancia de Dª María Consuelo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que, revocando la de instancia, se declare a la actora en incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial, para su profesión habitual.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

La parte impugnante se opone a este motivo. Alega, en resumen, que o bien se trata de modificaciones no relevantes, o bien no se evidencia un error palmario en la valoración judicial.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción es la siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago (doc.11 acompañado con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática; en el parte de confirmación de IT de 23.02.2023 se informa que persiste lumbocitalgia izquierda +++ (doc. 11, 16 y 25 acompañados con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: documento nº 11 acompañado con la demanda y el folio 49/55 del expediente administrativo (parte médico de baja de 15-12-2022); documentos 15 y 16 de acompañados con la demanda, y folios 55/55 y 9/37 del expediente administrativo (partes médicos de confirmación de 23-2-2023 y 24-11-2023).

Se desestima esta modificación.Los términos que se pretende introducir son irrelevantes, no modificándose el sentido de la redacción dada por la Magistrada de instania.

2º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Cuarto, cuya redacción es la siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA. SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA, SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA. PERSISENTE LIMITACIÓN FUNCIONAL Y DOLOR REFRACTARIO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES TRATAMIENTOS, INFILTRACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS. SE DEBE EVITAR LA CARGA DE PESOS, LA SEDESTACIÓN O BIPEDESTACIÓN MATENIDA Y LOS MOVIMIENTOS REPETIDOS DE FLEXOEXTENSION Y ROTACION DEL TRONCO.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: el informe clínico de 23-4-2024 y el dictamen del ICAM de 24-5-2024, la nota de evolución del Hospital de Olot de 24-10-2024, y el informe pericial de la parte actora.

Se desestima la modificación.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados que sustituya a la realizada por la Magistrada de instancia, y que consta en el Fundamento de Derecho Quinto, sin que se constate error palmario en la misma ni que sea arbitraria, ilógica o irracional.

3º.- Se solicita la revisión del Hecho Probado Sexto, cuya redacción es la siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días ( doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días (doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora); dicha baja se confirma el 23/05/2025 (con una duración estimada de 37 días) y el 20/06/2025 (con una duración estimada de 75 días), y según el plan de medicación de larga duración se prescribe Palexia 50MG."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: bloque 11 y 12 y folios 24 a 26 del ramo de prueba documental de la parte actora (partes de confirmación y plan de medicación).

Se desestima la modificación solicitada.Los términos que se pretenden introducir son intrascendentes a los efectos de resolver sobre la incapacidad permanente.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción de los artículos 193, 194 y 196 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la Disposición Adicional 26ª del citado texto.

La parte recurrente argumenta, en síntesis, que las lesiones que presenta la actora le impiden desempeñar su profesión habitual de enfermera, teniendo en cuenta que los requerimientos en articulares por posturas mantenidas o reiterativas, que a nivel lumbar está calificado de grado 3 sobre 4, así como manejo de cargas de 2 sobre 4, y de bipedestación dinámica de 2 sobre 4. Y, por ello considera que la actora ha de ser declarada en situación de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial.

La impugnante se opone alegando, en sustancia, que la actora no presenta limitación, teniendo en cuenta el dictamen del ICAM.

SEXTO.- Para resolver el motivo de censura jurídica se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la redacción actual Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citado Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta"; y "3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Respecto a la declaración de incapacidad permanente parcial, procederá su reconocimiento cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica planteada, y que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, se tiene aquí por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Quinto.

De los mismos, resulta que la actora, cuya profesión habitual es la de enfermera, presenta las siguientes lesiones:

"-Lumbalgia mecánica. Sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria.

-Sintomatología ansioso-depresiva reactiva, tratada por psicología."

También, en el Fundamento de Derecho Quinto, con valor de hecho probado, se indica: "El primer informe de la sanidad pública incorporado a los autos posterior a la baja médica es una nota de evolución de 18-5-2023 introducida por el Dr. Valeriano, del servicio de anestesiología, con propuesta de hacer TFL5E (doc.20 incorporado al dictamen pericial de la parte actora). En fecha 1-9-2023 se realiza infiltración facetaria con corticoides y el 10-11-2023 infiltración transforaminal L5 izquierda con corticoides ( doc. 21 y 24 anexados al dictamen pericial médico).

La primera visita con Unidad del raquis del Hospital de Olot tuvo lugar el 27-5-2024. La especialista recoge que la Sra. María Consuelo ha hecho RHB e infiltraciones sin mejoría. En la exploración física se hace constar lumbalgia mecánica, SLR (maniobra de elevación de la pierna recta) y Bragard negativos, no déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Se propone Fusión espinal posterior con instrumentación (PSFi) L4-S1 + foraminotomía S1 izquierda con limitaciones de la cirugía (no cabrá la caja), y posiblemente el dolor lumbar no mejorará. La paciente prefiere seguir con el tratamiento conservador. La traumatóloga Dra. Justa recomienda rehabilitación para educación postural y fortalecimiento muscular, con recomendación de evitar carga de pesos así como la sedestación o bipedestación mantenidas y los movimientos repetidos de flexoextensión y rotación del tronco ( doc. 29).

En noviembre de 2024 la Sra. María Consuelo inicia seguimiento con la psicóloga clínica del Hospital de Olot por clínica ansiosa-depresiva no controlada, con propuesta terapéutica de desescalada de la pauta de duloxetina de forma progresiva e instauración de citalopram, así como inicio de terapia cognitivo conductual. La tolerancia a la terapia farmacológica ha sido buena, con parcial respuesta al tratamiento ( doc. 33 y 35)."

De la situación patológica descrita, y tal y como ha concluido la Magistrada de instancia, no se objetivan limitaciones anatómicas ni funcionales, de entidad tal que impidan a la actora el desempeño de las fundamentales tareas de su profesión habitual de Enfermera, tampoco que disminuyan su rendimiento en un porcentaje de al menos el 33%.

La actora presenta una lumbalgia mecánica, con sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria; constatándose, además, que en la exploración física no existe limitación funcional, pues presenta maniobra de elevación de la pierna recta, y Bragard negativos, sin déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos; por lo si bien en su profesión habitual existen requerimientos de carga biomecánica a nivel dorsolumbar de 3 sobre 4, es decir, alto, según la Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Código CNO-11: 2121 Enfermeros no especializados), no se objetiva una limitación funcional de entidad tal que impida o interfiera en el desempeño de dicha profesión; teniendo en cuenta, además, que el requerimiento de carga física es de 1 sobre 4, es decir leve, y manejo de cargas es de 2 sobre 4, moderado. Todo ello, sin perjuicio de que, en los periodos de agudización de la sintomatología lumbar, pueda tener periodos de incapacidad temporal.

En consecuencia, ha de desestimarse este motivo del recurso, al no apreciarse la existencia de la infracción de la normativa denunciada.

OCTAVO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Figueres (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Figueres Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 11-7-2025, en procedimiento de incapacidad permanente (Autos 113/2025 ), seguidos a instancia de Dª María Consuelo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que, revocando la de instancia, se declare a la actora en incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial, para su profesión habitual.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

La parte impugnante se opone a este motivo. Alega, en resumen, que o bien se trata de modificaciones no relevantes, o bien no se evidencia un error palmario en la valoración judicial.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción es la siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago (doc.11 acompañado con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática; en el parte de confirmación de IT de 23.02.2023 se informa que persiste lumbocitalgia izquierda +++ (doc. 11, 16 y 25 acompañados con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: documento nº 11 acompañado con la demanda y el folio 49/55 del expediente administrativo (parte médico de baja de 15-12-2022); documentos 15 y 16 de acompañados con la demanda, y folios 55/55 y 9/37 del expediente administrativo (partes médicos de confirmación de 23-2-2023 y 24-11-2023).

Se desestima esta modificación.Los términos que se pretende introducir son irrelevantes, no modificándose el sentido de la redacción dada por la Magistrada de instania.

2º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Cuarto, cuya redacción es la siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA. SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA, SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA. PERSISENTE LIMITACIÓN FUNCIONAL Y DOLOR REFRACTARIO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES TRATAMIENTOS, INFILTRACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS. SE DEBE EVITAR LA CARGA DE PESOS, LA SEDESTACIÓN O BIPEDESTACIÓN MATENIDA Y LOS MOVIMIENTOS REPETIDOS DE FLEXOEXTENSION Y ROTACION DEL TRONCO.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: el informe clínico de 23-4-2024 y el dictamen del ICAM de 24-5-2024, la nota de evolución del Hospital de Olot de 24-10-2024, y el informe pericial de la parte actora.

Se desestima la modificación.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados que sustituya a la realizada por la Magistrada de instancia, y que consta en el Fundamento de Derecho Quinto, sin que se constate error palmario en la misma ni que sea arbitraria, ilógica o irracional.

3º.- Se solicita la revisión del Hecho Probado Sexto, cuya redacción es la siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días ( doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días (doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora); dicha baja se confirma el 23/05/2025 (con una duración estimada de 37 días) y el 20/06/2025 (con una duración estimada de 75 días), y según el plan de medicación de larga duración se prescribe Palexia 50MG."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: bloque 11 y 12 y folios 24 a 26 del ramo de prueba documental de la parte actora (partes de confirmación y plan de medicación).

Se desestima la modificación solicitada.Los términos que se pretenden introducir son intrascendentes a los efectos de resolver sobre la incapacidad permanente.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción de los artículos 193, 194 y 196 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la Disposición Adicional 26ª del citado texto.

La parte recurrente argumenta, en síntesis, que las lesiones que presenta la actora le impiden desempeñar su profesión habitual de enfermera, teniendo en cuenta que los requerimientos en articulares por posturas mantenidas o reiterativas, que a nivel lumbar está calificado de grado 3 sobre 4, así como manejo de cargas de 2 sobre 4, y de bipedestación dinámica de 2 sobre 4. Y, por ello considera que la actora ha de ser declarada en situación de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial.

La impugnante se opone alegando, en sustancia, que la actora no presenta limitación, teniendo en cuenta el dictamen del ICAM.

SEXTO.- Para resolver el motivo de censura jurídica se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la redacción actual Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citado Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta"; y "3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Respecto a la declaración de incapacidad permanente parcial, procederá su reconocimiento cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica planteada, y que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, se tiene aquí por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Quinto.

De los mismos, resulta que la actora, cuya profesión habitual es la de enfermera, presenta las siguientes lesiones:

"-Lumbalgia mecánica. Sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria.

-Sintomatología ansioso-depresiva reactiva, tratada por psicología."

También, en el Fundamento de Derecho Quinto, con valor de hecho probado, se indica: "El primer informe de la sanidad pública incorporado a los autos posterior a la baja médica es una nota de evolución de 18-5-2023 introducida por el Dr. Valeriano, del servicio de anestesiología, con propuesta de hacer TFL5E (doc.20 incorporado al dictamen pericial de la parte actora). En fecha 1-9-2023 se realiza infiltración facetaria con corticoides y el 10-11-2023 infiltración transforaminal L5 izquierda con corticoides ( doc. 21 y 24 anexados al dictamen pericial médico).

La primera visita con Unidad del raquis del Hospital de Olot tuvo lugar el 27-5-2024. La especialista recoge que la Sra. María Consuelo ha hecho RHB e infiltraciones sin mejoría. En la exploración física se hace constar lumbalgia mecánica, SLR (maniobra de elevación de la pierna recta) y Bragard negativos, no déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Se propone Fusión espinal posterior con instrumentación (PSFi) L4-S1 + foraminotomía S1 izquierda con limitaciones de la cirugía (no cabrá la caja), y posiblemente el dolor lumbar no mejorará. La paciente prefiere seguir con el tratamiento conservador. La traumatóloga Dra. Justa recomienda rehabilitación para educación postural y fortalecimiento muscular, con recomendación de evitar carga de pesos así como la sedestación o bipedestación mantenidas y los movimientos repetidos de flexoextensión y rotación del tronco ( doc. 29).

En noviembre de 2024 la Sra. María Consuelo inicia seguimiento con la psicóloga clínica del Hospital de Olot por clínica ansiosa-depresiva no controlada, con propuesta terapéutica de desescalada de la pauta de duloxetina de forma progresiva e instauración de citalopram, así como inicio de terapia cognitivo conductual. La tolerancia a la terapia farmacológica ha sido buena, con parcial respuesta al tratamiento ( doc. 33 y 35)."

De la situación patológica descrita, y tal y como ha concluido la Magistrada de instancia, no se objetivan limitaciones anatómicas ni funcionales, de entidad tal que impidan a la actora el desempeño de las fundamentales tareas de su profesión habitual de Enfermera, tampoco que disminuyan su rendimiento en un porcentaje de al menos el 33%.

La actora presenta una lumbalgia mecánica, con sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria; constatándose, además, que en la exploración física no existe limitación funcional, pues presenta maniobra de elevación de la pierna recta, y Bragard negativos, sin déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos; por lo si bien en su profesión habitual existen requerimientos de carga biomecánica a nivel dorsolumbar de 3 sobre 4, es decir, alto, según la Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Código CNO-11: 2121 Enfermeros no especializados), no se objetiva una limitación funcional de entidad tal que impida o interfiera en el desempeño de dicha profesión; teniendo en cuenta, además, que el requerimiento de carga física es de 1 sobre 4, es decir leve, y manejo de cargas es de 2 sobre 4, moderado. Todo ello, sin perjuicio de que, en los periodos de agudización de la sintomatología lumbar, pueda tener periodos de incapacidad temporal.

En consecuencia, ha de desestimarse este motivo del recurso, al no apreciarse la existencia de la infracción de la normativa denunciada.

OCTAVO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 1 de Figueres (en la actualidad Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Figueres Plaza nº 1), ha dictado sentencia de fecha 11-7-2025, en procedimiento de incapacidad permanente (Autos 113/2025 ), seguidos a instancia de Dª María Consuelo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial derivada de enfermedad común.

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando que se dicte sentencia en la que, revocando la de instancia, se declare a la actora en incapacidad permanente total o, subsidiariamente, parcial, para su profesión habitual.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha presentado escrito de impugnación del recurso en el que se opone a los motivos alegados, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- El primer motivo del recurso, con amparo en el apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la revisión fáctica.

La parte impugnante se opone a este motivo. Alega, en resumen, que o bien se trata de modificaciones no relevantes, o bien no se evidencia un error palmario en la valoración judicial.

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 (Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

CUARTO.- Bajo los criterios expuestos, se ha de examinar la revisión fáctica pretendida.

1º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Segundo, cuya redacción es la siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago (doc.11 acompañado con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 15-12-2022 la actora causó baja médica, iniciando proceso de IT derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática; en el parte de confirmación de IT de 23.02.2023 se informa que persiste lumbocitalgia izquierda +++ (doc. 11, 16 y 25 acompañados con la demanda). La IT quedó extinguida el día 11-6-2024 por agotamiento del plazo máximo (pág. 21/55 del expediente administrativo)."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: documento nº 11 acompañado con la demanda y el folio 49/55 del expediente administrativo (parte médico de baja de 15-12-2022); documentos 15 y 16 de acompañados con la demanda, y folios 55/55 y 9/37 del expediente administrativo (partes médicos de confirmación de 23-2-2023 y 24-11-2023).

Se desestima esta modificación.Los términos que se pretende introducir son irrelevantes, no modificándose el sentido de la redacción dada por la Magistrada de instania.

2º.- Se solicita la modificación del Hecho Probado Cuarto, cuya redacción es la siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA. SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El cuadro residual que afecta a la demandante consiste en:

LUMBALGIA MECÁNICA, SUFRIMIENTO RADICULAR S1 IZQUIERDO MÁS IRRITATIVO QUE LESIONAL, SIN SIGNOS DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA ESPONTÁNEA NI DEFICITARIA. PERSISENTE LIMITACIÓN FUNCIONAL Y DOLOR REFRACTARIO A PESAR DE LOS MÚLTIPLES TRATAMIENTOS, INFILTRACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS. SE DEBE EVITAR LA CARGA DE PESOS, LA SEDESTACIÓN O BIPEDESTACIÓN MATENIDA Y LOS MOVIMIENTOS REPETIDOS DE FLEXOEXTENSION Y ROTACION DEL TRONCO.

SINTOMATOLOGÍA ANSIOSO-DEPRESIVA REACTIVA, TRATADA POR PSICOLOGÍA.

(documentación médica obrante en autos)"

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: el informe clínico de 23-4-2024 y el dictamen del ICAM de 24-5-2024, la nota de evolución del Hospital de Olot de 24-10-2024, y el informe pericial de la parte actora.

Se desestima la modificación.La parte recurrente pretende una nueva valoración de los documentos invocados que sustituya a la realizada por la Magistrada de instancia, y que consta en el Fundamento de Derecho Quinto, sin que se constate error palmario en la misma ni que sea arbitraria, ilógica o irracional.

3º.- Se solicita la revisión del Hecho Probado Sexto, cuya redacción es la siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días ( doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora)."

Como texto alternativo se propone el siguiente: "El día 17-5-2025 la actora inició nuevo proceso de IT, derivada de enfermedad común, con diagnóstico de lumbago con ciática, costado no especificado, proceso que se califica de corto, con una duración estimada de 19 días (doc. 36 incorporado al dictamen pericial médico de la parte actora); dicha baja se confirma el 23/05/2025 (con una duración estimada de 37 días) y el 20/06/2025 (con una duración estimada de 75 días), y según el plan de medicación de larga duración se prescribe Palexia 50MG."

Como fundamento de la modificación se citan los siguientes documentos: bloque 11 y 12 y folios 24 a 26 del ramo de prueba documental de la parte actora (partes de confirmación y plan de medicación).

Se desestima la modificación solicitada.Los términos que se pretenden introducir son intrascendentes a los efectos de resolver sobre la incapacidad permanente.

QUINTO.- El segundo motivo del recurso, amparado en el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se dirige a la censura jurídico sustantiva. Se denuncia la infracción de los artículos 193, 194 y 196 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la Disposición Adicional 26ª del citado texto.

La parte recurrente argumenta, en síntesis, que las lesiones que presenta la actora le impiden desempeñar su profesión habitual de enfermera, teniendo en cuenta que los requerimientos en articulares por posturas mantenidas o reiterativas, que a nivel lumbar está calificado de grado 3 sobre 4, así como manejo de cargas de 2 sobre 4, y de bipedestación dinámica de 2 sobre 4. Y, por ello considera que la actora ha de ser declarada en situación de incapacidad permanente total, o subsidiariamente, parcial.

La impugnante se opone alegando, en sustancia, que la actora no presenta limitación, teniendo en cuenta el dictamen del ICAM.

SEXTO.- Para resolver el motivo de censura jurídica se ha de tener en cuenta la normativa aplicable.

El artículo 193.1 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, cuya entrada en vigor se produjo el 2-1-2016, establece: "La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo."

Conforme al artículo 194.1 del citado Texto la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial; b) incapacidad permanente total; c) Incapacidad permanente absoluta, y d) Gran invalidez (en la redacción actual Gran incapacidad).

Según la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del citado Texto, hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción, artículo 194: "4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta"; y "3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma."

Por lo que respecta a la incapacidad permanente total, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión (STCT 8-11-85), y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia (TS 26-2-79) y con rendimiento económico aprovechable (TCT 26-1-82) y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia ( STS 6-2-87, 6-11-87). Por lo demás, conforme a STS 17-1-89, "la profesión habitual no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice en un determinado puesto de trabajo, sino aquélla que el trabajador esté cualificado para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación académica". Por lo que, a la hora de valorar la invalidez permanente total, como recuerda la STS de 12 de febrero de 2003, debe distinguirse "entre el concreto puesto de trabajo que se desempeñe y la profesión habitual del trabajador, si es que ésta permite su ejercicio en empleos o puestos distintos, pero propios del mismo grupo profesional, en el sentido que lo define el art. 22.2 del Estatuto de los Trabajadores".

Respecto a la declaración de incapacidad permanente parcial, procederá su reconocimiento cuando las lesiones residuales dificulten el rendimiento en su profesión habitual, con una disminución no inferior al 33%, sin que por otro lado, quede impedida la realización de todas o las más importantes tareas de la misma y sin que la circunstancia eventual de que el demandante pudiera continuar trabajando en la misma profesión o percibiendo igual salario influya en la calificación jurídica de la incapacidad que, de otro modo, quedaría a merced de quienes alteraran o mantuvieran la remuneración del trabajador parcialmente incapacitado (TC 25-6-80 y 7-2-84). La Jurisprudencia ha reiterado que, a la hora de valorar las lesiones a efectos de una eventual incapacidad ha de tenerse en cuenta la actividad de la persona trabajadora ( STS/4ª de 25 de marzo de 2009 ), determinándose que la disminución del rendimiento que caracteriza a la incapacidad permanente parcial deviene no sólo atendiendo a lo que objetivamente pueda rendir la persona trabajadora afectada, sino teniendo en cuenta también la mayor peligrosidad o penosidad que comporta (SSTS/4 ª de 29 de enero y 30 de junio de 1.987, 9 de diciembre de 1.993, 14 de marzo de 1.994, y 23 de enero de 2002, y sentencias de esta Sala de 23 de junio de 2011 , y 21 y 23 de febrero de 2012 , entre otras).

SÉPTIMO.- Expuestas la normativa y jurisprudencia aplicables, se ha de analizar el caso enjuiciado.

Para ello ha de partirse del relato fáctico contenido en la sentencia de instancia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica planteada, y que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución, se tiene aquí por reproducido; así como de las manifestaciones que, con valor de hecho probado, se contienen en el Fundamento de Derecho Quinto.

De los mismos, resulta que la actora, cuya profesión habitual es la de enfermera, presenta las siguientes lesiones:

"-Lumbalgia mecánica. Sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria.

-Sintomatología ansioso-depresiva reactiva, tratada por psicología."

También, en el Fundamento de Derecho Quinto, con valor de hecho probado, se indica: "El primer informe de la sanidad pública incorporado a los autos posterior a la baja médica es una nota de evolución de 18-5-2023 introducida por el Dr. Valeriano, del servicio de anestesiología, con propuesta de hacer TFL5E (doc.20 incorporado al dictamen pericial de la parte actora). En fecha 1-9-2023 se realiza infiltración facetaria con corticoides y el 10-11-2023 infiltración transforaminal L5 izquierda con corticoides ( doc. 21 y 24 anexados al dictamen pericial médico).

La primera visita con Unidad del raquis del Hospital de Olot tuvo lugar el 27-5-2024. La especialista recoge que la Sra. María Consuelo ha hecho RHB e infiltraciones sin mejoría. En la exploración física se hace constar lumbalgia mecánica, SLR (maniobra de elevación de la pierna recta) y Bragard negativos, no déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Se propone Fusión espinal posterior con instrumentación (PSFi) L4-S1 + foraminotomía S1 izquierda con limitaciones de la cirugía (no cabrá la caja), y posiblemente el dolor lumbar no mejorará. La paciente prefiere seguir con el tratamiento conservador. La traumatóloga Dra. Justa recomienda rehabilitación para educación postural y fortalecimiento muscular, con recomendación de evitar carga de pesos así como la sedestación o bipedestación mantenidas y los movimientos repetidos de flexoextensión y rotación del tronco ( doc. 29).

En noviembre de 2024 la Sra. María Consuelo inicia seguimiento con la psicóloga clínica del Hospital de Olot por clínica ansiosa-depresiva no controlada, con propuesta terapéutica de desescalada de la pauta de duloxetina de forma progresiva e instauración de citalopram, así como inicio de terapia cognitivo conductual. La tolerancia a la terapia farmacológica ha sido buena, con parcial respuesta al tratamiento ( doc. 33 y 35)."

De la situación patológica descrita, y tal y como ha concluido la Magistrada de instancia, no se objetivan limitaciones anatómicas ni funcionales, de entidad tal que impidan a la actora el desempeño de las fundamentales tareas de su profesión habitual de Enfermera, tampoco que disminuyan su rendimiento en un porcentaje de al menos el 33%.

La actora presenta una lumbalgia mecánica, con sufrimiento radicular S1 izquierdo más irritativo que lesional, sin signos de actividad eléctrica espontánea ni deficitaria; constatándose, además, que en la exploración física no existe limitación funcional, pues presenta maniobra de elevación de la pierna recta, y Bragard negativos, sin déficits sensitivos ni motores distales, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos; por lo si bien en su profesión habitual existen requerimientos de carga biomecánica a nivel dorsolumbar de 3 sobre 4, es decir, alto, según la Guía de Valoración Profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Código CNO-11: 2121 Enfermeros no especializados), no se objetiva una limitación funcional de entidad tal que impida o interfiera en el desempeño de dicha profesión; teniendo en cuenta, además, que el requerimiento de carga física es de 1 sobre 4, es decir leve, y manejo de cargas es de 2 sobre 4, moderado. Todo ello, sin perjuicio de que, en los periodos de agudización de la sintomatología lumbar, pueda tener periodos de incapacidad temporal.

En consecuencia, ha de desestimarse este motivo del recurso, al no apreciarse la existencia de la infracción de la normativa denunciada.

OCTAVO.-Por todo lo expuesto, y en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se debe desestimar el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia de instancia.

NOVENO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de legal y pertinente aplicación,