Sentencia Social 5555/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Sala de lo Social, Rec. 861/2024 de 17 de octubre del 2024

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social Nº 34 de Barcelona ha dictado sentencia de fecha 31-7-2023, en los Autos 219/2022 sobre incapacidad permanente,seguidos a instancia de Dª Apolonia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la que se desestima la demanda sobre declaración de incapacidad permanente absoluta, en revisión por agravación.

Frente a dicha sentencia, la parte actora formula el presente recurso de suplicación, en el que alega motivos amparados en los apartados b ) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , solicitando la revocación de la sentencia de instancia y la estimación de la demanda.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social no ha presentado escrito de impugnación del recurso.

SEGUNDO.- Como primer motivo de recurso, la parte recurrente insta la revisión fáctica, al amparo del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Con carácter general, debe tenerse en cuenta que para que prospere la revisión de un hecho probado, deben concurrir una serie de requisitos, sentados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, compendiados en, entre otras, sentencias de 11-2-2015 ( Rec. 95/2014), de 18-5-2016 ( Rec. 108/2015), de 27-9-2017 ( Rec.121/2016), de 21-12-2017 ( Rec. 276/2016), o de 21-6-2018 ( Rec. 150/2017), y más recientes de 6-11-2020 ( Rco. 7/2019), de 25-1-2021 ( Rco. 125/2020), o de 13-7-2021,( Rcud 28/2020); y que son aplicables también al recurso de suplicación en cuanto a recurso extraordinario que es, como la casación:

-No se pueden plantear válidamente en el recurso cuestiones que no se hayan planteado en la instancia, de forma que tales cuestiones nuevas deben rechazarse en el recurso, en virtud del principio dispositivo ( STS 4 octubre 2007).

-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, [no basta mostrar la disconformidad con el conjunto de ellos], sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de conjeturas [no es suficiente una genérica remisión a la prueba documental practicada]. El error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia.

-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados, ofreciendo el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo o suprimiendo alguno de sus puntos, bien complementándolos; así como su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso devendría inútil la variación ( SSTS 02/06/92 -rec. 1959/91 -; 28/05/13 -rco 5/12 -; y 03/07/13 -rco 88/12 -; y Sentencias de esta Sala números 7.421/93 de 29 de diciembre; 4.193/94, de 13 de julio y 964/95, de 11 de febrero.), aunque puede admitirse si refuerza argumentalmente el sentido del fallo.

-Que no se limite el recurrente a instar la inclusión de datos convenientes a su postura procesal, pues lo que contempla es el presunto error cometido en instancia y que sea trascendente para el fallo. Cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental.

Y en relación con dichos requisitos, constituye criterio asentado desde antiguo en esta Sala Social del TSJ Catalunya (entre muchas otras: SSTSJ Catalunya números: 4985/1994, de 26 de septiembre; 5654/1994 de 24 de octubre; 6495/1994 de 30 de noviembre; 102/1995, de 16 de enero, 1397/1995, de 28 de febrero ; 1701/1995 y 2009/1995, de 11 y 22 de marzo; 3284/1995 y 3330/1995 de 23 y 24 de mayo; 3633/1995 y 3915/1995 de 9 y 23 de junio; 4890/1995 de 19 de septiembre; y 6023/1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 y 28 de noviembre, 1028/1996, 1325/1996 y 8147/1996, de 19 de febrero, 1635/2010 de 24 de enero de 2011; 1796/2010 de 20 de diciembre de 2010, entre otras, que aplican todas la doctrina del TS, entre otras: SSTS 12 marzo, 3, 17 y 31 de mayo, 21 y 25 de junio y 17 de diciembre de 1990 y 25 de enero de 1991, que ante dictámenes contradictorios, excepto la concurrencia de circunstancias especiales, se ha de atender a la valoración realizada por el Magistrado/a de instancia en virtud de las competencias que le asignan el art. 97.2 LRJS; 218.2 LEC y 120.3 CE, que, por imparcial, ha de prevalecer sobre la de parte, "a no ser que se demostrase palmariamente el error en que hubiere podido incurrirse en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción" ( sentencias de esta Sala de 26 de septiembre de 1.994 , 16 de enero y 19 de septiembre de 1.995 , 1 de marzo de 1.996 , 4 de julio de 1.997 , 20 , 21 , y 23 de febrero de 2012, 22 y 31 de enero , 5 de abril , 13 , 15 , y 27 de mayo de 2.013, entre otras).

Al respecto, tanto la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como la constitucional han determinado que corresponde la valoración de los informes periciales al juzgador de instancia, como órgano soberano para la apreciación de la prueba en ejercicio de las facultades conferidas legalmente, y según las reglas de la sana crítica (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990 , y sentencias del Tribunal Constitucional 175/1985, de 15 de febrero , 44/1989, de 20 de febrero , 24/1990, de 15 de febrero), con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 , 30 de octubre de 1991, 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994).

En consecuencia, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar, fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador o la Juzgadora de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, delaten el claro error de hecho que se haya sufrido en la apreciación de la prueba. La valoración de la prueba es facultad privativa del Juzgador/a de Instancia y las conclusiones a las que llega el mismo/a y que se reflejan en el relato de hechos probados han de prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en el señalado artículo 97.2 de la LRJS, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte, voluntaria y subjetiva para sustituir el criterio objetivo de la Juzgadora o el Juzgador de instancia, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar. El carácter extraordinario del Recurso de Suplicación, excepcional y con motivos tasados y no una nueva instancia, no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado. Así pues, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios o una valoración distinta de una prueba que ya tuvo presente la Juzgadora o el Juzgador «a quo» puesto que desnaturalizaría el recurso de suplicación convirtiéndolo en una apelación o segunda instancia.

Por todo lo expuesto, tal y como señala la sentencia de esta Sala de 22-9-2022 (Rec.2514/2022), cabe concluir que de los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido: a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico; b) Los hechos notorios y los conformes; c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso; d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación; e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

TERCERO.- Desde la perspectiva expuesta, hemos de analizar la revisión fáctica pretendida.

Se solicita la modificación del Hecho Probado Cuarto, cuya redacción es la siguiente: "La parte actora presenta en la actualidad las siguientes patologías, dolencias y/o limitaciones:

.Fibromialgia/Síndrome de fatiga crónica/Hipersensibilidad química múltiple, de carácter grave, pero con afectaciones leves de memoria y atención, limitantes para tareas o trabajo con importantes esfuerzos físicos.

.Lumbalgia crónica por discopatías L3-L4, sin signos de afectación radicular o motora, sin limitación funcional incapacitante.

.Obesidad; síndrome de apnea-hipoapnea; hipotiroidismo subclínico; y síndrome seco, sin limitaciones funcionales incapacitantes.

.Antecedente de entorsis de tobillo izquierdo, tratada con intervención quirúrgica en fecha 07/05/2021, más RHB, sin limitación funcional.

.Trastorno depresivo mayor, reactivo a las patologías orgánicas, en control y seguimiento médico con tratamiento psicofarmacológico, sin limitaciones psicofuncionales incapacitantes."

Como texto alternativo propone el siguiente: "La parte actora presente en la actualidad las siguientes patologías, dolencias y/o limitaciones:

-Fibromialgia con afectación severa (servicios de reumatología del Hosital Parc Taulí de Sabadell -documentos nº 7, nº 8 y nº 9 del ramo de prueba de esta parte actora)/ Síndrome de fatiga crónica grado 3 (fatiga marcada que no permite realizar actividad laboral y que limita en más de un 75% la autonomía y las actividades de la vida diaria) con capacidad funcional muy limitada y poca respuesta a los tratamientos (documentos nº 2 a nº 6 -informes médicos de 2023 a 2017 del Hospital de Terrassa- y documentos nº 10, nº 11 y nº 12 del ramo de prueba de esta parte actora- informes médicos de 2021 y 2018 del Hospital de Vall d'Hebron y Hospital Clinic de Barcelona)/ Hipersensibilidad química múltiple, de carácter grave.

-Lumbalgia crónica por discopatías L3-L4, sin signos de afectación radicular o motora, con limitación funcional incapacitante (derivada a clínica del dolor).

-Obesidad; síndrome de apnea-hipoapnea del sueño con tratamiento con CPAP nocturna; anemia ferropénica; hipotiroidismo subclínico; y síndrome seco, sin limitaciones funcionales incapacitantes.

-Síndrome de Sjögren.

-Migraña. Presenta un cuadro de cefalea migrañosa que ha aumentado progresivamente de intensidad. En seguimiento por Neurología con escasa respuesta a tratamiento preventivo y toxina botulínica. Desde mayo de 2022 en tratamiento con Aimovig, con respueta parcial (documento nº 13 del ramo de prueba de esta parte actora).

-Antecedentes de entorsis de tobillo izquierdo, tratada con intervención quirúrgica en fecha 07/05/2021, más RHB, sin limitación funcional.

-Trastorno depresivo mayor, reactivo a patologías orgánicas; trastorno depresivo mayor recurrente con tratamientos crónico. La paciente presenta pluripatología física que genera gran disfuncionalidad en su vida diaria y merma su calidad de vida, generando un trastorno emocional asociado (documentos nº 14 a nº 17 del ramo de prueba de esta parte actora)."

Cita la parte recurrente como fundamento de la modificación los 27 documentos de su ramo de prueba, incluido el informe pericial propuesto por la misma.

Ha de desestimarse la revisión fáctica interesada;pues pretende la parte recurrente una nueva valoración de toda la prueba documental y pericical aportada en su ramo de prueba, que sustituya a la realizada por el Magistrado de instancia. Debe recordarse que, ante dictámenes contradictorios, corresponde al Juzgador de instancia la valoración de los mismos, aplicando las reglas de la sana crítica, como así ha realizado en este caso, razonando en el Fundamento de Derecho Primero de la sentencia, de forma detallada, los motivos por los que da mayor valor probatorio a unos informes sobre otros, y las conclusiones fácticas alcanzadas, sin que en la valoración del Juzgador se evidencie un error palmario, ni tampoco pueda apreciarse que la misma sea arbitraria, ilógica o injustificada.

CUARTO.- El segundo motivo del recurso de suplicación, se ampara en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , dirigido a la censura jurídica. Se denuncia la infracción del artículo 194.1.c) del Real Decreto Legislativo 8/2015 , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el artículo 193.1 del mismo texto.

Argumenta la parte recurrente, en síntesis, que el cuadro pluripatológico que presenta la actora, teniendo en cuenta la severidad y cronicidad del mismo, no le permite desempeñar ningún tipo de profesión, habiendo experimentado una agravación sustancial de la situación que dio lugar a su declaración de incapacidad permanente total; señalando que el Magistrado de instancia no ha valorado correctamente los informes médicos más recientes aportados.

QUINTO.- Para resolver este motivo de censura jurídico sustantiva, ha de tenerse en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicables.

Se ha de precisar que, en este caso, la parte actora a la que se le reconoció en situación de incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, para su profesión habitual de empleada de hogar familiar por sentencia de 5-7-2018, insta la revisión por agravación, considerando que sus lesiones se han agravado de forma sustancial, y es tributaria de una incapacidad permanente absoluta.

La incapacidad permanente en cualquiera de sus grados viene referida, según el artículo 193.1 de la LGSS aprobada por Real Decreto legislativo 8/2015, antes artículo 136.1 del TRLGSS de 1994, a la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, no obstando a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

El artículo 194 del TRLGSS de 2015, - antes artículo 137 del TRLGSS de 1994 -, establece: "1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente en los siguientes grados:

.......

c) Incapacidad permanente absoluta.

.......

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente".

Dicha regulación que se complementa con la Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente, que dispone: "Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción: "Artículo 194. Grados de incapacidad permanente. 1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. ) Gran invalidez.

........

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio."

Y en relación a dicha normativa, una reiterada doctrina jurisprudencial, que esta Sala comparte, contenida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1.986, 9 de febrero de 1.987 y 28 de diciembre de 1.988 establece que la valoración del grado de incapacidad permanente absoluta ha de efectuarse atendiendo, fundamentalmente, a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto que las mismas determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia, abstracción hecha de sus circunstancias personales o ambientales que cuentan con otra vía de protección; y ello sin perjuicio de que la aptitud para una actividad laboral, implique la posibilidad de llevar a cabo las tareas de la misma con la necesaria profesionalidad y con una exigencias mínimas de continuidad, eficacia y dedicación, no concurriendo dicha condición con la mera probabilidad del ejercicio esporádico de parte de aquéllas, pues debe la misma referirse a la posibilidad real de poder desarrollar una actividad profesional en unas condiciones normales de habitualidad, y suficiente rendimiento ( STS de 22 de septiembre de 1989 , sin que ello suponga un esfuerzo superior o especial para su realización ( STS 11 de octubre de 1979 y 21 de febrero de 1981).

Así, en aplicación de la jurisprudencia del TS deberá declararse la incapacidad absoluta cuando resulte de las condiciones funcionales médicamente objetivables del trabajador una inhabilitación completa del mismo para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral ( STS de 23-3-1988 y de 12-4-1988), al no estar en condiciones de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida ( STS de 18-1-1988 y de 25-1-1988), implicando no sólo la posibilidad de trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y permanecer en él durante toda la jornada ( STS de 25-3-1988 ) y efectuar allí cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interrelación con los quehaceres de otros compañeros ( STS de 12-7-1986 y de 30-9-1986), mínimos indispensables en cualquier oficio, salvo que se den un singular afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario pues, de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias ( STS de 21-1-1988).

Ahora bien, esa aptitud laboral no puede interpretarse, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, como la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal, sino que ha de referirse a la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa, habiendo precisado la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que la definición legal de la incapacidad absoluta "no puede entenderse en sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular en determinados empleos", lo que hace que la calificación de la incapacidad permanente absoluta sea "un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador", que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1.979 , 6 de marzo de 1.989, 14 de octubre de 2.009 , y 1 de diciembre de 2.009 -cita literal -, y 6 de marzo de 1.989).

Por último, el artículo 200.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( 143 de la LGSS de 1994): "Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión".

Según declara la jurisprudencia, para valorar el grado de incapacidad permanente más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral, de forma que la incapacidad permanente merecerá la calificación de absoluta por agravación cuando exista una agravación trascendente respecto de las lesiones anteriormente declaradas que produzcan como efecto un cambio en la calificación, de modo que al trabajador no le reste capacidad alguna ( STS 29-9-87).

SEXTO.- Expuesta la normativa, así como la doctrina jurisprudencial, aplicables, ha de examinarse el caso enjuiciado.

Debe tenerse en cuenta, que, en este caso, la cuestión a determinar, es si la actora ha experimentado una agravación sustancial de las dolencias que dieron lugar a su declaración en situación de incapacidad permanente total por sentencia de 5-7-2018.

Se ha partir del relato fáctico de la sentencia, que permanece inalterado al no haberse estimado la revisión fáctica pretendida, y que, transcrito en los antecedentes de hecho de esta sentencia, se da aquí por reproducido. Del mismo resulta que las patologías que padecía la actora en el momento de serle reconocida la incapacidad permanente total, para su profesión habitual de empleada de hogar familiar, y que se describen en el Hecho Probado Primero, son las siguientes: "Fibromialgia, fatiga crónica, hipersensibilidad química múltiple en estudio trastorno adaptativo secundario. La fibromialgia que padece se considera grave con afectaciones leves de memoria y atención; así como la depresión que se valora como mayor."

Y las patologías que presenta en la actualidad, se describen en el Hecho Probado Cuarto, son las siguientes:

".Fibromialgia/Síndrome de fatiga crónica/Hipersensibilidad química múltiple, de carácter grave, pero con afectaciones leves de memoria y atención, limitantes para tareas o trabajo con importantes esfuerzos físicos.

.Lumbalgia crónica por discopatías L3-L4, sin signos de afectación radicular o motora, sin limitación funcional incapacitante.

.Obesidad; síndrome de apnea-hipoapnea; hipotiroidismo subclínico; y síndrome seco, sin limitaciones funcionales incapacitantes.

.Antecedente de entorsis de tobillo izquierdo, tratada con intervención quirúrgica en fecha 07/05/2021, más RHB, sin limitación funcional.

.Trastorno depresivo mayor, reactivo a las patologías orgánicas, en control y seguimiento médico con tratamiento psicofarmacológico, sin limitaciones psicofuncionales incapacitantes."

Con fundamento en los cuadros patológicos expuestos, en el Fundamento de Derecho Tercero, el Magistrado de instancia argumenta: "En el presente caso las patologías de la actora son, en esencia, casi las mismas, y en todo caso, en el mismo grado de afectación funcional que las tenidas en cuenta en el anterior proceso de reconocimiento de una situación de IP: las patologías de fibromialgia; fatiga crónica; hipersensibilidad química múltiple; y trastorno depresivo secundario (la fibromialgia que padece se consideraba grave con afectaciones leves de memoria y atención; así como la depresión que se valoraba como mayor), se mantienen en afectación y limitación, y si bien se han añadido nuevas patologías (lumbalgia crónica por discopatías L3-L4, sin signos de afectación radicular o motora, sin limitación funcionalincapacitante; obesidad; síndrome de apnea-hipoapnea del sueño con tratamiento conC PAP nocturna; anemia ferropénica; hipotiroidismo subclínico; y síndrome seco, sin limitaciones funcionales incapacitantes; y antecedente de entorsis de tobillo izquierdo, tratada con intervención quirúrgica en fecha 07/05/2021, más RHB, sin limitación funcional), no suponen una mayor afectación o limitación en su capacidad laboral."

Ha de mantenerse el criterio del Magistrado de instancia; pues, de la comparación de ambos cuadros patológicos, y si bien, se constata una agravación con la aparición de otras patologías nuevas, las mismas no implican una repercusión funcional que implique una anulación de la capacidad laboral, pudiendo desempeñar actividades de carácter liviano o sedentario. Se mantienen, en esencia, las lesiones más relevantes que presentaba la actora, la fibromialgia de carácter grave, y el síndrome de fatiga crónica, con afectaciones leves de memoria y atención, la hipersensibilidad química múltiple, así como la patología psiquiátrica; y que ya estaban presentes cuando fue declarada en incapacidad permanente total en el año 2018, y en las dolencias de nueva aparición no se objetiva una repercusión funcional relevante que implique mayores limitaciones.

Razones que llevan a desestimar este motivo de censura jurídica, al no apreciarse la infracción de normas denunciada.

SÉPTIMO.-En atención a todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso de suplicación formulado, confirmando la sentencia recurrida, en virtud del artículo 201.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

OCTAVO.-En cuanto a las costas, conforme al artículo 235.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdición Social, en relación a la previsión del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede su imposición al tener la parte vencida en el recurso el beneficio de justicia gratuita.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación