Sentencia Social 78/2025 Tribunal Superior de Justicia de La Rioja . Sala de lo Social, Rec. 63/2025 de 17 de junio del 2025

PRIMERO.- D. Evelio impugnó judicialmente la resolución administrativa que le declaró afecto de una incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón de industria de fabricación y comercialización de productos alimenticios derivada de la contingencia de accidente no laboral, interesando que su origen se atribuyera a la de accidente de trabajo, dirigiendo su reclamación frente a las entidades gestoras, su empleadora, y la entidad colaboradora con la que esta última tenía concertado el aseguramiento de las contingencias profesionales.

Admitida a trámite la demanda, y señalado para la celebración del acto del juicio el 20/11/24, el previo día 5 la Mutua presentó demanda reconvencional en la que pedía la revocación del grado de incapacidad permanente reconocido al beneficiario.

El Juzgado de lo Social nº 1 dictó sentencia estimatoria de la demanda reconvencional, por la que se declaró que el demandante no estaba afecto de ningún grado de incapacidad permanente.

En disconformidad, el Sr. Evelio, a través de su dirección letrada, se alza en suplicación, articulando un motivo de quebrantamiento de forma, canalizado a través del apartado a del Art. 193 LRJS, por vulneración del Art. 406 LEC, en relación con el 85.3 LRJS; otro de revisión fáctica, amparado procesalmente en el apartado b del mismo precepto de la ley de trámites, con objeto de modificar los ordinales 7º y 11º; y, otros dos destinados al examen del derecho aplicado, en los que, con cobijo en el Art. 193.c LRJS, acusa la contravención, por inaplicación, de los Arts. 193.1 primer párrafo, y, 194.3, 4 y 5 LGSS, y subsidiariamente del Art. 194.1.a y 3 del mismo cuerpo normativo.

La representación procesal de la Mutua y la empresa se han opuesto al recurso.

SEGUNDO.- Razones sistemáticas determinan que no nos atengamos a la resolución de los diversos motivos de impugnación en el orden propuesto en el escrito de formalización, sino que comencemos por el de revisión fáctica, para sentar las conclusiones de hecho que nos sirvan de base para dar ulterior respuesta al de quebrantamiento de forma y finalmente al de censura jurídica.

TERCERO.-A) En cuanto a los motivos de revisión fáctica con fundamento en el apartado b) del artículo 193 LRJS (Ley 36/11), que constituye reproducción literal del Art. 191.b LPL, la Jurisprudencia relativa a los requisitos que han de darse para la procedencia de la reforma de los hechos probados en el recurso de casación ( SSTS 23/04/12, Rec. 52/11 y 26/09/11, Rec. 217/10), cuya doctrina resulta aplicable al de suplicación, dado su carácter extraordinario y casi casacional ( STC 105/08, 218/06, 230/00), subordina su prosperabilidad al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Indicar el hecho expresado u omitido que el recurrente estime equivocado, siendo posible atacar la convicción judicial alcanzada mediante presunciones, si bien para ello resulta obligado impugnar no solo el hecho indiciario de la presunción judicial sino también el razonamiento de inferencia o enlace lógico entre el mismo y el hecho presunto ( STS 16/04/04, RJ 2004\3694 y 23/12/10, Rec. 4.380/09)

Debe tratarse de hechos probados en cuanto tales no teniendo tal consideración las simples valoraciones o apreciaciones jurídicas contenidas en el factum predeterminantes del fallo, las cuales han de tenerse por no puestas ( STS 30/06/08, RJ 138/07), ni tampoco las normas jurídicas, condición de la que participan los convenios colectivos, cuyo contenido no debe formar parte del relato fáctico ( SSTS 22/12/11, Rec. 216/10)

b) Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera evidente, manifiesta y clara, sin que sean admisibles a tal fin, las meras hipótesis, disquisiciones o razonamientos jurídicos.

c) Al estar concebido el procedimiento laboral como un proceso de instancia única, la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud únicamente al juzgador de instancia, por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica, de ahí que la revisión de sus conclusiones únicamente resulte viable cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de medios de prueba hábiles a tal fin que obren en autos, no siendo posible que el Tribunal ad quem pueda realizar un nueva valoración de la prueba, por lo que, debe rechazarse la existencia de error de hecho, si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes.

Como consecuencia de ello, ante la existencia de dictámenes periciales contradictorios, ha de aceptarse normalmente el que haya servido de base a la resolución que se recurre, pues el órgano de instancia podía optar conforme al artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el que estimara más conveniente y le ofreciera mayor credibilidad, sin que contra la apreciación conjunta de la prueba quepa la consideración aislada de alguno de sus elementos y solo pudiendo rectificarse aquel criterio por vía de recurso si el dictamen que se opone tiene mayor fuerza de convicción o rigor científico que el que ha servido de base a la resolución recurrida.

d) El contenido del documento a través del que se pretende evidenciar el error en la valoración de la prueba por parte del Juzgador de instancia no puede ser contradicho por otros medios de prueba y ha de ser literosuficiente o poner de manifiesto el error de forma directa, clara y concluyente.

Además, ha de ser identificado de forma precisa concretando la parte del mismo que evidencie el error de hecho que se pretende revisar, requisito este último que se menciona de manera expresa en el Art. 196.3 LRJS al exigir que en el escrito de formalización del recurso habrán de señalarse de manera suficiente para que sean identificados el concreto documento o pericia en que se base el motivo

e) Fijar de modo preciso el sentido o forma en el que el error debe ser rectificado requiriendo expresamente el apartado 3 del Art. 196 LRJS que se indique la formulación alternativa que se pretende.

f) Que la rectificación, adición o supresión sean trascendentes al fallo es decir que tengan influencia en la variación del signo del pronunciamiento de la sentencia recurrida.

g) La mera alegación de prueba negativa -inexistencia de prueba que avale la afirmación judicial- no puede fundar la denuncia de un error de hecho.

B)1.- Para el ordinal séptimo se nos pide que sustituyamos en el segundo párrafo la expresión "accidente no laboral" por la de "accidente de trabajo"

2.- Vamos a aceptar esta revisión fáctica, toda vez que el documento que la sustenta (folio 4 del expediente administrativo) revela inequívocamente el error valorativo denunciado, corroborando dicha conclusión el resto de documentos obrantes en el expediente (informes médicos de síntesis - folios 24, 31, 35, resolución dando audiencia a la Mutua y notificando dictamen del EVI - folios 11 y 14), derivando su trascendencia decisoria de la necesidad de preservar la adecuada congruencia entre la posición mantenida por el beneficiario entre la vía administrativa y la judicial, y, de que es dicha circunstancia la que ha justificado que se haya dado entrada a la Mutua en el expediente administrativo.

C)1.- El texto propuesto para reemplazar al hecho probado undécimo, en el que se ofrece noticia de los padecimientos del demandante y su traducción disfuncional, dice así.

El actor presenta las siguientes patologías:

- Síndrome locorregional complejo tras accidente de trabajo por fractura 5° metatarsiano y tras varias cirugías.

-Accidente no laboral en julio de 2019, se clava un clavo en pie izquierdo.Juicio clínico celulitis en pie izquierdo.

- Portador de neuroestimulador.

- Amputación transmetatarsiana, derivada de Síndrome de Dolor

Regional Complejo secundario a Fractura so Metatarsiano (MTT) y múltiples cirugías,portador de prótesis de silicona.

- Diabetes mellitus tipo II, hipercolesterolemia.

- Coxalgia en estudio.

- Trastorno adaptatívo, medicación crónica con opioides de

liberación lenta (Oxycontín®).

Tales dolencias le ocasionan las siguientes limitaciones:

- Limitación para actividades que impliquen bipedestación mantenida ydeambulación prolongada en el tiempo o por terrenos irregulares, subir escaleras,cuestas, arrodillarse.

- Imposibilitado para accionar pedales de una carretilla con pieizquierdo, no solo por la acción de presionar estos, sino porque el dolorcrónico es incompatible con las vibraciones propias de la propia marchade las carretillas, aceleraciones y deceleraciones generalmente sinamortiguación y con ruedas sólidas, todo lo que facilita que estasvibraciones se transmitan directamente a trabajador a través de sus píes y columna vertebral."

2.- Esta ampliación fáctica va a ser rechazada, por las siguientes razones:

- Ya consta con claro valor fáctico en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, al transcribir los dictámenes médicos oficiales y los informes que conforman el expediente sanitario del trabajador, tanto la medicación analgésica que tiene pautada, como el origen de la opción terapéutica por la amputación, y también las diversas cirugías practicadas, lo que hace innecesaria, por superflua, la reiteración de dichos datos.

- Las limitaciones funcionales que se quieren añadir, se fundamentan en las conclusiones del dictamen pericial, habiendo optado, en cuanto a este punto, la Magistrada autora de la sentencia de instancia, por fundar su convencimiento en los dictámenes médicos oficiales, por considerarlos dotados de un superior valor probatorio, sin que, al desarrollar el motivo, se exponga el más mínimo razonamiento dirigido a evidenciar porqué el citado medio de prueba personal tiene un rigor técnico y cualificación superior a aquel otro que ha servido de soporte a la convicción judicial que se pretende cambiar.

CUARTO.- La resolución recurrida ha admitido la demanda reconvencional presentada por la Mutua basándose en que "la Mutua reconviniente no fue parte en el expediente administrativo, el cual fue tramitado como derivado de accidente no laboral, por ésta se presentó demanda reconvencional con carácter previo a la celebración del acto del juicio, una vez que recibió la citación judicial como parte demandada en el presente procedimiento, entendiendo que dicha reconvención se ha presentado en el momento procesal oportuno, dado que la Mutua, con carácter previo a dicha citación judicial, no tenía conocimiento del reconocimiento de incapacidad permanente del actor.

Ninguna indefensión puede advertirse para la parte actora en los términos en que se concreta la reconvención, en tanto que, en el acto del juicio, la parte actora conocía plenamente los hechos en que se fundamenta la petición formulada de contrario, y resulta evidente la existencia de un interés legítimo por parte de la Mutua en el caso de que se estime la pretensión ejercitada por la parte actora, al ser la Mutua la que cubre las contingencias profesionales de la empresa, por lo que no puede prosperar la excepción de falta de interés legítimo planteada por la parte actora"

La infracción procesal que se imputa a la sentencia de instancia es la admisión de la reconvención formulada por la Mutua codemandada, basándose en que dicha entidad fue parte en el expediente administrativo como lo evidencia que por parte del INSS se le comunicara el inicio del expediente administrativo en el que se le confirió el correspondiente trámite de audiencia que fue oportunamente evacuado y se le notificó igualmente el reconocimiento de la incapacidad permanente total sin haber impugnado dicha resolución en tiempo y forma, sin que, por lo demás exista impedimento alguno para instar la revisión de oficio del reconocimiento de la pensión.

A)El Art. 85 LRJS en sus puntos 2 y 3 dispone textualmente:

2.- "El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime pertinentes"

3.- "Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social o resolución que agote la vía administrativa y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la pretensión en que se concreta"

B)Interpretando dichas previsiones normativas, que reproducen las que en idéntico sentido establecía la derogada LPL, la jurisprudencia ha establecido los siguientes criterios:

1.- La reconvención se configura como una modalidad de acumulación de acciones y se define como una conducta del demandado que no se limita a pedir su absolución, sino que solicita la condena del demandante, de manera que, las posiciones procesales se invierten: el demandado pasa a ser demandante, y el demandante, demandado, pero conservando, sin embargo, la primera estructura que surge de la demanda. Ahora bien, lo que caracteriza a la reconvención es que este efecto surge dentro del mismo proceso, como una forma específica de acumulación, que la doctrina científica más autorizada calificó en su momento como una modalidad de "acumulación sucesiva por inserción de pretensiones", que produce "la consecuencia esencial de que haya varias pretensiones en un solo proceso", como efecto común a toda acumulación ( SSTS 3/03/14, Rec. 986/13; 26/06/13, Rec. 1161/12)

2.- Mediante la reconvención el demandado no se limita a pedir no ser condenado, sino que, pasando de la defensa al ataque, solicita la condena del actor principal. Se introduce, en esencia, mediante la demanda reconvencional, una nueva pretensión, independiente de la mera petición de absolución, que contiene pedimentos independientes susceptibles de determinar la condena del actor, que podría haber sido objeto de otro proceso independiente pero que se inserta, dentro de los límites legales, en el procedimiento iniciado por la acción principal, por acumulación objetiva de acciones fundada meramente en la conexión subjetiva de las partes intervinientes, aprovechando la oportunidad del planteamiento del primer proceso y ampliando el objeto litigioso. ( SSTS 27/05/97, Rec. 3705/96; 9/10/06, Rec. 1803/05; 9/03/22, Rec. 1654/20)

3.- Para la admisibilidad de la reconvención es requisito inexcusable que haya sido anunciada en la conciliación administrativa previa o en la contestación a la reclamación previa, siendo los términos en que se pronuncia el Art. 85.2 LRJS claros e inequívocos, al emplear el legislador el término "en ningún caso", por lo que, resulta patente que la viabilidad de la reconvención viene supeditada a su proclamación en el acto de conciliación o en el de contestación a la reclamación previa, sin que dicha exigencia origine indefensión alguna a la parte reconviniente, que siempre puede ejercitar su derecho en el proceso correspondiente. ( STS 6/04/04, Rec. 1376/03)

4.- El Art. 438.1 no es de aplicación en el procedimiento laboral porque nuestra ley adjetiva regula la reconvención de un modo completo. ( SSTS 5/06/12, Rec, 62/10; 17/09/04, Rec. 4818/03)

C)El discurso impugnatorio de la recurrente debe alcanzar éxito, por dos razones fundamentales:

1.- En primer lugar, como hemos indicado, la acción reconvencional tiene como sujeto pasivo de la relación jurídico procesal a la parte actora que ha presentado la demanda impetrando la tutela judicial, y, en nuestro caso, dicho requisito en absoluto concurre, por cuanto, teniendo por objeto la reconvención formulada por la Mutua la impugnación de la resolución del INSS reconociendo al beneficiario una incapacidad permanente total derivada de la contingencia de accidente no laboral interesando que judicialmente se revoque el grado invalidante declarado en vía administrativa, su reclamación se dirige frente a la entidad gestora, que ocupa la posición de demandada en este procedimiento, sin perjuicio de que, por la repercusión directa que tendría la resolución dirimiendo dicha reivindicación en los derechos e intereses del Sr. Evelio, el mismo tendría la condición de litisconsorte pasivo necesario.

2.- En segundo término, contrariamente a lo que establece la resolución recurrida, la entidad colaboradora, ha sido parte interesada en el expediente administrativo y se le ha notificado la resolución reconociendo la incapacidad permanente total, habiendo, por tanto, tenido la posibilidad de impugnarla en vía judicial, y, en cualquier caso, y, lo que es más relevante, con independencia de que efectivamente no consta que el INSS haya dado traslado a la Mutua de la reclamación previa interpuesta por el demandante cuestionando la contingencia rectora de la pensión de incapacidad permanente, la omisión de dicho trámite, no puede amparar la infracción de una norma procesal, que se expresa en términos imperativos y solo habilita procesalmente la reconvención cuando se haya anunciado en la contestación a la reclamación previa, cosa que, en nuestro caso no se ha producido.

3.- La inadmisión de la reconvención comporta que el reconocimiento de la incapacidad permanente total haya devenido firme, y, como corolario de ello, el primer submotivo de censura queda vacío de contenido.

D)En consonancia con lo expuesto, estimamos este motivo del recurso, sin que ello determine la declaración de nulidad de la sentencia de instancia, ya que, contando con elementos fácticos suficientes, tal y como establece el Art. 202.2 LRJS, la Sala debe resolver el segundo motivo destinado al examen del derecho aplicado planteado en el escrito de formalización.

QUINTO.- La instancia, al haber revocado y dejado sin efecto la resolución que declaraba al demandante afecto de una incapacidad permanente total, no ha entrado a conocer de la pretensión ejercitada en la demanda de que judicialmente se declarase que la misma tiene su origen en la contingencia de accidente de trabajo y no en la de accidente no laboral.

La suplicación del beneficiario defiende que, comoquiera que la única consecuencia lesiva del accidente no laboral fue una celulitis adecuadamente resuelta, y ha sido el notable empeoramiento de las dolencias causadas por aquel accidente laboral sufrido a finales de junio de 2015 el determinante de que en la actualidad esté impedido para el desempeño de su profesión habitual, esta última debe ser la contingencia origen de la incapacidad permanente.

A)Tal y como ha establecido desde antiguo consolidada y uniforme jurisprudencia para la valoración de la incapacidad permanente, las lesiones y secuelas en cuanto concurren en el sujeto afectado han de ser apreciadas conjuntamente, de tal modo que aunque los diversos padecimientos que integran su estado patológico, considerados aisladamente, no determinen un grado de incapacidad, sí pueden llevar a tal conclusión, si se ponderan y valoran conjuntamente ( SSTS 15/06/90, RJ 5471: 18 y 29/01/91, RJ 61 y 191)

B)En cuanto a los criterios aplicables para determinar la contingencia a la que es atribuible la incapacidad permanente, cuando es objeto de reconocimiento inicial, y en el beneficiario concurren lesiones de diversa etiología, tal y como dijimos en nuestras Sentencia de 13/09/10 (Rec. 213/10) y 21/07/17, Rec. 209/17), siguiendo la doctrina sentada por la Sala de lo Social del País Vasco en la suya de 12/07/05:

-...: a la hora de valorar el estado del trabajador y determinar el grado de invalidez que tiene, nuestro ordenamiento jurídico no ha optado por compartimentar el análisis, de tal forma que únicamente se valoren las que tienen su origen en una misma causa, sino que ha elegido que se haga una valoración conjunta de todas ellas, en conclusión que resulta del concepto mismo de invalidez permanente, en el que no se contiene limitación alguna en tal sentido ( art. 134-1 LGSS ) y dado que el concepto jurídico de invalidez hace referencia siempre a la situación de la persona como un todo.

Un criterio consolidado y uniforme de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo así lo viene aplicando (entre otras, sentencias de 28 de octubre de 2002 , 18 de febrero de 2002 , 27 de julio de 1996 , 18 de febrero de 1992 , 18 de enero de 1991 , 29 de enero de 1991 , 28 de septiembre de 1988 , 25 de noviembre de 1987 , 3 de abril de 1982 , 20 de octubre de 1981 , 17 de junio de 1981 y 4 de marzo de 1978 ).

Surge, con ello, el verdadero problema a la hora de atribuir una invalidez permanente a una concreta contingencia.

- A estos efectos, lo primero que debe hacerse es distinguir entre los casos en los que las diversas secuelas se van sucediendo en el tiempo (=confluencia por sucesión), de aquellos otros en los que surgen varias al misma tiempo, aunque alguna de ellas pueda ser evolución de una precedente (=confluencia simultánea).

En el primer grupo, el modo de atribuir la contingencia es fácil: por aquella que, al producirse, hace que ya se llegue al nivel necesario para la concurrencia del grado de invalidez (=contingencia determinante del acceso), siendo del todo irrelevante su naturaleza o que su efecto invalidante, desde una perspectiva laboral, no sea el mayor de todos. La razón de dicha conclusión se advierte con prontitud: el trabajador, antes de esa secuela, no estaba inválido, siendo ésta la que precisamente se lo ocasiona.

Conviene precisar,...que no cabe confundir, a estos efectos, la concurrencia del grado de invalidez, con el reconocimiento del mismo. Así, ..., si no se hubiese tramitado invalidez de ningún tipo y poco después hubiera un segundo accidente en el que el afectado sufre una simple brecha en la cara, que le deja como única secuela propia del mismo la correspondiente cicatriz. No cabe, ahí, sostener, en base a la valoración conjunta de secuelas, que tiene una incapacidad parcial derivada de este último accidente, porque si bien la tiene (en razón al criterio de valoración conjunta de secuelas), existía ya, aunque no hubiese sido declarado, si no se valorase la referida cicatriz, por lo que procedería asignar ese grado de invalidez a la enfermedad.

Mayor problema plantean los casos en los que son varias las secuelas que aparecen al mismo tiempo, aunque alguna sea evolución de una precedente, a los que cabe equiparar los casos en los que no sea posible determinar si las distintas secuelas han ido surgiendo coetánea o escalonadamente. Aquí sí entra en juego el criterio de la secuela con mayor incidencia en la pérdida de aptitud laboral aunque sólo entre aquellas que hayan aparecido o evolucionado en el momento final

El fundamento legal de esa regla general radicaría en la necesidad de atribuir el grado de invalidez a una concreta contingencia: siendo varias las que con su evolución última, han incidido en su llegada, parece lógico decantarse por aquélla que influya en mayor medida. Hay, sin embargo, una excepción a esa regla general: cuando las secuelas que confluyen en esa evolución última son laborales ( accidente de trabajo y enfermedad profesional) y no laborales ( enfermedad común y accidente no laboral), pues entonces se ha de dar prioridad a las primeras, aunque no sean las que más incidan en la reducción de capacidad laboral, con tal de que esa evolución última de la secuela laboral sea preciso tenerla en cuenta para que pueda darse el grado de invalidez (no, por tanto, si ese grado se alcanza sumando a las antiguas, cualquiera que sea su origen, las de presencia última de origen común). El fundamento legal de esa excepción ha de verse en el modo en que se configuran esas cuatro contingencias en los art.115 art.116 art.117 LGSS , definiendo a las comunes por exclusión respecto a las profesionales.

C)En el plano fáctico, el relato judicial nos sitúa ante el siguiente escenario:

Don Evelio, con antecedentes patológicos de diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia, el 30/06/15, sufrió un accidente de trabajo, consistente en el atrapamiento del pie izquierdo con una traspaleta, que le originó una fractura del quinto metatarsiano, apareciendo con posterioridad un hematoma que precisó drenaje.

El 23/11/25 fue intervenido de dicha lesión.

Realizado estudio neurofisiológico el 20/01/16 fue informado de lesión axonal parcial moderada de la rama sensitiva peroneal lateral superficial del nervio ciático poplíteo externo izquierdo y neuroma de morton.

En gammagrafía ósea de 20/01/16 se objetivó secuela de traumatismo en 5º metatarsiano, cambios osteoartrosis en ambos senos del tarso y ausencia de signos de algodistrofia.

El 1/04/16 se practica cirugía de neuroma de morton en segundo intermetatarsiano.

Ante la persistencia del cuadro doloroso e inflamatorio, el 12/04/16 se reintervino mediante desbridamiento de herida, extrayendo múltiples coágulos, instaurando posteriormente tratamiento rehabilitador.

En estudio ecográfico de 2/05/16 se constató inflamación del área de segundo metatarsiano y neuroma de morton 2º espacio.

Realizado estudio de neuroimagen el 10/03/17 fue informado de aumento de partes blandas en el 2º espacio interdigital de morfología seudo modular, a valorar con la clínica, para descartar neuroma de morton, siendo muy similar al estudio previo. Trabeculación de tejido celular subcutáneo en la región dorsal del pie, a valorar antecedentes quirúrgicos. Fractura de la diáfisis distal del 5º metatarsiano ya consolidada. Afectación degenerativa osteocondral en la articulación de la tercera cuña con escafoides.

TAC (10/05/17): Cambios postraumáticos en el cuerpo del 5º metatarsiano, quistes geodas subcondrales en el polo distal escafoides y polo proximal de 3ª cuña.

En 2018 inicia tratamiento en unidad de salud mental por trastorno adaptativo.

En 2018 inicia tratamiento en Hospital Cruz Roja de Bilbao implantando un neuroestimulador medular. En diciembre de ese mismo año comienza a ser tratado en la unidad del dolor que, en octubre de 2019, emite el juicio clínico SDRC en extremidad inferior izquierda, realizándose bloqueo diagnóstico de facetas L5-S1 izquierdas.

El 23/05/19 se implanta un sistema de estimulación de ganglio dorsal

En RMN de Noviembre de 2019 se objetivaron los siguientes hallazgos: Ligera rectificación lordosis lumbar, hemangiomas en cuerpos vertebrales L2-L3 y L5, incipiente protusión L4-L5 con cambios degenerativos a nivel de facetas posteriores y de ligamentos amarillos, en L5-S1 protusión global posterior central y paramedial derecha, moderados cambios degenerativos a nivel articulación interapofisaria posterior.

El 1/07/19, estando trabajando en el montaje de una carpa se manera accidental se clavó un clavo en la planta del pie izquierdo. emitiéndose el juicio clínico de celulitis.

El 8/10/20 se cambia el electrodo GRD L5 izquierdo y se coloca una extensión, siendo retirado en octubre de 2024

El 22/10/21 se realiza amputación transmetatarsiana pie izquierdo, previa ligadura arteria pedia y electrocoagulación de nervio peroneo superficial, nervio peroneo profundo, rama cutáneo lateral y cutáneo medial, siguiendo ulteriormente tratamiento rehabilitador, fibrolisis diacutánea y neuromodulación percutánea dirigida, así como SCENAR (terapia neuroadaptativa) para tratamiento de cicatrices y dolor

El 6/04/22 se realiza un refrescado de zona costrosa obteniendo zona sangrante con buen aspecto y un remodelado óseo en zona expuesta de primer radio en su zona medial que queda tapada por partes blandas.

En enero de 2023 se indica la implantación de prótesis definitiva.

En febrero de 2024 es incluido en lista de espera para acortamiento del segundo metatarsiano.

Continúa en seguimiento en unidad de salud mental, sigue tratamiento invasivo complementado con fármacos del tercer escalón en la unidad del dolor, presenta evidente cojera, usa muleta de apoyo, en EII existe déficit de fuerza (3/5 escala daniels), atrofia muscular y disminución de la movilidad. Hay cambios tróficos en la piel del muñon.

D)Desde la perspectiva jurídico sustantiva, lo primero que debemos advertir es que, disintiendo del parecer de la instancia, a juicio de la Sala, la precaria situación funcional que el demandante presentaba en febrero de 2020, cuando se le denegó la incapacidad permanente, con criterio confirmado por sentencia firme de esta Sala (hecho probado sexto), se ha visto notoriamente agravada, como fácilmente se constata a la vista de que ha sido objeto de una amputación parcial del pie izquierdo con implantación de corrección ortoprotesica, no obstante lo cual, precisa apoyo para la deambulación, persiste la intensa clínica dolorosa combatida con medicación opioide, y además existe una acusada pérdida de fuerza y de masa muscular en extremidad inferior izquierda.

E)La anterior conclusión, médicamente objetivada por los correspondientes especialistas de la red pública de salud, en nuestra opinión, no puede verse empañada por el hecho de que en el informe de seguimiento realizado tres días puntuales, a que se refiere el ordinal 14º, se haya observado al demandante esperando en una carnicería en bipedestación estática, portando unas bolsas de la compra, caminando sin bastón mientras pasea al perro, o, descargando de un vehículo y llevando a un local determinado material de obra, por cuanto, dichas actividades han tenido un carácter meramente ocasional, sin que el relato judicial ofrezca noticia del tiempo que ha durado la realización de cada una de ellas, ni exista constancia de que las mismas se hayan desarrollado de manera continuada, sino que, lo único que relata es, que tales hechos han tenido lugar en tres días alternos, ignorando el tiempo invertido en cada una de las citadas gestiones personales.

F)Efectuada la anterior precisión, las lesiones determinantes de que el demandante esté inhabilitado para la ejecución de las labores propias de su oficio, de peón de la industria manufacturera, que, tomando como criterio orientativo la guía de valoración del INSS, es requirente de una carga biomecánica a nivel de tobillo/pie, manejo de cargas y bipedestación estática de nivel alto (3/4) y de grado medio (2/4) para bipedestación estática y marcha por terreno irregular, son las derivadas del accidente de trabajo sufrido en 2015, pues son las únicas que tienen una repercusión funcional relevante, con incidencia inhabilitante en su aptitud laboral, ya que la celulitis producida por el accidente no laboral fue debidamente resuelta sin que haya tenido complicación alguna, y los factores de riesgo de etiología común (diabetes, hipercolesterolemia) tampoco tienen traducción disfuncional.

G)Por las razones expuestas, el motivo, y, por su efecto, el recurso, prosperan, con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia, que ha cometido la infracción normativa que se le imputa.

SEXTO.- En aplicación de lo dispuesto en el Art. 235.1 LRJS (L 36/11), no procede condena en costas, toda vez que la estimación, total o parcial, del recurso de suplicación implica que no haya parte vencida a efectos de imponer el pago de las costas generadas en el mismo a alguno de los litigantes ( SSTS 14/02/07, RJ 2177; 29/01/09, RJ1051).

SÉPTIMO.- A tenor del Art. 218 LRJS (L 36/11) frente a esta resolución podrá interponerse recurso de casación para unificación de doctrina.

VISTOS: los artículos citados y los demás que son de general aplicación.