Sentencia Social 2325/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social, Rec. 2265/2022 de 17 de julio del 2024

PRIMERO:1. Frente a la sentencia que desestimó las pretensiones de la demanda de que se anule y revoque la resolución administrativa impugnada declarando no haber lugar a la imposición de recargo de prestaciones derivado de accidente de trabajo a la empresa actora, y subsidiariamente, que se declare la responsabilidad principal y directa de AdeccoTT S.A. o en su defecto solidaria con la empresa demandante, y en caso de que se desestimara a la pretensión principal, se declarase la reducción de referido recargo de prestaciones al 30%, se alza en suplicación la empresa demandante formulando un primer motivo de recurso al amparo de la letra a) del artículo 193 de la LRJS, a fin de reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, denunciando la infracción del artículo 218 de la LEC en relación con el artículo 24 de la CE, por entender que la sentencia impugnada incurrió en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre la pretensión subsidiaria del suplico de la demanda, en orden a la inadecuada graduación del porcentaje del recargo de prestaciones impuesto en la resolución impugnada, que debería ser tan sólo del 30% y no del 40%.

En primer lugar y como ya dijo este TSJA, Sala de Granada, en su sentencia de fecha 28-04-2016 (Rec.2903/2015): "... debe recordarse a la parte recurrente, que la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable a estos efectos, prevé en su art. 215 que, "si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y substanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla".

Por lo tanto, la parte debió recurrir a esta vía para conseguir la integración de la sentencia, siendo la nulidad de actuaciones una solución excepcional. De hecho, para que la nulidad de las actuaciones prevista en la letra a) del artículo 193 pueda ser acordada es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se infrinjan normas o garantías del procedimiento y se cite por el recurrente la norma que estime violada; b) que esa infracción haya producido indefensión - STC.158/89-; y c) que se haya formulado protesta en tiempo y forma pidiendo la subsanación de la falta, salvo que no haya sido posible realizarla. También el Tribunal Supremo en doctrina manifestada en sentencias tales como las de 13 marzo 1990 ( RJ 1990 , 2064) , 30 mayo 1991 y 22 junio 1992 (RJ 1992, 4603), entre otras, seguida por numerosos pronunciamientos de diversos Tribunales Superiores de Justicia, ha establecido las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada en recurso extraordinario y que son las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que solo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales.

En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (recurso 63/2003) que "la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada"; b) ha de constar previa protesta en el juicio oral; c) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones; d) ha de justificarse la infracción denunciada; e) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante; f) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones; g) no debe tener parte en la alegada indefensión quien solicita la nulidad."

En segundo lugar, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, como así expone en su sentencia 68/1999, de 26 de abril, que: "... Desde la inicial Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1982 son muchas las Sentencias de este Tribunal que han abordado la relevancia constitucional de la llamada incongruencia omisiva o 'ex silentio', en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, elaborando un cuerpo de doctrina ya consolidado en el que para determinar si la posible falta de respuesta se traduce en incongruencia vulneradora del artículo 24.1 de la Constitución Española ha afirmado que dicho precepto no garantiza el derecho a una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las cuestiones planteadas, de manera que si se resuelven, aunque sea genéricamente las pretensiones no existe incongruencia, pese a que no haya pronunciamiento respecto de alegaciones concretas no sustanciales, pues no cabe hablar de denegación de tutela judicial si el órgano judicial responde a la pretensión y resuelve el tema planteado, ya que sólo la omisión o falta total de respuesta, y no la respuesta genérica o global a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela judicial efectiva ( Sentencia Tribunal Constitucional 91/1995 )"».

Y ello es lo que acaeció en el presente caso, por cuanto si bien la sentencia impugnada no contiene un pronunciamiento expreso e independiente de la cuestión principal respecto de la pretensión subsidiaria del suplico de la demanda, lo cierto es que debe entenderse esta última desestimada de forma implícita al aludirse, al final del fundamento jurídico cuarto, a que "... Se considera que las resoluciones del INSS impugnadas son ajustadas a derecho, sin que aprecien elementos para rebajar el porcentaje del recargo impuesto",y ello por cuanto, al hilo de la fundamentación jurídica aludida, existen argumentos suficientes para entender desestimada la cuestión de la inadecuada graduación del porcentaje del recargo subsidiariamente planteado.

Así, como de forma pormenorizada se concreta en el correspondiente motivo de censura jurídica del escrito de recurso, la referida pretensión subsidiaria se apoya en dos consideraciones, a saber, que por parte de la empresa se ha cumplido con todas las medidas de prevención de riesgos laborales que le exigía la legislación, y que el accidente se produjo por la imprudencia del trabajador, cuestiones ambas expresamente examinadas en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia y expresamente rechazadas, hasta el punto de considerar la jueza de instancia que "... pese a que los trabajadores dispusieran de información general, la realidad es que el método de trabajo el día fatídico fue claramente inadecuado...",y que "...tampoco se siguieron las instrucciones del fabricante/manual de uso de la máquina en la que trabajaba el trabajador codemandado cuando sufrió el accidente...",lo que "era una práctica habitual -o, al menos, frecuente y conocida- en la empresa demandante",concluyendo por todo ello que "no puede imputarse el accidente a un exceso de confianza al trabajador accidentado como causa principal y determinante",y aludiendo finalmente al deber de vigilancia por parte de la empresa para que se actúe en todo momento de forma correcta por parte de los trabajadores en su ámbito.

En suma, la infracción que se imputa a la sentencia impugnada pudo y debió ser advertida y alegada por la recurrente mediante un trámite procesal previo al recurso que nos ocupa, por lo que su omisión al respecto contribuyó a la generación de la indefensión alegada, la cual, finalmente, no puede entenderse producida por cuanto en la fundamentación jurídica de la sentencia se aportan argumentos suficientes que justifican la desestimación implícita y global de la pretensión subsidiaria de la demanda, por la que el motivo de nulidad que nos ocupa debe ser desestimado.

SEGUNDO:1. En el ordinal correlativo se formula un motivo de recurso al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS, al objeto de revisar los hechos declarados probados a la vista de la prueba documental practicada, solicitando la adición, con base al documento número 10 del ramo de prueba de dicha parte, de un hecho probado adicional a continuación del hecho probado segundo, del siguiente tenor:

"TERCERO.-El fabricante de la máquina mediante Certificación de 6 de julio de 2017 aprueba el procedimiento de arranque de la máquina calificándolo como seguro, indicando que el procedimiento de arranque seguro es diferente del procedimiento de arranque primitivo, en los siguientes términos: "We confirm that the following procedure to start-up the roll-stack is safe and corresponds to the current process to restart the machine into production (but it does not correspond to start up a machine for the first time)".

2. La adición interesada debe ser rechazada, por cuanto lo pretendido por el recurrente en realidad requiere el acudir a conjeturas, suposiciones o interpretaciones valorativas, sin que, como se exige por la jurisprudencia ( STS de 29 de diciembre de 2002 [RJ 2003, 462]), pueda deducirse el error del juzgador que se denuncia en el recurso "de una prueba documental que por sí sola demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara". Hemos de recordar de nuevo que en el recurso de suplicación, como recurso extraordinario, se exige por constante doctrina jurisprudencial que los resultados postulados por el recurrente, aún deduciéndose de los medios de prueba que se cita, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción con aquéllas, debe prevalecer el criterio del Magistrado de lo Social, a quien la Ley le reserva, en los términos que se dispone en el artículo 97.2 de la LRJS, la función de valoración conjunta de las pruebas que ante él se practicaron, incluso con su posible intervención ( artículo 87.3 de la LRJS) , y que le llevó a una la convicción, valoración y conclusión que recoge en su sentencia con expresa referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esa conclusión.

En concreto, la adición interesada distingue entre procedimiento de arranque primitivo y el arranque ordinario tras una parada, distinción que no empece la aplicación de las previsiones de seguridad a este último, y así, tal y como consta en el inmodificado hecho probado segundo por remisión expresa al contenido del acta de la ITSS, en el manual de instrucciones del fabricante del extractor de alisado (zona de calandras de la línea) se recogen advertencias de seguridad para su funcionamiento, entre las que destaca que la introducción de la cinta de material en el extractor de alisado sólo debe realizarse con los instrumentos adecuados, como cinturones o cintas de tejido, estando prohibido introducir la cinta de material a mano; asimismo todas las tareas de mantenimiento, puesta a punto y lavado deben realizarse con la máquina desconectada. Asimismo, en la Instrucción Técnica Extrusión Termo IT009, elaborada por la empresa, se recoge que el embobinado de calandras debe ser realizada entre el maquinista y el grancero de la línea.

Tales prevenciones de seguridad constaban, por ello, tanto en el manual de instrucciones del fabricante como en las instrucciones técnicas de la propia empresa demandada, respecto del proceso de arranque y embobinado de la máquina, por lo que resulta innecesaria la distinción que se pretende entre los procedimientos de arranque primitivo y ordinario.

A mayor abundamiento, la documental reseñada no puede considerarse prueba válida a los efectos que se pretende, por cuanto como se expone en el escrito de impugnación del recurso, el artículo 144.1 de la LEC, relativo los documentos redactados en idioma extranjero, exige que se acompañen de la traducción del mismo, lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia ( STS nº 23/2015, de 4 de febrero) en el sentido de que deben ser acompañados por una traducción realizada por persona previa promesa o juramento de estar realizando una traducción fiel a la realidad, o que aporte titulación suficiente que acredite ser conocedora del idioma y, en caso de duda, que la traducción sea avalada por el LAJ, debiendo por todo lo expuesto desestimarse el motivo de revisión fáctica que nos ocupa.

TERCERO:1. El último motivo de recurso se formula al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJS, al objeto de examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, por infracción de lo dispuesto en el artículo 164 de la LGSS, en estricta conexión con la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en las sentencias que reseña, relativa a los requisitos que deben concurrir para la imposición del recargo de prestaciones, al entender que en el presente caso no cabe dicho recargo, y ello en la medida en que no existe un incumplimiento por parte de la empresa en cuanto a la adopción de medidas de prevención y seguridad, así como tampoco existe la relación de causalidad necesaria para tal imposición, por lo que solicita la revocación de la sentencia declarándose que no procede la imposición de ningún recargo de prestaciones, o subsidiariamente, que el mismo debe ser del 30%.

2. Al respecto, el Tribunal Supremo, como se expone en la sentencia de esta Sala de 6.2.2014, ha tratado reiteradamente los presupuestos para la imposición del recargo por infracción de medidas de seguridad, y así, en sentencia de 16 de enero de 2006, con remisión a la de 30 de junio de 2003, después de descartar que sea aplicable la presunción de inocencia en el ámbito social de incumplimientos contractuales del deber de seguridad asumido por el empleador, añade que "desde este plano, lo que ha de examinarse, y ello está en relación con la doctrina sobre la carga de la prueba, es si existe o no una relación de causalidad entre la conducta, de carácter culpabilística por acción u omisión, del empresario, en relación a la adopción de medidas de seguridad en el trabajo y el accidente o daño producido, y en la respuesta al interrogante han de valorarse todas las pruebas admitidas en derecho, y, además, las presunciones, reguladas en ... la actualidad, en la sección 9ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, ...permiten que el Tribunal a partir de un hecho admitido o probado podrá presumir, a los efectos del proceso, otro hecho si entre el admitido o probado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

Al margen de lo dicho, y como sigue diciendo la sentencia de esta Sala, en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000 se afirma que no puede olvidarse al respecto que el recargo ostenta un carácter sancionador y el precepto legal regulador de ese aumento porcentual ha de ser interpretado restrictivamente, como ha señalado el Tribunal Supremo en sentencias de 20 de marzo de 1997, 11 de julio del mismo año y 2 de octubre de 2000, tratándose el recargo de una pena o sanción que se añade a una propia prestación previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible en forma exclusiva a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo ( sentencias del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1993 , 9 de febrero y 20 de mayo de 1994 ), y aunque se trata de una responsabilidad empresarial cuasiobjetiva, cuando la conducta del trabajador es prácticamente la única causante del evento dañoso, queda rota la indicada relación causal. En las indicadas nociones sigue insistiendo el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de octubre de 2001, en la que ha establecido lo siguiente: "La vulneración de normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta ley, en su artículo 14.2 establece que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo..." En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquellas consecuencias, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones.

En definitiva, del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, interpretado con arreglo a esa doctrina, se extrae que son requisitos para la imposición de un recargo de prestaciones de Seguridad Social por infracción de medidas de seguridad los siguientes:

a) Que se haya producido de un siniestro que haya causado un daño que haya originado, a su vez, el reconocimiento de una prestación de Seguridad Social.

b) Que se haya infringido alguna norma de seguridad y salud en el trabajo.

c) Que el resultado lesivo haya sido consecuencia de la infracción o infracciones cometidas, que exista el necesario nexo causal entre el siniestro y la infracción imputada.

3. En el presente caso, del relato de hechos probados y de la propia acta de infracción levantada contra la empresa recurrente por la Inspección de Trabajo, se deduce, por una parte, la producción de un accidente laboral en la persona del trabajador demandado, consistente en el atrapamiento de los dedos de su mano derecha en el extractor de alisado o zona de calandras de la línea, lo que le provocó la pérdida total de los dedos índice, corazón, anular y las dos primeras falanges del dedo meñique, con afectación igualmente de la piel de dicha mano, y dio lugar al devengo de las correspondientes prestaciones de Seguridad Social (incapacidad temporal del 26/1/17 al 17/1/18, hecho probado sexto), y por otra, la imputación de diversas infracciones de medidas de seguridad a la empresa actora, por cuanto como se afirma en la referida acta, el accidente acaecido se debió a las siguientes causas: "El embobinado o introducción de la lámina en los rodillos no se realiza con la máquina parada y con elementos auxiliares (cintas o cinturones de tejido) que eviten la introducción a mano de la lámina de material tal y como indica el manual de instrucciones. Dicho manual dispone, expresamente, que "la introducción de la cinta de material en el extractor de alisado solo debe realizarse con los instrumentos adecuados, como cinturones o cintas de tejido. Está prohibido la cinta de material a mano". Por el contrario, el embobinado se realiza, normalmente, accediendo con las manos a los rodillos y con la máquina en marcha en el sentido de embobinado, estando dicha forma de actuar específicamente prohibida en las instrucciones del fabricante, las cuales disponen que "antes de activar los movimientos de traslación o de dispositivo de enhebrado, es imprescindible asegurarse de que no haya nadie en el área de peligro de la máquina". En la fecha de accidente, se da la circunstancia añadida de que los rodillos estaban en marcha en sentido de producción lo que incrementa el riesgo de atrapamiento de las manos entre los mismos no siendo tal circunstancia advertida por el accidentado que pensó que los rodillos estaban parados".

En sintonía con lo expuesto, la sentencia impugnada, con apoyo en las conclusiones de la Inspección de Trabajo y en el resto de las pruebas practicadas, estimó en su fundamento jurídico cuarto la existencia de un incumplimiento por parte de la empresa respecto de las previsiones normativas en materia de prevención de riesgos laborales, "porque pese a que los trabajadores dispusieran de información general, la realidad es que el método de trabajo el día fatídico fue claramente inadecuado, por un lado, porque el embobinado no lo podía -al menos no debía- llevar a cabo un trabajador en solitario, tal y como lo hizo; y por otro, porque tampoco se siguieron la instrucciones del fabricante/manual de uso de la máquina la que trabajaba el trabajador codemandado cuando sufrió el accidente. Y esta es una realidad que no ha sido desvirtuada, resultando, además, que era una práctica habitual -o, al menos, frecuente y conocida- en la empresa demandante, razón por la que no puede imputarse el accidente a un exceso de confianza al trabajador accidentado como causa principal y determinante. Además, existe un deber de vigilancia por parte de la empresa para que se actúe en todo momento de forma correcta por parte de los trabajadores en su ámbito."

En efecto, tal y como se deduce del contenido del inalterado hecho probado segundo, tanto en el manual de instrucciones del fabricante del extrusor de alisado como en la Instrucción Técnica Exclusión Termo IT009 de la empresa, se hacían constar las advertencias de seguridad en relación con el procedimiento de limpieza y embobinado de la máquina, estableciendo en particular la prohibición de introducir la cinta de material a mano y la obligación de realizar la tarea entre dos trabajadores, a saber el maquinista y el grancero de la línea, siendo así que, por el contrario, el accidente tuvo lugar cuando el trabajador demandado realizaba en solitario dicha tarea, y sin la utilización de los instrumentos adecuados, tales como cinturones o cintas de tejido, siendo su actuación por otra parte, conocida y consentida por la empresa, por cuanto era habitual que dicho procedimiento se realizara a mano y sin la utilización de los dispositivos de seguridad correspondientes.

Frente a ello, refiere la empresa recurrente que no ha existido incumplimiento alguno en materia de prevención y seguridad que le sea imputable, por cuanto el trabajador había sido formado debidamente acerca del procedimiento adecuado para realizar los trabajos encomendados, procedimiento que asimismo había sido expresamente validado por el fabricante, lo que debe ser rechazado por cuanto el trabajador, si bien había asistido a un curso de prevención de riesgos laborales de Adecco TT S.A., y había recibido un Manual de Acogida entregado por la empresa tras superar una prueba o examen relacionado con el mismo, en el que se trataban, entre otros, aspectos relacionados con la prevención, la evaluación de riesgos laborales vigente a la fecha del accidente no hacía referencia a los riesgos asociados a las operaciones de limpieza y embobinado, en particular respecto a la prohibición de realizar la operación de embobinado por un solo trabajador, lo que fue considerado como una causa básica del accidente de carácter personal en el informe técnico elaborado por la Consejería de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, junto con otros factores de trabajo, como la inexistencia de resguardo o dispositivos que impidan el acceso a la zona de peligro de la maquinaria en funcionamiento, la falta de control de quien acciona el cuadro de mandos, la falta de procedimiento de consignación del conjunto calandra-extrusora, y la supervisión insuficiente en cuanto a las diferente maneras de realizar la operación de embobinado, lo que lleva citado informe a recomendar, entre otras medidas, la mejora de la formación e información recibida por los trabajadores, a fin de que tengan un perfecto conocimiento de los riesgos a los que se exponen en todas las operaciones en las que tengan que intervenir, así como de las instrucciones establecidas por la empresa en concordancia con las instrucciones del fabricante.

En consonancia con lo anterior, en la fecha del accidente la empresa no había formado al trabajador adecuadamente en relación con los riesgos derivados de la manipulación de la citada máquina, por lo que dicho empleado carecía del necesario conocimiento de un procedimiento de seguridad adecuado para la realización de las tareas de embobinado de la maquinaria con la que prestaba sus servicios, lo que fue considerado en el informe de la Inspección como la causa inmediata del accidente, por lo que ha de concluirse que las citadas carencias e infracciones en el deber de seguridad de la empresa provocaron no sólo la inadecuada utilización de un medio de trabajo susceptible de ocasionar daños a los trabajadores implicados, sino el propio desconocimiento de los riesgos derivados de su manejo, por lo que en suma, el trabajador accidentado no pudo prever el peligro que pudiera derivarse de la realización de la tarea que realizaba, que formaba parte de las funciones propias de su categoría profesional.

4. Al hilo de esto último y respecto a la valoración de la actuación del trabajador accidentado, debe indicarse que no existe constancia de que realizara su labor de forma negligente, debiendo reiterarse a este respecto que no contaba con formación específica para la tarea en cuestión en relación con el riesgo existente en su puesto de trabajo que le permitiera identificar los mismos y adaptar su conducta a las medidas preventivas de aplicación, lo que impediría calificar su comportamiento, de estimarse la concurrencia de algún grado de imprudencia, como temeraria, sino propia de las distracciones o descuidos que pueda cometer el trabajador llevado por la rutina o por la urgencia del momento. Y por otra parte, ha de reiterarse que tal y como consta en el acta de la ITSS, el embobinado se realizaba normalmente en la empresa accediendo con las manos a los rodillos y con la máquina en marcha en el sentido de embobinado, lo que estaba, como hemos visto, específicamente prohibido en las instrucciones del fabricante, por lo que la empresa era consciente del indebido procedimiento que se estaba realizando por sus trabajadores.

En suma, debe descartarse no sólo la imputación exclusiva de la producción del accidente a dicho trabajador por negligencia temeraria, sino igualmente que su comportamiento pueda minorar el porcentaje del recargo de prestaciones impuesto, y en este sentido, ha de aplicarse lo resuelto en la STS de 23.2.1994, Sala 3ª: "...de conformidad con la doctrina establecida en la STS 22 abril 1989 , continuadora de un muy reiterado criterio jurisprudencial que ha venido sosteniendo que en el desarrollo de la actividad laboral de una empresa existe un "deber de seguridad" por parte del titular de aquélla que obliga a exigir al trabajador la utilización de los medios dispositivos preventivos de seguridad, impidiendo, si ello fuera necesario, la actividad laboral de quienes, por imprudencia o negligencia, incumplan el debido uso de aquéllos, incluso a través del ejercicio de la potestad disciplinaria, y es que, como se dice en la S 22 octubre 1982, "la deuda de seguridad de la empresa con sus trabajadores no se agota con darles los medios normales de protección sino que viene además obligada a la adecuada vigilancia del cumplimiento de sus instrucciones que deben tender no sólo, a la finalidad de proteger a los trabajadores del riesgo genérico que crea o exige el servicio encomendado, sino además de la prevención de las ordinarias imprudencias profesionales", doctrina que es continuadora de lo anteriormente establecido en las SS 4 octubre y 6 noviembre 1976 , donde se resalta que como contrapartida a la facultad organizadora de la empresa por su titular, sobre éste recae la escrupulosa observancia de las medidas preventivas en la seguridad del trabajador, no siendo enervada tal obligación por la posible imprudencia del trabajador".

De todo lo anterior, cabe concluir en la línea de lo expuesto tanto por la ITSS en su informe como por la juez a quo en la sentencia impugnada, que la causa eficiente del accidente que nos ocupa fue la omisión por parte de la empresa actora de una adecuada evaluación de los riesgos laborales existentes y la inexistencia de un plan de prevención en relación con el procedimiento de embobinado de la maquinaria, así como la falta de formación en materia preventiva al trabajador, por lo que incurrió en las infracciones reglamentarias tipificadas en el citado informe de la Inspección, de los artículos 3.4 del RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en relación con lo dispuesto en el anexo 11.1.5, y de forma general, la conducta empresarial es acreedora de reproche y de la imposición del recargo de prestaciones solicitado por vulnerar lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 31/95, que reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, e impone al empresario la correlativa obligación de prestarlos, y el artículo 17, que obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos, procediendo en consecuencia la íntegra desestimación del recurso que nos ocupa y la ratificación de la sentencia impugnada, con imposición de las costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 de la LRJS, a la recurrente en cuanto a los honorarios de los Letrados o Graduados Sociales que impugnaron el recurso.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española y las leyes,