Sentencia Social 503/2025 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Social, Rec. 79/2024 de 18 de junio del 2025

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al haberse desestimado los motivos de revisión fáctica planteados, por las razones que se expondrán en los siguientes fundamentos de derecho.

SEGUNDO.- La demandante se presentó a un proceso selectivo convocado a finales de 2020 por el Patronato Municipal de Música del Ayuntamiento de Arona, para una contratación de interinidad por vacante en un puesto de profesora de canto, superando la actora ese proceso y suscribiendo contrato con efectos de 2 de marzo de 2021, reconociéndose el grupo II nivel 8; el 22 de marzo de 2021 el demandado dictó resolución corrigiendo la anterior resolución que autorizaba la contratación, para especificar que la jornada era de 24 horas semanales, y poniendo además que el nivel era el 6 dentro del Grupo III; el 22 de abril de 2021 sin embargo se volvió a corregir la resolución para indicar que el nivel era el 8 y el grupo el II. La demanda rectora de los autos, presentada por "derecho y cantidad" y no por modificación sustancial de condiciones de trabajo, alegaba que esos cambios de jornada y salario eran irregulares, que habían provocado en la demandante un estado de ansiedad por el que tuvo que iniciar una incapacidad temporal, y que debía ser indemnizada por los perjuicios causados, porque no habría dejado su trabajo en Barcelona para participar en el proceso selectivo y ser contratada por el demandado si hubiera sabido las reales condiciones del contrato en cuanto a jornada y salario, mencionando unos perjuicios patrimoniales que no cuantificaba en la demanda, más 15.000 euros de daños morales. En escrito posterior (en más de un año) a la presentación de la demanda se cuantificaron los daños patrimoniales en más de 6.900 euros. La demandada se opuso a la demanda alegando que los daños patrimoniales por los que pretendía ser resarcida la demandante no guardaban relación con la modificación del contrato; que a la demandante ya se le había corregido lo de su grupo y categoría menos de dos meses después de advertido que hubo un error, y se le habían abonado las diferencias salariales generadas; y que los daños morales que reclamaba no estaban justificados. La sentencia de instancia desestima totalmente la demanda al considerar probado que el error fue rectificado por la administración y se le abonaron a la demandante las diferencias salariales producidas; que no era admisible la reclamación de reintegro de gastos por traslado de Tenerife a Barcelona (la demandante, al parecer, sigue estando en alta para el demandado, aunque no está tan claro que haya llegado a prestar servicios efectivos) y tampoco las partidas de gastos de desplazamiento para acudir al proceso selectivo, o desplazamientos producidos estando la actora en incapacidad temporal; y tampoco aprecia relación de causalidad entre la conducta del demandado y los daños morales que se reclaman. Disconforme con esta sentencia, la recurre en suplicación la parte actora pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que estime totalmente la demanda rectora de las actuaciones, para lo cual plantea un primer motivo, para la revisión de los hechos probados, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y luego otro motivo, para el examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandada, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y que se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Examinando en primer lugar el motivo de revisión de hechos, con carácter general debe recordarse que aunque el artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permita a la Sala de Suplicación revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, este motivo de recurso está sujeto a una serie de límites sustantivos, como son:

1º) La revisión de hechos no faculta al tribunal de suplicación (pues este recurso no es una segunda instancia, sino un recurso extraordinario) a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada e incorporada al proceso, sino que la misma debe operar sobre prueba documental o pericial que demuestre patentemente el error de hecho.

2º) No es posible, como regla general, admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985). Todo ello exceptuando los casos en los que la valoración efectuada en instancia de tales documentos o periciales se evidencie como claramente irrazonable, por extraer hechos que de ninguna manera puedan sustentarse en los documentos que se supone han sido valorados, o haberse omitido sin justificación datos que resulten claramente de los mismos y no estén contradichos por otros medios de prueba, o haberse efectuado la valoración con apartamiento de las más elementales reglas de la lógica ( sentencias del Tribunal Constitucional 225/2005, de 12 de septiembre o 214/1999, de 29 de noviembre).

3º) En el supuesto de documentos o pericias contradictorias y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevaler la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( Sentencias del Tribunal Constitucional 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990 de 15 de febrero), siempre que esa libre apreciación llevada a cabo en instancia sea razonable ( Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1980, 10 de octubre de 1991, 10 de mayo, 16 de diciembre de 1993, o 10 de marzo de 1994).

4º) De igual manera, los documentos privados que hayan sido impugnados en su autenticidad por la contraparte y no hayan sido adverados no pueden fundamentar una revisión de los hechos probados, pues tales documentos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, puestos en relación con el resto de prueba y elementos de convicción, y no cabe atribuir a los mismos valoración tasada alguna ( artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1218 a 1230 del Código Civil) .

5º) Los documentos o pericias en los que se fundamente la revisión han de poner de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, y superando la valoración global de la prueba que haya podido hacer la sentencia de instancia. Esto significa que el error judicial de valoración de la prueba no puede deducirse de poner en relación el documento o pericial con otros medios de prueba, ni infiriendo hechos o conclusiones que no resulten de forma directa del documento, ni cuando lo que se afirme en el documento esté contradicho o matizado por otras partes del mismo documento o por otros medios de prueba.

6º) La revisión pretendida ha de ser trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, en principio con potenciales efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico. No obstante, se puede admitir la revisión cuando la misma refuerza argumentalmente el pronunciamiento de instancia ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012, recurso 19/2011, o 15 de diciembre de 2015, recurso 34/2015, entre otras). Y, en general, que la Sala de suplicación considere intrascendente la modificación solicitada no debería justificar por sí sola la desestimación de la misma, si se cumplen el resto de requisitos para la admisión de la propuesta, porque en casación para unificación de doctrina el Tribunal Supremo puede apreciar trascendencia del hecho aunque en suplicación se haya negado la misma ( sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, recurso 1515/2013, y las que en ella se citan).

CUARTO.- Desde un punto de vista formal, es doctrina judicial consolidada que en la articulación del motivo de revisión fáctica del 193.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se han de cumplir los siguientes requisitos (en parte, ahora recogidos en el artículo 196.3 de la Ley):

1º) Ha de señalarse con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entienda equivocado, contrario a los acreditados o que consten con evidencia y no se hayan incorporado al relato fáctico.

2º) El recurrente ha de ofrecer un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien suprimiéndolos, bien complementándolos ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2022, recurso 2429/2019).

3º) Al igual que es exigible a los hechos probados de la sentencia, el texto alternativo propuesto solo ha de contener verdaderos hechos u extremos necesitados de prueba (como la costumbre, el Derecho extranjero, o normas no publicadas), pero no normas jurídicas incluidas en el principio "iura novit curia" por estar publicadas en un diario oficial; tampoco puede incluir conceptos o valoraciones jurídicas, especialmente si esas valoraciones jurídicas son predeterminantes del fallo porque implican, explícita o implícitamente, resolver extremos jurídicamente controvertidos.

4º) El recurso ha de citar pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso. La cita global y genérica de documentos carece de valor y operatividad a efectos del recurso ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995).

5º) También el recurrente tiene la carga de fundamentar el motivo, exponiendo de forma adecuada las razones por las que el documento o documentos acreditan o evidencian la existencia del error que se denuncia ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1995), y su trascendencia a efectos de resolver.

6º) Finalmente, debe haber una correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2001); es decir, el texto alternativo ha de resultar de forma directa e inmediata del documento o pericia en la que se base el motivo.

QUINTO.- Interesa la demandante la adición de un nuevo hecho probado, que sería el 10º, en el que se recoja que la demandante, tras adjudicársele la plaza, causó baja voluntaria en su trabajo (no especifica en cual) y realizó una serie de gastos para llevar su residencia a Tenerife desde Barcelona. Modificación que pretende amparar en los alrededor de cuarenta documentos diferentes que aportó la demandante entre los folios 16 a 64 de su ramo de prueba. El texto que propone es el siguiente: "La trabajadora, una vez se le adjudicó la plaza con las condiciones económicas expuestas en la Resolución 83/2021, por la que pasaría a recibir un salario mensual bruto de 1.650?, por la realización de una jornada semanal de 24 horas, con la categoría de Profesora de Canto, causó baja voluntaria en su trabajo y realizó varios gastos tendentes a su establecimiento en la Isla de Tenerife, entre los que destaca:

Gastos de traslado de vehículo (Barcelona - Tenerife):

- Factura NUM000 (27/02/2021) 738,60?

- Factura NUM001 (03/03/2021) 267,90?

- Contrato alquiler vehículo (27/03/2021) 169,96?

- Ampliación contrato alquiler vehículo (02/04/2021) 213,07?

- Forfait Pta. Los Cristianos-Muelle (Factura NUM002) (30/04/2021) 885,00?

- Transporte grúa Barcelona-Girona (Factura NUM003) 220,00?

Gastos de alquiler de piso:

- Reserva ático (25/02/2021) 400,95?

- Fianza y mes de marzo de 2021 (01/03/2021 1.200,95?".

SEXTO.- Aunque hubiera sido necesario, por tratarse de extremos relevantes para resolver, que los hechos probados de la sentencia de instancia detallaran los gastos por los cuales la demandante pretendía ser resarcida, y si era cierto que para ser contratada por el demandado se dio de baja en otra empresa, siendo interesante en particular saber si esa otra contratación era indefinida, la jornada y salario que tenía en ese otro contrato, y las razones que expuso la demandante para darse de baja en su anterior empleo, la revisión no puede estimarse porque la designación de documentos hecha por la demandante recurrente es absolutamente genérica e indiscriminada, a la vista del carácter variopinto y no precisamente ordenado de todo el conjunto de documentos en los que se basa la propuesta, no molestándose en concretar en qué concreto folio puede encontrarse la concreta factura o contrato mencionado en la propuesta; debiendo señalarse que la sentencia de instancia, pese a no reflejar nada en hechos probados sobre los gastos reclamados por la demandante, en fundamentación jurídica sí que examina esos documentos. Dicho lo cual puede señalarse que de la documental aportada por la demandante resulta que, en ese otro trabajo que tenía la demandante en Barcelona, que no parece que fuera indefinido sino también temporal, su jornada seguramente era inferior a la del contrato con el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona, y desde luego lo era su salario, que era de 830,03 euros mensuales brutos prorrateados; y que entre los motivos para darse de baja en el anterior empleo la demandante adujo problemas de salud de sus padres, que residían en Tenerife. Datos todos ellos que desmontarían las alegaciones de la demandante respecto a que jamás habría renunciado a su trabajo en Barcelona para ser contratada por el demandado en las condiciones en las que finalmente se la contrató, y el fundamento mismo de la reclamación de indemnización de perjuicios, porque resultaría que la contratación por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona le era más favorable tanto desde el punto de vista económico como familiar.

SÉPTIMO.- En censura jurídica, la demandante denuncia infracción de los artículos 1101, 1106, 1258, 1261, 1265 y 1278 del Código Civil y la jurisprudencia que los desarrolla, basando la censura en que si la demandante hubiera conocido las condiciones que finalmente se le impusieron mediante la modi?cación unilateral de la empresa, no habría aceptado el contrato, y ni siquiera se hubiera presentado a la prueba selectiva, porque la razón de ello es que la demandante pensaba que las condiciones ofrecidas por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona eran mejores que las que tenía en la empresa para la que estaba trabajando antes de venir a Tenerife; que existe una clara relación de causalidad entre la suscripción del contrato y los gastos derivados de dicha formalización y la prestación del servicio que lleva aparejada; que no fue hasta la presentación de una demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo que el Patronato, un año después de la firma del contrato, recti?có su error y abonó las diferencias salariales correspondientes, una vez producidos los daños patrimoniales y morales.

OCTAVO.- El motivo se basa fatalmente en afirmaciones fácticas implícitas (que las condiciones del contrato que tenía en Barcelona eran mejores que las del contrato finalmente mantenido con el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona, y por ello la demandante jamás se habría presentado al proceso selectivo de haber sabido las condiciones reales de la contratación) que no constan en el relato de hechos probados y que la demandante ni siquiera intenta introducir por la vía del artículo 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, seguramente porque es consciente de que la propia documental que aportó evidenciaría que esas afirmaciones son falaces. La Sala se ha visto obligada a examinar la documental invocada en el motivo planteado por el 193.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y con ocasión de ese examen resulta que el contrato de trabajo que tenía la demandante en Barcelona no era, en absoluto, más favorable desde el punto de vista económico que el que actualmente mantiene con el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona (pues no consta, ni se alega, que la relación laboral entre las partes se haya extinguido, con lo cual es absolutamente irrelevante lo que se alega respecto a que la demandante no podría cobrar prestaciones por desempleo por haberse dado de baja voluntaria en su anterior empleo, cosa por lo demás que no es jurídicamente cierta pues eso solo se daría si se hubiera resuelto el segundo contrato en el periodo de prueba antes de transcurrir tres meses, artículo 267.1.a).7º de la Ley General de la Seguridad Social) , pues no consta que fuera un contrato por tiempo indefinido (más bien parece que se iban sucediendo contratos temporales), y además en el contrato en Barcelona aparece un salario mensual prorrateado de 830,03 euros brutos, mientras que en el contrato con el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona percibe 1.364,63 euros, lo que indica también que la jornada en el contrato con el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona es superior; aparte de ello, resulta que la demandante tendría a sus padres residiendo en Tenerife (de donde ella misma es natural) y entre las razones que alegó a su empleadora en Barcelona para dimitir estaba la necesidad de cuidar a sus padres. Lo cual indicaría que incluso si en la oferta de empleo se hubiera dicho desde el principio que el salario era de 1.364,63 euros mensuales prorrateados brutos, la demandante probablemente sí que se hubiera presentado igualmente al proceso selectivo. Es más, si se consultaban las retribuciones previstas en el convenio colectivo, que se remite a las de los funcionarios en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, la retribución previsible, para un contrato del grupo II, era realmente de solamente 1.225,07 euros brutos prorrateados para una jornada a tiempo completo, que es menos de lo que la demandante acabó reconociéndose a la demandante, pero más de lo que cobraba en Barcelona. En realidad, puede calcularse que incluso durante la incapacidad temporal la demandante habría estado cobrando, solo por prestaciones, una cantidad superior al salario bruto prorrateado que tenía en Barcelona.

NOVENO.- En cualquier caso, en hechos probados no consta que la contratación que tenía la demandante en Barcelona fuera más favorable para la actora por razones de duración del contrato, jornada, salario, personales, o familiares. Y todo lo que reclama la demandante, tanto por daños patrimoniales como morales, lo es por el supuesto perjuicio sufrido por no haber sido cabalmente informada de las condiciones finales de la contratación y por haber renunciado a otro empleo que la demandante dice, pero sin dar detalles y desde luego sin demostrarlo, que ese otro empleo era mejor. En consecuencia, difícilmente se puede concluir que el demandado esté obligado a resarcir a la actora por los daños y perjuicios que la misma está reclamando, y por ello el motivo y el recurso debe ser desestimado.

DÉCIMO.- Gozando la parte vencida de beneficio de justicia gratuita por disposición legal al ser trabajadora o beneficiaria de seguridad social ( artículo 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita), de conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no procede la imposición de costas.